lunes, 11 de febrero de 2013

Migrantes: las vallas metálicas que Ferrosur puso a un costado de las vías atentan contra la vida


Por : José Carlos Avendaño
2013-02-11 05:50:27

APIZACO, TLAXCALA. Jimy Fernando Acosta Alfaro, hondureño de nacimiento y de 19 años de edad, terminó su sueño americano en las vías del ferrocarril, pues La Bestia le arrebató su brazo y su pie izquierdo al impactarse con las vallas de concreto colocadas por la empresa Ferrosur en los dos costados de la vía en octubre de 2012. El tren pasó sin piedad por las extremidades de este joven centroamericano.

Mientras espera la salida del tren hacia Lechería, estado de México, Francisco, otro migrante hondureño que presenció el accidente, relata que alrededor de las 11 horas se suscitó el accidente.

El joven de 19 años de edad decidió subir al ferrocarril para acercarse más a la estación del tren en Apizaco, pero no logró mantener el equilibrio y al caer rebotó en la primera valla colocada al lado de la vía y su cuerpo se proyectó hacia las ruedas del tren que le cercenaron su brazo y pie izquierdo.

“Corrió para agarrar el tren, al subir lo agarró este poste –señala Francisco–, lo rebotó, se pegó en la cintura y lo tiró, le pasó el tren encima”.

Detalla que 75 por ciento de la pierna y el brazo completo se quedaron entre los rieles.

Jimy Fernando fue asistido por paramédicos de Apizaco, quienes lo trasladaron al Hospital Regional de la Secretaría de Salud (Sesa) en Tzompantepec. Días después este joven fue dado de alta y deportado a su país de origen.

Mientras Francisco explica cómo fue el accidente, encuentra un pedazo de hueso de José entre las piedras; alrededor están sus dos pantalones, un tenis roto, pasta dental, un desodorante, una mochila, rastros de sangre y material de curación. Dice que el tren arrastró a Jimy casi cinco metros entre la piedra y quedó gravemente herido.

Este es un ejemplo de los riesgos a los que se enfrentan los migrantes centroamericanos a su paso por Apizaco, debido a que la empresa Ferrosur colocó vallas metálicas a un costado de la vía del tren para impedir que los indocumentados suban o bajen de La Bestia cuando se paran los vagones en la estación.

De acuerdo con información de la Casa del Migrante La Sagrada Familia, ubicada en el municipio de Apizaco, en 2012 al menos siete centroamericanos resultaron seriamente lesionados a causa de la colocación de vallas, aunque es incuantificable la cifra de accidentes y golpes en el cuerpo de indocumentados que a diario suben y bajan del tren cuando hace parada La Bestia en la estación.

Los centroamericanos consideran que la colocación de los postes a un costado de la vía del tren es un peligro para ellos, e incluso algunos han acudido a quejarse de esta situación a la visitaduría en Apizaco de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, ubicada a un lado de la estación, cuyos trabajadores se comprometieron a realizar las gestiones para “quitar los postes”.

Las solicitudes de la sociedad civil para retirar las barreras de concreto colocadas a lo largo de un kilómetro, poco antes de la estación del tren de la Colonia Ferrocarrilera de Apizaco, que ponen en peligro la vida de los migrantes, además de que consideran que violan sus derechos humanos, han sido ignoradas por la mpresa Ferrosur y tampoco se ha tenido respuesta de parte de las autoridades federales y estatales a esta exigencia. Por el contrario, Ferrosur ha continuado colocando las barreras en las cercanías de la estación del tren.

Representantes de la organización Un Mundo, una Nación (Umun), el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria y la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana de la Diócesis de Tlaxcala señalan que no ha habido disposición y voluntad política para atender este problema que ha provocado hasta el momento siete accidentes y en el mejor de los casos diversos golpes a los migrantes que pernoctan en el albergue La Sagrada Familia.

El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria reporta que a principios de junio de 2012, la empresa Ferrosur instaló aproximadamente un kilómetro de barreras de concreto, antes de la estación del tren en la Colonia Ferrocarrilera de la ciudad de Apizaco, justo enfrente del albergue para migrantes La Sagrada Familia.

A consecuencia de las barreras se han registrado siete accidentes, cinco víctimas de entre 19 y 31 años de edad de origen hondureño, un salvadoreño de 18 años y un menor guatemalteco de 17 años. El caso grave fue el que se cita al inicio de este trabajo.

Los representantes de la sociedad civil enfatizan que la presencia de las barreras dificultan a los migrantes el ascenso y descenso de La Bestia, como llaman al tren, por lo que representan un riesgo para la seguridad de quienes transitan por la entidad en su búsqueda de llegar a Estados Unidos.

Ante esta situación, han solicitado audiencias tanto con la empresa Ferrosur como con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que retiren las barreras a por lo menos 300 metros del albergue, con el fin de evitar más accidentes y pérdidas humanas en el peor de los casos.

Por su lado, el Movimiento Migrante Mesoamericano “No nos vamos” emprendió acciones en contra de la colocación de vallas a un costado de las vías del tren en Apizaco, ya que ha incrementado el número de accidentes de indocumentados, asevera Elvira Arellano, integrante de esta organización.

“Estamos en contra de estos barrotes que se han puesto y de esos postes de concreto, porque están ocasionando más accidentes de migrantes, que de una manera u otra van a querer subir al tren”, Elvira Arellano lamenta que la empresa ferrocarrilera haya construido las barreras en Apizaco, punto importante de paso para centroamericanos.

Aunque no precisa en qué porcentaje ha aumentado el número de accidentes, afirma que esta agrupación seguirá su lucha para conseguir que Ferrosur dé marcha atrás en esta medida y además acusa que los migrantes son víctimas de extorsión por parte de garroteros del tren.

Por su lado, el alcalde panista de Apizaco, Orlando Santacruz Carreño denuncia que los vigilantes de las empresas de seguridad privada contratadas por la firma Ferrocarriles del Sur (Ferrosur) agreden a los migrantes centroamericanos y además les cobran cuotas por dejarlos ascender a los vagones para que prosigan su viaje con rumbo al norte del país en busca de llegar a Estados Unidos.

Ante esta situación, dice que ya solicitó a Ferrosur que exija a las empresas de seguridad privada que capaciten a su personal en materia de derechos humanos para que respeten las garantías de las personas que viajan en los trenes.

El edil considera que en promedio arriban alrededor de 200 indocumentados centroamericanos a la semana a este municipio a través del ferrocarril.

Señaló que el flujo migratorio se ha incrementado por la situación económica que se vive a nivel mundial y que afecta a América Latina, sobre todo a los países de Centroamérica, lo que aunado a la estabilidad económica de México, genera que los indocumentados se empiecen a quedarse en el país y en este municipio.

