miércoles, 16 de enero de 2013

Tlaquepaque autoriza a Morena instalar módulo de afiliación en primer cuadro

• Inspectores de Mercados impedían realizar las inscripciones arguyendo que no tenían permiso para instalarse


Simpatizantes de MORENA se manifiestan frente al palacio municipal de Tlaquepaque, debido a que fue desalojada su mesa de afiliación. Foto Arturo Campos Cedillo.

Aníbal Vivar Galván.- El ayuntamiento de Tlaquepaque permitirá que durante 10 días los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) realicen su proceso de afiliación en un módulo instalado en el primer cuadro de este municipio, esto luego de una manifestación realizada en las puertas del palacio municipal por militantes de esta organización política para denunciar que desde el pasado 9 de enero, fecha en la que algunos inspectores de Mercados les retiraron su módulo de afiliación, no se les ha permitido inscribir gente.

Los manifestantes, que eran alrededor de medio centenar, afirmaron que el personal del ayuntamiento les indicó que “en Tlaquepaque no habría ni un centímetro para Morena”, ya que este municipio pertenece sólo a quienes están en el poder.

Aseguraron además que los inspectores alegaban que aplicaron el reglamento municipal pues los militantes carecían de permiso de parte de Mercados para colocarse. Los miembros de Morena indicaron que un día antes del incidente entregaron en la oficialía de partes de la presidencia un escrito en el que informaban que se colocarían para invitar a nuevos partidarios; además recordaron que este tipo de actividades no requiere de ningún permiso especial, pues en la Constitución Mexicana se garantiza el derecho de asociación y de manifestación siempre y cuando ésta sea pacífica y sin alterar el orden público.

Luego de iniciada la manifestación de ayer, personal del ayuntamiento llamó a una comisión para que se entrevistara con el alcalde. Durante la reunión, Alfredo Barba se disculpó por la actitud que tuvo el personal del municipio y les aseguró “no tener inconveniente” en que los morenistas realicen el proceso de afiliación, sin embargo, les dijo que no podrían instalarse en el primer cuadro ya que actualmente se está aplicando un proyecto de mejora de la zona Centro y no se permite la colocación de puestos.

Los militantes le insistieron en que su actividad no tiene fines comerciales, sino que buscan cumplir con los procesos que marca la ley para la conformación de su partido. Además le recordaron que en los demás municipios los módulos de afiliación se colocaron dentro del primer cuadro.

También le aclararon que este proceso de afiliación, que concluirá los primeros días del mes de abril, se desarrollará de igual manera en otros puntos de Tlaquepaque, por lo que el módulo del Centro sólo estará por un tiempo.

Finalmente, el munícipe les permitió instalarse por 10 días, siempre y cuando no generen molestias a vecinos o a comerciantes, sin embargo, los militantes de Morena tomaron este acuerdo con reservas pues no descartan que las autoridades convenzan a algunos habitantes de la zona para que se opongan a la instalación del punto de afiliación.

Agregaron que para evitar esto acudirán con los vecinos para conocer su opinión además de realizar la tramitología necesaria para que el municipio esté enterado de los puntos y las fechas en las que se instalarán y así evitar más conflictos pues, insistieron, sólo desean continuar con su proceso de afiliación y no iniciar una campaña o algún ataque en contra de la administración municipal.

Atoyac podría seguir el ejemplo, augura la OCSS


R. VALADEZ, CORRESPONSAL

 Atoyac, 15 de enero. La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (Ocss), Rocío Mesino Mesino, advirtió que de continuar la impunidad en los hechos delictivos ocurridos en los pueblos de Guerrero, como asesinatos, secuestros y asaltos, en otros lugares del estado pudiera darse también la organización de la gente para hacerse justicia con sus propias manos.

“Estamos de acuerdo en que la decisión de la gente es la única vía para la situación que se viene dando en el estado sobre la violencia generada, no sólo por el crimen organizado, sino también por el pisoteo de los derechos humanos de la población de parte de los miembros del Ejército y la Policía Municipal, Estatal y Federal”, manifestó la líder.

La ex regidora apuntó que lo ocurrido en pueblos como Ayutla y Tecoanapa, en Costa Chica, muestra el hartazgo de la gente por la ineficacia de las políticas de seguridad que se han empleado en Guerrero.

Manfiestó que es importante que el gobierno sepa que lo que pasó en Ayutla es lo que puede pasar en otros lugares, incluso en Costa Grande donde se vive una violencia generalizada, y aseguró que lo sucedido con la gente de los pueblos es una muestra al gobierno de lo que puede pasar si éste no pone un hasta aquí a los asesinatos y combate la impunidad que existe, es decir, “es una muestra de cómo el gobierno queda rebasado por el pueblo”, concluyó.

En entrevista, Mesino Mesino señaló que de continuar el clima de inseguridad la gente de Atoyac no descarta posibilidad de organizarse igual que lo han hecho los pobladores de Ayutla y sugirió que el gobierno del estado impulse una política de investigación de los casos delictivos ocurridos en la entidad que arroje resultados verdaderos y eficaces, en vez de que continúe la impunidad, y recordó que aún están pendientes los resultados en las investigaciones de los secuestros de los ecologistas Eva Alarcón, Marcial Bautista y Juventina Villa, así como del ex dirigente del Consejo Estatal del Café (Cecafé), Francisco Piedragil Ayala.

La autoprotección desplaza al hartazgo y da seguridad en Ayutla y Tecoanapa


La población desarrolla sus actividades con confianza y respalda acciones de autodefensa

 HÉCTOR BRISEÑO ( Enviado)

Ayutla, 15 de enero. "Nos ponemos los huaraches o nos espinamos", expresó un comandante de la Policía Comunitaria (PC) entrevistado en el crucero de Las Ánimas, en la comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa, donde decenas de integrantes del comité de autodefensa ciudadana contra la delincuencia organizada montaron un puesto de control para impedir que los "chicos malos" transiten entre localidades y rancherías de la Costa Chica.

De origen indígena, moreno, con visión de largo plazo, consciente y seguro de que el movimiento que representa está basado en la justicia y el bienestar de los pueblos, subrayó que la situación de inseguridad era insostenible, por lo que campesinos tuvieron que organizarse para evitar extorsiones, secuestros y asesinatos.

