Nelly Olivos
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* Incremento de las violaciones a los derechos humanos * Felipe Calderón ni siquiera tiene una noción conceptual de lo que significan: Amnistía Internacional * Valentía o cinismo pedir que se compruebe “un solo caso” de violación: Centro Miguel Agustín Pro Juárez * “Intereses oscuros” tras la exigencia de abolir el fuero de guerra: general López Portillo * Inocultable el deterioro de la milicia, le revira Ibarra Pedroza * FCH la somete a un desgaste innecesario
La lucha contra la delincuencia organizada se ha dado en varios frentes, uno de ellos es el campo de los derechos humanos. Distintas instancias encargadas de la defensa y promoción de los derechos humanos se han encargado de sistematizar y documentar casos donde han estado involucrados integrantes de las fuerzas armadas, mientras que en el otro bando encabezado por el actual jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, se ha buscado minimizar o silenciar las críticas con declaraciones a los medios de comunicación.
El pasado mes de marzo, Calderón declaró que “la mayor amenaza a los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión es el crimen organizado”. Al respecto, Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de la sección mexicana de Amnistía Internacional, dijo a Forum que tales declaraciones vienen a conformar un “panorama que no es adecuado” para la defensa y promoción de los derechos humanos, además de que no han sido “declaraciones aisladas, pues el propio presidente Calderón ha desconocido públicamente el hecho de que existan este tipo de abusos”.
Sin duda, recuerda las declaraciones del jefe del Ejecutivo en cuanto a que el crimen organizado es el principal responsable de las violaciones a derechos humanos.
—Me parece una interpretación totalmente inadecuada. Realmente me sorprende porque eso es ni siquiera tener la noción conceptual de lo que significan los derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos no son cometidas por civiles, son cometidas por autoridades; los civiles cometemos delitos. Me parece que estas afirmaciones vienen a sumarse a este panorama adverso en términos de falta de reconocimiento de autoridades, lo que es un hecho innegable en este momento, y la falta de interés y de voluntad de avanzar en la dirección correcta.
Los intereses oscuros
Una y otra vez las declaraciones presidenciales en torno a la participación del Ejército en violaciones a derechos humanos han sido criticadas por diversas instancias nacionales e internacionales; una de ellas se suscitó en agosto del año pasado, en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, cuando de nueva cuenta el titular del Ejecutivo retó a que se le presentara un “solo caso” en donde las autoridades no actuaran a favor de garantizar los derechos humanos.
Al respecto el maestro Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que tales afirmaciones son desafortunadas y con sarcasmo afirma que es una “valentía o cinismo pedir que se compruebe un ‘sólo caso’”, situación que fue inmediatamente comprobada por la organización Human Rights Watch (HRW) que presentó dos casos, ocurridos en el 2007 en Michoacán, donde los militares que participaban en operaciones antidrogas fueron acusados de torturar a varios ciudadanos, y no han sido castigados.
Pese a estos y otros señalamientos que contradicen las afirmaciones públicas de las autoridades, éstas no cesan en su empeño de justificar sus acciones. Así lo hizo el general de brigada Jaime Antonio López Portillo, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al declarar para el diario La Jornada (20 de marzo de 2010):
“El tema del fuero de guerra ha sido recurrente desde que el Ejército entró al combate de la delincuencia organizada, debido a que hay intereses oscuros que no quieren que se combata el crimen porque hay una afectación económica muy fuerte, y por eso buscan que se quite el fuero de guerra. Sin embargo, la legislación mexicana en la materia cumple los estándares internacionales”.
Como es de esperar hubo reacciones. El diputado Enrique Ibarra Pedroza, integrante de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, señaló a Forum que tales declaraciones “son no sólo inoportunas, sino muy reprobables porque los organismos defensores de derechos humanos no son intereses oscuros; al contrario, hacen una extraordinaria labor en defensa de muchas personas que no tienen voz o medios para acudir a exponer sus casos donde han sido víctimas. No puedes tapar el sol con un dedo y es inocultable el deterioro que esta sufriendo el Ejército en su relación con la sociedad y el desgaste que, innecesariamente, lo esta sometiendo Calderón, porque el Ejército no fue constituido para tareas de seguridad pública, sino para la defensa y soberanía del territorio”.
En el contexto de que la delincuencia organizada se ha infiltrado en varias instancias gubernamentales, a las fuerzas armadas, etcétera, ¿existe el riesgo de que también hayan llegado a las organizaciones defensoras de los derechos humanos?
