Ante la violenta acción de invasión domiciliaria y de hostigamiento contra Adolfo Guzmán Ordaz – miembro de ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C.- y su familia, ocurrida en la madrugada del pasado 8 de noviembre de 2009 en la ciudad de Comitán, denunciamos el contexto de creciente violación a los derechos humanos de líderes sociales, defensores de los derechos humanos y miembros de las organizaciones civiles en el estado de Chiapas.
En los últimos meses se han multiplicado y documentado acciones de intimidación y de presión contra las comunidades y las organizaciones indígenas y campesinas que reivindican sus más elementales derechos sociales. La respuesta gubernamental ha sido la privación de sus derechos civiles básicos y el despliegue de formas de violencia, muchas veces perpetradas por las fuerzas de seguridad que deberían proteger a la población.
El allanamiento ilegal de la policía ministerial a la casa de Adolfo Guzmán, los graves daños emocionales y el miedo causado a su familia, y a sus hijos menores en particular, han sido denunciados por organismos civiles de derechos humanos, de comunicación social, de promoción y defensa de los derechos de la infancia.[1] El hecho no es aislado, pues como lo señala Enlace, simultáneamente se producen operativos y cateos “contra algunos dirigentes campesinos y mujeres líderes de canasteras (vendedoras del mercado)”,[2] en un contexto de conflictividad social que muestra la incapacidad de las autoridades del gobierno municipal de Comitán para dialogar y buscar soluciones a los problemas de las organizaciones campesinas que sólo demandan un espacio adecuado y bien localizado para poder comercializar sus productos. La incapacidad de diálogo y la nula voluntad política gubernamental, han tensado la relación y dificultan la construcción de acuerdos que respondan a los reclamos sociales.
En los primeros días del mes de abril se confirmó la llegada de tres mil nuevos efectivos a la VII Región Militar en la frontera con Guatemala, pertenecientes a diferentes grupos especializados en el combate al tráfico de drogas, armas y otros.[3] De inmediato se establecieron retenes militares y policiales en puntos estratégicos y en todos los accesos a la ciudad fronteriza de Comitán, algunos de ellos a sólo unos metros de las garitas del Instituto Nacional de Migración (INM). En estos retenes los militares portan armas de alto calibre para realizar una inspección minuciosa de vehículos; a los costados de las carreteras se han establecido campamentos provisionales y se mantienen vehículos militares que portan artillería. A lo largo de toda la red de caminos (pavimentados y de terracería) de la llamada Zona Fronteriza de la Selva, las comunidades han dado cuenta de la intensificación de las incursiones militares a los poblados en busca de drogas y de arsenales.[4]
En el último mes se han incrementado las denuncias y pronunciamientos en contra del Ejército Mexicano a causa de violaciones ocasionadas en contra de la población civil, y es que los patrullajes, retenes y allanamientos que están llevando a cabo tropas de la región militar citada, en los municipios de Frontera Comalapa y La Trinitaria, se realizan sin ningún tipo de explicación por parte de las autoridades castrenses.[5]
Según denunció la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ), los allanamientos y operativos han sido perpetrados durante todo el mes de noviembre. “Las tropas de la VII Región Militar han entrado a las comunidades cuando las mujeres están solas con sus hijos en sus hogares, aprovechando que los hombres han ido a sus parcelas”.
“En el ejido Nuevo Villaflores los soldados ingresaron a varias casas”. “En el balneario Uninajab, en días pasados, un grupo de mujeres participaba en un taller, cuando decenas de militares irrumpieron desde los matorrales, lo que provocó espanto entre las compañeras”, narró Reina Santiago Guadalupe, encargada de las finanzas de la OPEZ.[6]
En la Zona Fronteriza de la Selva se han registrado actos violentos contra las comunidades, mediante incursiones a las localidades, cateos a las casas sin orden judicial alguna y patrullajes constantes en caminos que han ocasionado temor y desconcierto en la población.
En el entronque al ejido Tziscao en el municipio de La Trinitaria se instaló un retén militar en el que hacen revisiones de las maletas y pertenencia de los pasajeros que transitan en transporte público y privado, poniendo mayor atención a pasajeros proveniente de Comitán. En la misma comunidad, los militares entraban de dos en dos para catear casa por casa sin mostrar orden alguna o dar explicación a las familias, revisando pertenencias, destapando cajas, descubriendo objetos; los militares se concretaban a decir que “estaban siguiendo órdenes”, exigían la entrega de cualquier arma y presionaban a que se les informara sobre la localización de los sembradíos de droga.
