l 19 de marzo al menos 40 migrantes procedentes de Centroamérica fueron secuestrados en Reynosa , Tamaulipas, por un grupo del crimen organizado. Tras un operativo militar fueron liberados. Sin embargo, a ninguna de estas personas se les brindó apoyo o protección como víctimas.
Según información recibida por Amnistía Internacional, 10 de estos migrantes liberados que se dirigían al Albergue Nuestra Señora de Guadalupe para personas migrantes - dirigido por la iglesia católica en Reynosa - fueron secuestradas nuevamente y continúa sin conocerse su paradero.
El secuestro fue denunciado por el personal del albergue, pero hasta el momento no ha recibido la visita de investigadores oficiales para averiguar lo sucedido o el paradero de los migrantes.
Un día antes, el 18 de marzo, tres mujeres que fueron expulsadas desde los Estados Unidos fueron presuntamente secuestradas en la localidad de Matamoros, Tamaulipas, cerca del paso fronterizo. Una cuarta mujer logró escapar y corrió hasta una estación de autobuses cercana, donde informó a la policía. La búsqueda emprendida no arrojó ninguna pista sobre el paradero de las tres mujeres.
Amnistía Internacional se encuentra profundamente preocupada por la seguridad de estas personas secuestradas.
La organización ha documentado como las bandas criminales actúan contra personas migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, sometiéndoles a graves abusos con la connivencia habitual de funcionarios corruptos. Hasta el momento las autoridades no han tomado medidas efectivas para proteger a las personas migrantes de abusos tales como los secuestros, extorsiones, trata de personas y violencia sexual.
Amnistía Internacional exige a las autoridades federales y estatales que se lleve a cabo una investigación completa e imparcial sobre el paradero de los migrantes secuestrados en el exterior del Albergue Nuestra Señora de Guadalupe, en Reynosa, y de las tres mujeres secuestradas en Matamoros.
Así mismo, la organización llama a las autoridades a proporcionar protección efectiva a las personas migrantes liberadas del cautiverio de grupos criminales o expulsadas de Estados Unidos.
Finalmente, Amnistía Internacional recordó a las autoridades mexicanos su obligación de respetar el artículo 7 de la Ley General de Víctimas, que garantiza tanto el bienestar físico y psicológico como la seguridad de las víctimas de delitos, incluidas las personas migrantes irregulares.
Información complementaria
En 2013, las autoridades de inmigración mexicanas detuvieron a 82.269 migrantes en México, de los cuales 75.704 fueron expulsados, la inmensa mayoría a Guatemala, Honduras y El Salvador. El número de migrantes centroamericanos que intentó hacer la ruta a Estados Unidos fue muy superior. En México, muchos migrantes siguen sufriendo abusos a manos de la policía y otros son víctimas de homicidio, secuestro, trata o violación a manos de bandas criminales que actúan selectivamente contra ellos y suelen hacerlo en connivencia con las autoridades locales. Las reformas legislativas en materia de migración que reforzaron algunos derechos de las personas migrantes, en particular el derecho a recibir protección y acceder a la justicia, no se han aplicado debidamente. La estrategia nacional para combatir el secuestro de migrantes sigue sin incluir que se obligue a rendir cuentas a los funcionarios públicos y las bandas criminales que actúan contra los migrantes. En 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó del secuestro de 10.000 migrantes irregulares en un periodo de seis meses por parte de bandas criminales que solían actuar en connivencia con funcionarios públicos. Son contadas las ocasiones en que se obliga a responder de sus actos a los autores de secuestros y otros abusos contra personas migrantes.
Las autoridades estatales ignoran en gran medida la terrible situación de los migrantes irregulares, y las federales tienden cada vez más a considerar el flujo de migrantes como una amenaza para la seguridad nacional en vez de garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes que atraviesan el territorio mexicano. Hace poco, un grupo de madres de migrantes centroamericanos volvió a hacer un recorrido por todo el país buscando a sus seres queridos y reclamando investigaciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó recientemente un informe poco convincente sobre 72 migrantes que fueron masacrados en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas. El informe se centraba en aspectos limitados del caso relacionados con unos procedimientos forenses gravemente defectuosos para identificar los restos mortales y no mencionaba la falta de acción de las autoridades para proteger el derecho a la vida de los migrantes y para establecer plenas responsabilidade s por la masacre. Todavía no se han identificado los cadáveres de otras víctimas de matanzas, muchos de los cuales se piensa que pertenecen a migrantes.
Amnistía Internacional publicó en 2010 un informe sobre los abusos que sufrían los migrantes que atravesaban México, titulado Víctimas invisibles: migrantes en movimiento en México.
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