ARTURO ALFARO GALÁN
Activistas y académicos de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla expresaron su rechazo hacia los crímenes impunes contra personas inocentes, las desapariciones forzadas y los secuestros, pues continúan vigentes en el territorio mexicano. Incluso, durante la mesa redonda “Los crímenes de lesa humanidad bajo el pretexto de la Delincuencia Organizada”, coincidieron en señalar que las bandas del crimen organizado que operan en México presionan a los poderes del estado para obtener su propio beneficio.
José Gerardo Palomo González, coordinador de la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Ibero, puntualizó que el principal error de las administraciones federales es presentar a la delincuencia organizada como un problema que se enfrenta con el uso de las fuerzas armadas.
El académico destacó que la intervención de la milicia en las calles no solucionará el problema; por el contrario, apuntó que una situación de tal magnitud debe solucionarse con la intervención de los poderes judiciales y legislativos.
“La delincuencia organizada ha hecho su labor a través de la corrupción para lograr que las instituciones públicas del estado no hicieran nada, o bien hicieran muy poco respecto al problema. Por lo tanto, este fenómeno violento que conocemos en nuestro país y en otras regiones no pudo haberse desarrollado sin una determinada cobertura política” comentó Gerardo Palomo.
Al respecto, óscar Arturo Castro Soto, director del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Ibero Puebla, señaló que entre los problemas que derivan de la corrupción con las autoridades y las bandas del crimen organizado están: los movimientos migratorios ilegales y el secuestro por trata y tráfico de personas.
De acuerdo con el académico, la ausencia de estos seres de sus núcleos familiares por circunstancias violentas o ilegales, existiendo presencia o participación de un agente del estado, se puede tipificar ya como una desaparición forzada.
Por su parte, Israel Sampedro Morales, coordinador de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, aseguró que la mayor consecuencia de las desapariciones forzadas es el impacto psicosocial que tienen sobre la sociedad, ya que vulneran los aspectos psicológicos de las familias afectadas y generan miedo y terror en el público en general.
Indicó que el “empecinamiento de Felipe Calderón para continuar con la absurda guerra contra el narcotráfico” está avalando actividades fascistas como la militarización de diferentes ámbitos de la sociedad y de estructuras de gobierno, el despliegue de elementos policiacos en el país; la ejecución de estados de sitios temporales en las franjas fronterizas del norte y sur del país y la militarización de urbes y comunidades rurales.
Fuente: La Jornada de Oriente
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