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Por Anabel Hernández
Cuando el 8 de mayo de 2008 Edgar Eusebio Millán fue asesinado, Genaro García Luna lamentó la muerte de uno de sus hombres más cercanos…
Hoy revelamos en Reporte Índigo que el presunto asesino de Millán, José Antonio Montes Garfias, fue contratado como elemento de la Policía Federal Preventiva (PFP) por el propio secretario de Seguridad Pública, quien solicitó y firmó su ingreso. Presentamos las pruebas…
Cuando el 26 de junio fue ejecutado Igor Labastida, director de Investigaciones de la PFP, la Secretaría de Seguridad Pública dijo que junto con él había sido asesinado uno de sus escoltas y que el otro había resultado mal herido…
Hoy revelamos en Reporte Índigo que los escoltas no eran tales. Eran dos jefes policiacos de primer nivel. Presentamos las pruebas. ¿Cuál fue la intención de identificarlos como escoltas?
Cuando el 5 de septiembre pasado Lorena González Hernández fue capturada y acusada de ser una de las líderes de la banda que secuestró a Fernando Martí, el titular de Seguridad Pública negó cualquier vinculación de ella con la PFP…
Hoy revelamos en Reporte Índigo que la comandante Lore no sólo era elemento activo de la PFP, sino que era más que una supervisora en la nómina. De hecho, era una de las consentidas de la corporación. Despachaba en amplias oficinas y estaba al servicio
de Facundo Rosas…
¿Por qué mienten tanto García Luna y Facundo Rosas? ¿Por qué el presidente solapa la evidente manipulación de la seguridad nacional?
¿Por qué el Congreso se prestó a la charada de una comparecencia en la que se habló de todo, menos de esto? Analicemos.
Asuntos internos…
Genaro García Luna solicitó el ingreso de elementos que resultaron presuntos homicidas y narcotraficantes. Además, con el subsecretario trabajaba una presunta secuestradora. ¿Dónde están los controles de confianza de la SSP?
Algo pasa en la PFP. En lugar de informar, miente y oculta información.
Algo huele mal en la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Genaro García Luna. La Policía Federal Preventiva, bajo las órdenes de Facundo Rosas Rosas, subsecretario de Estrategia
e Inteligencia Policial desde hace cinco meses, vive un cisma interno. Presuntos secuestradores infiltrados, policías asesinos de policías y altos mandos ejecutados. Todo en unos cuantos meses.
En vez de resolver el problema, los responsables de la seguridad nacional tratan de ocultarlo.
Los sistemas de control de la SSP fallaron. Y le fallaron a García Luna y a Rosas Rosas.
Hasta hace unos días, Lorena González Hernández, identificada como parte de la banda que secuestró al menor Fernando Martí en junio pasado, trabajó con Facundo Rosas en la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito.
Sus ex compañeros de trabajo afirman ahora que ella era una de las favoritas de los altos mandos de la PFP. Tenía una oficina, asistentes a su servicio y acordaba directamente con el subsecretario.
Hace ocho años, cuando era coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito de la PFP, García Luna invitó a trabajar a José Antonio Montes Garfias. La hoja de ingreso fue firmada por
el ahora secretario de Seguridad Pública y por José Aristeo Gómez Martínez.
Hoy Montes Garfias está arraigado acusado de haber asesinado a Edgar Eusebio Millán el pasado 8 de mayo. También es sospechoso de haber participado en el homicidio de Roberto Velasco
Bravo, otro alto mando de la Coordinación de Inteligencia. Y Gómez Martínez fue ejecutado en mayo.
El 26 de junio pasado, Igor Labastida Calderón, director de Investigaciones de la PFP, confidente y ex jefe de Lorena González en la AFI, fue ejecutado al estilo del crimen organizado cuando se
encontraba en una fonda.
Oficialmente, la SSP dijo que su “escolta” José María Ochoa había sido ultimado junto con Labastida. Hoy se cuenta con documentación oficial que demuestra que Ochoa no era “escolta” de Labastida, sino director general de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito.
Nuevamente, queda en evidencia que la mentira y la manipulación han sido la regla para evitar rendir cuentas sobre la crisis por la que atraviesa la PFP.
¿Qué está pasando en la PFP? ¿Qué esconden Genaro García y Facundo Rosas?
Ésta es la historia. Aquí están las pruebas.
¿QUIÉN ASESINÓ A EDGAR EUSEBIO MILLÁN?
José Antonio Montes Garfias, maestro normalista, ingresó a la PFP el 16 de agosto de 2000 a invitación de Genaro García Luna, que entonces tenía el cargo de coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito de la PFP.
