Caciques, soldados, policías y el narco son la base de la estructura del poder, señala
Fuente: La Jornada de Guerrero
Una sexta parte de los soldados del país están aquí, pues se produce 60% de la amapola, indica
ROBERTO RAMÍREZ BRAVO ( )
“Guerrero es uno de los estados más militarizados en México”, tal es una de las conclusiones a las que llegó la Coordinadora Alemana de Derechos Humanos, tras haber realizado en esta entidad un estudio sobre la situación de estas garantías.
El documento, denominado Violaciones a los derechos humanos en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, fue dado a conocer el viernes por la secretaria ejecutiva de la Coordinadora, Carola Hausotter, quien en estos momentos se encuentra en Oaxaca.
A Guerrero, el documento le dedica 13 páginas para abordar la situación político-social del estado y algunos casos particulares.
En su apartado principal, establece que en la entidad “la estructura del poder aún se caracteriza por la fuerte influencia que ejercen unos pocos caciques de la región, la cual se dice es debida a sus estrechas relaciones con los militares, la policía y con los círculos de gobierno, así como con los narcotraficantes”.
En los años ochenta, cuando el problema del movimiento guerrillero se decía resuelto tras la muerte de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas Barrientos, muchos militares se integraron en los cuerpos policiacos civiles, hasta que en la década del noventa se volvió a utilizar el Ejército para acallar movimientos sociales.
Según Sistema de Comunicación para la Paz (Sipaz) –citado en el informe– en esta entidad se encuentra activa una sexta parte de los soldados del Ejército mexicano que se utilizan para combatir la droga.
Destaca el dato que en este estado se siembra 60 por ciento de la producción nacional de amapola, existen áreas importantes para la siembra de mariguana, y es una importante zona de paso para la cocaína colombiana.
“Desde 2005 –originada en Acapulco– la violencia por drogas plaga a todo el estado”, lo cual ha generado un incremento inusitado de asesinatos, secuestros, tortura y violaciones sexuales, a raíz de los conflictos entre las mafias locales, asienta el documento.
En parte por ello, en los últimos tres años, agrega el informe de la organización, aumentó la presencia militar en la entidad, emparejada con una negativa del gobierno a garantizar los derechos básicos de la población en materia de salud y educación, mientras la criminalidad por causas del narcotráfico sobrepasa a las organizaciones defensoras de derechos humanos y “éstas intentan mantenerse alejadas”.
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