Escrito por JOSÉ LUIS GARCITAPIA
Miércoles, 14 de Octubre de 2009 00:00
CUERNAVACA. En el marco del Foro La ilegalidad del Decreto que liquida a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), diputados del PRD y PRI se pronunciaron a favor de que el Congreso de Morelos se pronuncie contrario a la decisión del presidente Felipe Calderón Hinojosa de desaparecer la paraestatal y enviar a la calle a más casi 50 mil trabajadores del sector eléctrico.
Los diputados Hortensia Figueroa Peralta y Jorge Arizmendi García anunciaron que presentarán al Pleno el punto de acuerdo para exhortar al jefe del Poder Ejecutivo a derogar el decreto de extinción de la LFC y garantizar el respeto a la fuente de empleo y derechos laborales de los trabajadores.
En tanto, la dirigencia estatal del PRD se declaró en estado de alerta ante la decisión presidencial de desaparecer a la paraestatal, y expresó su solidaridad con los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ante la agresión de que son objeto como organización.
“El PRD se muestra solidario y acudiremos a los llamados del Sindicato Mexicano de Electricistas para defender los intereses de sus agremiados, en el entendido que toda acción emprendida desde hoy, será con la finalidad de detener cualquier intento privatizador de Luz y Fuerza del Centro y para defender los derechos laborales de los trabajadores”.
Durante el foro, al que acudieron más de 300 miembros del SME, encabezados por el líder Héctor Salazar Porcayo, también participaron las diputadas Lilia Ibarra Campo, Tania Valentina Rodríguez Ruiz y Jessica Ortega de la Cruz, quienes expresaron su solidaridad con las casi 50 mil familias de electricistas afectados por decisión del Presidente de la República.
Ortega de la Cruz exigió el respeto pleno a los derechos de los trabajadores y que se rectifique la decisión de desaparecer a la empresa, ya que no son los electricistas los responsables del quebranto económico, corrupción e ineficiencia que argumenta el gobierno para extinguir a la compañía. “En Convergencia, estamos convencidos de que los graves problemas económicos, políticos y sociales del país no se resuelven con decretos autoritarios, como el emitido por el presidente Felipe Calderón para extinguir a Luz y Fuerza del Centro y deshacerse del Sindicato Mexicano de Electricistas”, apuntó. Fustigó la forma como se realizó la ilegal ocupación de las instalaciones, la hora y el día escogidos para ejecutar la operación y la amañada aplicación de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; el desempleo de más de 60 mil trabajadores ordenado por “el presidente del empleo” en medio de una crisis que tiene a tres millones de mexicanos sin trabajo”.
Los legisladores morelenses se pronunciaron porque se retire a las corporaciones policíacas de las instalaciones de la compañía, ya que los efectivos deberían garantizar la seguridad de la ciudadanía y no resguardar una compañía que debería tener otro trato, y no seguir tratando a los trabajadores como delincuentes, por lo que no hay la necesidad de cercar con vallas metálicas las instalaciones.
Por otra parte, mencionó que exigirán la instalación de una mesa de diálogo para que pueda buscarse una propuesta alterna, ya que esta medida deja en la indefensión a miles de trabajadores, que son jefes de familia.
Los abogados César de León y Jorge Viveros Reyes, representantes de la Unión de Juristas de México y de la Asociación de Abogados Democráticos de México, presentaron en el Congreso de Morelos sus tesis para sustentar la ilegalidad del decreto presidencial que liquida a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, acompañados por el líder del SME. Calificaron que es “una ofensiva temeraria e ilegal” la decisión de extinguir la compañía, liquidar su operación, tomar por asalto sus instalaciones con la fuerza de la Policía Federal Preventiva y terminar unilateralmente las relaciones colectivas de trabajo con los electricistas del SME. “El Decreto es jurídicamente ilegal al haberse producido sin consulta con los afectados y sin que exista un peritaje que avale la decisión jurídico política (…) porque los organismos descentralizados al tener el carácter de empresas no forman parte de la esfera del Poder Ejecutivo, ya que no son entes de la administración pública centralizada, sino empresas sujetas a la Ley Federal del Trabajo, al derecho privado en sus operaciones mercantiles y al derecho público administrativo para su dirección, careciendo de facultades el presidente para extinguir y liquidar a la empresa y terminar, sin juicio previo, las relaciones colectivas de los trabajadores electricistas”.
“Los artículos 73 fracción X, XI y XXIX-E, y 90 de la Constitución, facultan al Congreso para establecer decretos sobre energía, crear y desaparecer empleos en la federación, así como definir las bases generales de creación de las paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su administración, lo cual está relacionado con los artículos 25, 27, 28 y 93, éste último establece la obligación de los titulares de los organismos descentralizados de rendir cuentas al Congreso, pudiendo éste integrar comisiones para investigar el funcionamiento y estado del organismo, situación ausente en el caso”.
Asimismo, el artículo 25 constitucional concede al Estado la rectoría del desarrollo nacional, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático. No es nada democrático sorprender legalmente y con un uso abusivo de la fuerza del Estado a un sindicato y movimiento de trabajadores que ha sido histórico y simbólico en la defensa de los intereses nacionales.
En tanto, el PRD consideró que el Ejecutivo no tiene facultad para derogar un decreto del Legislativo, por lo tanto no puede extinguir a la paraestatal ya que fue creada por otro poder. Calificó como vergonzoso que la autoridad use como pretexto un problema interno del sindicato, negándoles su toma de nota y a partir de ahí iniciar este golpe al sindicalismo independiente, y que ahora por su acción más de 40 mil trabajadores mexicanos de LFC ingresen a los números del desempleo situación que de por sí ya es bastante grave en nuestro país. Destaca la dirigencia perredista que se acudirá a los “llamados del Sindicato Mexicano de Electricistas para defender los intereses de sus agremiados, en el entendido que toda acción emprendida desde hoy, será con la finalidad de detener cualquier intento privatizador de Luz y Fuerza del Centro y para defender los derechos laborales de los trabajadores”. Se sumó a la propuesta de la dirigencia nacional para solicitar al Congreso de la Unión llame al gobierno a reponer la normalidad e instalar una mesa de negociación entre el gobierno, la empresa y el sindicato con el propósito de que se mejore el servicio, ciertamente, de que se combata a la corrupción, y de que incluso se llame a organizaciones civiles, de usuarios, a que realicen un monitoreo del funcionamiento de la empresa y de las actividades de los trabajadores.
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