Fuente: La Jornada de Zacatecas
Redacción
María Julia Mayoral*
LA HABANA La consumación del golpe de Estado en Honduras documenta ante los ojos del mundo los límites de la democracia representativa, su funcionalidad a la lógica del capital.
El sólo intento de procurar una evolución pacífica y legal del andamiaje democrático bastó para que políticos conservadores, jerarcas empresariales y jefes militares se confabularan con el objetivo de secuestrar los derechos legítimos del puebAlo.
La asonada militar ocurrió justo el día en que millones de hondureños iban a pronunciarse mediante encuesta de opinión sobre la futura convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que aprobara una nueva Constitución Política.
Aunque los medios nacionales de prensa hicieron todo lo posible por silenciar los acontecimientos, en breves horas miles de ciudadanos salieron a las calles para exigir la restitución del orden constitucional y del presidente, Manuel Zelaya, depuesto por la fuerza.
Mientras las protestas iban en ascenso, el mandatario de facto, Roberto Micheletti, decía en conferencia de prensa que había llegado al cargo mediante sustitución constitucional, en un acto legal, “nombrado por el Congreso en representación del pueblo hondureño”.
Sin proponérselo el político daba coordenadas exactas para entender qué tipo de democracia están defendiendo con el golpe de Estado: un sistema incapaz de dar cabida a la intervención y la participación directa del pueblo en el gobierno de la sociedad.
Decisiones prácticas y pronunciamientos de los golpistas llevan un mensaje común; tratan de decir a los hondureños: confórmense con la apariencia de ser representados, con la ficción de la representación.
De cara a esa realidad, el Frente Nacional creado contra el golpismo está reiterando que la solución a la crisis política de ninguna manera podría ignorar el reclamo de instalar la Asamblea Constituyente.
A pocas horas de la asonada militar, el Congreso unicameral en esa nación centroamericana intentó presentar ante la comunidad internacional el golpe de Estado como “una sucesión constitucional”.
El órgano legislativo argumentaba que el presidente Zelaya había quebrantado el imperio de la ley al incumplir mandatos del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.
Con esos términos se referían al supuesto delito del gobernante: impulsar una amplia consulta popular sobre el orden constitucional vigente.
Sin embargo, mediante el Decreto ejecutivo PCM-05-2009, el Consejo de Ministros respondía a las peticiones formuladas por 400 mil hondureños.
El gobierno sustentó en el documento su responsabilidad de “contribuir al fortalecimiento y consolidación de la democracia”, y de “promover soluciones que garanticen la gobernabilidad democrática, con amplia participación ciudadana”.
De tal manera consideró la consulta como una vía para ejercer la democracia directa, pues se trataba de conocer si la sociedad hondureña quería o desaprobaba la convocatoria a una Constituyente capaz de dictar y aprobar una nueva Ley de leyes.
Congreso, Ministerio Público, juzgados de lo Contencioso Administrativo, Procuraduría General de la República “se unieron para impedir el proceso de participación popular. Los complotados inicialmente imputaron la decisión del Ejecutivo, entre otras cosas, porque el decreto usó la palabra “consulta” y según la Carta Magna los mecanismos de consulta son el plebiscito y el referendo.
Ante la advertencia de los leguleyos, el gobierno publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto PCM-020-2009, en el que ordenó la realización de la encuesta bajo el proyecto denominado Encuesta de Opinión Pública Convocatoria Asamblea Nacional Constituyente; es decir, la palabra consulta se sustituyó por encuesta.
Independientemente de uno u otro término, la decisión del Ejecutivo tenía sustento en la Ley de Participación Ciudadana, era una petición nacida del pueblo, y la cual nunca tuvo carácter vinculante.
La encuesta debía diagnosticar solamente si los ciudadanos estaban de acuerdo o desaprobaban la instalación de una urna adicional (cuarta urna) en las elecciones generales de noviembre próximo, mediante la cual se votaría a favor o en contra de la Constituyente y la futura Carta Magna.
Se le llamó cuarta urna, pues en los sufragios generales en Honduras habitualmente funcionan tres: una para elegir a la presidencia, una segunda destinada a los diputados y la tercera para la elección de los alcaldes.