Mientras compañeros de guardia piden documentación a conductores que transitan por el área, el comandante manifestó que “nos duele cómo otras personas vienen buscando el dinero extorsionando a campesinos, secuestrando y no conformes con eso, matando”, y enfatizó que “no estamos contra el narcotráfico, ni sus clientes ni lo que vendan, sino del crimen”.

-¿Qué sienten como indígenas de esta situación? -se le pregunta.

-Sentimos rabia y coraje.

-¿Cómo empezó esta resistencia?

-Nos habían secuestrado a dos comisarios; les advertimos que si había un tercero nos levantaríamos, que haríamos limpieza total, quisieron medir fuerzas y aquí estamos. Se equivocaron al meterse con el pueblo: no somos uno, somos muchos.

Puntualizó: “ya están advertidos, por cada uno que nos levanten, vamos por 10 de ellos". 

Sostiene que el artículo 39 de la Constitución mexicana los respalda, pues el poder reside en el pueblo.

Recalcó que la ni la PC ni la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero están divididos, pues "por un par de líderes no se va a definir un movimiento", el cual, expresó, no se trata de una cuestión policiaca meramente. Manifestó: “estamos poniendo el ejemplo, unirse para lograr la paz y la tranquilidad; en Ayutla, que es una ciudad, la gente ha empezado a dejar el egoísmo, se debe trabajar colonia por colonia; las diferencias entre nosotros las arreglamos, aquí es como en el cielo, todos tienen cabida”.

Al sitio acuden mujeres protegidas con rojos paliacates en sus rostros, a repartir tacos de guisados y chilate; las labores del campo no han sido descuidadas, mientras unos vigilan los caminos día y noche, otros se hacen cargo de las cosechas,  pues la organización es importante para mantener la resistencia.

El también responsable de la vigilancia en el lugar, rememoró que fueron los partidos políticos y la religión lo que dividió a los pueblos. 

Señaló que a más de 70 malhechores detenidos en la última semana se les respetan sus derechos, no se les ofende, se les proporciona atención médica y se les brindan alimentos. 

-No queremos convertirnos en lo que tanto criticamos -expresa, y explica que es lo único que falta por definir con el Ejército: la situación de los delincuentes detenidos. 

Cáncer nacional.

Pobladores de Ayutla y Tecoanapa, municipios de la Costa Chica de Guerrero, manifiestan mayor confianza y seguridad en su vida cotidiana tras el levantamiento ciudadano ocurrido el pasado 5 de enero contra la delincuencia organizada.

Hasta el chofer de un taxi colectivo que viaja de Acapulco a Ayutla, se apura a colocar la papeleta que muestra el permiso provisional para circular por la carretera libre, instantes antes de pasar por el primer puesto de vigilancia, pues manifiesta que los nuevos guardias "están muy estrictos".

En pequeños locales de comida, en el mercado y camionetas de rutas alimentadoras, la coincidencia es casi absoluta; "la verdad es que la gente está más tranquila desde que el pueblo se levantó en armas", señaló el conductor de una camioneta de transporte de Ayutla a Tecoanapa.

Ataviados con playeras en tonos oscuros, negros y café, pantalones de manta y mezclilla, pistolas, machetes, rifles de bajo calibre y paliacates, bufandas, playeras e incluso máscaras de luchador que cubren sus rostros, integrantes del comité de autodefensa ciudadano se instalan en puntos clave de caminos y comunidades desde las 8 de la mañana. 

En uno de los accesos a Ayutla, un grupo de 40 hombres de todas las edades, planifica las actividades del resto del día.

Su coordinador, un hombre de canas y edad avanzada quien omite proporcionar su nombre, pues “el enemigo es peligroso y demasiado grande”, explicó que colaborarán con Ejército en vigilar sus comunidades. 

Recalcó que se mantendrán vigilantes de la actuación de las fuerzas armadas, pues los pobladores siguen sin confiar plenamente en las autoridades.

Consultado por el sistema de autoprotección implementado por los ciudadanos, en su mayoría campesinos, manifestó que el problema de la violencia es un "cáncer nacional", y no solamente de Guerrero. 

Comentó que serán respetuosos de la intervención oficial, pues también desean respeto a los usos y costumbres.

-¿Qué ocasionó el levantamiento, fue la inseguridad? -se le cuestiona después de organizar al grupo matutino encargado de la vigilancia en Ayutla.

-Fue el hartazgo; la tranquilidad social ha sido rebasada, a cada campesino le pedían 200 pesos y a los ganaderos 500, ya estaban fijando cuotas de acuerdo al tamaño de la casa y a las muchachas de Bachilleres las empezaban a molestar.

Recalcó que “no vamos a soltarles los callos, sabemos dónde están, vamos a peinar todas las comunidades”.

Explicó que el siguiente paso será unir a otros municipios, entre ellos San Marcos y Copala.

Expresó que “si los pueblos se unieran y adoptaran este sistema no pasaría la delincuencia organizada”.

-Al gobierno le debería dar pena y vergüenza, que con toda la ley y todo lo que tiene no haya podido poner orden; y que los pueblos que no conocen la ley se hayan organizado para acabar con el problema -señaló un carpintero en Ayutla.

-Yo les tuve que dar 5 mil pesos para que no se llevaran mi camioneta para trabajar; la verdad se estaban pasando de lanza los delincuentes -expresó un productor de jícama de la comunidad de El Limón.

-Nuestros padres se saludaban y se quitaban el sombrero, entre todos nos conocíamos, ahora vivíamos con la cola entre las patas, qué bueno que este movimiento surgió de la población indígena -mencionó un comensal de un local de barbacoa.

-A un vecino le llamaron y le pidieron 25 mil pesos, eso fue lo que detonó el problema aquí -relató un habitante de Tecoanapa.

Campesinos vigilantes se observan en diversos puntos de la carretera, y aseguran que lo mismo sucede en más de 150 comunidades en Ayutla y Tecoanapa.

El plagiado fue rescatado, informan

MARGENA DE LA O ( )

 Chilpancingo, 15 de enero. Los pueblos de Tecoanapa y Ayutla tendrán su asamblea mañana (miércoles) aparentemente para definir qué hacer con los detenidos desde que los pueblos se organizaron contra la delincuencia organizada en esa zona de la Costa Chica.