Así lo prueba la hoja de la Dirección de Control de Confianza de la PFP, en la que aparece García Luna como “coordinador del área que propone” y José Aristeo Gómez Martínez como “enlace administrativo que propone”.
El comisionado de la PFP era Wilfrido Robledo Madrid, quien tiene una relación de amistad y trabajo de más de 19 años con García Luna.
La Dirección General de Control de Confianza, encabezada por Rogelio López Maya, afirmó que Montes Garfias era “apto por desempeño”.
Eso no significa que haya pasado los exámenes toxicológicos, de polígrafo y psicológicos. De hecho, en la hoja de “resultado de aplicación de exámenes” no se precisa esa información.
Lo que sí es cierto, es que Montes Garfias traía buenas cartas de recomendación. El vicealmirante José Luis Figueroa Cuevas, compañero de trabajo de Wilfrido Robledo desde que trabajaban juntos en el Estado Mayor Presidencial de Luis Echeverría, dio excelentes referencias.
La recomendación no era menor. En ese entonces –el sexenio de Ernesto Zedillo–, Figueroa Cuevas era jefe de ayudantes del Jefe del Estado Mayor Presidencial.
“A través de la presente, me permito recomendar al Sr. José Antonio Montes Garfias quien es una persona con una excelente actitud para desarrollar su trabajo y cualidades de crecimiento personal”, afirmó Figueroa, quien hoy es el jefe de seguridad de todos los puertos y aeropuertos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
De 2001 a 2005, Montes Garfias estuvo adscrito a diferentes plazas:
La Paz, Tijuana y Monterrey.
CONTRATADO POR GENARO
La hoja de Control de Confianza de la PFP afirma que Montes Garfias era “apto por desempeño” y tiene la rúbrica de García Luna.
EJECUCIONES EN CADENA
El 1 de mayo pasado fue ejecutado Roberto Velasco Bravo, de 36 años, director de Crimen Organizado, quien dependía de la Coordinación de Inteligencia.
El 2 de mayo, José Aristeo Gómez Martínez, de 34 años, fue asesinado.
Era director administrativo de la Jefatura del Estado Mayor de la SSP.
La madrugada del 8 de mayo, Edgar Eusebio Millán, de 42 años, coordinador de Seguridad Regional de la PFP, fue víctima de un atentado en la calle Camelia, en la populosa colonia Guerrero de la Ciudad de México, cuando ingresaba a una vecindad.
Millán trabajaba con García Luna desde hacía 19 años. Se conocieron en el Cisen.
En 2001 se integró a la AFI como director de Secuestros de la Dirección de Investigación Policial. De 2006 a 2007, se desempeñó como director de Despliegue Regional Policial en la misma dependencia.
Edgar Eusebio Millán tuvo un sepelio con honores encabezado por el presidente Felipe Calderón y Genaro García Luna, quien afirmó que el país perdió “a uno de sus más valiosos hombres, un
profesional de la seguridad al servicio de la nación”. El 12 de mayo, en conferencia de prensa, la PFP informó que la banda de narcotraficantes de los hermanos Beltrán Leyva había ordenado a una célula criminal encabezada por un agente de la Policía Federal de Caminos asesinar a Edgar Millán.
El coordinador de la División Antidrogas de la PFP, Gerardo Garay Cadena, puntualizó que José Antonio Montes Garfias era el líder de esa célula.
Refirió que Montes Garfias trabajó en el área de Antinarcóticos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta octubre de 2007 y que, a partir de esa fecha, fue comisionado en Culiacán, Sinaloa
.
Garay Cadena dijo que Montes Garfias no se había presentado a cumplir con su comisión en la capital sinaloense porque había presentado una licencia médica.
La PFP afirmó que “al momento de ser detenido llevaba consigo evidencias que lo relacionan con el homicidio del subinspector Roberto Velasco Bravo, ocurrido una semana antes, pero además se encontró que las armas utilizadas en ambos asesinatos tienen una relación cercana”.
En el expediente de Montes Garfias, del cual tiene copia Reporte Índigo, se registran varios arrestos “por no mantener los equipos en condiciones para el buen desempeño del servicio” y “por no dar cabal cumplimiento al manual de lineamientos, específicamente en las funciones que desempeña el encargado de una unidad aeroportuaria para supervisar a su personal”.
Así mismo, aparecen citatorios al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente para diligencias, aunque no se especifican los motivos.