“Apizaco está entre los cinco puntos más importantes en el trazo que tienen los migrantes rumbo al norte del país y en los últimos meses varios de ellos se empiezan a quedar en este municipio y por los términos de la nueva ley que regula la migración, la autoridad tiene que ofertar servicios y aplicar acciones de carácter humano, de salud y de educación, menciona.

Refiere que los migrantes a su arribo a Apizaco buscan abastecerse de alimentos y de cobijas para luego subir al tren, aunque reconoce que algunos indocumentados se quedan en este municipio.

Respecto de las vallas colocadas por la empresa Ferrosur a un costado de las vías del tren para impedir que los indocumentados asciendan al tren, el alcalde enfatiza que en el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública y en foros ha hecho llamados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a Ferrocarriles del Sur, que tiene la concesión del tramo denominado Mexicano, de que se retiren esos postes.

Sin embargo, su solicitud no ha sido atendida con el argumento de que las vallas fueron colocadas dentro del derecho de vía y, por lo tanto, no trasgreden al ley, de acuerdo con lo reportado por el Centro SCT Tlaxcala.

“En todo el estado de Tlaxcala, Apizaco es el único punto donde hace parada el tren y el que hago a los migrantes es que no se bajen cuando el tren aún está en marcha, como se dice trivialmente en el vuelo, es mejor que esperen a que haga alto total para que no corran ningún riesgo. La estructura (las vallas) no genera los accidentes, cuando ha habido casos de indocumentados que pierden alguna extremidad es por bajarse cuando el tren va en movimiento, las vallas no disminuyen los accidentes”, enfatiza. Por su lado, la directora del albergue La Sagrada Familia, Carolina González Cuevas da a conocer que en dos años esta casa ha atendido más de mil 500 migrantes centroamericanos que viajan en el tren. 70 por ciento de las personas es de origen hondureño y en los últimos meses se han detectado a personas homosexuales y lesbianas que huyen de su lugar de origen por el rechazo de sus paisanos.

Menciona que el albergue para migrantes La Sagrada Familia se abrió formalmente en octubre de 2010 por iniciativa del presbítero Ramiro Zárate Tonix –quien falleció en julio de 2012–, con la finalidad de facilitar el tránsito de las personas centroamericanas en busca del sueño americano.

Sin embargo, el apoyo netamente asistencialista no fue suficiente, de manera que este albergue se convirtió en asociación civil para ampliar los servicios que brinda a este sector de la población.

En febrero de 2011 se constituyó como asociación civil y el albergue opera con cuatro áreas: 1) ayuda humanitaria, 2) desarrollo humano y comunitario, 3) derechos humanos y 4) defensa estratégica.

“De octubre de 2010 a la fecha se ha atendido a alrededor de 15 mil personas. Cerca de 70 por ciento de esta población proviene de Honduras, en segundo lugar la gente de El Salvador, en tercer lugar la de Guatemala, posteriormente población de origen mexicano de los estados del sur del país que se transportan en tren y por último los nicaragüenses.

Carolina González agrega que cerca de 90 por ciento de las personas atendidas son hombres, “estamos hablando de la mayoría y es una población con una edad promedio de 22 a 25 años, son jóvenes los que vienen”.

Aunque el flujo migratorio no es estable, en promedio este albergue atiende a 40 personas al día, pero hay ocasiones que reciben a cinco o 10 y hay días que reciben a más de 200.

El albergue se ubica en una zona estratégica en Apizaco, pues estáaunladodelavíadeltreny tiene una barda que los migrantes pueden ver desde La Bestia. Además, cita Carolina, “trabajamos en constante comunicación con otros albergues del país, entonces los albergues anteriores informan a los migrantes que hay uno en Apizaco y nosotros les informamos del albergue posterior que es el comedor de Huehuetocan”.

Agrega que este albergue monitorea constantemente con el Hospital Regional de Tzompantepec cuántas personas atienden por enfermedad, heridas o lesiones. También el Instituto Nacional de Migración (INM) comparte sus datos estadísticos para que todos tengan la misma información.

“Entre julio y octubre de 2012, a raíz de la colocación de las barreras que hizo la empresa Ferrosur a un costado de las vías del tren, los datos oficiales revelan siete accidentados. Uno de ellos fue el que tuvo peores consecuencias por la amputación de un brazo y de una pierna, los otros tuvieron heridas menores, pero también un poco delicadas”.

Sin embargo, a raíz de la colocación de las vallas a un costado de la vía del tren, a diario hay personas que sufren contusiones por las barreas al acceder o descender de los trenes. 90 por ciento de los que ingresan a este albergue han sufrido golpes menores que son atendidos con medicamentos y con alguna curación básica por nosotros. Si es de mayor gravedad la lesión, se solicita una ambulancia para llevarlo a un Centro de Salud.

“Lamentamos reconocer que las violaciones a los derechos humanos y los delitos cometidos en contra de los migrantes son una constante, ellos llegan y quieren hablarnos de sus experiencias, otros llegan en situación de crisis y les es difícil hablar. La mayor parte de ellos revela que desde su ingreso a Guatemala empiezan a ser víctimas de robos y asaltos. En el caso de las mujeres, ellas sufren violaciones y discriminación”.

Un problema que enfrentan para presentar una denuncia es que no identifican a la autoridad que comete la violación a sus derechos humanos, se confunden por los colores de los uniformes de los policías; “sin embargo, nosotros creemos que lamentablemente la policía municipal es quizá la autoridad que más viola los derechos humanos de los migrantes en el país”.

Los migrantes denuncian acoso, maltrato y extorsión de la Policía Federal y de los agentes del INM. También se quejan de los guardias de seguridad del tren, quienes constantemente los extorsionan, los maltratan y les cobran una cuota para permitirles subir al tren, abusan de las mujeres en ocasiones que viajan solas y además golpean a los migrantes, apunta.

A pesar de esta situación, los migrantes no inician un proceso jurídico porque les urge llegar a Estados Unidos, amén de que no confían en el sistema de justicia mexicana.

Asimismo, Carolina revela que los migrantes han denunciado la operación de pandillas urbanas y de organizaciones delictivas en los estados del sur de México. “Hablan de que han sido testigos de que llegan camionetas con hombres armados y los obligan a bajarse del tren para secuestrarlos, es una realidad dramática la que ellos viven en la región sur del país”.

–¿Cuáles son las causas por las que migran los centroamericanos? –Son tan variadas como variadas las personas que vienen. Las causas principales son la pobreza, la violencia en Honduras, los desastres naturales, el deseo de superación personal, pero cada vez llama más la atención que llegan migrantes homosexuales y lesbianas que son juzgados en sus lugares de origen y deciden irse. Otros viajan para buscar trabajo a fin de apoyar a sus familias, otros para estudiar y unos más por el afán de aventura para conocer y ver otras realidades.
La directora de este albergue también relata otra realidad cruda de los migrantes y que está relacionada con las enfermedades con las que llegan a este lugar. “En general los padecimientos con los que llegan al albergue son enfermedades respiratorias e intestinales, llegan con diarrea y vomito por tomar agua sucia y comer cosas sin higiene; con los pies muy lastimados, con hongos; fiebre por alguna infección; labios, rostro y orejas resecas por el sol, frío y viento; deshidratados o con hipotermia, según la época del año”.

