Fuente: Amnistía Internacional
Difusión: Soberanía Popular
A un año de haber adoptado a cinco defensores de los derechos indígenas como presos de conciencia, Amnistía Internacional (AI) hace nuevamente un llamamiento por la liberación inmediata e incondicional de Raúl Hernández, único de los cinco acusados originalmente que permanece en prisión.
El 18 de marzo pasado, se retiraron los cargos penales contra Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega y Romualdo Santiago, quienes llevaban casi un año encarcelados en Ayutla, en el Estado de Guerrero.
“Sin pruebas suficientes, la detención de Raúl Hernández nunca debió haber sucedido.” Ha dicho Alberto Herrera, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México. “El juicio en contra de Raúl ha sido injusto y su prolongada detención parece más bien obedecer a motivaciones políticas.”
Raúl Hernández, hasta el momento de su detención, desempeñaba labores de defensa y promoción de derechos humanos a través de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM). Amnistía Internacional cree que el proceso en su contra se ha llevado a cabo en represalia por sus actividades legítimas de promoción y defensa de los derechos de su comunidad, y por denunciar los abusos cometidos por un cacique local y las autoridades.
Como otros casos en el país, incluidos los casos de Magdalena García Durán o más recientemente el caso de Jacinta Francisco Marcial, el caso de Raúl Hernández pone de manifiesto nuevamente la falta de acceso a la justicia de parte de las personas y comunidades indígenas en México.
La próxima semana Amnistía Internacional llevará a cabo una visita a Raúl Hernández acompañada de organizaciones locales defensoras de los derechos humanos, los ex presos de conciencia de la OPIM y las ex presas de conciencia indígenas Magdalena García Durán y Jacinta Francisco Marcial, con el fin de brindar esperanza a Raúl Hernández, quien cumplirá 19 meses de detención injusta el próximo 17 de noviembre.
Información de contexto
Raúl Hernández fue arrestado el 17 de abril de 2008 acusado de asesinar a Alejandro Feliciano García el 1 de enero de este año en la comunidad de El Camalote, Estado de Guerrero. El pasado 20 de octubre, un juez federal concedió un amparo a Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega y Romualdo Santiago, al dictaminar que las pruebas presentadas durante el proceso no los implicaban, por lo que ordenó su liberación.
A Raúl Hernández se le negó el amparo porque dos testigos dijeron que él estaba en el lugar cuando se disparó a la víctima. Sin embargo, después de un minucioso examen del caso, AI considera que las pruebas en su contra fueron fabricadas porque los supuestos testigos no denunciaron el crimen sino hasta días después de los hechos y sólo posterior a que el cacique acusara públicamente a los miembros de OPIM. Se sabe además que el cacique había amenazado y hecho falsas acusaciones contra la OPIM en ocasiones anteriores; que el agente del Ministerio Público que investigó el caso trabajó directamente con el cacique (quien también actuó como traductor oficial); y que las evidencias de que Raúl Hernández no estaba presente en el momento del crimen fueron ignoradas.
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