Cuando apenas faltaban cinco días para la encuesta, el Congreso aprobó a la carrera otro impedimento: una ley que instrumentó la celebración de referendos y plebiscitos, como únicas vías legales para hacer consultas, según argumentaron.
Ambas figuras estaban contempladas en la Constitución, pero carecían de legislación complementaria para poderse realizar.
El mandatario explicó entonces que el texto aprobado por los diputados impedía emplear el plebiscito y el referendo para consultarle al pueblo sobre presupuesto del Estado, cuestiones fiscales, adopción de tratados internacionales, asuntos en materia social, económica y ordenamiento territorial del país. Entonces, “¿Para qué sirven?”, cuestionó Zelaya.
Sus adversarios desde un inicio dijeron que la encuesta y la cuarta urna sólo tenían un objetivo: las ansias del dignatario de continuar en el poder, pues con una modificación del texto constitucional podía establecerse la reelección presidencial.
Públicamente Zelaya desmintió las acusaciones; pero suponiendo que fueran ciertas, su mandato terminaría en enero de 2010, y la posibilidad de convocar a una Constituyente estaría en manos del nuevo Congreso fruto de las elecciones a fines de este año y de la venidera presidencia de la República también resultante de esos sufragios.
El 28 de junio de 2009 iba a realizarse la polémica encuesta, pero casi a las puertas de su ejecución, el 25 de junio, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez, se sumó al proceso de sedición al negarse a repartir el material electoral.
Por las mismas razones, Zelaya aceptó la renuncia del Ministro de Defensa, Edmundo Orellana.
El mandatario calificó el hecho como “golpe de Estado técnico” y llamó al pueblo el 26 de junio a acompañarlo a la base Hernán Acosta Mejía de la Fuerza Aérea para sacar de ahí el material electoral decomisado por magistrados del Tribunal Supremo Electoral y fiscales del Ministerio Público.
En conferencia de prensa ofrecida esa misma noche, Zelaya declaró conjurado el golpe, aunque reconoció que “la amenaza está latente”. Sin embargo, a las 5:00, hora local, del 28 se consumaba el zarpazo. A los ojos de la canciller, Patria Rodas, los hechos se resumían así: “En un solo día, hemos visto el intento de revivir el muerto de los regímenes militares y de los gobiernos de facto”.
Pertenezco, dijo, a una generación que creció en la fe de la recuperación de la democracia representativa tras décadas de dictadura, y ahora “que queremos dar un salto de evolución hacia la democracia participativa”, tratan de impedirlo con un golpe de Estado.
Las declaraciones de Rodas, tras su arribo a México luego de ser liberada por los golpistas, daban cuenta del verdadero dilema.
Promulgada en 1982, La Carta Magna de Honduras no incluye ningún mecanismo para revisarla y crear una nueva.
Los constituyentes de la época, temiendo el retroceso a las dictaduras, establecieron un conjunto de artículos denominados “pétreos” y una advertencia encaminada a considerar como delito cualquier intento de reformarla.
La ley primigenia carece de procedimientos para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente; por ello, el Ejecutivo apeló al mecanismo de la encuesta para darle voz al pueblo.
El resultado positivo de la consulta serviría de fundamento para que el Ejecutivo remitiera, al Congreso Nacional, un proyecto de ley especial para colocar la cuarta urna en las elecciones generales de noviembre próximo.
Convencidos de que el Sí ganaría en la votación secreta y directa a fines de este año, los complotados decidieron cercenar de raíz la apertura democrática y dieron el Golpe.
En estos momentos los artículos pétreos o inamovibles de la Constitución resultan funcionales a los grupos oligárquicos, pues aseguran el mantenimiento de una democracia representativa, donde “el soberano” (el pueblo) ve restringidos sus derechos, en un sistema concebido para perpetuar desigualdades y exclusión social.
Mucho se comenta sobre el probable contenido de una nueva Carta Magna hondureña; pero según Zelaya su objetivo era únicamente abrirle “camino a la participación ciudadana, al ejercicio de la democracia participativa”.
El contenido de la futura Constitución lo pondría el pueblo, una posibilidad que tratan de ahogar a toda costa los golpistas, según denuncian las organizaciones sociales aglutinadas en el Frente.
*Periodista de la Redacción Centroamérica de Prensa Latina
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