Esta acción violenta y autoritaria por parte de las fuerzas armadas causó mucho miedo en la comunidad de Tziscao y de toda la Zona Fronteriza de la Selva, principalmente en las mujeres y en las niñas y niños que sufrieron directamente el allanamiento y cateo de sus moradas. Tras la acción, los hombres no fueron a trabajar y permanecieron con sus familias. La gente comentó que no se registraron daños físicos o materiales; sin embargo, emocionalmente han quedado muy afectados y con el temor de salir solos a cualquier lugar. No se le dio tanta importancia al desorden provocado por los militares en el interior de las casas. Se detuvieron a dos hombres que fueron sorprendidos con cultivo de algún tipo de droga, pero se desconoce su paradero.[7]
De igual modo, los transportistas de la Unión Tzovol denunciaron el endurecimiento de los controles en los retenes militares colocados a lo largo de toda la carretera fronteriza, afectando a las personas pasajeras e inclusive, obligando a varias “combis” a regresar a Comitán.
Las incursiones militares a las comunidades de la región han provocado zozobra y miedo. Ante los sucesos registrados y las amenazas de nuevos actos de hostigamiento –difundidos a través de los rumores-, algunas comunidades han decidido mantenerse en vela. En la comunidad de Nuevo Tenejapa las familias decidieron permanecer vigilantes toda la noche. El testimonio de un miembro de la comunidad dice “lo más preocupante de todo son las niñas y los niños, porque a ellos no los dejan vivir en paz, y tampoco a nosotros”.
Recientemente se ha hecho pública la explicación gubernamental respecto a la creciente actividad militar y policial en la frontera con Guatemala y Los Altos de Chiapas, enmarcándola en la llamada “guerra frontal” contra el narcotráfico y el crimen organizado, misma que ha ocasionado a lo largo y ancho del país, la muerte de más de seis mil personas.[8]
En un informe oficial de inteligencia, elaborado por las Policías federal y estatal, y dispuesto a varios medios periodísticos[9], el gobierno advierte sobre el resurgimiento y la actividad de grupos armados subversivos “plenamente identificados”, cuya intención es desestabilizar al gobierno estatal de Juan Sabines en el marco de las celebraciones del Bicentenario. En dicho documento, se liga a estos grupos con redes del crimen organizado como los zetas, brazo armado del Cártel del Golfo, y el Cártel de Sinaloa, pero también se denuncia un “estrecho vínculo” con organizaciones civiles.
La Procuraduría de Justicia y la Policía Ministerial de Chiapas informan de varios decomisos de arsenales y de las declaraciones de personas detenidas que acusan a dirigentes de organizaciones sociales. Así operó la detención de José María Hernández, dirigente de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), el pasado 30 de septiembre en la colonia 28 de junio del municipio de Venustiano Carranza, y de otros dos miembros de la misma organización el 24 de octubre. Los tres están acusados de utilizar a la organización social para distribuir armas y drogas con apoyo de “Los Zetas”.
La estrategia mediática implantada por los gobiernos federal y estatal en su afán de criminalizar a los movimientos y protestas sociales en México y en Chiapas, busca descalificar y presentar a las organizaciones sociales y civiles, a sus representantes y a sus miembros, en esquemas de asociación delictuosa con mafias del crimen organizado. De esta manera pretenden justificar cualquier acción de represión directa o mediante investigación y proceso criminal. Bajo el discurso de la Legalidad y el Estado de Derecho, se realizan acciones de represión y violencia institucionalizada contra las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil.
En este mismo escenario de criminalización de la organización social y de militarización de la vida civil, se ubican la amenaza pública de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) de iniciar una demanda penal para concretar el desalojo forzoso de las familias del poblado Salvador Allende, que rechazaron el pago de 200 mil pesos por familia a cambio de desalojar las tierras que ocupan desde 1974 con respaldo de documentos de posesión agraria.[10] Esta amenaza se extiende a las otras dos comunidades articuladas a la ARIC Unión de Uniones Independiente y Democrática que defienden sus derechos agrarios y sociales en la Reserva de la Biosfera Montes Azules: Nuevo San Gregorio y Ranchería Corozal, asentadas desde 1978 y 1988 respectivamente. Representantes de la primera sufren la imputación de delitos graves que dificulta su participación en el proceso de negociación agraria, y la segunda sufrió en agosto de 2008 el aterrizaje de dos helicópteros con más de 50 soldados y policías presididos por Ricardo Frías, funcionario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).[11] Este funcionario junto con Ricardo Silva Valdés de la SRA, han sido denunciados por falsificación de firmas y sellos comunitarios, por las familias que resisten la política gubernamental del miedo y del soborno.[12]
En Chiapas ha sido legalizada la política de represión y criminalización de la organización y la protesta social; los hechos de los últimos meses confirman la profundización de un estado policial.