—Por fortuna, tenemos organizaciones de derechos humanos muy convencidas con una tarea muy encomiable.
¿Recuerda las manifestaciones de hace ya más de un año en Monterrey donde se señaló que los narcotraficantes pagaban a los jóvenes para manifestarse contra las fuerzas castrenses?
—Eso habría que comprobarlo del todo y le corresponde a la autoridad, pero por más que voces del Ejército digan que las denuncias de quejas de derechos humanos están vinculadas a conductas estimuladas por el narcotráfico eso ni remotamente, en todos los casos, es así.
Por su parte, Luis Arriaga Valenzuela señaló que las palabras del general Jaime Antonio López Portillo son “preocupantes porque no han querido aceptar la gravedad que implica la injerencia militar en tareas de seguridad pública. Hay abusos registrados y documentados por distintos organismos que dan cuenta de las violaciones de derechos humanos por los elementos castrenses en agravio de civiles. Me parece lamentable porque además no hay ninguna prueba que sustente esta afirmación”.
Las cifras
La empresa Consulta Mitofsky publicó, en febrero del presente año, su encuesta sobre los niveles de confianza en las instituciones, en ella el Ejército fue la tercera institución percibida con una “alta confianza” entre los ciudadanos y se encuentra por debajo de la Iglesia y las universidades, y por encima de la policía, los diputados y los partidos políticos que son percibidos como instituciones de “confianza baja”.
El documento de Mitofsky señala que el Ejército “encabezaba este ranking hace un año pero que muestra una caída de 3 décimas y sobre todo una disminución de 7 puntos porcentuales en el grupo de ciudadanos que le muestra mucha confianza. A principios de 2010 es la tercera institución en la confianza con 7.6”, lo que significa que existe una disminución en la confianza en las fuerzas armadas.
Se incrementó, comparado con el sexenio anterior, el número de efectivos militares que participan en tareas de seguridad pública en 38%; de 2000 a 2006 hubo un promedio de 30 mil miembros del Ejército participando en la lucha contra la delincuencia organizada; en agosto de 2009 la cifra se elevo a 48 mil 750 efectivos militares número que, sin duda, aumentará en el presente año y que poco a poco lleva a la militarización del país.
Respecto a estas cifras Luis Arriaga Valenzuela, declara: “Los resultados no son favorables y aquí hay que ser muy claros, no ha disminuido el tráfico y el consumo de drogas. Hay mayor violencia y ha habido un mayor número de delitos que constituyen violaciones a derechos humanos cometidos por militares”.
El Centro Miguel Agustín Pro Juárez se ha dedicado a sistematizar los abusos cometidos por militares en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, trabajo que arroja los siguientes datos indicativos: Entre enero de 2007 y junio de 2009 se analizaron 102 situaciones (notas publicadas en los medios de comunicación) en las cuales fue reportado algún abuso militar desde allanamientos de viviendas, agresiones físicas, torturas, amenazas, etcétera; se reportó que el número de víctimas es de 561 personas, en algunos fue imposible cuantificar la cantidad de afectados por lo que sin duda este número es mayor; los estados donde se registran mayor número de abusos militares son Guerrero (18%), Tamaulipas (14%), Chihuahua (13%), Sinaloa (15%) y Michoacán (8%).
Si existe alguna duda de esta labor de sistematización del Centro Pro respecto a las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, basta recordar las cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: de 2006 a 2009 se emitieron 45 recomendaciones sobre casos de violaciones de derechos humanos por miembros del Ejército; en 2006 recibió 182 quejas contra la Sedena; en 2007, 367 quejas; en 2008, 1,230, y durante los seis primeros meses de 2009 la cifra ya ascendía a 559.
Poco o nada se conoce sobre los juicios y las condenas contra miembros del Ejército. El reporte México: nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del Ejército, de Amnistía Internacional, señala: “La poca información disponible sobre los juicios y las condenas a miembros del Ejército indica que, entre enero de 2000 y noviembre de 2008, los tribunales militares condenaron a un total de 32 funcionarios del Ejército por delitos cometidos contra civiles. No hay más información disponible sobre el tipo de casos investigados o llevados a los tribunales”.
En este contexto los expertos en el tema coinciden en pedir a las fuerzas armadas la rendición de cuentas y llamar a los secretarios de Marina y Defensa a comparecer a la Cámara de Diputados y así puedan responder a la sociedad a qué intereses sirven.
Fuente: Forum
Difusión: soberanía popular
