Mientras los gobiernos se confrontan, la población sufre

Fuente: CENCOS

Difusión Soberanía Popular

Comunidad Las Pesadas en el desamparo ante conflicto territorial entre Jalisco y Colima

México D.,F., 28 de octubre de 2009 (Cencos).- Habitantes de la comunidad Las Pesadas, ejido de Ayotitlán municipio de García Barragán en los límites entre Jalisco y Colima, denunciaron las múltiples agresiones a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que ha sufrido su población a raíz de un conflicto territorial entre Colima y Jalisco que data de 1920 y que hasta la fecha no ha tenido solución porque los gobiernos de ambas entidades no han logrado establecer los límites de jurisdicción y en consecuencia han cancelado los derechos civiles y políticos de las comunidades limítrofes, negándose a prestar servicios públicos.

Asociado a este conflicto territorial en el que también se encuentran afectados los municipios de Tolimán, Cuautitlán, Tuxcacuesco, Autlán y Casimiro Castillo, los pobladores de esta zona geográfica denuncian que a falta de una gobernabilidad que regule la situación del territorio, las empresas Minera del Norte (antes minera Monterrey), que se encuentra a solo 10 metros de la comunidad Las Pesadas, y la Minera Peña Colorada han incurrido en violaciones a derechos laborales y ambientales, puesto que los trabajadores de las minas laboran en “condiciones de explotación y sin ningún tipo de seguridad social” además de que los residuos minerales han contaminado las aguas del río y han enfermado a los pobladores, narra Esteban Guzmán Pulgarín, secretario general del Frente Regional pro Manantlán del Marabasco A.C. (Fremmar)

Por su parte Jesús Hermenegildo García director de FREMMAR, afirma que los gobiernos de Jalisco y Colima mantienen la disputa por regular el territorio “cuando se trata de beneficiarse con las ganancias económicas que las mineras derraman sobre los estados, pero cuando se trata de atender a las demandas de los pobladores, las instancias estatales se deslindan de la resolución de los conflictos”, enfatizó.

En conferencia de prensa convocada por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria en el marco del Foro Movimientos Sociales en Jalisco, Daños del Progreso y Resistencia Social, los integrantes de esta comunidad denunciaron incursiones de paramilitares a sus territorios “comandados por la empresa Minera Monclova, filial de la Minera Monterrey”, señalan.

En la zona se han dado asesinatos de líderes locales, la desaparición del visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Víctor Hugo Saldaña Valadez en 2004 y en ese mismo año los homicidios de Nazario Aldama Villa integrante del Consejo de Mayores de Ayotitlán (CMA) y Paulino Monroy Cobian, ejidatario, ambos asesinados con arma de fuego, entre otros casos de violaciones a derechos humanos que permanecen impunes ante la ausencia de autoridades que garanticen las condiciones mínimas para una vida digna.

Dado este contexto y asegurando haber agotado las instancias locales y nacionales posibles, los pobladores han solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que intervenga y ayude a asegurar el cumplimiento de los derechos humanos de los habitantes de la región.

Antecedentes

En 1995 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 192/95 Caso Ayotitlán, dirigida a los gobiernos de Jalisco y Colima así como a la Secretaría de la Reforma Agraria, en la que puntualizó que los habitantes de este territorio carecen de servicios básicos fijos, con lo que el Estado incurre en omisión al no garantizar las condiciones mínimas para una vida digna ante la indefinición de los límites territoriales.

A esto se suman tres recomendaciones emitidas por la CEDHJ en 2007 en las que puntualiza que la zona es víctima de “un rezago ancestral en materia de infraestructura básica para su desarrollo, situación que se ha venido agravando por la indefinición de límites territoriales entre ambas entidades. Mientras los gobiernos se confrontan, la población sufre.”

El conflicto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que una reforma constitucional, explican los pobladores, impidió resolver el conflicto. “Es el Senado de la República quien tiene en sus manos la resolución desde hace más de tres años sin haber resuelto”, lamenta Óscar González Gari, de la Red Jalisciense de Derechos Humanos.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos