Misión de juristas recorrerá Chiapas, Chihuahua, Guerrero y el Distrito Federal
Fuente: La Jornada de Guerrero
Revisarán actuación del Tribunal de Justicia por sospechas de parcialidad hacia el Ejecutivo
La intención es que el Legislativo haga cambios en la ley para acotar poder del gobernador
MARLEN CASTRO
CHILPANCINGO, 17 DE JULIO. La Comisión Internacional de Juristas (ICJ, en inglés), con sede en Ginebra, Suiza, y la Fundación para el Debido Proceso Legal, llevarán a cabo en los próximos meses una misión de alto nivel en el estado para analizar si el Poder Judicial local actúa con independencia, informó el comisionado latinoamericano, José Zeitune, en una conferencia de prensa en esta ciudad.
A la par, la Comisión Internacional de Juristas, integrada por sesenta especialistas del mismo número de países, recabará información en Guerrero, Chiapas, Chihuahua y Distrito Federal, sobre violaciones a los derechos humanos por parte de militares, que concluirán en una serie de recomendaciones al gobierno mexicano al respecto.
Sobre el caso de Rosendo Radilla, dado que la ICJ, a solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hizo el peritaje respectivo, Zeitune criticó que el gobierno mexicano solo hable de una reparación del daño de tipo económico a los familiares, cuándo ésta sólo “es una parte ínfima” del derecho que los asiste.
Poder Judicial, sin independencia
Zeitune explicó que para el estudio de la independencia del Poder Judicial analizarán algunos casos concretos, para conocer cómo se han llevado a cabo los procesos penales.
Señaló que están por concluir este mismo estudio en Oaxaca, en donde han encontrado elementos para afirmar que la administración de justicia en esa entidad no se imparte con imparcialidad e independencia del Poder Ejecutivo, y que de acuerdo con datos preeliminares que se han podido allegar, encuentran que “el Poder Judicial de Oaxaca y el de Guerrero son muy similares”.
Indicó que en Oaxaca hay leyes que permiten al gobernador tener un control férreo sobre los jueces y magistrados, lo que impide que haya independencia en su actuación, y que por la misma percepción analizarán el caso guerrerense.
Adelantó que a finales de año tendrán listas sus conclusiones y recomendaciones, las que se traducirán en planteamientos específicos a las instituciones que intervienen en la administración de justicia.
Indicó que la intención de la ICJ es plantearle al Poder Legislativo una agenda de reformas a leyes u ordenamientos que impedirían contar con un Poder Judicial independiente.
Por lo anterior, señalaron que al final de su estudio tienen planeado reunirse con los tres poderes de gobierno, para hacer recomendaciones al respecto.
Por otro lado, al igual que organismos intencionales de derechos humanos, la ICJ insistió en que la justicia militar no es el foro adecuado para atender las violaciones a derechos humanos cometidas contra civiles por parte de militares, porque no es un tribunal imparcial.
Por lo anterior, señaló que a la par de su estudio sobre el Poder Judicial, reunirán información sobre violaciones recientes a los derechos humanos por militares, para hacer una serie de recomendaciones al gobierno mexicano sobre el particular.
Finalmente, el comisionado latinoamericano de este organismo internacional aseguró que en los casos de desaparición forzada, como el de Rosendo Radilla, los familiares, tienen derecho a la verdad, a la reparación del daño y a la justicia; señalaron que lo que pretende hacer el gobierno mexicano, indemnizando a la familia, sólo es una parte de sus obligaciones.
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