Las graves deficiencias del nuevo texto del Tratado sobre el Comercio de Armas impedirían que se evitaran las transferencias de armas a países donde éstas podrían ser utilizadas para cometer o facilitar ejecuciones sumarias y arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
El análisis realizado por la organización de un nuevo texto del Tratado que se distribuyó a última hora del viernes halló que el texto propuesto también se quedaba corto en otras áreas, como las disposiciones relativas a los informes públicos de los Estados sobre transferencias de armas y las futuras enmiendas al Tratado.
Está previsto que los Estados miembros de la ONU lleguen a un consenso y adopten un texto definitivo para el Tratado el jueves 28 de marzo.
“Se acerca rápidamente la fecha límite para que los diplomáticos acuerden unas normas adecuadas a fin de evitar los homicidios ilegítimos, los graves abusos y la devastación causados por el comercio internacional de armas imprudente. Los gobiernos necesitan una llamada de atención para que sus diplomáticos remedien estas graves deficiencias de la última versión del Tratado”, ha dicho Brian Wood, director de la campaña Armas bajo Control y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
“En esta versión se han dado pasos satisfactorios para garantizar que las transferencias de armas que dan pábulo al genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son una línea que los Estados no deben cruzar, y esto ha sido posible gracias en gran medida a los años de campaña de Amnistía Internacional y sus socios.
“Pero sería incoherente autorizar transferencias de armas con pleno conocimiento de que se cometen actos atroces simplemente por no cometerse éstos durante un conflicto armado o como parte de un ataque generalizado y sistémico contra una población civil concreta.”
El actual texto del proyecto de Tratado prohibiría que las armas fueran a países en los que se sabe que se utilizarían para cometer crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad, pero no si contribuyeran a facilitar ejecuciones sumarias o arbitrarias, desapariciones forzadas o torturas fuera del conflicto armado o de un ataque generalizado y sistémico contra una población civil concreta.
Además, el proyecto de Tratado permitiría que un Estado realizara transferencias de armas incluso en los casos en que hubiera un peligro real de que éstas se utilizaran para cometer crímenes de guerra o graves violaciones de derechos humanos, siempre que el Estado emisor considerara que las transferencias contribuyen a la paz y la seguridad.
Según el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el derecho internacional, los Estados ya tienen el supremo deber de impedir las guerras y los crímenes de lesa humanidad, y no deben limitarse a esperar a que sucedan. Los Estados deben actuar para poner fin a las más graves violaciones de derechos humanos que conducen a tales actos de violencia y atrocidades.
Durante casi 20 años, Amnistía Internacional ha realizado labores de cabildeo en pro de un Tratado Internacional sobre el Comercio deArmas basado en una regla de oro: los Estados deben evaluar cualquier transferencia de armas propuesta para ver si existe un riesgo sustancial de que las armas sean utilizadas para cometer o facilitar graves violaciones de derechos humanos. Si es así, la transferencia no debe efectuarse.
Permitir que se realice una transferencia de armas en tales circunstancias supone pagar un enorme precio en términos de paz, seguridad humana y desarrollo, además de socavar el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho.
Amnistía Internacional ha documentado las devastadoras consecuencias a largo plazo que pueden tener los actos persistentes de brutalidad, como en Bangladesh, donde ha habido constantes homicidios, torturas y desapariciones a manos del Batallón de Acción Rápida; en Filipinas, donde las milicias privadas perpetran matanzas contra la población civil, como la de Maguindinao, en la que perdieron la vida más de 60 personas en noviembre de 2009; en Guinea, como preludio a la matanza de más de 150 manifestantes desarmados en un estadio de Conakry, en septiembre de 2009; y en Guatemala, cuyos ciudadanos sufren elevadísimos niveles de violencia armada en medio de una proliferación de armas pequeñas.
“El objetivo general de un Tratado sobre el Comercio de Armas mundial es poner fin al enfoque post mortem: cortar la violencia armada de raíz y evitar graves violaciones de derechos humanos interrumpiendo el suministro irresponsable de armas que fomentan estas violaciones”, ha dicho Wood.
“Si queremos que el Tratado definitivo pase la prueba de fuego de la credibilidad de la opinión pública y logre más seguridad para la población mundial, los Estados miembros de la ONU deben actuar ya para conseguir un enfoque más holístico que garantice que los gobiernos no ayudan jamás a los autores de abusos contra los derechos humanos dándoles los medios para asesinar y torturar."
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