Promotores de derechos humanos, desprotegidos ante agresiones, recalcan
El Estado utiliza el combate al narcotráfico para criminalizar a activistas, critican en Ayutla
JESÚS RODRÍGUEZ MONTES (Enviado')
Ayutla, 23 de febrero. En el acto con motivo del aniversario luctuoso de los dirigentes me’phaa de Ayutla, Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía, representantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dieron a conocer que Guerrero es el tercer lugar a nivel nacional en agresiones contra activistas de derechos humanos.
Liliana Valiña y Carlos de la Torre presentaron en este municipio el informe Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo, en el que se señala que luego de Oaxaca y el Distrito Federal, en Guerrero han ocurrido más agresiones contra los defensores, y destacan los casos de los campesinos opositores a la presa La Parota, de los integrantes de Radio Ñomndaa, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), los integrantes del Consejo de Pueblos Me’phaa de la variante lingüística Bathaa y el asesinato de Lucas Lucía y Ponce Rosas, además del hostigamiento y presecución contra Obtilia Eugenio Manuel, de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM).
De 128 casos registrados por el Alto Comisionado a nivel nacional entre enero de 2006 y agosto de 2008, explicó Carlos de la Torre, 98.5 por ciento “permanecen en la impunidad.
“Hay que combatir el tema de la impunidad, porque con ello se crea el mensaje muy negativo de que no pasa nada. El máximo riesgo para los defensores y las defensoras de derechos humanos es la impunidad”, manifestó de la Torre.
Los representantes de la Oficina del Alto Comisionado explicaron que este informe es resultado de la recolección de testimonios de activistas y de autoridades sobre la situación que padecen en las entidades.
En los 128 casos de agresiones contra defensores, en 46 por ciento no se tiene conocimiento de la fuente; “Ese dato procupa mucho al Alto Comisionado, porque habla de la negligencia de las autoridades para investigar.
“Estos datos coinciden con la percepción generalizada de que las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia actúan de manera lenta y en ocasiones negligente. Asimismo, coinciden en resaltar que, por lo general, existe reticencia de las autoridades para reconocer su carácter de defensores y defensoras”, explican.
Carlos de la Torre explicó que el “clima de inseguridad” que hay en México en torno a la delincuencia organizada es el escenario en el que el gobierno ha empleado una “estrategia de descrédito” hacia el trabajo de los defensores de derechos humanos, utilizando un discurso respecto a que su trabajo consiste “en defender a los delincuentes”.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: soberanía popular
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