La asamblea está prevista, según informaron los voceros del movimiento que encabeza la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), a mediodía en la cabecera municipal de Ayutla. Aunque no adelantaron detalles, se conoce que el tema central será decidir qué hacer con los detenidos, que son más de 40.

En el contexto del movimiento de autodefensa, Bruno Plácido Valerio, líder de la Upoeg, denunció que esta mañana fue levantado, y luego rescatado, Erwin Pacheco Pérez, antes de llegar a la cabecera municipal de Cruz Grande.

En otra acción ocurrida en uno de los retenes de la comunidad de Las Mesas, municipio de San Marcos, fueron detenidos cuatro presuntos integrantes de la delincuencia organizada, uno originario de ese poblado, y los otros tres, del poblado de Xalpatláhuac, municipio de Tecoanapa.

Aclaró que Erwin Pacheco es un ganadero que ha participado en el movimiento y vive en a la zona Delta, ubicada en Cruz Grande.

Escuelas cerradas

La secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, precisó que hay 33 escuelas cerradas en Ayutla y 7 en Tecoanapa, por seguridad y recomendación del movimiento de autodefensa.

“La decisión de parar labores fue decisión de los padres de familia y de las autoridades comunitarias, que los niños no asistirían a clases en tanto pasaran estos días, por el temor a un enfrentamiento”, comentó.

Secuestran en Cruz Grande a miembro de la Upoeg; es un desafío: Bruno Plácido


Analizarán hacia qué otras comunidades rurales se puede extender la autodefensa, adelanta

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 15 de enero. Ante el movimiento armado ciudadano que instaló puntos de control en municipios de la Costa Chica, la delincuencia organizada secuestró a uno de los integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), Erwin Pacheco Pérez, denunció el coordinador de la organización, Bruno Plácido Valerio.

Durante una reunión en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local,0 para tratar diversos temas, entre ellos el de la seguridad, Plácido Valerio denunció que cerca del mediodía fue secuestrado el ganadero Pacheco Pérez.

El plagio, precisó, fue en la zona Delta, cerca del mar, en el municipio de Cruz Grande.

Este secuestro es el segundo que se comete en esta semana; el primero fue el comisario de Barrio Nuevo, Tecoanapa, e integrante también de la Upoeg.

“Ahorita estamos planteando que vamos a rescatar al compañero; ya se está organizando la gente, y seguramente vamos a abarcar otros municipios, como San Marcos, Cruz Grande y Copala, porque tenemos identificados plenamente a todos los que se dedican a esto y quieren atentar contra las comunidades”, dijo.

–¿Están retando a los pueblos, es una reacción a sus acciones?

–Están retando a los pueblos, es una reacción, pero están identificados, y vamos a ir al grano; sólo esperamos la respuesta del gobierno del estado.

Plácido Valerio dijo que en la reunión que sostuvieron ayer con el gobernador en Ayutla acordaron que todos los integrantes de la Upoeg regresen a sus comunidades a hacer asambleas, sin dejar de hacer guardias en la cabecera municipal y sin dejar de hacer operativos.

Agregó que en estos días se fijará una fecha para hacer una asamblea popular para analizar la situación de las comunidades y ver hacia qué otras se pudiera extender este movimiento.

Dejan sin transporte a Ajuchitlán por supuestas cuotas de la delincuencia


CECILIO PINEDA (Corresponsal)

 Ciudad Altamirano, 15 de enero. Más de tres mil ciudadanos del municipio de Ajuchitlán del Progreso se quedaron incomunicados este martes porque el transporte público de ese lugar decidió no laborar porque supuestamente fue amenazado por la delincuencia organizada.

Las más de 30 combis del servicio público que transportan a más de 3 mil personas de ese municipio a Ciudad Altamirano diariamente a realizar sus diferentes actividades, se quedaron sin realizarlas ayer, pues ninguna unidad se presentó a laborar por temor a ser agredidos por grupos delincuenciales.

La noticia se esparció rápidamente por las redes sociales, en las que también se mencionó las extorsiones de las que son víctimas comerciantes, que prefieren cerrar que pagar la cuota.

Por su parte, el coordinador regional de Transporte en la Tierra Caliente, Eduardo Evaristo Longares, informó que este martes choferes de la ruta Ajuchitlán del Progreso–Ciudad Altamirano decidieron parar labores en protesta contra las altas tarifas que les piden sus patrones como cuentas por trabajar sus unidades.

Dijo que son alrededor de 30 unidades las que no están trabajando, afectando a 50 por ciento de la población de ese lugar, por lo que advirtió que si este miércoles no reanudaban el servicio se verá en la necesidad de dar el servicio con vehículos provisionales, pues es facultad de la Coordinación Regional velar por los intereses de los ciudadanos.

Hace cuatro meses taxistas del sitio Plutarco Hasas dejaron de prestar el servicio supuestamente porque también les estaban exigiendo cuota .

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

En concreto | Laura Itzel Castillo

 El Congreso aprobó en diciembre pasado la propuesta del gobierno federal para desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria y crear la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorrial y Urbano. Esta modificación (que prácticamente pasó desapercibida hasta por los mismos legisladores) acaba por extinguir prácticamente la figura jurídica del ejido y la propiedad comunal, con el objeto de lograr urbanizar el territorio.

La reciente reforma implica, desafortunadamente, renunciar al campo e imponer la ciudad. Es visualizar lo agrario como un nicho de mercado para hacer negocios privados con proyectos urbanizadores. No contempla como objetivo el impulso del campo para la necesaria generación de alimentos. Se trata sólo de fraccionar y dividir para vender la tierra. ¿De dónde van a comer las ciudades? Se trata de un contrasentido que perjudica tanto a los habitantes del campo como a los de la ciudad.

Pareciera que no se ha evaluado que uno de los principales problemas que aquejan a las ciudades en el mundo y especialmente a las latinoamericanas es el desbordado crecimiento expansivo hacia el suelo forestal y agrícola, es decir, el cambio acelerado de uso de suelo. Según datos oficiales, durante los últimos 50 años los países desarrollados emitieron al ambiente alrededor de 600 mil millones de toneladas de CO2, más de 90% de las cuales derivan de la quema de combustibles fósiles y producción de cemento.