Cuando fue asesinado Edgar Eusebio Millán, la SSP filtró información de que Montes Garfias pertenecía al grupo del comisariogeneral Javier Herrera Valles, quien desde febrero pasado ha denunciado hechos de corrupción e irregularidades dentro de la SSP, todos cometidos por García Luna y su equipo cercano.
Quien solicitó el ingreso de Montes Garfias a la PFP no fue Herrera Valles, sino el actual secretario de Seguridad Pública.
EL HOMICIDIO DE IGOR LABASTIDA
El 26 de junio pasado, en la cocina económica “Anita”, ubicada en la Calzada México-Tacuba, en la Delegación Miguel Hidalgo, fue asesinado Igor Labastida, de 45 años, quien se desempeñaba como director de Investigaciones de la PFP.
Iba acompañado de Jesús María Ochoa Martínez, Álvaro Pérez Mendoza, Humberto Torres y Heidi Hasel Cruz Osorio.
“La Secretaría de Seguridad Pública federal informa que esta tarde fueron agredidos, con arma de fuego, el inspector Igor Labastida Calderón y sus escoltas mientras comían en un local comercial ubicado en la Ciudad de México”, señaló la dependencia en un comunicado de prensa el mismo día de los hechos.
“Martínez se encontraba adscrito a la Dirección General de Investigación Policial como agente “C” y estaba asignado como escolta del comandante Labastida Calderón”, afirmó la SSP en su comunicado 339.
Según consta en documentación oficial en poder de Reporte Índigo, Jesús María Ochoa Martínez no era escolta de Labastida, sino director general de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito de la PFP. Sus jefes eran Luis Cárdenas Palomino y el subsecretario Facundo Rosas Rosas.
Concretamente, era director de Terrorismo. Tenía el mismo nivel jerárquico de Lorena González, el SIPF10, y ganaba 74 mil pesos mensuales.
También hubo un intento de asesinato contra Alvaro Pérez Mendoza, de 41 años, quien resultó herido. Era compañero de Labastida desde que coincidieron en la Policía Judicial del D.F. , donde trabajaron de 1991 a 2001.
Pérez Mendoza tenía el grado de subinspector y ocupaba el cargo de subdirector de Seguridad Regional. El día que Labastida sufrió el atentado, viajaba en una camioneta Cadillac Escalade con placas de Campeche.
Elementos de la PFP afirman que en la cajuela llevaba un millón de dólares.
La investigación del homicidio está a cargo de la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
El periódico Reforma publicó el 28 de junio: “Información de la Procuraduría General de la República señala que el 16 de agosto de 2003, el testigo protegido ‘José Rodríguez’, quien pertenecía al cártel de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, refirió que el servidor público (Labastida) supuestamente estaba vinculado con el cártel de Osiel Cárdenas Guillén”.
En 2002, Labastida declaró ser propietario de una camioneta Ford Windstar modelo 2000.
En mayo de 2008 declaró que poseía cuatro automóviles, algunos de colección: una Ford pick up 1955, un Jaguar XJ12 modelo 1974, un Buick Skylark 1962 y una Chrysler Pacífica
2004. No hace mención de la camioneta Cadillac Escalade.
LORENA LA CONSENTIDA
Cuando Lorena González Hernández llegó al séptimo piso de la Torre Pedregal II en Periférico sur, que es la sede de la PFP, a sus compañeros les quedó claro que venía recomendada de muy arriba. Era una de las favoritas de los altos mandos de la
Secretaría de Seguridad Pública.
Aunque oficialmente entró a la corporación el 16 de octubre de 2007, se afirma que llegó a instalarse al edificio desde marzo de ese año mientras se hacían los trámites para su ingreso formal.
Según los datos oficiales, Facundo Rosas Rosas ingresó en esa misma época a la PFP.
Por su cargo directivo, a Lorena le fue asignada una amplia oficina y contaba con asistentes personales. Quienes trabajaban en el piso siete tenían la instrucción precisa de no acercarse a ella.
La describen como una mujer muy reservada e inexpresiva. “No tenía un trato normal”.
Sólo tenía contacto con Igor Labastida, director de Investigaciones de la PFP, y Facundo Rosas Rosas, entonces coordinador general de Inteligencia para la Prevención del Delito en la misma corporación. Con ellos, la relación era diferente, muy cercana, de confianza.
Nadie sabe a ciencia cierta qué tipo de trabajo realizaba Lorena en la PFP. La documentación oficial sólo especifica que su responsabilidad era la “investigación de delitos” en la Dirección General de Secuestros y Robos.
