EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
CHILPANCINGO. Gro., (proceso.com.mx).- La tensión social en el municipio de Ayutla de los Libres aumenta a unas horas de que una treintena de personas retenidas desde hace dos semanas por sus presuntos nexos con el narcotráfico sean sometidas a juicio popular por integrantes del movimiento ciudadano contra la delincuencia.
El juicio se realizará a pesar del llamado que hizo el gobernador Ángel Aguirre Rivero en el sentido de que no permitirá que la sociedad haga justicia por mano propia.
Además, exhortó a los grupos de autodefensa armada que se crearon en la entidad a conducirse “sin lacerar el Estado de Derecho, ni apegarse a actos fuera de la ley”.
Sin embargo, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, le respondió al mandatario al defender el surgimiento de los grupos de autodefensa armada en la Costa Chica porque aclaró que la delincuencia ya rebasó a las autoridades.
“Las autoridades gubernamentales en Guerrero han sido rebasadas por la ola de violencia e impunidad, por eso la sociedad los ha desplazado para restablecer el orden y la paz, asumiendo que la soberanía radica en el pueblo y no en los representantes de las instituciones”, expresó.
Entrevistado vía telefónica, el activista subrayó que los guerrerenses asumieron las funciones de seguridad pública e impartición de justicia porque en el estado existe un vacío de autoridad.
“Las autoridades gubernamentales son representantes de la sociedad y no han estado a la altura de las circunstancias para garantizar el derecho a la seguridad, por lo tanto son ellos quienes deberían ser juzgados y sancionados, por ser indolentes y omisos frente a la delincuencia”, agregó.
Bruno Plácido rechazó que los actos de los grupos de autodefensa armada sean ilegales porque, aclaró que las decisiones se toman a través de asambleas populares.
Como ejemplo destacó el caso del juicio popular programado para mañana en la comunidad indígena de El Mesón, municipio de Ayutla de los Libres, donde se definirá el destino de una treintena de personas por sus presuntos nexos con el crimen organizado.
Este hecho, que exhibe la ausencia de autoridad en la entidad, pretende dejar un antecedente en materia de aplicación de justicia en la entidad, advirtió el dirigente de la UPOEG.
Ayer, durante un acto público realizado en la comunidad de Ahuehuepan, municipio de Iguala, el gobernador hizo referencia a la grave situación que prevalece en la entidad.
Aguirre Rivero agradeció a los movimientos ciudadanos de autodefensa el interés de “coadyuvar” en el tema de seguridad, pero los exhortó a respetar el estado de derecho bajo el argumento de que la justicia no debe imponerse por propia mano, “porque eso sería colocarse en la ilegalidad, eso sería aplicar la ley de la selva, y eso de ninguna manera lo podemos tolerar ni permitir”, advirtió.
Y sentenció:
“Nada puede ser más reprobable que andar en actitud protagónica con otro tipo de propósitos y aprovechándose de una coyuntura como la que se vive en algunas comunidades”.
Después de esa advertencia, el mandatario estatal anunció un decreto para reglamentar los movimientos de autodefensa armada, a fin de que los grupos ciudadanos que desplazaron a las autoridades operen legalmente “sin necesidad de que se encapuchen, anden embozados o se pongan máscaras”, expresó.
No obstante, muchos de los policías, soldados y marinos que participan en los programas de combate al narcotráfico actúan con el rostro cubierto.
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