HERCILIA CASTRO (Corresponsal)
Zihuatanejo, 20 de enero. El coordinador de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, señaló que el gobierno estatal el gobierno del estado nunca ha querido reconocer que el problema del desplazamiento forzado es del accionar de la delincuencia organizada, mucho menos ha querido reconocer que ha rebasado la capacidad del estado para resolver estos conflictos”, dijo.
Expresó que las familias que abandonan sus lugares de origen, reinician una “vida desconocida, en un lugar donde no tienen ninguna relación social”, en tanto el estado trata de lavar su imagen y dar una apariencia de que va a arreglar los problemas.
Subrayó que la mayor problemática es que el gobierno no ha reconocido que los desplazamientos forzosos o forzados se deben a la expansión y el poder de la delincuencia organizada.
Explicó que ya no es tan sólo la situación de los cacicazgos, “sino que todo evoluciona; los caciques antes detentaban un poder político que les creaba cierta protección, cierta impunidad, hoy esos grupos caciquiles han pasado a formar parte de la delincuencia organizada, incluso se crean co-gobiernos”.
Destacó que ese factor crea un Estado-delincuencia y somete al pueblo.
Mencionó que hay desplazamientos que no se dan a conocer y mucho menos hay un dato estadístico que pueda ilustrar el problema.
“Pero aquí hay otra cosa importante, yo creo que el gobierno pretende invisibilizar este asunto y reducirlo a un problema entre familias; cuando se está hablando de armas de alto poder, de uso exclusivo del Ejército, de más de dos personas que se unen para asesinar a alguien, para expulsar a personas de su comunidad, ahí estamos hablando de delincuencia organizada”, dijo.
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