Dos semanas después de que un sismo provocó la pérdida de vidas y la destrucción material en algunas regiones de Haití, la comunidad internacional se mantiene movilizada para llevar ayuda humanitaria al pueblo haitiano. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocó a una sesión especial sobre la crisis humanitaria tras el sismo y el día de hoy el gobierno canadiense organizó la primera conferencia internacional para establecer la respuesta inicial para la reconstrucción del país caribeño. Se esperan nuevas reuniones, incluyendo la del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y ortos organismos internacionales.
Los retos a enfrentar son diversos. Amnistía Internacional aprovecha esta oportunidad para expresar su preocupación dentro del marco de la crisis humanitaria que se desarrolla en Haití y subraya que la protección a los derechos humanos es esencial para que haya un alivio efectivo y una recuperación sostenida. Los esfuerzos y actividades para resolver los problemas de derechos humanos deben comenzar en la fase de ayuda y ser el centro del esfuerzo de reconstrucción.
Los derechos humanos corren peligro en situaciones de crisis y emergencias, por lo que es de vital importancia que todos los actores tomen todas las medidas adecuadas para prevenir violaciones y garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos humanos como se establece en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
La situación es tan grave que los haitianos no solo se enfrentan a una de las crisis humanitarias más graves que hayan afectado a una nación, sino que además se enfrentan a una crisis de derechos humanos.
La pérdida de miles de vidas no puede atribuirse únicamente a las fuerzas de la naturaleza. La pobreza endémica que aflige a gran parte de la población ha contribuido significativamente a la devastación. Al promover y apoyar la reconstrucción del país, es de vital importancia que la comunidad internacional no recree los mismos factores que ponen a las personas en riesgo de violaciones de derechos humanos y perpetúan las desigualdades y la pobreza.
Los esfuerzos de ayuda y reconstrucción en Haití deben basarse en el respeto y la promoción de todos los derechos humanos. Las autoridades haitianas y la comunidad internacional deben garantizar que la cooperación necesaria y la asistencia a Haití sean consistentes con los estándares de derechos humanos. Así, debe proveerse en formas que garanticen la no discriminación; que prioricen de manera adecuada el cumplimiento de los niveles mínimos esenciales de alimentos, agua, servicios de sanidad, educación, salud y vivienda para todos; y que se enfoquen a las personas que tienen mayor necesidad. Además, las autoridades haitianas y los Estados donantes deben actuar con la debida diligencia para garantizar que la ayuda humanitaria y al desarrollo no resulte en, ni contribuya a violaciones de derechos humanos, así como que haya mecanismos efectivos para la participación de todas las comunidades afectadas, incluyendo a las más marginalizadas, en los esfuerzos de ayuda y desarrollo.
Durante la distribución de ayuda humanitaria y durante las primeras fases de la reconstrucción, Amnistía Internacional presente las siguientes preocupaciones e insta a todos los actores a resolverlas sin tardanza y de manera completa:
Proteger a los niños y niñas de abusos, explotación y trata
Las niñas y niños se encuentran entre los miembros más vulnerables de la sociedad, y en una crisis humanitaria esta vulnerabilidad aumenta de manera importante debido a la violencia, abuso, separación de sus familias y discapacidades. La separación de familias y la destrucción de escuelas y comunidades dejaron a miles de niños y niñas sin su entorno de protección. Sin él, son víctimas fáciles para las redes de trata y explotación que ya operaban en Haití antes del sismo.
Los niños y niñas separados que pueden considerarse huérfanos erróneamente corren el riesgo de caer en procesos irregulares de adopción. De acuerdo con la Convención de La Haya sobre Adopciones Internacionales, la adopción internacional debe considerarse como el último recurso, una vez que se hayan agotado todas las alternativas internas y cuando las autoridades competentes hayan determinado que no hay familiares o personas que puedan cuidar a los niños y niñas. Este riesgo existía desde antes del sismo, pero ahora puede aumentar en vista del interés de familias de otros países de responder al drama de los niños haitianos huérfanos adoptándolos. La insuficiente capacidad de las instituciones haitianas en muchos caos para determinar si el proceso de adopción es apropiado y para garantizar el respeto a los derechos de la infancia también puede fomentar la operación de redes ilegales de adopción. Las autoridades haitianas, con apoyo de la MINUSTAH, deben garantizar los mecanismos y salvaguardas apropiadas para evitar que niños y niñas salgan del país sin haber cumplido todos los requisitos legales para la adopción internacional.
