Gobierno colimense habría redoblado su política de segregación a comunidad nahua

Cortan energía eléctrica y fortalecen cerco policial en el poblado Las Pesadas

Fuente: La Jornada de Jalisco

El acoso se incrementó a raíz de que los indígenas se negaron a votar en Minatitlán, Colima

JUAN CARLOS G. PARTIDA

La Red Jalisciense de Derechos Humanos denunció que la tensión en la zona en litigio territorial entre Colima y Jalisco que abarca territorio nahua aumentó de manera considerable a partir de la jornada electoral del 5 de julio, en particular contra familias indígenas que viven en el poblado Las Pesadas, anexo al ejido de Ayotitlán.

Tras negarse a votar en Minatitlán, Colima, los nahuas de Las Pesadas han sufrido un constante acoso que inició con el corte del suministro eléctrico y se cerró aún más el cerco policial que se mantiene desde comienzos del año pasado, lo que ratificó una política de segregación a la que no existe respuesta del gobierno jalisciense.

Recuerda la Red que la semana pasada se cumplieron tres años del atroz asesinato del alcalde de Cuautitlán, Jalisco, Raúl Delgado Benavides (2004-06), que continúa en la impunidad.

Las Pesadas se ubica en la denominada zona B del conflicto territorial Colima-Jalisco, entrampado en un limbo inmemorial del que no hay quien lo saque mientras crecen los crímenes, los despojos y la contaminación minera. La geografía electoral incluye a Las Pesadas en el distrito 18 con cabecera en Autlán, en las casillas instaladas en Plan de Méndez y Telcruz, a las que acudieron los nahuas convencidos de ser jaliscienses.

“El cacicazgo de Colima decidió –a manera de represalia– cortar el suministro de electricidad y cerrar aún más el cerco policiaco que mantiene desde enero de 2008 sobre el emblemático poblado. Al carecer también de suministro de agua potable, de maestro en la única escuela bilingüe de Jalisco, y de los más elementales servicios públicos, la situación es desesperada para los habitantes, pero sobre todo para los niños, las mujeres y los ancianos”, denunció este grupo ciudadano que vela por los derechos humanos y que se ha mantenido como la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara, desde hace muchos años en busca de contribuir para que se imparta en la nación nahua una justicia que no llega.

Reiteró que en esta zona se configura “una política de apartheid” contra los habitantes de la Sierra de Manantlán, que califica de crimen de lesa humanidad

“El 30 de mayo el Comisariado de Ayotitlán no pudo reunirse con los nahuas de Las Pesadas, que lo esperaban para darle cumplimiento a la ejecutoria del Amparo 151/97 concedido a favor del poblado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del tercer Circuito, para darle fin al conflicto por la posesión de 40 hectáreas del poblado, iniciado en mayo de 1995 con Elidio Monroy Nieves, indígena emigrado a Minatitlán y utilizado por la familia caciquil de los Figueroa Soto para atacar a sus hermanos de raza, que se consideran jaliscienses y dueños originarios de esas tierras, que forman parte desde 1963 de la dotación ejidal de Ayotitlán”, denuncia la Red.

También se recuerda el tercer aniversario de la muerte impune todavía de Raúl Delgado B. (1934-2006), alcalde de Cuautitlán contrario a los intereses económicos que controlan la región, junto con su chofer (15 de julio 2006). La averiguación previa continúa abierta y sin resolver bajo el expediente 746/2006 en la Agencia del Ministerio Público de La Huerta.

“Pese a haber declinado en febrero de 2006 su competencia en las zonas en conflicto con Colima, la Comisión Estatal de Derechos Humanos entregó el 24 de enero de 2008 un informe al Congreso local, en que reconoce la necesidad de ‘una amplia investigación para determinar si hay elementos que acrediten crímenes de lesa humanidad contra los nahuas de Ayotitlán y la cuenca del Marabasco’ (pág. 18), pero nada efectivo han realizado ni ella ni la CNDH para avanzar en dicho propósito”, sentencia la Red.