La tremenda Corte
El negocio de la justicia
Salarios de ministros
Si hiciera falta algún elemento para que la población esté totalmente convencida de que la justicia en este país es una farsa y un negocio, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) lo ha aportado con su fallo que libera de toda culpa de los delitos de secuestro y delincuencia organizada a Florence Cassez, quien ya duerme en París convertida en una estrella francesa que derrotó a la impunidad e inmundicia de las autoridades mexicanas.Este vergonzoso hecho se suma a la pésima imagen de México en el mundo, a lo cual contribuyó el fugado Felipe Calderón, en donde ven al país como un centro de corrupción, de drogas, de violencia extrema, de impunidad, de injusticia, de abuso de poder y de tráfico de influencias. Todo ello acreditado, por supuesto, a nuestros gobernantes, al vacío de poder que provocaron y al Estado fallido que ya lleva varios sexenios.
Movidos más por intereses políticos que por hacer justicia, los ministros de la Corte se lavan las manos, como siempre lo hacen a la hora de impartir justicia, y se justifican al decir que no revisaron el fondo del asunto, que su decisión sólo se basó en el proceso fallido de la captura de la ciudadana francesa el 9 de diciembre de 2005; en donde otro personaje corrupto, abusivo y torpe, como es Genaro García Luna (entonces director de la extinta Agencia Federal de Investigación), violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuantas leyes le pusieron enfrente para promocionarse en televisión como el “gran policía” y realizar un montaje en la detención de un grupo de secuestradores que involucra directamente a Cassez.
Porqué el máximo órgano de impartición de justicia en este país no observó que Felipe Calderón y su policía Genaro García Luna fueron responsables del montaje que provocó la liberación de una secuestradora. El primero por omisión como presidente de la República ante los delitos que cometió su subalterno, así como defenderlo al presionar a la misma SCJN para que ratificara la sentencia de cárcel para Florence, a pesar de las violaciones al debido proceso. El segundo, con igual responsabilidad, por violentar los derechos humanos de la francesa y fabricar delitos ante las cámaras de televisión.
No hay duda que la justicia es ciega, pero no por impartir justicia por igual, sino porque los ministros, quienes se conducen como semidioses de la Corte, fallan a favor del mejor postor, sin importar que las víctimas de secuestro y el pueblo mismo clame justicia. Los ministros sostienen que ellos defienden la Constitución, entonces porqué y no ordenaron una investigación en contra de los responsables del Poder Ejecutivo que la violaron. Ante eso no hay respuesta.
Como este caso involucra a una ciudadana francesa (a quien su presidente defendió como correspondía a un jefe de Estado), entonces la Corte sí revisó a detalle el proceso, pero cuántos mexicanos y extranjeros también hay presos sin derecho a la justicia o, peor aún, les aplicaron una justicia vendida, convertida en un rentable negocio para jueces, magistrados y ministros, quienes viven sometidos al presidente en turno.
Cómo explicarles a las víctimas y sus familias, a toda la sociedad, que ve con horror la injusticia en México, en donde una mujer señalada y acusada por los secuestrados abandona la cárcel porque las autoridades hicieron lo mismo de siempre: abusar, abusar y abusar. ¿Quién es culpable entonces de lo ocurrido? Sin duda que Calderón y su protegido García Luna, quienes en un Estado de Derecho deberían pagar por su delito, pero en México la justicia no existe para quienes no tienen poder político o dinero.
El abusivo negocio de la justicia
Además de los altos salarios de los 11 ministros de la SCJN, que rondan el medio millón de pesos mensuales, muy por arriba del asignado al presidente de la República, cada uno de ellos se embolsa en forma discrecional más de 1 millón de pesos al año por “realizar diversas actividades que contribuyen a fomentar los valores del estado de derecho”.
Otro gasto abusivo en la Suprema Corte es el de los “pensionados” –53 titulares y 28 viudas–, quienes cuestan al erario, de manera individual, más de 1 millón 600 mil pesos anuales; es decir, 133 mil 300 pesos cada mes.
Un informe de la Auditoría Superior de la Federación revela que la SCJN ejerce, a partir de 2004, 44 millones 359 mil pesos destinados a la partida presupuestal 150902, también denominada “ayuda para el fomento de la cultura de la legalidad”. En el ejercicio 2005, la cifra aumentó a 49 millones 341 mil 502 pesos, y las compensaciones económicas por este concepto oscilaron entre 2.5 y 10 veces el pago diario por percepción ordinaria mensual y prestaciones mensuales, es decir, de 1 a 4 meses del sueldo bruto. A partir de entonces cada año se eleva esa prestación.
El máximo órgano de vigilancia detalla que estas erogaciones se dan “únicamente a los servidores públicos de mando superior que, por sus funciones, realicen actividades que contribuyan a fomentar entre la sociedad mexicana los valores que permitan alcanzar un auténtico estado de derecho, por lo que se realizaron pagos individuales discrecionales que van desde 26 mil 100 pesos hasta 1 millón 236 mil pesos, según el nivel correspondiente”. Esos valores del estado de derecho incluyen la liberación de la secuestradora Cassez.
