Sin los votos suficientes, la propuesta fue turnada a la Comisión de Gobierno
Fuente: La Jornada de Guerrero
La medida es anticonstitucional; lo mismo se puede aplicar a Pemex, critica Convergencia
MARLÉN CASTRO
Chilpancingo, 13 de octubre. Las fracciones parlamentarias del PRI y PAN en el Congreso local rechazaron exhortar al presidente Felipe Calderón anular el decreto de extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro, a retirar a la policía federal de las instalaciones y a que establezca una mesa de diálogo con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
La propuesta fue suscrita por el coordinador de los legisladores de Convergencia, Efraín Ramos Ramírez y el vicecoordinador de los legisladores del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez y el representante del Panal, José Natividad Calixto Díaz.
En tribuna Ramos Ramírez sostuvo “que el decreto presidencial no tiene sustento constitucional válido”, porque la invocación del artículo 89 de la Constitución nacional “no es congruente con el objeto del acto que se pretende fundamentar”.
Consideró que la situación de insuficiencia técnica y económica que alega el mandatario que prevalece en Luz y Fuerza no es de ninguna forma “una situación extraña ni novedosa” sobre todo porque en la misma condición se encuentran todas las empresas y organismos del sector público, como ejemplo más claro, PEMEX.
Acusó que la realidad de esta acción del gobierno federal “está la intención de desbaratar la oposición del SME a que los más de mil kilómetros de fibra óptica con que cuenta la paraestatal sean concesionados por 30 años a una compañía de origen español –la empresa WL Comunicaciones SA de CV– cuyos socios mayoritarios, se afirma, son los ex secretarios de Energía, Fernado Canales Clarión y Ernesto Martens.
Agregó que por lo grave, la denuncia del SME debería merecer una investigación del Congreso de la Unión. En el exhorto, Ramos llamó a los trabajadores del SME “a resistir sin perder la cordura, a negociar en condiciones de mutuo beneficio y poniendo por delante el interés del país”.
Al Congreso de la Unión se le pedía nombrar una comisión especial para investigar desde cuándo y cuánto adeudan al fisco por concepto de impuestos diferidos las empresas y consorcios que se hayan acogido al régimen de consolidación fiscal y que los resultados sean dados a conocer.
Aunque a nivel nacional, el PRI no ha querido fijar una posición, en el Congreso local, los legisladores priístas conjuntamente con los panistas rechazaron aprobar el exhorto como un asunto de urgente y obvia resolución y al no tener los votos suficientes se turnó a la Comisión de Gobierno.
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