Difusión Soberanía Popular
México D.F., 23 de octubre de 2009 (Cencos).- El concepto de seguridad pública que rige en México, entendiéndose como tal el mantenimiento del orden por el control sobre el ciudadano mediante las instituciones, es caduco; ya no es posible, en términos de una nación en transición democrática, mantener este modelo en el que se cree que tener seguridad es tener más policías y armamento, el cual crea desconfianza recíproca entre instituciones y ciudadanía.
Ante ello el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) elaboraron el Manual de Seguridad Ciudadana que propone abordar la seguridad como un derecho desde una perspectiva de participación ciudadana y de respeto a los derechos humanos.
La publicación fue presentada ayer por Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Prodh, Ernesto López Portillo, director ejecutivo de Insyde y Laura Díaz de León coordinadora de servicios técnicos a sociedad civil de Insyde.
Disponible en las instalaciones del Centro Prodh y en Insyde, el Manual de Seguridad Ciudadana, detalló Díaz de León, aborda casos paradigmáticos y análisis del discurso de autoridades en cinco temas principales: definiciones básicas, obligaciones del Estado, el sistema de seguridad pública, prevención y policía y violación de derechos humanos en el ámbito de la seguridad.
La seguridad de las personas es un derecho y es responsabilidad del Estado garantizarlo, sin embargo no es con la centralización de la seguridad y la atención a algunos sectores de la sociedad en menoscabo a otros, así como el robustecimiento del aparato punitivo como se alcanzará la plena seguridad ciudadana, coincidieron en señalar Arriaga Valenzuela y López Portillo.
Los medios de comunicación juegan un papel primordial cuando convalidan las acciones y discurso de las autoridades que son violatorias de los derechos humanos, ante lo que el director de Insyde mencionó que debe haber una profesionalización en los medios de comunicación que abarque la responsabilidad social de los medios y el replanteamiento de la lectura democrática de su función.
Ante el discurso bélico del gobierno federal la inseguridad se resuelve como un problema aritmético planteado erróneamente: se piensa que hay una fuerza criminal cuantificable a la que debe oponerse una fuerza superior para erradicarla. Términos como capacidad de fuego a indicadores como la cantidad de armas incautadas, personas detenidas, cantidad de personas que se incorporan a las tareas de seguridad, son expresiones de esta visión cuantitativa. De esta forma se fortalece el modelo de buenos y malos, policías y ladrones, preservando el orden por encima del respeto de los derechos humanos. “Es necesario tomar en serio el fortalecimiento de la ciudadanía, que incluye la clara comprensión de los derechos. Debe darse un reclamo firme a las políticas públicas que restringen derechos antes que confirmarlos”, sostuvo el director del Centro Prodh.
Frente a la lógica mantenida por el gobierno federal sobre seguridad pública, es necesaria una mayor participación de la sociedad, sobre todo en los ámbitos locales, lo que incluye la exigencia de políticas claras de contención de la criminalidad pero también actividades orientadas a restaurar el tejido social.
“La superación del temor no debe venir de estrategias que insistan en el aislamiento y en el empleo de medidas extremas sino del reforzamiento de los vínculos comunitarios y de una amplia promoción de la participación y de la exigencia de derechos individuales y colectivos, es decir, no habrá seguridad si no se promueve decididamente la inclusión de todas las personas”, finalizó Arriaga Valenzuela.
Centro Nacional de Comunicación Social
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