No obstante, en el mismo periodo, los países eufemísticamente llamados en vías de desarrollo, entre los cuales estamos, emitieron casi 500 mil millones de toneladas de CO2, de las que solamente 37% corresponde a quema de combustibles fósiles y cemento, en tanto que 63% corresponde al cambio de uso de suelo.

Sistemáticamente se desconocen o niegan los umbrales ecológicos y termodinámicos de la naturaleza, y se ofrecen como externalidades del modelo, el agotamiento de los recursos naturales, la destrucción de los ecosistemas, los residuos industriales y la emisión de diversos tipos de contaminantes y sus documentados efectos sobre la población.

Entonces, ¿cuáles son los requisitos para alcanzar un desarrollo sustentable? En el plano general, sin hacer énfasis en la situación particular de cada nación, los requisitos para la sustentabilidad deben ser los siguientes: un sistema político que asegure la participación ciudadana; un sistema económico capaz de generar excedentes que sean aplicados a la sustentabilidad; un sistema social que reduzca la posibilidad de que se generen conflictos ambientales; un conjunto de sistemas de producción compatibles con la conservación de la calidad ambiental, e inversiones importantes en investigación y desarrollo tecnológico.

Desafortunadamente en México, los conceptos científicos y metodológicos de las ciencias ambientales (por ejemplo el ordenamiento ecológico de los territorios, las metodologías de impacto ambiental y la protección de la variabilidad genética) con frecuencia son deformados.

En consecuencia un modelo de desarrollo sustentable real requiere de un conjunto de condiciones que no se dan en México, ni en muchos países del mundo y que son, por definición y por génesis, irreconciliables con el modelo económico actual.

De tal manera que la nueva secretaría tiene como fundamental objetivo fraccionar y vender los ejidos y las tierras comunales para sembrar, en lugar de maíz y frijol: viviendas y especulación.

En Los Pinos


Columna semanal de Sergio Aguayo - 16 de enero 2013

 La publicación de la Ley General de Víctimas, ¿es un avance o un artificio propagandístico?

Cuando terminó el acto en Los Pinos se me acercó un muy buen abogado, Samuel González Ruiz, para enumerarme las deficiencias jurídicas de la ley estrenada minutos antes. Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí y diversos analistas han expresado argumentaciones similares. También ha sido descalificada por cara, porque creará otra burocracia o porque es vista como una manipulación propagandística de Peña Nieto y su equipo. Son críticas justificadas que compartimos quienes consideramos positiva la ley. Razono mi postura a partir de una evocación.

En junio de 1990 se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Fue una ceremonia con la solemnidad de los grandes días. En el majestuoso patio central del Palacio Nacional se dio cita el México institucional encabezado por Carlos Salinas. Atrás quedaban los tiempos en los cuales el régimen priista se indignaba cuando alguien hablaba de un patrón sistemático de violación de los derechos humanos. Aquel día la República reconocía que había problemas graves en ese terreno. Lo hacía forzada por las negociaciones con los Estados Unidos para un Tratado de Libre Comercio, pero lo hacía. Hubo discursos optimistas, sonrisas y los discretos codazos para hacerse de un buen lugar. Sin embargo en la mesa principal no hubo lugar para alguna víctima.

En el acto realizado el 9 de enero pasado en el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos las víctimas fueron protagonistas. Javier Sicilia estaba en el presídium al lado del Presidente y los pasillos del auditorio rebosaban de familiares de desaparecidos con sus fotos, pancartas y lágrimas. Se habían ganado su espacio a pulso. Minutos antes de que iniciara el acto la decena de víctimas que habían sido admitidas amenazaron con salirse si el celoso Estado Mayor Presidencial no admitía a los 45 que habían sido frenados en las afueras con el argumento de falta de espacio. El ultimátum surtió efecto y a partir de ahí se alteró la cuidada coreografía que caracteriza todas las reuniones en las que participa Enrique Peña Nieto.

Tras las concesiones estaba una aceptación implícita de que las instituciones del Estado mexicano han sido incapaces de responder a las necesidades de las víctimas y que urgen nuevos enfoques. En ese sentido me permito una sugerencia de sentido común: además de crear instituciones urge que funcionen mejor las existentes.

El primer presidente de la CNDH fue Jorge Carpizo. Aquel junio de 1990 irradiaba determinación y energía. Estaba decidido a meter "la causa" (así llamaba a los derechos humanos) en la agenda nacional y la empujó hasta donde se lo permitió la realidad y la personalidad de Carlos Salinas de Gortari. Cuando dejó el cargo para irse a la Procuraduría General de la República a padecer el deterioro en la seguridad se inició la lenta transformación de la CNDH en el costoso y tímido elefante que conocemos.

La marginalidad actual de la CNDH fue evidente en la ceremonia de Los Pinos y en el contenido de los discursos. Su presidente, Raúl Plascencia, fue relegado al penúltimo lugar del lado izquierdo del presídium y en ninguno de los cuatro discursos se hizo referencia a la institución. Algo anda mal, muy mal, cuando en un acto de esta naturaleza tiene un papel tan secundario la principal institución creada por el Estado para la defensa de las víctimas. A nadie beneficia. Eso tiene que cambiar.

Una de las oradoras fue Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Esa comisión senatorial tiene en sus manos una de las claves para responder a la emergencia humanitaria. Puede meter en la agenda nacional la urgencia de que la CNDH y otras dependencias federales que tutelan derechos asuman las responsabilidades que el momento histórico les exige. Tienen el mandato legal y el presupuesto para seguir el camino marcado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación o la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

¿Puede confiarse en Enrique Peña Nieto y su gobierno?, ¿tendrán la capacidad las víctimas y sus aliados para superar sus diferencias y lograr buenas políticas públicas? Imposible responder. El acto en Los Pinos, por lo pronto, fue una ratificación simbólica de que hay voluntad entre algunas organizaciones de víctimas y el nuevo gobierno para darse la oportunidad de construir una relación sobre las ruinas heredadas. Como habitamos un país lleno de paradojas la primera tarea será reformar la ley recién publicada.

La autoridad se mueve por cálculos políticos, las víctimas por la urgencia de resolver su drama. Cualquier solución a fondo exige la colaboración de ambas. El protagonismo compartido de las víctimas y gobierno es lo que separa aquella ceremonia de 1990 en el Palacio Nacional de lo sucedido la semana pasada en Los Pinos. Por eso estoy a favor de la publicación de la ley.

Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.

Boletín de Democracy Now! en Español


16/1/2013

Los titulares de hoy

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El Resto de la Hora de Democracy Now!

Un mes después de la masacre perpetrada en la escuela primaria Sandy Hook de Newtown, Connecticut, el presidente Obama pidió la prohibición de las armas de asalto y los cargadores de gran capacidad. La Asociación Nacional del Rifle (NRA) sostiene que el Congreso no conseguirá ninguna de las dos cosas. La propuesta de Obama se presenta en momentos en que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, acaba de firmar lo que se ha dado en llamar la ley de control de armas más estricta del país, medida que la NRA también condenó. Más...

Mientras la Asociación Nacional del Rifle (NRA) presiona para que haya guardias armados en todas las escuelas, hoy presentamos un debate sobre qué tipo de medidas de seguridad se deben tomar en las escuelas, para evitar futuras tragedias. El lunes, el inspector de las Escuelas Públicas de Atlanta propuso que el sistema de escuelas públicas tenga su propia policía. Más...

El lobby a favor de las armas de fuego aporta $12 mil millones de dólares a la NRA

A lo largo de su historia, la Asociación Nacional del Rifle (NRA) se ha mostrado como un organismo defensor de los derechos del propietario de armas de fuego, conforme a la Segunda Enmienda constitucional. Sin embargo, según una investigación reciente, el grupo depende del aporte de $ 12 mil millones de dólares al año de la industria de armas de fuego, compuesta por fabricantes y vendedores de armas de fuego y municiones. Más...

martes, 15 de enero de 2013

La defensa del artículo 27


JOHN M. ACKERMAN
14 DE ENERO DE 2013

MÉXICO, D.F. (Proceso).-

El artículo 27 de la Constitución articula una visión de la propiedad privada y del papel del Estado en el desarrollo nacional sumamente valiosa que habría que defender a toda costa. Cualquier reforma a este crucial artículo tendría que estar orientada hacia su actualización revolucionaria en lugar de su desarticulación neoliberal. Por ejemplo, en lugar de modificar las cláusulas sobre el petróleo para permitir su saqueo por empresas trasnacionales, sería preferible considerar una expansión de las prohibiciones sobre la concentración de la riqueza para incluir a los bancos y las empresas de telecomunicaciones.

El artículo 27 revuelve el estómago de los neoliberales desde su primera frase. En lugar de reconocer la naturaleza originaria de la propiedad privada y el derecho de los capitalistas a poseerla, indica que “la Nación” es en principio dueña de todo: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”. Es decir, la propiedad privada no es algo natural sino que es el resultado de un acto estatal que, a nombre de la nación, la “constituye” y así permite el posterior surgimiento de empresarios y capitalistas.

Así mismo, la nación siempre reserva su derecho a reclamar su posesión originaria y podrá expropiar la propiedad privada cuando exista alguna “causa de utilidad pública“. La Constitución también otorga amplios poderes regulatorios al Estado para “imponer en todo tiempo las modalidades que dicte el interés público”, así como de asegurar una “distribución equitativa de la riqueza pública” y “lograr el desarrollo equilibrado del país”. Con respecto a los recursos naturales existen controles aún más desarrollados, ya que en este ámbito la nación cuenta con el dominio “directo”, “inalienable” e “imprescriptible” de todos los recursos naturales y, en particular, “el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos”.

El amplio texto del artículo 27 Constitucional también incluye disposiciones específicas con respecto a los límites que deben existir sobre la concentración de la propiedad. Por ejemplo, explícitamente prohíbe la existencia de latifundios e impone límites estrictos a la extensión de tierras que puedan poseer las sociedades mercantiles. También faculta a la nación para anular cualquier contrato o concesión realizada antes de la Revolución y hasta 1876 “que haya traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la Nación…cuando impliquen perjuicios graves para el interés público”.

Si bien hoy todavía existen graves problemas con respecto a la concentración de la tierra, también han surgido nuevas inquietudes. Por ejemplo, el control monopólico de empresas como Televisa y Telcel sobre la industria de las telecomunicaciones es igual de perjudicial hoy para el interés público que lo fueron los latifundios durante la época de Porfirio Díaz. Si lo que se busca es “modernizar” y “actualizar” el artículo 27, en lugar de privatizar el petróleo lo más conveniente sería complementar las restricciones sobre el acaparamiento de tierras con nuevos controles sobre el acaparamiento de la infraestructura telefónica, televisiva y de internet por unas cuantas empresas.

Pero en lugar de actualizar el papel del Estado como defensor del interés público, el nuevo gobierno quiere retornar a la lógica porfiriana de regalar pedazos enteros de la nación a los nuevos “latifundistas”. Es evidente que todo el circo, maroma y teatro del mal llamado “Pacto por México” no es más que una cortina de humo para preparar el camino a la eventual privatización de la industria petrolera nacional.

Un estudio reciente elaborado por el ITAM y el Wilson Center en Washington (disponible aquí: http://ow.ly/gGdOT) señala la “urgente necesidad” de una reforma al artículo 27 para permitir la “competitividad” de la industria petrolera nacional. Plantea que solamente una reforma constitucional “ambiciosa e integral” (“ambitious and sweeping”) que “maximiza la flexibilidad” puede resolver los problemas actuales de Pemex. El mismo estudio aplaude a Enrique Peña Nieto por su compromiso con una “reforma profunda” en la materia y muchos de los integrantes del grupo redactor mantienen relaciones cercanas con el nuevo presidente y su equipo.

Sin embargo, una buena noticia es que uno de los integrantes del grupo redactor, el consejero de Pemex Fluvio Ruiz, ya ha roto públicamente con las conclusiones del documento. En un par de textos recientes que comparan Pemex con Petrobras de Brasil, el integrante del Consejo de Administración de la petrolera mexicana señala que “no se necesita modificar ningún artículo de la Constitución” y que el éxito de la petrolera brasileña no se explica “por la apertura al capital privado”. Lo verdaderamente importante para Ruiz sería una modificación al régimen fiscal que permitiría a Pemex invertir mayores recursos en su desarrollo institucional. Hoy, por ejemplo, mientras la carga impositiva de Pemex equivale a 60% de sus ventas, Petrobras únicamente debe pagar una cantidad equivalente a 33%.

