Fuente: Boletín mensual del CNEE zona metropolitana
Hugo Chávez, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, anuncia que se hace del control de los medios de producción creando empresas de producción social y confiscando empresas privadas capitalistas insolventes o ilegales. Sin duda que el gobierno de Chávez orienta su política hacia una economía más socializada y ha colocado a su petrolera estatal como la cuarta en el mundo considerando sus inversiones, ventas, reservas, producción y refinación.
Hoy posee las más altas reservas probadas en el mundo, después de Arabia Saudita. Intelectuales y personas de la burguesía latinoamericana gustan tildarlo de autoritario, golpista, represivo; sin embargo en ningún país latinoamericano el Estado promueve tanto beneficio social como su gobierno.
En el último año, gracias a la entrada en vigor de la nueva ley de contrataciones públicas y la aprobación de una ley que reserva al Estado todos los negocios vinculados a la explotación de hidrocarburos, convirtió a 12,000 empresas contratistas de PDVSA en empresas de producción social. También por decreto o mediante expropiaciones ha ordenado la nacionalización del sector eléctrico, de las telecomunicaciones, de la metalurgia, de la industria del cemento, plantas procesadoras de alimentos y de tierras para la siembra y ganadera.
Una de sus últimas medidas ha sido la compra de la filial Venezolana del Banco Santander, que otorga al Estado el dominio del 25% de las captaciones de la banca nacional.
En Venezuela se vive el reverso de la medalla de lo que han sido las políticas neoliberales encaminadas a dejar en manos privadas la responsabilidad del crecimiento y desarrollo económico con los resultados desastrosos que conocemos. Su pueblo tiene la palabra, pues con su participación ha de permitir que el cambio se consolide.
La Constitución venezolana establece la posibilidad de que el Estado declare la utilidad pública y expropie una propiedad. El proyecto de Ley de Propiedad Social, faculta al Gobierno a "declarar la utilidad pública y el interés social de bienes, materiales e infraestructuras que se determinen susceptibles de ser declarados de propiedad social, para asegurar, mediante la producción socialista, la satisfacción de las necesidades sociales y materiales de la población". El borrador de la ley también establece que el Ejecutivo "podrá decretar la expropiación forzosa, mediante justa indemnización", de los bienes "cuya actividad productiva no se corresponda con los intereses nacionales y el modelo socioproductivo".
Colaboración Francisco Sagal integrante del CNEE
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