NORMA TRUJILLO BÁEZ
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) buscará una demanda de amparo en contra el grupo Gold Group, ya que con el proyecto Caballo Blanco se violan los derechos humanos como es el derecho a un ambiente sano, al agua y a la alimentación, asimismo, luego que desde hace más de un año esperan que la Procuraduría Federal de Protección al Medio ambiente (Profepa) resuelva una demanda que interpusieron contra la minera, podrían demandarla por dilación de justicia.
Lo anterior fue dado a conocer por Guillermo Rodríguez Curiel, miembro de Lavida, quien dijo que se estudian esas posibilidades, luego que al acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando el Tribunal Permanente de los Pueblos entregaron los resolutivos sobre violaciones al derecho al agua con los proyectos de presas, el ministro Juan Silva Meza les orientó que todas las demandas que hicieran retomaran los derechos humanos que estaban elevados a rangos constitucionales y se comprometió a hacer que se respeten los derechos humanos.
Por ello, luego de que han esperado más de un año que la Profepa resolviera una demanda en contra de Caballo Blanco, “estamos analizando cómo demandar a Profepa en el asunto de dilación de justicia y cómo está incurriendo en irresponsabilidad, por la omisión en las demandas”.
En el caso de Caballo Blanco se buscará una demanda de amparo por violación de derechos humanos porque la minería a cielo abierto requiere cantidades enormes de agua, 3 mil metros cúbicos para llevar a cabo su proceso de lixiviación y nosotros sostenemos que el agua es un derecho ciudadano, que el agua es para todos y para todas siempre, sostuvo Rodríguez Curiel.
Haremos uso de esa prerrogativa, dijo el defensor del medio ambiente, quien reiteró que se buscará un amparo colectivo para demandar justicia ambiental, “el artículo sexto de la Ley de Minería plantea que el agua es un recurso prioritario para la minería cuando esta se establezca, es decir, si la minera se establece, no tienen derecho los pobladores ni las plantas ni los animales, porque es prioritaria para el uso de la minería, es un artículo anticonstitucional porque le niega el derecho a los humanos el agua”.
También dijo que al estar elevado a rango constitucional el derecho a la salud y la alimentación, con el uso del cianuro en la minería hay efectos inmediatos en los seres humanos, porque hay afectaciones de contaminación en el aire, suelo y agua y eso afecta a la salud.
En lo que se refiera a la alimentación, dijo que “con el uso del cianuro no hay más vegetación que pueda estar ahí y esto atenta contra la alimentación, es una vergüenza porque el gobierno federal tiene una cruzada nacional que se llama Hambre cero y el artículo sexto de la ley minera le da toda la prioridad a las empresas mineras canadienses y entonces pretenden recuperar la soberanía alimentaria pero están entregando al país a los intereses canadienses”.
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