En lugar de regalar nuestro oro negro a Exxon-Mobil y Halliburton, hay que autorizar a Pemex para reinvertir una mayor parte de sus ingresos en la nación. En todo caso, los que deberían pagar una tasa de 60% sobre sus ventas serían las empresas monopólicas y las personas más ricas del país, no la empresa más importante de todos los mexicanos. Francia, por ejemplo, recientemente aprobó un nuevo impuesto sobre la renta de 75% para las personas más adineradas. Una política de recaudación similar en México, junto con un férreo control sobre los paraísos fiscales y el lavado de dinero, generaría más que suficientes recursos para compensar por una reducción de ingresos para el fisco desde Pemex.

No hace falta un aumento al IVA, ni la privatización de Pemex, y mucho menos un nuevo “pacto” entre los mismos políticos de siempre. El verdadero pacto que nos une a todos los mexicanos se llama la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, si bien siempre será mejorable y perfectible, ya contiene principios de avanzada que vale la pena defender.

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

Di Costanzo, de crítico a defensor de Peña Nieto



JESUSA CERVANTES 12 DE ENERO DE 2013 ·

MÉXICO, D.F. (apro).- “Sería negligencia y encubrimiento si las autoridades teniendo esta información no actúan y se volverían cómplices de un delito”.

Esa fue la declaración que el 22 de julio de 2012 dio el entonces diputado del PT, Mario Di Costanzo, al referirse al caso Monex; hoy por ironías de la política, ambiciones o perversidad de los priistas, será justamente Di Costanzo quien defenderá a Enrique Peña Nieto ante diputados federales de la Comisión Monex.

Él deberá argumentar –el 16 o el 17 de enero– que no se utilizaron las instituciones bancarias –en detrimento de los usuarios–, como instrumento de un grupo de priistas para lavar dinero y financiar la campaña del “buen pelao que se peina de lao”, como le dicen ahora los inquilinos de la sierra del llamado Triángulo Dorado (Sinaloa, Durango y Coahuila), a Enrique Peña Nieto.

El pasado 7 de enero, Di Costanzo, quien en diversas entrevistas radiofónicas detalló cómo se dio la triangulación para financiar la campaña de Peña Nieto, se pasó del otro lado: fue nombrado director de la Condusef, la misma instancia que perredistas, petistas e integrantes de Movimiento Ciudadano encontraron como rendija para que se aceptara en la Cámara de Diputados una comisión investigadora del caso Monex y cualquier tipo de financiamiento ilegal que se hubiere presentado en la campaña presidencial pasada.

La declaración de Di Costanzo lo obliga, por ética política, profesional y dignidad, investigar, de lo contrario caería en lo que él dijo, “negligencia y encubrimiento”.

El 22 de julio pasado, la radio PCA PodCast AGE de Los Ángeles, California, entrevistó a Di Costanzo, el hoy director de la Condusef. Entonces afirmó que del análisis de la información que la oposición estaba haciendo en contra de la campaña de Peña Nieto, “apunta a una serie de triangulaciones con empresas fantasmas que buscaron colocar dinero, no proveniente de prerrogativas del IFE, es decir, que pudo venir (el dinero) de las finanzas del Estado de México u otra actividad. Esa triangulación les permitió financiar la campaña de Enrique Peña Nieto”.

Y más: “En pocas palabras, lo que hacen estos documentos (facturas, depósitos de una empresa a otra de las utilizadas por el PRI), es mostrar cómo para llevar a cabo esta compleja operación se crearon, hasta el momento, seis empresas, entre ellas Inizzio y EFRA. Vemos muchas irregularidades, son empresas que tienen el mismo giro, mismo dueño, es una empresa espejo de la otra y mientras una depositaba el dinero en Monex, la otra lo sacaba a través de tarjetas de prepagadas. La ingeniería financiera de esta operación es muy parecida y con estructura similar con las operaciones de lavado de dinero”.

Di Costanzo ofreció muchos más detalles de cómo, hasta ese 22 de julio, habían llegado a la campaña peñista 160 millones de pesos; pero aquí lo importante es que el próximo miércoles o jueves, deberá estar en la Cámara de Diputados ante los legisladores que integran la comisión de investigación del caso Monex y como autoridad tendrá que sostener sus dichos pasados, retractarse para defender a su nuevo jefe, Enrique Peña Nieto, o sostener mediante argucias legales que no es mediante la Condusef que se deban realizar las investigaciones.

Mientras Di Costanzo sude ante legisladores, los verdaderos operadores y quienes habrían participado e ideado parte de la operación para financiar la campaña presidencial y gracias a los cuales Peña Nieto despacha hoy en Palacio Nacional, estarán muy tranquilos, riendo y poniendo a prueba las habilidades del nuevo funcionario para no responder nada. Cómo cuando él reclamaba a los titulares de Hacienda en sus comparecencias que no respondieran a los reclamos y preguntas que él les hacía como oposición.

José Luis Lozada Neyra, dueño de las más de 20 empresas que presuntamente se usaron para triangular el dinero de la campaña presidencial; Gabino Fraga, de Grupo GAP y EFRA; José Antonio González Fernández, Alfredo Carrillo Chontowky, Gisel Morán, Gerardo Ruiz Esparza, Luis Vega, Armando Hinojosa Cantú –dueño de Grupo Higa–, Alfredo del Mazo; banca Monex, Santander, y HSBC, que presuntamente habrían participado en todo este entramado financiero y del cual Proceso dio cuenta en varios de sus números, estarán todos tranquilos.