Por promover la cultura de la legalidad, incluso a domicilio, desde 2004 los ministros cobran una compensación del presupuesto público por 1 millón 236 mil 200 pesos, equivalentes a 4 meses de salario bruto de 309 mil pesos.
Por si fuera poco lo anterior, los ministros cuentan con instrumentos fiduciarios para administrar el patrimonio de la Corte sin que nadie ni nada les preocupe. El responsable de estos fideicomisos es el oficial mayor de la SCJN, y el día que se conozca el destino de esos recursos, será un verdadero escándalo.
Desde el 31 de diciembre de 2008, el Fideicomiso para Pensiones Complementarias para Servidores Públicos de Mando Superior de la SCJN registró un saldo de 196 millones; el de Pensiones Complementarias para Mandos Medios y Personal Operativo de la SCJN cuenta con 842.7 millones de pesos; el del Plan de Prestaciones Médicas Complementarias y de Apoyo Económico Extraordinario a los Empleados del Poder Judicial de la Federación tiene 106.7 millones, y el creado para la Administración de los Recursos Producto de la Venta de Publicaciones de la SCJN para el Financiamiento de Nuevas Publicaciones y cualquier Proyecto de Interés para el Fideicomitante gestiona 58 millones de pesos; finalmente, el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (Fondo Jurica) registra recursos por 632.8 millones.
Estos ministros con dichos beneficios económicos son quienes liberaron a Florence Cassez.
La relación Calderón-García Luna
Y ya que hablamos de los delitos de omisión, abuso de poder y mala administración de la justicia cometidos por Calderón y su policía García Luna, hay una historia que cuenta un militar, general para ser más exacto, sobre aquel empresario chino lavador de dinero del narcotráfico llamado Zhenli Ye Gon, a quien supuestamente la decomisaron 200 millones de dólares en su casa.
Ese militar de alto rango contó que el monto real del dinero decomisado en esa residencia de Ye Gon era superior a los 250 millones, más de lo reportado por los policías del entonces jefe Genaro García Luna, lo que debería ser investigado por las autoridades para determinar si esto es cierto y quién se quedó con el resto del dinero.
Según ese egeneral del Ejército, dos de los beneficiafrios inmediatos habrían sido el propio García Luna y su jefe Calderón, lo que de ser cierto explicaría en parte esa perversa relación que establecieron durante seis años y que permitió encubrirse mutuamente hasta el final del sexenio pasado, en donde Calderón se negó a destituirlo a pesar de las pifias y abusos exhibidos de su jefe policial.
El militar asegura que Ye Gon era extorsionado desde el sexenio de Vicente Fox por funcionarios mexicanos y personas cercanas al entonces presidente de la República. Esos extorsionadores le pedían constantemente ayudas económicas a cambio de permitirle seguir importando seudoefedrina, químicos que eran utilizados por cárteles de la droga.
El general asegura que las extorsiones al traficante chino iban en aumento y las solicitudes de dinero eran más constantes, lo que hacía imposible mantener el negocio ilícito de la importación de metanfetaminas y, al mismo tiempo, obtener ganancias para todos.
Desesperado, contaba el general, el chino Ye Gon se queja con amigos que tenía en la embajada de Estados Unidos en México (presuntos agentes de la DEA) y, a cambio de protección, les revela la red de corrupción y extorsión de que era objeto por personas del gobierno mexicano.
Mediante esa declaración que el empresario de origen chino hace en la sede diplomática, las autoridades de Estados Unidos se enteran que el dinero encontrado en la residencia de las Lomas no ascendía a 205 millones de dólares, como ha reportado el gobierno mexicano, sino a 255 millones de dólares, de los cuales los policías bajo el mando del secretario de Seguridad Pública Federal habían sustraído 50 millones de dólares, dinero que le fue entregado a su jefe.
Por esos días un funcionario de la embajada estadounidense se comunicó con el titular de Seguridad Pública Federal para enterarle que tenían conocimiento que el dinero encontrado en la residencia de las Lomas de Chapultepec rebasaba los 250 millones de dólares y que “alguien” se había quedado con 50 millones. Esta historia que parecía poco creíble, como aquella que contó desde un principio Ye Gon, de que era extorsionado por Javier Lozano, exsecretario del Trabajo, para financiar la campaña presidencial de Felipe Calderón, debe ser ahora investigada.
Según el militar de alto rango, la relación del chino Zhenli alcanzaba a los hermanos Bribiesca Sahagún, quienes tenían acceso a directivos aduanales para pedirles favor e introducir al país lo que éllos quisieran. Parece esta una oportunidad inmejorable para el gobierno de Enrique Peña Nieto de abrir un expediente que hasta ahora parecía cerrado.
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