Por último, menciona que en este albergue se han detectado familias completas que viajan en el tren, pero son pocas. Otro fenómeno es el de acompañamiento temporal, es decir, se establecen relaciones esporádicas que para acompañarse en el camino y al llegar al albergue se presentan como esposos, pero sabemos que se es cierto”.

Los meses de mayor flujo migratorio por Apizaco se presentan entre marzo y agosto, puntualiza

Buscar a desaparecidos como si fueran sus hijos, piden a Vallejo


• Familiares de jóvenes presuntamente plagiados en Paracho tocan puertas de autoridades

Martín Equihua

Corresponsal

Paracho, 10 de febrero.- Familiares de los tres jóvenes profesionistas sustraídos del Hotel Santa Fe, la madrugada del 22 de julio pasado, tuvieron acceso al abultado expediente de investigación. Se entrevistaron con la agente del Ministerio Público Federal y el delegado estatal de la PGR, y dejaron una carta en Casa de Gobierno, dirigida al gobernador Fausto Vallejo Figueroa, donde le piden que encabece el esfuerzo “como si se tratara de sus propios hijos”, porque, reiteran, son muchachos limpios que, a su modo, han trabajado por un México mejor.

Laura Beatriz Castañeda y Guadalupe Nava, madres de Diego Maldonado y Luis Enrique Castañeda, acudieron acompañadas de personal de Pro-víctima, único organismo del que dicen sentir respaldo, y pudieron dar un rápido vistazo al enorme expediente, “tanto papel para que en realidad no diga nada”, dice la dolida madre de Luis.

En entrevista con los funcionarios citados, las madres supieron que “los pocos cuerpos encontrados” en la microrregión no tienen relación genética con ellas, ni con familiares de Ana Belén Sánchez, la tercera joven del grupo. Además, fueron enteradas de que están haciendo rastreo de campo, al tiempo que ellas expresaron su asombro de que hasta ahora no se haya fincado responsabilidad por encubrimiento a la propietaria del hotel y al encargado del mismo, quienes permitieron que durante una hora y media después del plagio se borraran evidencias, entre ellas de sangre de alguno de los plagiados, además de que pretendieron ocultar el hecho al cerrar la posada por tres días.

Aseguran que dejaron una carta en Palacio de Gobierno: “más bien como un telegrama al gobernador, donde simplemente le pedimos que se ponga en nuestros zapatos, que piense que él tiene hijos, que seguramente han de ser buenos chicos, como los nuestros, y que nos ayude a localizar a Diego, a Ana y a Luis, como si fueran suyos”.

En la revisión que no pudieron hacer en detalle, les llama la atención las contradicciones del encargado del hotel, que dijo en una primera declaración que no se dio cuenta de nada, mientras que en su tercera declaración dijo que escuchó un balazo, mientras que un anónimo habría señalado que se escucharon entre cuatro y cinco balazos.

Por su cuenta, los policías declarantes aseguraron que dieron un rondín y no vieron nada raro, cuando otros declarantes señalan que los plagiarios “estuvieron alrededor de hora y media alegando fuera del hotel sobre lo que habían hecho, entre 15 o 20 personas, por lo que no puede ser que los policías no vieron nada”.

En otra declaración del encargado se dice que Luis Enrique bajó del hotel con una pistola, “algo totalmente falso, porque él es el más pacífico del mundo, y ninguno de los tres había tomado un arma en su vida”, por lo que las mamás creen que esas versiones fueron ya modificadas por encargo, para confundir la verdad de los hechos.

Como se recordará, Ana Belén Sánchez Mayorga, Diego Antonio Maldonado Castañeda y Luis Enrique Castañeda Nava participaron en actividades previas al Festival de Globos de Cantoya, enviados por la empresa KidScience, que a su vez fue contratada por el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. Llegaron el miércoles 18 de julio, por la noche. Se hospedaron en el citado hotel ubicado a unos metros del Monumento a la Guitarra, y trabajaron con niños los días 19, 20 y 21, por las mañanas. El sábado estuvieron en la inauguración del festival, y por la noche habrían acudido a un bar, al parecer dentro del mismo hotel, donde ocurrió el plagio horas más tarde.

Oficio de Papel



Crisis en las “catedrales” del periodismo
El País, The Guardian y New York Times
El expediente por contratos en la Defensa

En los últimos días, tres diarios calificados entre los más importantes e influyentes en el mundo, mostraron sus miserias periodísticas. Primero fue El País, en España, al publicar una fotografía que mostraba a un supuesto moribundo presidente venezolano Hugo Chávez, postrado en una cama de un hospital cubano y conectado a tubos todo su cuerpo.La imagen, presentada en la primera plana como una primicia periodística, de inmediato le dio la vuelta al mundo, sólo que para sorpresa de los editores españoles era falsa y se trataba de un burdo montaje, como revelaría posteriormente el autor, quien afirmó que buscaba exhibir a la prensa amarillista e irresponsable que, sin verificar la información, se atrevía a publicarla.

Sin el mínimo rigor periodístico, El País cayó en su propia trampa, y aunque se disculpó posteriormente, el daño a su imagen de practicar un periodismo de excelencia se fue por los suelos, pues sólo confirmó su línea editorial de derecha dispuesta a todo con tal de desprestigiar a un régimen socialista y a uno de sus líderes. Grave error periodístico que se suma a los problemas internos que vive, desde hace varios meses, ese periódico español.

El segundo caso involucra al poderoso diario inglés The Guardian y al corporativo mediático más grande de América Latina, Televisa. Ese periódico, que goza de prestigio internacional, realizó una investigación sobre la relación de negocios que tuvo Televisa con el quipo de campaña del ahora presidente de la República, el priísta Enrique Peña Nieto.

El resultado de ese trabajo evidenció –algo que sabemos todos los mexicanos– un gasto excesivo en publicidad de parte del Partido Revolucionario Institucional para exaltar la imagen de su entonces candidato presidencial: las publicaciones se presentaban a la audiencia como “noticias”. Lo que parecía un trabajo impecable de la periodista responsable, fue puesto en duda por el propio periódico cuando el área jurídica de Televisa consideró como una difamación lo publicado por The Guardian y amenazó con llevar a juicio al diario inglés.

Las negociaciones entre ambos grupos mediáticos demoraron meses, pero al final The Guardian decidió abandonar a su reportera y se quebró ante el poderío de Televisa, por lo que de común acuerdo rectificó su publicación y ofreció disculpas a la empresa televisora mexicana.