Mario Di Costanzo pidió a la propia Comisión que le diera tiempo antes de comparecer ante los diputados, así, su presencia se había planeado para el 23 de enero, sin embargo los priistas hoy pretenden que sea el 16, cuando mucho el 17 de enero el día en que se presente. Un día después lo hará Alfredo Cristalinas, encargado de las indagaciones en el IFE, quien, por cierto, llamó a declarar a José Luis Lozada Neyra para que diera una explicación de la participación de sus empresas… No hay que olvidar que el mismo Lozada, ante una reunión con sus empleados, se mofó de lo que en ese julio y agosto se estaba denunciando en los medios de comunicación y con pruebas, dijo que mientras Peña Nieto estuviera de su lado, nada le pasaría ni a él ni a sus empleados; y que su presencia en el IFE sería mero trámite. Lo cierto es que Cristalinas nunca ha querido informar qué fue lo que habló con este personaje, uno de los claves para desenmarañar la triangulación.

Por lo pronto, Di Costanzo será el primero en sudar ante sus excompañeros… todo para defender a Enrique Peña Nieto.

Bueno, de lo otro, del posible dinero ilícito que llegó del narcotráfico a la campaña de Peña Nieto, pues será difícil que los diputados lo puedan comprobar o siquiera… mencionar. El tiempo y nombramientos clave en la administración es lo que pudiera dar pistas para indagar.

Comentarios mjcervantes@proceso.com.mx

Twt @jesusaproceso

Cae exlíder juvenil del PRI en Chihuahua con droga, arma y granada


PATRICIA MAYORGA 14 DE ENERO DE 2013 ·

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El exlíder de la juventud priista en la entidad, Omar Díaz Arias, fue aprehendido con otro joven en posesión de una granada, un arma de fuego y droga.

La Dirección de Seguridad Pública de Chihuahua dio a conocer que Omar Díaz, de 27 años, fue detenido hoy en la colonia San Felipe junto con Joel Reynaldo Romero Ahumada, de 22.

Los agentes detuvieron a los presuntos delincuentes en el bulevar Ortiz Mena y avenida De las Américas gracias a una llamada anónima al número de emergencia, en donde reportaron a dos hombres armados.

Romero Ahumada ocultaba la granada entre su ropa y ésta era de color verde con espoleta, mientras que en el vehículo en que circulaban, un VW Sedán amarillo placas EDJ9753, los agentes encontraron un arma de fuego marga Ruger, calibre 9 milímetros, matrícula 3031754.

Además, los policías aseguraron a los jóvenes una bolsa de plástico con dosis de mariguana y cocaína; ambos fueron trasladados a la comandancia Zona Norte de esta capital para ponerlos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y delitos contra la salud, más lo que resulte.

Omar Díaz fue dirigente estatal de los jóvenes priistas de 2008 a 2011, pero esta tarde el Frente Juvenil Revolucionario (FJR) del PRI se deslindó de él, así como del diputado local Fernando Mendoza, quien asumirá la presidencia municipal del PRI.

Además de dirigir a la juventud priista, Omar laboró en el Congreso estatal y es propietario de un bar conocido como Las Ánimas, ubicado en el centro de la ciudad de Chihuahua.

Suman más de 40 homicidios en DF y Edomex


Desde el fin de semana pasado hasta la madrugada del lunes, se han registrado al menos 44 homicidios, de los cuales 27 ocurrieron en el Distrito Federal y 17 en el Estado de México.

De acuerdo con el diario La Jornada, otros cinco asesinatos se suscitaron en diferentes calles de la capital de país, durante laa madrugada del lunes.

La situación de los asesinados ocurridos el fin de semana fue calificada como “inusual” por el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distritito Federal (PGJDF), Rodolfo Fernando Ríos Garza.

Agresiones, riñas y asaltos en el DF

En el pasado fin de semana se registraron 22 homicidios dolosos en diversas zonas de la capital del país, donde el promedio de asesinatos es de casi dos crímenes por día.

“Sí son varios homicidios, es muy lamentable este fin de semana, pero no son hechos que puedan estar enlazados entre sí, sino las circunstancias y lo que se comete en los mismos es completamente distinta”, afirmó Ríos Garza.

El procurador capitalino comentó que fueron “hechos muy aislados”, entre ellos la riña, en una fiesta, en la que una persona sacó un arma y abrió fuego; en la pelea estuvieron implicadas dos familias con problemas añejos. Detalló que dos de las 22 muertes fueron eventos en los que las circunstancias son diferentes porque no provienen, hasta donde se tiene conocimiento, de una riña, de un golpe, o de un problema previo; de acuerdo con lo anterior, el funcionario capitalino aseguró que se ha avanzado en las investigaciones de ambos homicidios.

Homicidios en el Estado de México

Los asesinatos en el Estado de México se registraron en diferentes municipios, entre el fin de semana y la madrugada del lunes.

De acuerdo con el diario Reforma, cinco cuerpos semidesnudos y con señales de tortura y el tiro de gracia fueron encontrados en la vía pública en Toluca.

En el municipio de Tianguistengo, fueron hallados 2 cuerpos. Mientras otras seis personas muertas fueron encontradas en Zinacantepec.

(Con información de Notimex)

El Pacto por México… más de lo mismo


Nora Ruvalcaba en LJA

Desde el derrocamiento del Primer Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide que dio paso a la promulgación de la constitución federal de 1824 con el catolicismo como religión oficial, hasta la firma del acuerdo por México signado entre el gobierno impostor de Enrique Peña Nieto y los partidos políticos PRI, PAN y PRD, los acuerdos han formado parte de la historia nacional e innumerables páginas dan testimonio de ello.

El Congreso de Anáhuac convocado por José María Morelos promulgó la Constitución de Apatzingán en 1814 y fue el primer congreso independiente inspirado en el programa denominado Sentimientos de la Nación. Realistas e insurgentes se disputaban el control de la América Mexicana.

En 1835 la lucha entre centralistas y federalistas agudizó los problemas de la nación mexicana. Los primeros apoyaban un gobierno autocrático al mando de un monarca o dictador y los segundos una democracia constitucional. En la asamblea constituyente de 1842 el liberal jalisciense Mariano Otero luchó para instaurar en nuestro país una república federal que se opuso al centralismo de la Siete Leyes. Los acuerdos entre liberales y conservadores empezaron a marcar la ruta política en la historia del siglo XIX mexicano. El “acuerdo en lo fundamental” propuesto por el padre del juicio de amparo, Mariano Otero que tuvo como propósito principal lograr el restablecimiento del orden constitucional ante la intervención norteamericana, llegó demasiado tarde y no se pudo evitar una guerra por demás injusta que México libró con los Estados Unidos en 1847 y donde se perdió la mitad del territorio nacional.

