El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, Maurilio Santiago Reyes, desmintió al secretario de Protección Ciudadana, Javier Rueda Velásquez, al manifestar que "no se han cumplido las medidas cautelares" que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la seguridad física de 61 habitantes de Santo Domingo Ixcatlán. Al contrario, dijo, ya solicitaron que la seguridad la asuma el gobierno federal porque no confían en las instituciones policíacas del gobierno del estado porque son los que han protegido a esos grupos de paramilitares.
Recordó que el pasado 19 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encomendó al Estado mexicano concediera medidas cautelares a 61 familiares y testigos del triple crimen que supuestamente cometió un grupo paramilitar al servicio del ex presidente municipal de Santo Domingo Ixcatlán, Fredy Morales Arias. Sin embargo, esta es la fecha que no se han cumplido, ya que los elementos de la agencia estatal de investigaciones de Oaxaca que fueron comisionados para brindarles seguridad a los 61 indígenas mixtecos, fueron expulsados hace 15 días por el grupo paramilitar.
Ya solicitaron ante la CIDH una ampliación de las medidas cautelares para otras 100 personas porque las amenazas se han incrementado. Además, los inconformes están dispuestos a llevar este caso a la Corte Interamericana para la Defensa de los Derechos Humanos para que haya "más eficacia y presión para el Estado mexicano", puntualizó Santiago Reyes.
María de la Luz Martínez García, hija de Melesio Martínez Robles, quien fue descuartizado, y pareja de Gustavo Castañeda Martínez, quien fue quemado vivo dentro de su vehículo, reiteró que en la comunidad hay temor porque no solo no se han respetado las medidas cautelares a 61 personas sino que las amenazas de que los van a matar se han incrementado. Su temor se incremento porque no hay seguridad, ya que la policía preventiva es gente de Fredy Morales Arias, quien los habilitó como uniformados y por eso lo protegen y lo siguen protegiendo. Entonces, reiteraron, "por eso no queremos a esa policía que fue encomendada para brindar las medidas cautelares a los disidentes del priísta Fredy Morales Arias".
Antes, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas solicitó ante el congreso local la desaparición de poderes en Santo Domingo Ixcatlan por la ingobernabilidad y vació de poder que existe en esa comunidad mixteca donde prevalece la zozobra y el miedo por los hechos de violencia que se vivieron el pasado 30 de abril y que dejó tres muertos. Cabe mencionar que el grupo de paramilitares al servicio del ex presidente municipal Fredy Morales Arias, ordenó la ejecución de tres disidentes del PRI, uno fue calcinado, otro desollado y el tercero balaceado.
Según consta en el expediente penal 130 /2008 del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlaxiaco, el 30 de abril, el ex presidente municipal, a las 20:00 horas, en la calle Paseo Santo Domingo en el centro de la población de Ixcatlán, conjuntamente con el síndico municipal, Artemio Jiménez Martines y 50 personas entre funcionarios y policías municipales, asesinaron a Melesio Martínez Robles, quien fue desollado; Gustavo Castañeda Martínez, quemado vivo; e Inocencio Medina Bernabé, ejecutado a balazos.
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