El tercer caso, ocurrido apenas la semana pasada, involucra al periódico estadunidense The New York Times. En su primera plana presentó una “exclusiva” que rebotó de inmediato en todas las redacciones de la prensa impresa y electrónica en México, en donde se afirmaba que el gobierno de Barack Obama había influido al gobierno de Enrique Peña Nieto para impedir que un general del Ejército Mexicano, Augusto Moisés García Ochoa, asumiera la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), debido a las dudas que tiene Estados Unidos por supuestos vínculos del militar con el narcotráfico y por hechos de corrupción, al cobrar presuntamente comisiones que, asegura el diario, gestionó con empresas privadas a cambio del otorgamiento de contratos multimillonarios.

Sin fuente alguna ni documentos que sustentaran dicha información (sólo basada en dichos de supuestos informantes que nunca son citados y que, dice, son militares y funcionarios de ambos gobiernos), cinco periodistas de este “prestigiado” diario estadunidense firman la “primicia informativa” que no duró ni 24 horas antes de ser desmentida por los gobiernos de México y de Estados Unidos. Y el problema no es el desmentido, pues estamos acostumbrados a que ambos gobiernos desmientan información verídica, sino la falta de sustento informativo de la noticia en cuestión, al dejarse llevar sus periodistas sólo por dichos y nunca mostrar una prueba fehaciente.

Pero más grave aún es que en la propia nota de primera plana de The New York Times –retomada por la prensa mexicana sin reparo alguno, sólo porque provenía de la catedral del periodismo– se desmiente que el gobierno de Obama y sus agencias de espionaje y antidrogas hubieran encontrado evidencias de vínculos del general García Ochoa con el crimen organizado, quien durante el sexenio pasado se desempeñó como director general de Administración de la Sedena y actualmente es comandante de la II Región Militar, con base en Coahuila.

La “información”, que parece más una filtración tendenciosa generada desde dentro de la propia Secretaría de la Defensa, porque carece de soporte periodístico alguno, no aguantó ni siquiera 1 día. Lo único que buscaba era golpear aún más al general en desgracia que fracasó en sus aspiraciones por dirigir al máximo órgano de la defensa nacional del país.

Otro problema de la información son las supuestas comisiones que cobraría el general por asignar contratos de obras y servicios, y que según The New York Times ascendieron a un 10 por ciento de cada contrato asignado, lo que significaría miles de millones de dólares producto de sobornos a militares.

Igual que en la acusación sin pruebas de narcotráfico, los periodistas estadunidenses no presentan una sola evidencia ni una declaración con fuente, y se encubren bajo el prurito de informantes de los dos gobiernos. Tampoco revelan qué empresas son las beneficiadas y mucho menos entrevistan a quienes podrían estar involucrados.

Pero el problema no es que los periodistas se aprovechen de las filtraciones, pues éstas son tan viejas como el mismo periodismo, y todos los reporteros abrevamos de ellas, lo que permite en muchos casos la revelación de información que de otro modo se mantendría oculta a pesar de ser de interés público. Lo que les faltó a los periodistas estadunidenses fue verificar la información, porque lo publicado en la primera plana de su diario simplemente no comprueba el dicho.

El problema entonces de The New York Times es que no tuvo rigor periodístico alguno, pues con la mínima investigación los cinco periodistas hubieran descubierto que si hay un expediente abierto en la Sedena, y que su Órgano Interno de Control, Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea indaga sobre la asignación de contratos multimillonarios a empresas extranjeras y nacionales por el incumplimiento de servicio en materia de salud y fallas en equipos relacionados con las áreas de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual, más allá de la pésima contratación y cumplimiento, pone en riesgo la seguridad nacional del país.

Siguen las dudas en Sedena

La semana pasada publicamos en este espacio el nombre de las empresas privadas que son investigadas y que por instrucciones del secretario, el general Salvador Cienfuegos, dejarán de prestar servicios a la Defensa. Estas son Distribudira Disur, Servicios Empresariales Begam, Zaken Internacional, Yanbal, Security Tracking Devices, Broadlink, AVyD Solutions, todas relacionadas a las áreas específicas de salud, inteligencia y espionaje.

El desmentido que hace el gobierno de México al periódico de Estados Unidos por conducto de la Secretaría de Gobernación, obedece más a defender a Enrique Peña Nieto que aclarar la acusación, pues se insistió en que la designación de los secretarios de Estado compete sólo al presidente de la República, por lo que se rechazó cualquier injerencia del gobierno de Estados Unidos en la designación del secretario de la Defensa.

Por supuesto que la designación la hizo el presidente de la República, pero en materia de seguridad nacional, como es el caso, siempre se le consulta al gobierno de Barack Omaba por si tiene alguna información contraria a dicha designación, de tal manera que México le otorga a Washington la capacidad de veto. Esto es sabido y comentado por los generales en la Defensa.

Además, los reporteros que revisamos permanentemente lo que sucede en las Fuerzas Armadas, sabemos que hay distintas normas para realizar compras y contratar servicios para la Defensa, lo cual nunca se explica tampoco en la nota del diario gringo. Entre las formas de contratar en Sedena destacan las compras que se hacen a través de un Fideicomiso de Administración para la Compra de Equipo Militar, presidido por el subsecretario de la Defensa, que en el sexenio pasado fue el general Demetrio Gaytán Ochoa, actual director general del Banco del Ejército.

El general Gaytán autoriza las compras que posteriormente son revisadas por el Comité de Adquisiciones de la Sedena, presidido por el oficial mayor, que a finales del gobierno anterior fue el general Salvador Cienfuegos Zepeda, actual secretario de la Defensa, y también son supervisadas por el inspector y contralor del Ejército.

Pero todo lo que tiene que ver con la parte operativa y administrativa para compra de bienes y servicios de salud, educación y, por supuesto, de seguridad nacional, pasa siempre por el escritorio del secretario de la Defensa, es decir, no se adquiere nada sin que él lo autorice, y en el gobierno pasado ese cargo lo ocupó el general Guillermo Galván Galván (quien por cierto acaba de salir de una delicada operación de rodilla).

Entonces, las peticiones que hace el secretario de la Defensa son enviadas al jefe del Estado Mayor Presidencial, responsabilidad que en el sexenio anterior la ocupó el general Luis Arturo Oliver Cen, actual oficial mayor de la Defensa, y éste las canaliza para ser sancionadas por dicho Comité de Adquisiciones. Una vez aprobadas, la Dirección General de Administración, que hasta 2012 ocupó el general Moisés García Ochoa, se encarga de adquirir los bienes a través de la Subdirección de Adquisiciones. En todos los casos, la Sedena está obligada a cumplir la Ley de Adquisiciones.

Hay otras compras que hace la Secretaría de la Defensa, como las relacionadas con la seguridad nacional. Por ejemplo, el avión 787 adquirido el sexenio pasado, cuya autorización de compra salió directamente de Los Pinos por parte del entonces comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, Felipe Calderón Hinojosa, hasta noviembre de 2012. La duda sobre la investigación que realiza el contralor del Ejército, el general Guillermo Moreno Serrano, es si responsabilizará a todos aquellos que autorizaron dichas compras en el sexenio pasado y que algunos de ellos ahora ocupan los más altos rangos de la Secretaría de la Defensa. Parece un laberinto del cual no podrán salir.