Acuerdos de todo tipo han caracterizado la política mexicana de todos los tiempos y el siglo XXI no ha sido la excepción. Frente al fracaso de las instituciones, de los liderazgos y de las mezquindades de los partidos políticos, el Estado criminaliza la protesta social sin entender que la crisis de la política va aparejada a la crisis de la sociedad como espacio de articulación de valores.

El Pacto por México suscrito entre la clase política con la exclusión de las minorías políticas representadas en el Poder Legislativo es más un hecho de propaganda política que busca legitimar a un individuo que compró la presidencia, que una iniciativa democrática para resolver de fondo los grandes problemas nacionales.

El gobierno de Vicente Fox y el gobierno usurpador de Felipe Calderón firmaron pactos de todos colores y sabores. Sólo sirvieron para atender las exigencias de los poderes fácticos y complacer a la oligarquía. El Pacto por México es el cuarto acuerdo nacional que se firma en los últimos años y todos sin excepción se comprometen a mejorar la economía, la educación, la justicia, la salud, el desarrollo social, la competitividad y la seguridad del país. Todos se han incumplido y nadie se acuerda de ellos.

El Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional se firmó en octubre de 2001 por Vicente Fox y las ocho fuerzas políticas que tenían representatividad en el Congreso de la Unión. Los 34 compromisos que materia económica, política, desarrollo social y política exterior se signaron fracasaron rotundamente. La reforma energética, laboral y fiscal quedaron pendientes.

El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad del 21 de agosto de 2008, declarado oficialmente un acuerdo histórico para México por Felipe Calderón, resultó más de lo mismo y las 74 acciones contra la delincuencia no lograron reducir los índices delictivos ni los miles de asesinatos que sembraron de luto todo el territorio nacional.

Con el regreso del PRI al poder, Enrique Peña Nieto no logró alcanzar su propósito de tomar posesión de la Presidencia de la República con el Pacto por México ya firmado. Lo pudo lograr un día después, en medio de graves y violentos enfrentamientos entre jóvenes, grupos de choque y policías. Este famoso pacto, promocionado como el Teletón y negociado entre el PRI, PAN y la corriente Nueva Izquierda del PRD, contempla la aprobación de reformas estructurales propuestas por Enrique Peña Nieto en temas fiscales, de seguridad social y combate a la pobreza. De 105 compromisos que inicialmente se tenían acordados quedaron 95. El optimismo que brota en las dirigencias partidistas que signaron el Pacto contrasta con el escepticismo de quienes lo consideramos otro “acto fallido” del PRIAN. El tiempo y la historia nos darán la razón. Ya lo veremos.

El movimiento en Tecoanapa, ejemplo de organización: ONG


HERCILIA CASTRO, CORRESPONSAL

Zihuatanejo, 14 de enero. El presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), Adrián Ramírez López, calificó la autodefensa de los pueblos de Tecoanapa como un ejemplo de “defender al pueblo desde el pueblo”. Manifestó que es un mensaje muy claro que apunta a la responsabilidad del Estado mexicano garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y el derecho a la seguridad, “es decir, se trata de un símbolo no violento que dispara paz y acusa las complicidades de un Estado delincuente”. Subrayó que no se puede diluir la responsabilidad del Estado mexicano “y repito es una acción política y social, pero también es obvio que podría llevar a una confrontación con quienes se benefician de la guerra, es decir, la industria de la guerra y el gobierno de Estados Unidos y México que les defienden, auspician y son responsables de tantas muertes”. Sobre si esto no da pie a que el Estado mexicano utilice la contrainsurgencia en los pueblos, recordó que está práctica ya existe “y se sigue aplicando, además se trata de una medida de protesta eminentemente política y social que llama la atención y pone énfasis en el meollo del problema de la inseguridad”.

Exigen a la Federación castigar a los policías que se excedieron con Matus


HÉCTOR BRISEÑO ( )

Periodistas de Acapulco exigieron a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República castigar a los responsables de la detención arbitraria y sin motivo del corresponsal en Acapulco de la revista Alarma y reportero gráfico del portal Agora Guerrero, Nelson Matus Peña, quien fue sacado de su casa por policías federales el domingo por la madrugada, y después incomunicado durante ocho horas, para declarar sobre un vehículo estacionado fuera de su vivienda en la colonia Zapata, presuntamente con reporte de robo.

Reunidos en la plaza de la Libertad de Expresión, donde se encuentra el monumento de Juan R. Escudero, junto a la playa Tlacopanocha, comunicadores de medios impresos, Internet, televisión y radio se manifestaron contra la represión cometida por quienes deben cuidar el orden y la integridad de los ciudadanos.

El secretario general de la sección 25 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Domingo Gómez Gallardo, expresó en comunicado que “en un acto vil de intimidación y atropello a la libertad de expresión, el compañero Nelson Matus Peña fue sacado de su domicilio por elementos de la Policía Federal adscritos al Operativo Guerrero Seguro”.

Agregó que los policías despojaron a Matus Peña de sus pertenencias para conducirlo a sus instalaciones sin ningún sustento legal, pero sí “con un alto ingrediente de abuso y brutalidad”.

Manifestó que “a la lista de periodistas asesinados se agrega esta reprobable fechoría”, y solicitó justicia y protección de las garantías de Nelson Matus como periodista y persona.

El coordinador de los Diálogos por la Convivencia y la Paz en Guerrero, Javier Morlet Macho, manifestó que a Nelson Matus se le violaron flagrantemente sus derechos humanos y garantías individuales al ser detenido sin una orden judicial de por medio.

Mencionó que “el mensaje que están mandando los periodistas es que mientras la sociedad esté unida, menos vulnerables seremos”.

Ernestina Aguilera, hermana del periodista desaparecido Leodegario Aguilera Lucas, editor de la revista Mundo Político, recalcó la importancia de que el gremio se mantenga unido y comunicado para evitar agresiones.

Recordó que “hace muchos años yo les dije: compañeros, hoy es mi hermano; mañana puede ser cualquiera de ustedes; han caído muchos compañeros, y me duele cada vez que hay un compañero agredido; quisiera que unidos evitáramos que siguieran cayendo”.

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15/1/2013

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