La investigadora de la Comisión de la Verdad de Guerrero, Pilar Noriega García, denunció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que las autoridades federales y estatales han obstaculizado las averiguaciones que ComVerdad realiza desde hace ya dos años para esclarecer cientos de crímenes humanitarios durante la guerra contrainsurgente (1969-1979) en esa entidad.
Entre las dificultades que han tenido que enfrentar la comisión, citó la falta de acceso a documentos de la época bajo resguardo en el Archivo General de la Nación.
En la audiencia pública que solicitó la ComVerdad a la CIDH, en Washington, la criminalista Noriega apuntó como un probable intento de impedir los avances de sus investigaciones un atentado –al que llamó “incidente de seguridad”—sufrido por ella y otro comisionado, Nicomedes Fuentes García, el 28 de enero de este año en el tramo carretero entre Mezcala y Chilpancingo.
Ese día, un vehículo no identificado con cuatro hombres a bordo embistió el vehículo oficial de la Comisión. Los atacantes dispararon, aparentemente al aire, después de amagar a Pilar Noriega y a Nicomedes Fuentes, quien conducía la camioneta, que luce un logotipo de la institución. Los dos defensores de derechos humanos salieron ilesos, pero tuvieron que pasar la noche en el monte hasta que lograron llegar en transporte público a la capital guerrerense. Está abierta, pero sin avances, una Averiguación Previa sobre estos hechos ante un ministerio público local.
Hay antecedentes de ataques contra la comisión guerrerense que preside Enrique González Ruiz y en la que laboran, además de los cinco comisionados, 15 investigadores más. En julio de 2012 fue allanada, por desconocidos, la oficina de la ComVerdad en el puerto de Acapulco. Dos días después fue vandalizada su sede en Chilpancingo.
Esta probable agresión ocurrió poco después de que la Comisión anunciara que realizará una nueva operación de exhumaciones, en sitios especificados por familiares de desaparecidos y sobrevivientes de intentos de desaparición forzada, en busca de fosas clandestinas donde, presumiblemente, elementos del ejército mexicano y de las distintas policías enterraron a víctimas de ejecuciones extrajudiciales, tanto a combatientes de las organizaciones rebeldes como a opositores civiles.
En el tercer avance de la ComVerdad, publicado en octubre del año pasado, se da cuenta de 57 casos de desaparición forzada documentados, entre ellos siete mujeres, una menor de edad y 16 varones menores de edad. Entre estos se suman 20 estudiantes, 13 de ellos preparatorianos.
En la audiencia ante la CIDH, a la que acudieron en representación del Estado mexicano las subsecretarias de Gobernación Lía Limón y de la PGR Mariana Benítez, Pilar Noriega subrayó la necesidad de que las disposiciones que tomen las autoridades correspondientes para asegurar el acceso pleno de los investigadores a los archivos restringidos del AGN sean “efectivas y rápidas”. Recordó asimismo que en investigaciones anteriores, como las realizadas por la Fiscalía Especial para la investigación de crímenes del pasado (FEMPOSPP) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con frecuencia los expedientes entregados estaban incompletos, o habían sido mutilados y alterados.
Sobre la urgencia de allanar los obstáculos para que la Comisión de Guerrero emita su informe final en el plazo previsto, que expira en octubre –ya le fue concedida una única ampliación del plazo, de seis meses—Pilar Noriega subrayó que “el Estado mexicano tiene los elementos suficientes para dar a conocer el destino de las personas desaparecidas, y tiene la obligación de informar a sus familiares y a los sobrevivientes si éstas fueron tiradas al mar o fueron enterradas”.
En respuesta, la subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio informó que la reserva sobre los documentos solicitados al AGN sobre casos de exterminio en la guerra sucia en Guerrero ya fueron retirados y que a partir del 10 de abril la ComVerdad “empezará a tener acceso” a los mismos.
Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos de la ONU, Lía Limón, refrendó lo que llamó “el compromiso del gobierno mexicano con la verdad”, aseguró que se brindarán todas las garantías para que se lleven a cabo las excavaciones y exhumaciones planeadas.
También afirmó que el Estado mexicano ya aceptó su responsabilidad en los hechos de delitos contra la humanidad en Guerrero en el caso de la desaparición de Rosendo Radilla, a principios del año pasado. “No tendremos ninguna resistencia en volverlo a hacer”, finalizó.
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