Romero Deschamps y la Gordillo

En el gabinete de Enrique Peña Nieto se discute qué hacer con los líderes sindicales que son un estorbo para los planes de gobierno. Aunque la lista es larga, dos son los que concentran la atención del presidente y su grupo más cercano: Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps. Algunos en el gabinete piden desde su salida y otros hasta su procesamiento por hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Son muchas las cuentas que deben estos y otros dirigentes sindicales que se han enriquecido brutalmente a costa de las cuotas de los trabajadores y de la extorsión que han hecho con su poder y la amenaza a las entidades públicas.

En el caso de la líder magisterial, Gordillo no sólo ha enfrentado abiertamente a los secretarios de Estado más cercanos a Peña Nieto, como son Emilio Chuayffet, titular de la Secretaría de Educación Pública, y Luis Videgaray, secretario de Hacienda, sino que ha criticado al mismo presidente de la República, ha cuestionado al PRI y se ha convertido en un problema ante las reformas políticas planteadas por el gobierno federal. Y si a eso sumamos la enorme fortuna acumulada por la maestra y colocada en cuentas en el extranjero, según el veracruzano y examigo de Elba Esther, Tomás Ruiz, pues hay un expediente completo que podría ser utilizado en cualquier momento.

El segundo caso y tal vez más espinoso es el del líder petrolero Romero Deschamps, a quien dicen no lo salvará ni su fuero como legislador priista, pues habría ya una orden de que salga del sindicato petrolero por las pésima imagen que se ha construido y los escándalos en que se ha visto envuelto que manchan el gobierno de Peña Nieto, desde aquel famoso y controversial Pemexgate, en donde se desviaron millones de pesos de la paraestatal petrolera.

Lo último fue la ausencia de Romero momentos después de la explosión en las oficinas centrales de Pemex, que causó la muerte a 37 trabajadores con otro tanto de hospitalizados, y que después intentó justificar al declarar que familiares de los fallecidos podrían heredar la plazas sindicales.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

Nota Informativa URGENTE Detienen a defensor de Derechos Humano

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

 07 de febrero de 2013

Nota Informativa URGENTE.

Detienen a defensor de Derechos Humanos

Según información proporcionada a este Centro de Derechos Humanos, el día de hoy aproximadamente a las 13.30 hrs. en la ciudad de Tonalá, Chiapas, fue detenido el Sr. Nataniel Hernández Núñez, Director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, AC1.

Nataniel se encontraba en una reunión con funcionarios del Gobierno del Estado de Chiapas, entre ellos el Sr. Benigno Hernández Hidalgo, Subsecretario de Gobierno de la Región IX Istmo Costa de Chiapas. La reunión se realizaba en el marco de las movilizaciones a nivel nacional que convocó la Red Nacional de Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica.

Según información proporcionada a este Centro, aproximadamente unos 20 policias federales y de la Procuraduría General de la República, ingresaron al lugar de la reunión y se detuvieron a Nataniel. Hasta el momento se desconoce su paradero.

Este Centro de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por la detención de Nataniel Hernández, defensor de derechos humanos y solicita a las autoridades de México, que informe sobre su paradero y el motivo de su detención.

De igual forma, informamos que seguimos atentas/os a los reportes que envían las distintas organizaciones y comunidades que participan en esta Jornada de Movilizaciones a nivel estatal y nacional.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Boletín de Democracy Now! en Español


11/2/2013

Los titulares de hoy


Disponible alrededor de las 17:00, hora de Nueva York.  Si el link del audio no funciona, visita nuestra web

El Resto de la Hora de Democracy Now!

En California continúa la búsqueda de Christopher Dorner, ex agente de la policía de Los Ángeles acusado de haber matado a tres personas. En el manifiesto que publicó en Internet, Dorner amenazó con emprender una "guerra no convencional y asimétrica” contra el departamento de policía, al que acusa de racismo y corrupción. A Dorner lo despidieron del departamento de policía en 2008, luego de que lo acusaran de hacer una falsa denuncia contra su agente de entrenamiento por patear a un sospecho discapacitado mental durante su detención. Más...

El gobierno de Obama está intensificando su guerra económica contra Irán, antes de las conversaciones nucleares que se realizarán a fin de este mes en Kazajstán. La semana pasada, la Casa Blanca anunció que ampliaría las sanciones [contra Irán] mediante la presión a los países que le compran petróleo de que en lugar de hacerle pagos directos, le exijan a Irán que compre sus productos. El Tesoro también amplió la lista de sanciones al incluir los medios estatales iraníes. Más...

Volvió a los tribunales la causa que cuestiona la autoridad del gobierno estadounidense de mandar personas a la cárcel sin cargo ni juicio. Un grupo de periodistas, intelectuales y activistas iniciaron una demanda contra el gobierno de Obama por considerar que la controvertida cláusula de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) podría permitir la detención indefinida de periodistas y otras personas que interaccionan con ciertos grupos. Más...

viernes, 8 de febrero de 2013

Protestan en Oaxaca por altas tarifas de luz


PEDRO MATÍAS

OAXACA, Oax. (apro).- Con bloqueos carreteros y la toma de oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cientos de personas protestaron este jueves contra las altas tarifas de energía eléctrica.

La Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), realizaron movilizaciones en el Istmo de Tehuantepec, la Mixteca y la región del Papaloapan bajo el lema: “O comemos o pagamos la luz”.

Los inconformes denunciaron que la CFE paga a empresas privadas que cobran entre 400 y 500 pesos por la instalación del servicio, cuando es obligación de la paraestatal hacerlo. Aunado a ello, apuntaron, las tarifas que les imponen son estratosféricas.

La resistencia civil contra las altas tarifas de luz tiene como finalidad que se reconozca el disfrute del servicio de energía eléctrica como un derecho humano.

En Huajuapan de León, la organización MAIZ tomó las oficinas de CFE, y otro grupo bloqueó la carretera que conecta a Oaxaca con Veracruz.

En la región del Istmo, trabajadores de la Sección 22 del SNTE realizaron la toma simbólica de las oficinas de la CFE, y los integrantes de la UCIZONI se manifestaron en la Estación Sarabia y en las instalaciones de la paraestatal de Matías Romero, donde también se bloquearon varias calles.

Organizaciones se manifiestan en Coatza contra altas tarifas de CFE


SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA / VIERNES, FEBRERO 08, 2013

Coatzacoalcos, Ver.- Entre conatos de bronca y peleas verbales, los integrantes del movimiento contra las altas tarifas eléctricas bloquearon la circulación al sureste; manifestaron que el 40 por ciento de la energía que se produce en el país la producen empresas extranjeras, por eso están encareciéndose las tarifas y señalaron que en la sierra y las poblaciones indígenas, los recibos llegan de entre dos y tres mil pesos el bimestre, pero ellos apenas tienen para comer. Los empresarios del sureste respaldan las movilizaciones, señalan que se deben buscar esquemas para disminuir los precios de la energía.

