Ese mismo día, en el mismo Municipio, los elementos del ejército entraron al domicilio de la madre de Rocío Irene Alvarado Reyes sin ninguna orden judicial destrozaron el mobiliario y sacaron de la recamara a Rocío. La madre de Rocío enfrentó a los soldados exigiéndoles que le explicaran lo que estaba sucediendo; con palabras altisonantes le ordenaron que se callara, informándole solo que su hija estaba detenida y la encerraron en el baño junto con dos menores de edad que estaban en el domicilio.
Ante esta situación, el 29 de diciembre de 2009, los familiares de los desaparecidos dieron aviso a la policía del pueblo. Al día siguiente, los familiares acudieron al Municipio de Nuevo Casas Grandes Chihuahua para interponer una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, en donde se negaron a recibir la denuncia y los enviaron al Municipio de Buenaventura. Por este motivo se dirigieron ante la Procuraduría en Buenaventura para poner la denuncia pero no había nadie en las oficinas que les atendiera, por lo que tuvieron que regresar a estas oficinas el 31 de diciembre de 2009. Ese día, finalmente se pudo presentar la denuncia por el delito de privación ilegal de la libertad ante Arón Enríquez Duarte, Ministerio Público de Buenaventura.
El Ministerio Público informó a los familiares que hubo una redada en el ejido y que tenía información que sus familiares desaparecidos estaban en el batallón 35 Infantería porque estaban siendo investigados.
Los familiares acudieron al cuartel del ejército mexicano para preguntar por sus familiares. El vigilante les dijo textualmente “váyanse a la chingada, aquí no es CERESO”.
Ante este panorama, el 4 de enero del 2010, la madre de uno de los desaparecidos acudió a las oficinas de atención de quejas y denuncias del Operativo Conjunto Chihuahua en Ciudad Juárez en donde se radicó la queja número 886/09 ante el Licenciado Javier González Mocken. Ese mismo día otro familiar de las víctimas presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Ciudad Juárez, Chihuahua en contra de elementos del Ejército Mexicano.
José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Alvarado Reyes no han sido presentados ante ninguna autoridad competente y tampoco existe información sobre su paradero.
Según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, proclamada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, como conjunto de principios que deben ser aplicados por todos los Estados, se producen desapariciones forzadas siempre que "se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley".
Esta información ha sido proporcionada por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C, para mayor información escriba a: cedehm@prodigy.net.m
No hay comentarios:
Publicar un comentario