El rastreo de familias debe ser una prioridad para la comunidad internacional, las autoridades haitianas y las agencias de ayuda internacional, así como el establecimiento de espacios seguros para niños y niñas separados de sus familias.
Protección de los derechos de las personas desplazadas (IDPs)
Miles de personas han perdido sus hogares y sus vidas no pueden continuar entre los escombros sin correr graves riesgos a su seguridad y bienestar. Miles se están desplazando, huyendo de las zonas devastadas. El gobierno haitiano, incluyendo a las autoridades locales, así como las agencias internacionales humanitarias y de desarrollo deben respetar los Principios Rectores sobre Desplazamientos Internos al resolver los problemas de seguridad y humanitarios de las personas desplazadas en Haití.
En un país donde la inseguridad alimentaria antes del sismo afectaba a cerca de 1.8 millones de haitianos (diciembre de 2009) y donde 40% de la población no tenía acceso al agua potable, la elevada cifra de personas desplazadas aumenta la probabilidad de que la crisis humanitaria se extienda a todo el país.
Amnistía Internacional subraya la necesidad de proteger los derechos de las personas desplazadas tanto dentro como fuera de los campos, así como que estas personas deben recibir apoyo para tomar decisiones voluntarias e informadas sobre su futuro.
De acuerdo con los estándares internacionales establecidos en los Principios Rectores sobre Desplazamientos Internos, cualquier reubicación de personas desplazadas de campos o zonas de desastre debe ser voluntaria, a menos de que la seguridad y salud de las y los afectados requiera evacuación. No deben ser obligadas en modo alguno, incluyendo por medio de la suspensión de asistencia. El derecho de las personas desplazadas de regresar a sus antiguos hogares o terrenos con seguridad y dignidad debe ser respetado y las autoridades deben apoyarles ya sea para regresar o para establecerse en otras zonas del país.
Protección de mujeres y niñas de violencia de género, incluyendo violencia sexual
Durante las crisis humanitarias y en situaciones de postconflicto, las mujeres y las niñas están en riesgo especial de violencia sexual, explotación por parte de traficantes, y sin acceso a servicios de atención sexual, reproductiva y materna. Su desventaja en acceder a la ayuda se ha documentado dentro y fuera de los campos para personas desplazadas en los países donde han ocurrido crisis humanitarias.
Todos los actores involucrados en los esfuerzos de ayuda y reconstrucción deben integrar la prevención y repuesta a todas las formas de violencia de género, especialmente la violencia sexual, en sus programas. Las agencias de Naciones Unidas otros actores han desarrollado Lineamientos para la Intervención en casos de Violencia de Género en las Emergencias Humanitarias: con Enfoque en la Prevención y Respuesta a la Violencia Sexual. Los Lineamientos presentan un enfoque coherente y de participación para la prevención y respuesta de la violencia de género, así como mencionan el rango de servicios de respuesta que se requieren para satisfacer las necesidades de las supervivientes de violencia sexual. Amnistía Internacional hace un llamado a todos los actores involucrados en los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción en Haití para que utilicen los Lineamientos como un marco esencial en sus operaciones.
Seguridad e implementación de la ley
El sismo ha limitado la capacidad de las autoridades haitianas de garantizar la ley y de proveer seguridad. Se han reportado incidentes de violencia, pero hasta ahora se localizan en unas pocas zonas de Puerto Príncipe, especialmente en la ciudad vieja. Establecer un sistema de justicia funcional para resolver los delitos más graves debe ser una prioridad para las autoridades haitianas y los donantes internacionales.