Cuando Lorena González formaba parte de la AFI, estaba adscrita a la Subdirección de Delitos Federales y era la responsable de asignar los mandatos ministeriales. Esto significa que ella decidía qué agente investigaría cada caso de delito federal. Así mismo, asignaba los viáticos para llevar a cabo las investigaciones.
En el sexenio pasado, la AFI, como policía ministerial, dependía de la Procuraduría General de la República (PGR). Pero en el gobierno actual, y a sugerencia de García Luna, la AFI y la PFP dependen de la SSP. Ambas corporaciones son encabezadas por
Facundo Rosas Rosas.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) afirma que Cristian Flores, el chofer de Fernando Martí y único sobreviviente del plagio, identificó plenamente a Lorena como responsable de dirigir el retén policiaco montado por la AFI para secuestrar al hijo del empresario Alejandro Martí.
Los elementos de la PFP entrevistados explicaron que los operativos o retenes actuales son mixtos, ya que participan elementos de la PFP y la AFI.
Las oficinas de la Coordinación de Inteligencia de la PFP fueron reubicadas en las instalaciones de la AFI, que se encuentran en Avenida de la Moneda número 333, en la colonia Lomas de Sotelo de la Delegación Miguel Hidalgo.
Por eso, aunque Lorena era policía en activo de la PFP, fue arrestada en las oficinas de la AFI.
DETENCION SIMULADA
El 10 de septiembre pasado, el subsecretario Facundo Rosas afirmó:
“Quien puso, quien hizo entrega de esta persona a las autoridades
del gobierno del Distrito Federal fue justamente la Policía
Federal. Hay una coordinación muy estrecha, y quien puso a disposición
de las autoridades del Distrito Federal, fue la propia policía”.
del gobierno del Distrito Federal fue justamente la Policía
Federal. Hay una coordinación muy estrecha, y quien puso a disposición
de las autoridades del Distrito Federal, fue la propia policía”.
Entonces, ¿estaba en activo? Le preguntaron los reporteros.
“Estaba en las instalaciones, estaba haciendo sus trámites,
como ya había contestado en otras preguntas. Estaba en esa etapa,
estaba en su proceso de evaluación de control de confianza”.
Nada más si puede precisar cómo fue que la detuvieron, por qué la detuvieron, cómo se da cuenta la Policía Federal o si fue en un intercambio de información de la Procuraduría capitalina.como ya había contestado en otras preguntas. Estaba en esa etapa,
estaba en su proceso de evaluación de control de confianza”.
Insistieron los reporteros.
“Fue un intercambio de información, una petición por parte de
la Procuraduría del Distrito Federal. Es así como se da esta detención
y se hace entrega de Lorena González Hernández a las autoridades
locales”, respondió Rosas.
la Procuraduría del Distrito Federal. Es así como se da esta detención
y se hace entrega de Lorena González Hernández a las autoridades
locales”, respondió Rosas.
El jueves 11 de septiembre, en conferencia de prensa, García Luna dio su versión de los hechos:
“(Lorena) fue detenida por la Policía Federal y fue entregada a la autoridad del Distrito Federal cuando hubo referencia de que estaba involucrada o que había referencia de que estaba señalada en el caso del secuestro, y se entregó a la autoridad competente”.
De acuerdo al testimonio de ex compañeros de Lorena, el día del plagio ella se encontraba en un día normal de labores. En realidad, García Luna no detuvo a Lorena, sino que se vio obligado a entregarla. El viernes 5 de septiembre, varias patrullas de la Policía Judicial del D.F. estaban afuera de las oficinas de la AFI. Se presentaron para detener a la presunta secuestradora.
No se permitió el ingreso de los policías capitalinos a las instalaciones. Por eso, el procurador general de Justicia del D.F., Miguel Angel Mancera, le habló a García Luna para que entregara a Lorena. El secretario de Seguridad Pública no tuvo más remedio que aceptar. Lo único que pidió fue que no trascendiera a la opinión pública el hecho de que ella era elemento de la corporación.
Esta versión fue corroborada por fuentes del gobierno del Distrito Federal.
Esta semana, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, García Luna se negó a responder si en la dependencia había una investigación interna sobre las redes que tenía Lorena dentro de la PFP.
Algo sucede, porque en vez de informar, la SSP y la PFP mienten y ocultan información.
En la comparecencia de los funcionarios de seguridad realizada este 23 de septiembre en la Cámara de Diputados, la legisladora del partido Convergencia Layda Sansores le preguntó a García Luna: “¿Es inepto o es corrupto?”.
El secretario no respondió.
