Fuente: La Jornada de Zacatecas
Redacción
Gustavo Robreño Díaz*
La Habana. Quizás como ningún otro país centroamericano, Honduras ha padecido a lo largo de su historia la permanente ingerencia imperialista en sus asuntos internos.
De cara al golpe de Estado que el pasado 28 de junio interrumpió el proceso constitucional en ese país centroamericano, el silencio y ambigüedad de Estados Unidos se traduce en complicidad, sobre todo con los ejecutores directos de la asonada, es decir, los militares.
Y no se trata sólo de que, desde el “asalto” a la Casa Blanca por la anterior administración republicana, el rasgo distintivo en las relaciones de Washington con América Latina haya sido la preponderancia del Pentágono por sobre el Departamento de Estado.
En el caso de Honduras, la alineación de la oligarquía nacional y los militares con los intereses de Estados Unidos data de los albores de ese país como nación independiente.
Presente en la memoria está aún cuando, a partir del triunfo sandinista de 1979, Honduras fue utilizada por Estados Unidos como base logística para la “guerra sucia” contra Nicaragua y el resto del movimiento guerrillero en Centroamérica.
Como remanente de aquella presencia, hoy con el pretexto del combate al narcotráfico, Estados Unidos mantiene allí de forma permanente la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, que “coordina operaciones militares y de acción cívica con las Fuerzas Armadas de Honduras”.
Dicha unidad, compuesta por unos 650 efectivos que rotan periódicamente y decenas de helicópteros, se ubica en la Base Aérea de Palmerola, Departamento de Comayagua, 75 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
La Base de Palmerola fue concebida para ser la sede del componente aéreo que participó en el ejercicio conjunto Pino Grande II, en agosto de 1983. Luego, ese año sirvió como Estado Mayor a las fuerzas conjuntas que participaron en el ejercicio Granadero I.
Con un costo de 19 millones de dólares, dicha instalación se erigió adjunta a la Escuela de Aviación Roberto Barahona, donde para esa fecha asesores norteamericanos ya entrenaban a los futuros aviadores de la Fuerza Aérea de Honduras.
Lo primero que se hizo fue ampliar la vieja pista de aterrizaje, al dotarla con capacidad para recibir los más modernos aviones de carga y de combate, en el inventario de la Fuerza Aérea norteamericana.
Así, Palmerola se integró al conjunto de 13 aeródromos militares con que contaban las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Honduras, a fin de garantizar el traslado de sus efectivos en los más breves plazos hacia el teatro de operaciones centroamericano. Eso asignaba a Honduras el triste privilegio de ser la nación latinoamericana de mayor densidad de aeropuertos militares por kilómetro cuadrado de superficie.
A partir de mediados de 1983 comenzaron a cumplirse desde allí misiones directamente sobre territorio salvadoreño, a fin de dotar al Ejército de ese país con información sobre la ubicación de los campamentos y principales actividades de la guerrilla.
Esa misión era cumplida desde Palmerola por medios del tipo OV-1 Mohawks sobre la frontera con Nicaragua, pero para entregar a la “Contra” nicaragüense información sobre las operaciones del Ejército Popular Sandinista.
Nuevamente Honduras
Hoy sectores sociales hondureños, incluido el depuesto presidente Manuel Zelaya, consideran que Palmerola pudiera ser convertido en un aeródromo civil y así sustituir al aeropuerto internacional de Toncontín, que tiene capacidad limitada para aviones de gran porte.
Sin embargo, cuando ya es un hecho consumado el cierre de la base de Manta, en Ecuador, Estados Unidos busca alternativas para mantener su presencia militar en América Latina y nuevamente Honduras acapara la atención del Pentágono.
Desde mediados del pasado año la Unión Americana ha explorado con las autoridades hondureñas la posibilidad de aumentar su presencia en las instalaciones militares y el resto de esa nación centroamericana.
De acuerdo con trascendidos de la prensa hondureña, Estados Unidos mostró interés en crear “infraestructuras para operaciones antinarcóticos” en las zonas de La Mosquitia y La Ceiba, ambas en Honduras.
En febrero de este año, el entonces jefe del Comando Meridional (Sur) de Estados Unidos, almirante James Stavridis, anunció al diario hondureño La Tribuna que su país tenía la intención de instalar una “base antidrogas” en el caribe hondureño.
Alegando que constituía “el principal corredor marítimo de la droga procedente de Colombia con destino a Estados Unidos”, Stavridis precisó que el lugar escogido en La Mosquitia era Puerto Lempira, en el Departamento de Gracias a Dios.
El ahora jefe del Comando de Europa agregó que Estados Unidos proporcionaría para las operaciones de la base cuatro embarcaciones con capacidad para alcanzar 90 kilómetros por hora y dotadas de modernos radares y sistemas de comunicaciones.
El entonces ministro de Defensa hondureño, Arístides Mejías, reconoció que esa posibilidad comenzó a ser analizada “en reuniones con funcionarios norteamericanos en Washington”, pero eso dependía de la aprobación del hoy depuesto presidente Manuel Zelaya.
Por cierto, en las aludidas “reuniones” participó también el entonces y ahora jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas hondureñas, Romeo Vázquez Velázquez, autor material y ejecutor directo del golpe de Estado contra el presidente Zelaya.
Con sarcástico lenguaje se dijo que no se trataría necesariamente de una “base clásica” con instalaciones permanentes, sino “para cuando fuese necesario”. La idea propuesta era que los buques de la Marina de Guerra y el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos emplearan esas instalaciones para no tener que navegar hasta territorio norteamericano al término de cada misión. (PL)
* Periodista, historiador y colaborador de Prensa Latina
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