Existe una gran preocupación por que los prisioneros sentenciados por delitos violentos que escaparon del Penal Nacional de Puerto Príncipe intenten regresar y controlar algunas de las comunidades más desprovistas y vulnerables. Para responder a este riesgo, los miembros de las comunidades se han organizado para evitar que las pandillas tomen el control. A Amnistía Internacional le preocupa que esto podría poner en riesgo a los miembros de las comunidades. La organización ha recibido reportes de linchamientos e incidentes de justicia de masas en los que presuntos ladrones han perdido la vida.
La Policía Nacional Haitiana, con apoyo de la MINUSTAH, debe garantizar la seguridad, especialmente en las zonas donde ha habido más violencia pandillera en el pasado. Esto equivale a garantizar que el trabajo de ayuda no esté limitado por amenazas a personas de las comunidades y a trabajadores de ayuda humanitaria. Quienes han participado en linchamientos y otras formas de violencia deben ser llevados ante la justicia.
Las autoridades haitianas deben actuar inmediatamente para establecer un centro provisional de detención, ya que la principal prisión del país ha sido destruida y otros centros de detención del país están sobrepoblados. También deben garantizar que todos los detenidos tengan acceso a la ayuda humanitaria y reciban un trato digno.
Ha habido reportes sobre el uso de fuerza letal por parte de agentes de seguridad haitianos en los que supuestos ladrones han recibido disparos. Amnistía Internacional insta a las autoridades haitianas y a las fuerzas internacionales en el país a implementar y garantizar la observancia estricta de los Principios Básicos de la ONU para el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego por parte de los Agentes de Seguridad del Estado, los cuales establecen que los policías podrán utilizar armas de fuego únicamente en defensa propia o contra la amenaza inminente de muerte u otras heridas graves. Debe haber investigaciones independientes, imparciales y minuciosas sobre los reportes de asesinatos y otras violaciones graves a los derechos humanos, y los responsables deben ser llevados ante la justicia.
Rendición de cuentas de fuerzas internacionales
Las fuerzas internacionales llegaron a Haití a petición del gobierno para asegurar la distribución de la asistencia humanitaria. Más de 10,000 tropas estadounidenses, 150 soldados de la República Dominicana y 800 soldados canadienses han sido desplegados en Haití. Más tropas podrían llegar en las próximas semanas, incluyendo de otros países.
Los problemas sobre la rendición de cuentas y la responsabilidad de varios miembros militares y policiales internacionales deben quedar claros desde el principio. Los términos del despliegue y específicamente las reglas de participación deben ser consistentes con el derecho internacional de los derechos humanos y debe haber mecanismos efectivos para garantizar que sean respetados por todos los integrantes de las fuerzas internacionales.
La experiencia adquirida en otras operaciones de mantenimiento de paz ha demostrado que dejar la rendición de cuentas a la discreción de los países que contribuyen tropas conlleva la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos.
Cancelación de la deuda externa de Haití
En 2009, las instituciones financieras internacionales y otros acreedores cancelaron 1.2 mil millones de dólares de la deuda externa haitiana. A pesar de esto, Haití aún debe millones de dólares a sus acreedores. En las circunstancias actuales, el pago de esta deuda representa un cargo inaceptable para la población haitiana y para la economía nacional. Amnistía Internacional hace un llamado a todas las instituciones financieras internacionales y a otros acreedores a tomar todas las medidas necesarias para cancelar la deuda de Haití, en vista de que la insistencia de pago limitaría la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos, incluyendo el garantizar niveles mínimos de derechos económicos, sociales y culturales. La cancelación de la deuda no debería estar acompañada por condiciones que tuvieran un impacto negativo en los derechos humanos.
Todos los recursos financieros disponibles para Haití en el futuro deben canalizarse a los programas de reconstrucción, lo que garantizaría el bienestar de los haitianos y su acceso a servicios básicos, así como un desarrollo equitativo y sostenible.
Fuente: Amnistía Internacional
Difusión: Soberanía Popular
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