¡No! a la privatización de Pemex

Durante 71 días, el Senado de la República organizó varios Foros de Debate sobre la Reforma Energética, consistente en 6 iniciativas de modificaciones y adiciones a la legislación petrolera secundaria. Una amplia mayoría de ponentes invitados al Debate Oficial se manifestaron en contra de tal reforma. En el Debate Popular en marcha el consenso casi unánime de la población participante se ha expresado en contra de la privatización de la energía y el agua. Todas las iniciativas del gobierno federal deben ser desechadas. Este 27 de julio llevaremos a cabo una Consulta Popular. Los mexicanos (as) diremos ¡No! a la privatización de Pemex y de todos los recursos naturales.

Iniciativas inconstitucionales

Las iniciativas en cuestión se refieren a las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Orgánica de Pemex, Ley de la Comisión Reguladora de Energía, Ley (nueva) de la Comisión del Petróleo, Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, y Ley Federal de Derechos relativa al régimen fiscal de Pemex.

Del análisis de las iniciativas propuestas por el gobierno federal se concluye que TODAS contravienen a la Constitución política vigente. Esta indica, en el párrafo 6º. del artículo 27 constitucional, que en materia de hidrocarburos, NO se otorgarán concesiones ni contratos a los particulares. Las iniciativas señalan que SÍ se entregarán contratos, de todo tipo, en todas las fases del proceso de trabajo, incluyendo la exploración y producción de petróleo crudo, tanto en la plataforma terrestre como en la marina, especialmente, en las aguas profundas del Golfo de México.

Lo anterior implica cambiar el régimen de propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex) al cederse a las corporaciones transnacionales las FUNCIONES CONSTITUCIONSALES en áreas estratégicas que corresponde realizar al Estado de manera exclusiva, según se indica en el párrafo 4º. de los artículos 28 y 25 constitucionales.

Organos reguladores ilegales

El mecanismo para concretar la privatización serían dos entidades llamadas “reguladoras”, encargadas de otorgar permisos privados al capital extranjero. Uno de estos órganos sería la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y, el otro, la Comisión (Reguladora) del Petróleo (CRP). La primera, ha otorgado a la fecha 744 permisos privados de generación eléctrica que representan el 47% de la capacidad de generación total a nivel nacional, así como 200 permisos privados para la distribución, transporte y almacenamiento de gas natural, distribución de gas LP y transporte del mismo por medio de ductos.

Ahora, se pretende que la CRE otorgue permisos para la refinación del petróleo, el transporte, distribución y almacenamiento de productos petrolíferos y petroquímicos, así como de agrocombustibles por medio de ductos. Por su parte, la CRP se encargaría de otorgar permisos privados para laexploración y producción de petróleo crudo y gas natural asociado. De esta manera, TODO el proceso de trabajo petrolero sería privatizable.

Privatización inconveniente para la nación

Pemex es la empresa más rentable del mundo y la principal fuente de ingresos del Estado mexicano. En estos momentos, 46 centavos de cada peso son aportados por la paraestatal. Se trata de cuantiosos recursos, que significan más del 100% de los rendimientos obtenidos por Pemex, entregados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de impuestos, derechos y aprovechamientos. Por esa razón, Pemex opera con pérdidas netas, obteniendo del gobierno federal presupuestos exiguos para su operación y mantenimiento, sin posibilidades de realizar inversiones propias, lo que ha llevado a la paraestatal a endeudarse en exceso.

En 2007, Pemex obtuvo 1 billón 235 mil millones de pesos por concepto de ventas totales. El rendimiento antes de impuestos, derechos y aprovechamientos (IDA) fue de 660 mil 152 millones de pesos. Por concepto de IDA, Pemex entregó a la SHCP 676 mil 278 millones de pesos. El rendimiento neto fue un déficit de 16 mil 127 millones de pesos.

La reforma energética del gobierno no corrige esa situación, al contrario. Actualmente, existe un Derecho Ordinario Sobre Hidrocarburos (DOSH) que correspondía al inicio de 2007 a una tasa del 78.8% sobre el valor anual de los hidrocarburos extraídos, tasa que será reducida en 2008 al 74% para llegar en 2012 al 71.5%. Eso afecta considerablemente a la operación de Pemex y debiera corregirse porque se le sustraen fiscalmente enormes recursos.

La iniciativa de la Ley Federal de Derechos que se propone, adiciona un Derecho Especial Sobre Hidrocarburos (DESH), con una tasa del 71.5% cuando el precio del barril de crudo de exportación sea superior a 90 dólares por barril. Esa propuesta desalentaría las inversiones propias, por administración directa, de Pemex. En cambio, alentaría a los inversionistas privados extranjeros que podrían ser exentados del 100% de impuestos por las inversiones realizadas

De acuerdo a las propuestas de reforma, Pemex entregaría a las transnacionales las funciones y la correspondiente renta petrolera, de manera que, el Estado estaría reduciendo gradualmente a su principal fuente de financiamiento para atender las necesidades de educación, salud y demás servicios públicos de la población.