A las 10 horas, diversas organizaciones de resistencia civil de los municipios del sur cerraron la circulación en la carretera Costera del Golfo, en la intersección con los municipios de Otepan y Zaragoza. Los manifestantes, en su mayoría campesinos de la sierra expresaron que existe un gran descontento por el monto tan elevado que tienen que pagar por el servicio, cuando apenas logran sacar recursos para comer.

En la zona serrana de Santa Martha, donde existen muchas comunidades consideradas con alto nivel de marginación, se están recibiendo recibos de 2 mil a 3 mil pesos por bimestre, por lo que llevan varios años en resistencia de pago.

Refirieron que en México no existen tarifas justas, de acuerdo con el nivel de percepción de cada población, ya que en las grandes ciudades, el salario no es equivalente a los jornales que reciben los campesinos. “Somos campesinos, queremos que nos cumplan las promesas de campaña que nos bajen las altas tarifas, si obtenemos dinero es para comer, no para pagar las altas tarifas; los campesinos queremos pagar pero una tarifa justa porque no hay trabajo y a los pobres no nos hacen caso”, declaró una señora afectada habitante de Soteapan.

Raymundo Jiménez, representante del movimiento en Las Choapas, recordó que este movimiento tiene 15 años de trabajo y no se ha logrado acordar con las autoridades que se realice un ajuste a las tarifas.

Refirió que en esa zona los recibos de energía eléctrica llegan de más de 2 mil pesos, mas cuando se intenta negociar con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se firman convenios y acuerdos que luego no se cumplen. “Del gobierno federal sólo hemos recibido acuerdos que no se cumplen, cárcel, garrote y represión”, anotó.

Actualmente, en la zona sur, el movimiento de resistencia civil enfrenta 50 demandas penales contra los líderes-

“Con esta manifestación le estamos recordando al presidente Enrique Peña que fue promesa de campaña bajar las tarifas, que tiene la obligación moral de cumplir porque la gran mayoría de la población no las podemos pagar”.

Los indígenas se resisten a los grandes proyectos de generación de energía que se realizan en el Istmo de Tehuantepec, especialmente en San Dionisio del Mar, Santo Domingo y Piedra Larga, en los municipios de Santo Domingo Ingenio y Unión Hidalgo , respectivamente, además del tramo de la carretera Arriaga (Chiapas)-La Ventosa (Oaxaca).

El movimiento de resistencia civil manifestó que en todos estos proyectos se les está dando prioridad a las empresas privadas, lo cual podrían encarecer el servicio, dejando aún más indefenso a los pobres.

Cabe señalar que durante la manifestación se presentaron varios conatos de bronca y enfrentamientos verbales por parte de personas que querían circular, los cuales se enfrentaron con los manifestantes.

En la zona se presentó un enfrentamiento con un motociclista quien prácticamente atropello a un indígena y fue bajado de la unidad a golpes. Los manifestantes dejaron pasar enfermos, mujeres embarazadas e incluso la carroza fúnebre de una persona que iba a ser sepultada.

+ Respaldan empresarios

Cuestionado sobre las manifestaciones, José Antonio Wilburn, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Coatzacoalcos manifestó que las altas tarifas eléctricas, se ha convertido un reclamo popular. Refirió que los diputados deben buscar los esquemas necesarios para que se disminuyan los costos del servicio, ubicándola en un precio social y económicamente accesible al bolsillo de todos los ciudadanos.

“Las tarifas ya no las podemos pagar, no sólo en las zonas donde hay más calor y se consume más, sino en todas las comunidades, es un problema social que se tiene que atender, porque la población también paga agua, comida, transporte y los gastos de las casas”.

La Canaco, fue una de las primeras cámaras que iniciaron los movimientos contra las altas tarifas, debido a esto, los empresarios siguen pugnando para que se busquen alternativas que permitan tener redes eficientes, pero sin que lesionen la economía de las familias y empresas.

Liberada, la carretera transístmica: Segob

La secretaría de Gobierno informó que a las 16 horas quedó totalmente liberada la carretera transístmica quebloquearon integrantes de la Red de Resistencia Civil en Protesta por las Altas Tarifas Eléctricas.

A pesar de la manifestación que se llevó cabo de manera simultánea en todo el país, se mantuvo la circulación, sin afectación significativa al tránsito vehicular, ya que hubo fluidez y comunicación hacia todos los municipios de la región.

Desde temprano, personal de la Dirección de Política Regional estuvo atendiendo a los manifestantes, quienes liberaron la vía luego de que finalizara la reunión que sostuvo en la Ciudad de México una comisión de representantes con autoridades federales, quienes analizarán la viabilidad de sus peticiones.

Respaldan Ong la inconformidad de consumidores por altos cobros de luz


RODOLFO VALADEZ LUVIANO ( Corresponsal)

Tecpan, 7 de febrero. Las organizaciones que integran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos respaldaron las manifestaciones de los pobladores de las comunidades donde han llegado altos cobros de energía eléctrica que hace la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y rechazaron la represión y criminalización de las protestas sociales de parte de los gobiernos estatales.

Exigieron a los gobiernos federal y estatales priorizar el diálogo por encima de la represión policiaca y la criminalización de defensores y defensoras que encabezan las manifestaciones en contra de los altos cobros.

Mediante un comunicado, los miembros de la red aseguraron que la CFE viola los derechos de las comunidades más pobres al establecer tarifas exorbitantes que contrastan con el ingreso y capacidades de asumir estos gastos por los pobladores.

En las últimas semanas, en algunas comunidades como Zacualpan, Papanoa, Puerto Vicente Guerrero, Parada del Puerto, El Trapiche, Los Laureles, La Cuesta, Estero Colorado, El Rincón y Manzanillal han surgido movimientos de resistencia al pago excesivo de luz.

En el texto los miembros instan a las autoridades estatales, que se han encargado de criminalizar tales protestas a través del aparato judicial, a que antes de fincar algún delito, se procure el diálogo en vez de castigar el rechazo público al no pago, equiparando por igual a mujeres y hombres como delincuentes, además de hacerlos responsables de que no haya servicio de luz y rechazaron que actualmente defensoras y defensores organizados en contra el pago de luz enfrenten procesos judiciales acusados de secuestro equiparado, la interrupción del corte de servicio de luz (delito que no existe) y otros que fabriquen a modo para mantenerlos fuera de las acciones de denuncia contra la empresa paraestatal

Manifiestan que el derecho de los usuarios es de acuerdo a lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas que dice que la energía eléctrica es parte del derecho humano a la vivienda adecuada.

Las mujeres en México a la espera de seguridad y justicia.