Las organizaciones civiles que promovemos y defendemos los derechos humanos –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales- y de los pueblos indígenas en Chiapas, alertamos y llamamos a la sociedad civil nacional e internacional a estar atentos y pronunciarse públicamente contra el conjunto de acontecimientos que dan cuenta de una nueva ofensiva gubernamental contra las organizaciones sociales y civiles.
Denunciamos el contexto de violencia institucional en el estado de Chiapas, la política deliberada de los gobiernos federal y estatal por criminalizar la organización y la protesta social, haciendo un uso faccioso de los medios de comunicación y de la legislación penal para enfrentar a las organizaciones sociales y civiles que luchan por la realización plena de sus derechos y la defensa de sus territorios.
Condenamos enérgicamente los hechos de hostigamiento, intimidación, allanamientos y cateos ilegales de los domicilios particulares de representantes sociales y miembros de organizaciones civiles; los abusos de las autoridades ministeriales y de los funcionarios responsables del sistema de procuración y administración de la justicia; las incursiones y operativos policiacos y militares en las comunidades bajo el llamado “combate al narcotráfico”; y todas aquellas medidas que aún presentándose como “legales”, son claramente violatorias de los derechos humanos individuales y colectivos.
Exigimos a los gobiernos federal y estatal:
• Garanticen la seguridad de mujeres y hombres, líderes de organizaciones sociales y miembros de organizaciones civiles de promoción y defensa de los derechos humanos. Para ello, es fundamental que evite cualquier referencia o acusación -que sin fundamentación alguna-, pretenda equiparar a los luchadores y defensores sociales con delincuentes o vincular a las organizaciones civiles con las redes del crimen organizado.
• Revisen en diálogo con los sectores sociales, aquellas disposiciones legales que tipifican nuevos delitos y así evitar que puedan ser utilizados contra los movimientos y organizaciones sociales.
• Manifiesten su voluntad política y capacidad de negociación, priorizando los espacios de diálogo en la resolución de conflictos sociales y en la búsqueda de soluciones a los problemas y rezagos sociales que aquejan a los sectores empobrecidos y excluidos de nuestra sociedad.
La actual coyuntura es motivo para fortalecer los vínculos y la solidaridad entre comunidades y organizaciones de la sociedad civil, tanto nacional como internacional, del tal modo que podamos generar una respuesta articulada capaz de exigir al Estado mexicano su obligación de respetar, proteger y garantizar la realización plena de los derechos humanos individuales y colectivos. “¿Qué podemos hacer ante estas acciones que nos están haciendo? ¿Cómo nos podemos defender? ¿Si nos pasara algo, a quién podemos acudir para compartir nuestras penas?”, decía una mujer entrevistada en Nuevo Tenejapa tras la incursión militar a su comunidad.
Que el miedo y la impunidad no se conviertan en algo normal; que la justicia, la solidaridad entre pueblos y organizaciones, y la realización de los derechos humanos sean motivo de unidad para alcanzar la felicidad y el buen-vivir de todas y todos en Chiapas, en México y el mundo.
Atentamente
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
"Todos los Derechos para Todas y Todos"
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C.
Ayuda en Acción-México
Fundación Empresa y Solidaridad-España
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ)
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada, A.C.
Comisión para la Reconciliación Comunitaria, A.C. (CORECO)
Misión de Guadalupe
ARIC Unión de Uniones Independiente y Democrática
Sociedad Cooperativa Paluch´en S.C.R.L. de C.V.
Federación de Cooperativas de Pequeños Productores
SSS Tojzotzé li maya
Sociedad Cooperativa La Pacaya
Colectivo de Mujeres 8 de Marzo
SSS Una mirada más allá
Educación para la Paz, A.C. (EDUPAZ)
Otros Mundos, A.C.
Melel Xojobal, A.C.
Red por los Derechos de la Infancia en México
Centro de Educación Integral de Base, A.C. (CEIBA)
Mujeres Unidas Siempre en Aprendizaje, A.C. (MUSA)
Asociación para el Desarrollo Sustentable, S.C.R.L. de C.V.
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)
Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C. (CIEPAC)
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.
Foro para el Desarrollo Sustentable Chiapas, A.C.
Instituto Cooperativa Interamericano (ICI)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.
Save the Children-México
Maderas del Pueblo del Sureste, A.C.
Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, A.C.
Equipo Indignación-Yucatán
Consejería en Proyectos
Alianza Cívica Chiapas
Ass Jambo, Comercio Justo-Fidenza, Italia
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER)
Fuente: CDHBCASAS
Difusión: Soberanía Popular
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