domingo, 13 de septiembre de 2009

ONG extranjeras piden al Estado acatar fallo de Corte Interamericana

Durante el foro Sur-sur/Norte exigen otorgar medidas cautelares a la OPIM

Fuente: La Jornada de Guerrero


Intercambian experiencias y similitudes; demandan la excarcelación de Raúl Hernández

MARLÉN CASTRO ( )

Chilpancingo, 10 de septiembre. Organizaciones sociales comunitarias y defensoras de los derechos humanos provenientes de África, América Latina y Europa en el encuentro denominado Sur-sur/Norte, realizado en Tlapa, Ayutla y Chilpancingo, exigieron al gobierno mexicano cumplir con las medidas cautelares dictada por la Corte Interamericana a favor de los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).

En el encuentro que concluye este sábado –inició desde el pasado 6 de septiembre– participan la Asociación de Presos y Desaparecidos del Sahara (Afarpredesa), Centro Cristiano para Justicia, Paz y Acción no Violenta de Colombia (Justapaz), Acompañamiento psicosocial y atención en salud (Corporación AVRE), Unidad Indígena del Pueblo Awá de Colombia (Unipa), Servicio Paz y Justicia de America Latina de El Salvador (Serpaj), Movimiento Sueco por la Reconciliación (Suecia), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), de Chiapas, Tlachinollan y la OPIM.

Durante estos días del encuentro, los representantes de estas organizaciones han intercambiado experiencias de los movimientos sociales surgidos en sus territorios, confirmando que en cada país, a pesar de tener marcos jurídicos muy diferentes, las formas de represión y los métodos para acallar los movimientos siempre son los mismos.

Las organizaciones internacionales firmaron una declaración pública que incluye demandas locales y de todos los territorios de donde provienen.

En cuanto a las locales, además de exigir cumplimiento a las medidas cautelares para los integrantes de la OPIM, pidieron la excarcelación inmediata de Raúl Hernández Abundio, quien aún permanece preso en Ayutla, acusado del asesinato de un informante del Ejército, hecho que ocurrió el 31 de diciembre de 2007.

Exigen detener el hostigamiento en contra de los integrantes de la OPIM, que se respeten los procesos de organización y resistencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, policía comunitaria; a la radiodifusora indígena La palabra del Agua, asentada en Xochistlahuaca; al ejido de Carrizalillo y al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP); y respeto al trabajo de defensa de los derechos humanos de Tlachinollan.

En cuanto a las demandas más allá de la frontera pidieron respeto a los trabajos de organización y de libre autodeterminación de los pueblos y comunidades de Chiapas.

Pidieron al estado colombiano dejar de criminalizar la lucha de los pueblos indígenas y elimine cualquier estrategia militar que coloque en riesgo a las comunidades en medio del conflicto armado.

Asimismo, que la guerrilla colombiana y el Estado colombiana respeten el territorio y la autonomía del pueblo indígena Awa.

Oscar Ortiz, representante de la Unipa, narró la sobrevivencia de este grupo indígena entre dos fuegos, el del gobierno y el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ya que han sufrido exterminio de uno y otro lado.

Entre otras demandas internacionales pidieron abrir los territorios ocupados del Sahara Occidental a la observación internacional y el cese inmediato de las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por las autoridades de ocupación marroquí contra la población saharaui en resistencia civil pacífica

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