Fuente: Amnistía Internacional
Las protestas se han ido incrementando en Honduras con reportes sobre manifestantes golpeados. Una manifestante de 19 años de edad, Isis Obed Murillo, murió de heridas de bala el domingo.
Amnistía Internacional llama a las autoridades hondureñas a asegurar inmediatamente que el ejercicio militar y policiaco sea contenido durante las protestas. La organización ha dicho que sólo deben usar armas de fuego como el último recurso y cuando es estrictamente inevitable para proteger la vida.
“Los militares y la policía deben respetar los derechos humanos y asegurar que cualquier uso de la fuerza será proporcional, durante las operaciones para reforzar la ley y que debe de ser de acuerdo con los estándares de las Naciones Unidas,” explicó Kerrie Howard de Amnistía Internacional. “Se le debe permitir a la gente protestar pacíficamente sin miedo a ser lastimados o a ser injustamente encarcelados.”
En un reporte, seis manifestantes fueron arrestados y liberados condicionalmente bajo cargos de rebelión en El Progreso. Amnistía Internacional dijo que la organización cree que eran manifestantes pacíficos y que los cargos en su contra solamente están destinados para castigarlos por sus protestas.
Reportes recientes sugieren que los periodistas encargados de cubrir las protestas han sido intimidados. Amnistía Internacional también ha recibido reportes de ataques en estaciones de radio locales y nacionales.
Una granada fue encontrada en el edificio de Radio América y al menos 15 detonaciones fueron disparadas en una estación de radio local, lo que subsecuentemente provocó su clausura. Algunas emisoras de radiodifusión han tenido que cerrar, aparentemente, por miedo a su seguridad.
Amnistía Internacional ha llamado a las autoridades a investigar estos ataques y a asegurar que las emisoras de radio y periodistas podrán operar abiertamente y de forma segura sin miedo a represalias.
“La forzada destitución del Presidente Zelaya ha dejado a los derechos humanos y al Estado de Derecho en un grave peligro,” aseguró Kerri Howard. “Amnistía Internacional pide porque el Presidente hondureño Manuel Zelaya, pueda regresar a Honduras inmediatamente, sin condiciones y de manera segura.”
“Amnistía Internacional también cree que el reciente decreto presidencial, formalizando el Estado de Emergencia, que incluye un toque de queda y la suspensión de algunas de las garantías individuales y libertades, puede, si es aplicado sin razón alguna, abrir la puerta a futuras violaciones de derechos humanos.”
De acuerdo a la Opinión Consultiva de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos, sin importar sus circunstancias especiales, el estado de Honduras permanece bajo la obligación estricta de proteger el derecho a la vida, la integridad física, a no ser sujetos de tortura o maltrato, y a reforzar las garantías judiciales esenciales para la protección de dichos derechos, en particular el derecho de habeas corpus.
El Presidente Manuel Zelaya fue detenido el 28 de junio por los militares hondureños y fue forzado al exilio. Las autoridades han rechazado el permiso del Presidente Zelaya para regresar a Honduras y se le negó la entrada a su avión en el aeropuerto de Tegucigalpa el 5 de julio.
Ha habido disturbios generalizados en el país desde el golpe, con frecuentes enfrentamientos entre los militares y los manifestantes civiles. La asamblea regional de naciones, la Organización de Estados Americanos, ha expulsado a Honduras como consecuencia del golpe y la negativa de quienes están en el poder para comprometerse en iniciativas políticas para buscar una solución a la crisis.
El desplazamiento forzado del Presidente Zelaya y su expulsión del país ha provocado una condena generalizada internacional de los líderes mundiales, y han sido testigos del retiro de los representantes diplomáticos de la Unión Europea de Tegucigalpa, la capital.
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