El pasado lunes 4, medios locales e internacionales dieron informaron sobre seis turistas españolas fueron víctimas de violación durante sus vacaciones en Acapulco, en el estado de Guerrero.

Tras inicialmente haber minimizado los hechos, las autoridades del Estado de Guerrero se vieron forzadas a reafirmar que se conduciría una investigación completa para procesar a los responsables. Este cambio de discurso pareció obedecer una creciente ola de indignación pública así como a presiones internacionales.

pecialmente lamentable, es que este trágico suceso no es ajeno a la realidad a la que se enfrentan incontables mujeres, ya que de acuerdo a información recopilada por Amnistía Internacional (AI) cada año miles de niñas y mujeres son víctimas de violencia sexual en México.

De acuerdo con la información que el año pasado presentó Amnistía Internacional al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, más de 14.000 mujeres son víctimas de violación cada año. Además, de acuerdo a estudios, está cifra podría representar solo un 20% de los casos reales, pues el 80% de los casos no son denunciados.

De acuerdo a información de condenas ocurridas en 2009 – la última a la que la organización ha tenido acceso - en México solamente se produjeron 2.795 condenas por violación.

De esta forma, la organización puede concluir que la impunidad sigue siendo uno de las características de la violencia sexual contra las mujeres en México.

Amnistía Internacional reconoce que si bien han habido algunos avances positivos, como la aprobación de la ley “de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, la violencia de género sigue siendo generalizada. Tanto las autoridades federales como estatales han fracasado sistemáticamente a la hora de garantizar la aplicación efectiva de muchos aspectos de esta ley, lo que contribuido a que la impunidad subsista.

El pasado mes de enero, familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, ciudad fronteriza con Estados Unidos, donde cientos de mujeres han sido víctimas de asesinatos o desapariciones, se manifestaron en una caminata a la Ciudad de Chihuahua para exigir a las autoridades que investiguen adecuadamente los delitos y lleven a los responsables ante la justicia.

Las organizaciones de mujeres de otros estados, como Nuevo León, Oaxaca y México, han señalado pautas similares de violencia de género –que las autoridades no combaten con eficacia–.

La justicia es crucial cuando se trata de abordar la violencia contra las mujeres y acabar con ella. Si quien viola a una mujer no recibe ningún castigo, el mensaje que se está transmitiendo es que tales abusos son aceptables –es una firme invitación a que otros cometan ese mismo delito–.

Amnistía Internacional considera que las autoridades mexicanas no pueden seguir esperando para atender las demandas de las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres y exige que se tomen medidas concretas y efectivas que mejoren la investigación y logren que se incremente la cifra de procesamientos y condenas y de esta forma reducir la impunidad.

Además, el gobierno mexicano debe urgentemente implementar políticas destinadas a poner fin a la violencia y apoyar a las mujeres y niñas sobrevivientes de abusos sexuales.

Pue/Méx. Las declaraciones del SGG Lic. Fernando Manzanilla ponen en situación de vulnerabilidad a habitantes de comunidades Totonacas y ONG´s por el Caso de la Hidroeléctrica en Olintla


Puebla, México a 7 de febrero de 2013

El día de ayer el Secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, en su comparecencia ante el Congreso del Estado, emitió declaraciones oficiales sobre el conflicto que ha provocado la pretendida construcción de la hidroeléctrica concesionada a Grupo México en Olintla.

Al respecto, como ReddH vemos con preocupación dichas declaraciones, ya que elude problemas de fondo, poniendo en situación de riesgo a las comunidades de ésta región Totonaca que no han sido informadas de acuerdo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Debemos destacar que el conflicto por la Hidroeléctrica se convierte en tema de interés social al verse afectados recursos naturales que de acuerdo al Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son de la NACIÓN.

Como funcionario de alto nivel de gobierno es necesario que informe de manera oficial a la ciudadanía poblana aspectos relevantes de la Hidroeléctrica. Como lo son:

La hidroeléctrica concesionada a Grupo México ¿Qué situación guarda respecto a los otros proyectos hidroeléctricos y mineros? ¿Son proyectos independientes? ¿Ya cumplieron con todos y cada uno de los requisitos para llevar a cabo el proyecto? ¿La luz generada se la venderán a CFE? ¿Tienen relación alguna con los mantos acuíferos de Veracruz? ¿Cuál es la proyección financiera y quienes los beneficiados?

¿Cuántos empleos se generaran? ¿De manera específica que trabajo (en construcción, mantenimiento, de ingeniería, etc.) desarrollaran los habitantes de las comunidades totonacas? ¿Cuál será el salario? ¿Durante qué tiempo tendrán empleo? ¿Ya hay un contrato colectivo de trabajo? ¿Ya hay quién será el titular?

Dicen que son mayoría los que quieren la construcción de la hidroeléctrica ¿Conocen de los procedimientos utilizados para el listado de los que han dado su anuencia? ¿Quiénes llevaron a cabo ese empadronamiento: empresas particulares, autoridades municipales? ¿Son de trayectoria con alta calidad moral quienes levantaron y entregaron los padrones?. Esto, ya que hay denuncias penales, precisamente porque no han dado su autorización los dueños de los predios afectados, y quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

¿Considera necesario impulsar una consulta popular en las comunidades totonacas afectadas? ¿Ha considerado en su agenda una reunión con las comunidades totonacas para conocer de manera directa la situación?

Son tan sólo algunas preguntas básicas que proporcionarían mayor información pública para evitar interpretar el conflicto de la hidroeléctrica como intercomunitario. Al mismo tiempo que sus declaraciones no pondrían en situación de riesgo y vulnerabilidad a las comunidades totonacas afectadas, así como a todos aquellos interesados, organizados o no, en el manejo transparente de la distribución equitativa de la riqueza mexicana producto del usufructo de nuestros recursos naturales.

Atentamente

Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH

VII MEMORIAL PASTA DE CONCHOS


Brennan y Kiriakou, aviones no tripulados y tortura

Publicado el 8 de febrero de 2013

Amy Goodman

John Brennan y John Kiriakou trabajaron juntos hace años, pero sus carreras tomaron rumbos drásticamente diferentes desde entonces. Brennan está cada vez más cerca de convertirse en el nuevo director de la CIA, mientras que Kiriakou está cada vez más cerca de la prisión. Los destinos de ambos están vinculados a la llamada “guerra contra el terrorismo”, que fue ampliamente condenada a nivel mundial durante el gobierno de George W. Bush. El Presidente Barack Obama le dio un nuevo nombre a la guerra contra el terrorismo y se refiere a ella —de manera más inofensiva— como "operaciones de contingencia en el extranjero", pero, en lugar de alejarse de las prácticas reprochables de su predecesor, ha ido más allá. El ascenso de Brennan y el procesamiento de Kiriakou demuestran que los excesos recientes del Poder Ejecutivo de Estados Unidos no son anormalidades transitorias, sino el establecimiento de una nueva y aterradora normalidad, donde los ataques con aviones no tripulados, la vigilancia sin órdenes judiciales, los asesinatos y los arrestos por tiempo indefinido se llevan a cabo con arrogancia e impunidad, protegidos por el secreto y más allá del alcance de la ley.

