Daniela Osorio
Ciudadanos que han quedado en medio del conflicto entre la delincuencia organizada y los grupos de autodefensa son objeto de una violación sistemática a sus derechos humanos, ya que se les impone el cobro de piso o “cuotas voluntarias”, hay casos de desaparición forzada y migración a causa de la violencia, pero lo más preocupante es que ambos frentes ponen en práctica la leva al reclutar de manera forzada a niños, mujeres y jóvenes para sumarlos a la lucha armada.
El Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) presentó ayer el Informe Especial: Derechos Humanos en Zonas de Conflicto en el Estado de Michoacán, resultado de una investigación realizada en tres regiones del estado.
Autodefensas vulneran derechos
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares Solórzano, y el coordinador del Centro de Estudios y Divulgación, Germán Martínez Ramos, destacaron que en diversos municipios, al actuar de la delincuencia organizada se suma el de los grupos de autodefensa que, consideran, aún no han sido debidamente reglamentados.
Subrayaron que de acuerdo con los testimonios recabados, hay “una insistencia constante” de las autodefensas para que las familias cooperen con el movimiento, ya sea con aportaciones económicas, en especie o “mandándoles a algún familiar”, situación que se ha concretado en varios casos con niños y mujeres, a quienes se les dota de armas o son enviados a los retenes.
Según el informe, la leva se ha dado principalmente en pueblos y rancherías de Zamora, Yurécuaro y Tanhuato. “Nos ha tocado ver, particularmente en Antúnez, a menores de edad portando armas y en los retenes, lo que constitucionalmente es una violación a los derechos humanos, y entramos al protocolo de la participación de menores en conflictos armados, establecido en la Declaración de los Derechos de la Infancia”.
Otra de las violaciones que se registraron fue el cobro de “cuotas voluntarias”, que aunque son menores a las que exigía el crimen organizado, continúan siendo violatorias, así como los allanamientos sin facultad legal y señalamientos a personas presuntamente involucradas con grupos criminales sin las pruebas suficientes.
Panorama actual
El diagnóstico arrojó que los lugares donde existe presencia importante del crimen organizado y de autodefensas son Aquila, Coalcomán, Aguililla, Tepalcatepec, Buenavista, Tancítaro, Peribán, Paracho, Cherán, Chilchota, La Huacana, Churumuco, Parácuaro, Múgica, Apatzingán, y Pátzcuaro.
En el estudio se identifica como las zonas más conflictivas a Chinicuila, Coalcomán, Aquila, Coahuayana y Caleta de Campos, donde hay presencia de autodefensas.
Otro problema derivado del surgimiento de autodefensas es el desplazamiento poblacional, principalmente en Aguillilla, Buenavista y Coalcomán, donde se tiene registro de por lo menos 200 familias que decidieron emigrar a causa de la violencia en 2013. También se detectaron casos de familias que solicitaron materiales al Ayuntamiento de Buenavista para hacer viviendas provisionales, lo que también contraviene tratados internaciones de derechos humanos.
Estado de excepción
Tras conocer el informe especial de la CEDH, integrantes del Consejo Ciudadano informaron que esta misma semana solicitarán a la federación que se decrete el estado de excepción en algunas regiones de Michoacán, ya que esto daría pie a que se implementen protocolos internacionales en materia de derechos humanos, así como la posibilidad de intervenciones de la comunidad internacional para atender y vigilar el conflicto.
La declaratoria de estado de excepción, de acuerdo con la Constitución, sólo puede darse en tres circunstancias: cuando existe una invasión extranjera, cuando hay una guerra civil o cuando se viven circunstancias que ponen en peligro a la población.
Los consejeros reconocieron que una declaratoria semejante implicaría la suspensión temporal de ciertas garantías de la ciudadanía con el objetivo de salvaguardar otros derechos primordiales, pero argumentaron que los derechos humanos se están violentando de todos modos en las zonas en conflicto, pero con el agravante de que no hay ninguna regulación.
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