Infiltrados pasaron información de la marcha del lunes: Cirilo Virgen Ramos
Fuente: La Jornada de Jalisco
El Cepad presentó queja ante la CNDH por la represión y detención arbitraria de estudiantes
JUAN CARLOS G. PARTIDA
Infiltrados por orejas del gobierno estatal desde siempre, los estudiantes de la Normal Rural Miguel Hidalgo de Atequiza no cesarán en su exigencia de obtener plazas automáticas para el 50 por ciento de sus egresados que tengan mejor promedio. Saben que si lo que las autoridades dedican a espiarlos fuera invertido en el sistema educativo, podrían obtener los lugares automáticos a los que antes tenían derecho como estudiantes hijos de campesino que son, ante una realidad que en este ciclo 2009-2010 señala que hay un déficit de mentores e infraestructura que afecta a casi 50 mil niños de educación básica.
Miembros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, los normalistas de Atequiza fueron los organizadores de una marcha programada el lunes 31 de agosto y en la que participaron al menos 700 alumnos de normales rurales de Oaxaca, Morelos, Guerrero, Tlaxcala, Estado de México, Michoacán, Aguascalientes, Distrito Federal y Chiapas.
La marcha, cuya organización fue mantenida en secreto durante la convención estudiantil que se realizaba en Atequiza, era conocida de antemano por las autoridades estatales, de acuerdo a las palabras del propio secretario de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, quien estaba al tanto de la convención y ordenó la presencia de policías antimotines estatales que interceptaron a los 12 camiones en que venían a Guadalajara apenas salieron de la escuela y mantuvieron a los estudiantes encerrados en los vehículos por casi cinco horas.
“Tienen orejas dentro de la Normal de Atequiza. A pesar de que el acuerdo fue que no se publicitara la marcha en Guadalajara, en el gobierno ya sabían, ya los estaban esperando con todo un despliegue de antimotines en la carretera. Hay personal administrativo y también alumnos a quienes el gobierno les paga para mantenerlos al tanto de lo que ocurre en lo que creen es un foco guerrillero. En mi tiempo de estudiante corrimos a cuatro alumnos, a quienes se comprobó que eran pagados y se encargaban de pasar información al gobierno del estado; a uno incluso se le comprobó que reportaba a la Décimo Quinta Zona Militar”, dice Cirilo Virgen Ramos, ex normalista de Atequiza quien luego sería de los fundadores en Jalisco el disidente Movimiento de Bases Magisteriales (MBM), filial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), contraria al sindicato magisterial que preside Elba Esther Gordillo.
El despliegue policial ordenado por Guzmán Pérez Peláez para detener a los normalistas en la carretera de Atequiza a Guadalajara, sumó por lo menos una centena de uniformados estatales que arribaron en dos camiones y más de 20 patrullas. Tras la larga detención el grupo estudiantil pudo finalmente llegar a la capital estatal para organizar una marcha ya entrada la tarde del lunes, donde otras decenas de uniformados de la policía estatal resguardaron la marcha.
El oneroso despliegue para conocer los planes de los normalistas y reprimir sus intenciones contrasta con la insuficiencia de docentes y de infraestructura escolar en Jalisco. El secretario de Educación, Miguel Ángel Martínez, reconoció que estas carencias se traducen al inicio del ciclo escolar en que casi 50 mil niños sufrirían la falta de aulas o maestros.
Denuncia ante la CNDH
En este marco de represión a los normalistas de Atequiza, por su parte el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), ONG con sede en Guadalajara, dio a conocer que presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la represión y detención arbitraria de al menos 700 estudiantes, a quienes se les impidió descender de sus vehículos por más de cuatro horas.
El Cepad, en un comunicado, agregó que se exige al gobernador Emilio González Márquez el cese a la política de criminalización de la protesta social, la garantía de mecanismos que fomenten el diálogo y la investigación de los hechos “claramente violatorios a los derechos humanos” de forma pronta, completa e imparcial.
La ONG también reprobó, sumándose a las decenas de voces que ya lo han hecho, la “represión realizada el sábado 29 de agosto de 2009 en contra de manifestantes que sólo exigen mejores condiciones para el desarrollo de la ciudad y reafirmamos que la protesta es un derecho prioritario para exigir la recuperación de los demás derechos, por lo que estaremos vigilantes de la actuación de las autoridades estatales para denunciar cualquier acto de autoridad que restringe, impida o reprima los derechos humanos”.
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