John Kiriakou trabajó durante 14 años en la CIA como analista y oficial de caso. En 2002 lideró el equipo que encontró a Abu Zubaydah, supuestamente un alto miembro de Al Qaeda. Poco tiempo después, en 2007, Kiriakou fue el primer funcionario en confirmar públicamente, en una entrevista con Brian Ross de ABC News, que la CIA implementaba la técnica del submarino. Kiriakou dijo en esa entrevista: “En ese momento me parecía que la práctica del submarino era algo que debíamos hacer. Pero ahora que pasó el tiempo y el 11 de septiembre está cada vez más lejos cambié de parecer y creo que el submarino es probablemente algo que no deberíamos estar practicando". Kiriakou dijo que las llamadas “técnicas avanzadas de interrogatorio” le parecían inmorales y que rechazó ser capacitado para usarlas.

Desde aquella entrevista, se hizo público que Zubaydah fue interrogado con la técnica del submarino al menos 83 veces y que esos interrogatorios no proporcionaron ninguna información útil. Zubaydah aún continúa encarcelado en la Bahía de Guantánamo, sin que se hayan presentado cargos en su contra. Kiriakou pronto comenzará a cumplir su propia sentencia de 30 meses de prisión, pero no por haber divulgado información sobre la técnica del submarino. Se declaró culpable de revelar el nombre de un ex interrogador de la CIA a un periodista, con información que el interrogador mismo había publicado en un sitio web de ingreso público. 


Mientras tanto, se espera que John Brennan, actual asesor en asuntos de antiterrorismo de Obama, reciba la confirmación del Senado para asumir como nuevo director de la central de inteligencia.


Recientemente le pregunté a John Kiriakou qué pensaba de John Brennan:


“Conozco a John Brennan desde 1990. Trabajé directamente para él dos veces. Creo que es una muy mala elección para liderar la CIA. Es hora de que la CIA se distancie de la oscuridad del régimen posterior al 11 de septiembre. Necesitamos a alguien que respete la Constitución y que no quede atrapado en el legado de tortura que tiene la CIA. El hecho de que el Presidente Obama haya elegido a John Brennan envía el mensaje equivocado a todos los ciudadanos estadounidenses".


El Presidente Obama ya había considerado a Brennan como posible director de la CIA en 2008. Pero en ese entonces Brennan retiró su candidatura tras recibir amplias críticas por el apoyo que dio a las políticas de tortura de la era Bush en los distintos altos cargos de inteligencia que ocupó durante su gobierno, por ejemplo, cuando fue director del Centro Nacional Antiterrorista.

Qué diferencia hacen cuatro años. Con la muerte de Osama bin Laden en su bolsillo, Obama parece inmune a críticas por sus acciones antiterroristas. Se dice que John Brennan manejará la tristemente célebre “lista de asesinatos selectivos” de personas que Obama cree que tiene el derecho de asesinar en cualquier momento y lugar del planeta, como parte de sus llamadas “operaciones de contingencia en el extranjero”. Aquí se incluye el asesinato de ciudadanos estadounidenses, aunque no se presente ningún cargo en su contra, ni se realicen juicios o se cumpla con el debido proceso. Los ataques con aviones no tripulados es una de las maneras en las que se llevan a cabo estos asesinatos. El ciudadano estadounidense Anwar al-Awlaki fue asesinado en Yemen en un ataque con un avión no tripulado. Dos semanas después, su hijo de 16 años nacido en Denver, Abdulrahman, murió de la misma manera.

También le pregunté qué opinaba de Brennan al Coronel Lawrence Wilkerson, jefe de asesores del Secretario de Estado Colin Powell desde 2002 a 2005. Me dijo: “Lo que sucede con los ataques con aviones no tripulados en el mundo entero en este momento es, en mi opinión, tan malo como muchas de las cosas que reprobamos ahora tan fácilmente, en retrospectiva, del gobierno de George W. Bush. Estamos creando más enemigos de los que matamos. Estamos haciendo cosas que violan el derecho internacional. Estamos incluso asesinando ciudadanos estadounidenses sin debido proceso y tenemos un fiscal general que dice que el debido proceso no incluye necesariamente el proceso legal. Estas palabras son realmente aterradoras”.

Mientras John Kiriakou está próximo a ir a prisión por revelar un nombre, la Oficina de Periodismo de Investigación del Reino Unido (BIJ, por sus siglas en inglés) presentó un proyecto llamado "Naming the Dead" (”El nombre de los muertos”) con la esperanza de “identificar la mayor cantidad posible de personas asesinadas en ataques encubiertos con aviones no tripulados de Estados Unidos en Pakistán, ya sean civiles o militares”. La BIJ informa que, aparentemente, “al menos 2629 personas murieron hasta ahora en ataques con aviones no tripulados de la CIA en Pakistán”. Se le debería preguntar a John Brennan acerca del destino de cada una de ellas.

Boletín de Democracy Now! en Español


8/2/2013

Los titulares de hoy


Disponible alrededor de las 17:00, hora de Nueva York.  Si el link del audio no funciona, visita nuestra web

El Resto de la Hora de Democracy Now!

En la audiencia realizada el jueves en el Congreso para confirmar su designación al frente de la CIA, John Brennan, la persona elegida por el presidente Obama para ocupar dicho cargo, defendió enérgicamente las políticas de contraterrorismo implementadas por el presidente, entre ellas el mayor uso de aviones no tripulados y los asesinatos selectivos de ciudadanos estadounidenses.  Más...

La audiencia realizada el jueves en el Congreso para confirmar a John Brennan como director de la CIA fue postergada brevemente para retirar de la sala a las activistas de la organización CODEPINK, por interrumpir el testimonio de Brennan en reiteradas ocasiones. Una mujer mostraba una lista de los niños paquistaníes asesinados durante los ataques con aviones no tripulados. La ex diplomática estadounidense y coronel retirada Ann Wright —que llevaba colgado al cuello un cartel con el nombre de Tariq Aziz, un joven paquistaní de 16 años que fue asesinado en un ataque con aviones no tripulados en el año 2011— interrumpió a Brennan. Wright y otras siete personas más fueron detenidas.  Más...

En la audiencia realizada en el Congreso para confirmar su designación al frente de la CIA, el candidato John Brennan fue cuestionado en reiteradas ocasiones por el uso de técnicas de tortura, como "el submarino" y "las técnicas de interrogatorio mejoradas". Brennan se rehusó a decir que "el submarino" fuera una forma de tortura, pero sostuvo que con el tiempo llegó a estar en contra de esa técnica. Durante el gobierno de George W. Bush, Brennan se desempeñó como vice director ejecutivo de la CIA y director del Centro de Integración de la Amenaza Terrorista.  Más...