Política petrolera oficial nociva para la nación

El gobierno federal, a través de una costosa campaña mediática, insiste en la reforma de Pemex para mantener altas plataformas de producción y exportación de petróleo crudo. Se argumenta que las reservas probadas han caído apreciablemente y que hace falta restituirlas. En efecto, la producción de crudo depende en más del 80% del complejo Cantarell mismo que, debido a irracional explotación, está en declive desde 2004. Sin embargo, el gobierno federal omite que oficialmente se ha dilapidado el petróleo mexicano, sin restituir las reservas.

La gestión de Fox dilapidó el 52% de las reservas que había al inició de ese sexenio, sin reponerlas. La mayor parte de la producción de crudo (54%) se destina a la exportación, principalmente, Estados Unidos que recibe el 85% de los abastecimientos mexicanos.

Esta política, seguida durante décadas, ha llevado a que miles de pozos (p.e. Chicontepec) hayan sido, literalmente, “quebrados” en el afán de producir aceleradamente para la exportación. Ahora, se pretende aumentar el ritmo de producción para seguir enviando el crudo al exterior.

Entre tanto, siendo México productor de petróleo crudo, al mismo tiempo es importador de gasolinas y gas natural, entre otros productos. Lejos de corregir la situación, se pretende avanzar hacia las aguas profundas del Golfo de México, cuando ni siquiera se han explorado las aguas someras. El propósito es permitir al entrada de las transnacionales, las cuales, si encontraran hidrocarburos se apropiarían de los mismos como ocurre en otras partes del mundo.

¿Comprar o desarrollar tecnología?

El gobierno federal argumenta sin demostrar nada que Pemex carece de tecnología para la exploración y producción de petróleo a grandes profundidades y, como única opción, propone celebrar contratos con las corporaciones. Estas han venido perforando a diversas profundidades, mismas que no llegan a los 2 mil metros, nadie ha llegado a los 3 mil que sugiere el gobierno federal. Pero, ninguna posee la tecnología de explotación (producción) a esos niveles de profundidad. ¿A quién se le compraría?

El gobierno también ha insistido con la idea de “sacar” un “tesoro” que se encuentra en el fondo del mar. Más allá del impacto televisivo, el argumento es falso porque no son lo mismo “reservas” que “recursos” de hidrocarburos. Las reservas, en sus diversas categorías (probadas, probables y posibles), están identificadas mientras que, los recursos se refieren a petróleo (y gas) NO descubiertos. Entonces, NO se tiene certeza de tales recursos. El gobierno federal ha declarado que existen enormes cantidades de petróleo pero, mientras no se explore, perfore y compruebe, tales estimaciones están por el momento en el nivel de “tesoros” hipotéticos o especulativos.

Por lo demás, no es necesario perforar en las aguas profundas cuando el territorio nacional se ha explorado limitadamente, tanto en tierra como en el mar. Lo que hace falta es impulsar el desarrollo científico y tecnológico propio en materia de energía para estar en capacidad de aprovechar los recursos nacionales. Pero, el gobierno ha procedido a la inversa, reduciendo la investigación al mínimo y suprimiendo la ingeniería. Eso ha llevado a un sensible deterioro del Instituto Mexicano del Petróleo y del propio Pemex que ha preferido signar supuestos convenios de colaboración técnico-científica con las transnacionales en detrimento de la nación.

La corrupción corroe a Pemex

La industria petrolera de los mexicanos ha sido sujeta a una sostenida y creciente corrupción, tanto administrativa como sindical. Los informes de resultados de la paraestatal son fragmentarios e incompletos. Se presume que existen contabilidades paralelas. Los resultados operativos y financieros de Pemex Internacional, y más de 40 filiales de las cuales es accionista Pemex, no se conocen.

Los desvíos de recursos a las cúpulas del sindicato Petrolero (STPRM) son motivo de alarma pública. Primero fue el PemexGate I que significó 1,400 millones otorgados al STPRM para apoyar la fallida elección presidencial del candidato del PRI. Luego, en 2004, el PemexGate II representó 7,500 millones de pesos entregados al sindicato, sin que se sepa su destino.

El sindicato participa también de contratos de mantenimiento otorgados directamente. Eso ha contribuido al fortalecimiento del corporativismo sindical, conocido como charrismo, el cual se ha convertido en una superestructura de poder utilizada para reprimir violentamente a los trabajadores, al tiempo que el sindicato apoya los planes privatizadores oficiales.

En estos momentos, hay 32 mil demandas ante los tribunales laborales por despidos injustificados de trabajadores. Con base en el proyecto SUMA, diseñado en Houston y aplicado por los gobiernos en turno de Fox y Calderón, se propusieron las medidas ahora expresadas en el paquete de 6 iniciativas de reforma a las leyes secundarias. De acuerdo a ese proyecto, se alteraría la estructura administrativa y operativa de Pemex que, entre otras cuestiones, contempla el despido de 32 mil petroleros más.

NO es necesaria ninguna reforma energética

La reforma energética que propone el gobierno federal NO es necesaria porque lejos de fortalecer a Pemex significaría su destrucción total.

Las iniciativas de reforma energética del gobierno no son propias sino del Banco Mundial que, en sucesivos “Documentos de Estrategia para México”, confidenciales y únicamente para uso oficial, han dictado a los sucesivos gobiernos la privatización de todas las fuentes de energía. Eso mismo se propone, literalmente, en las iniciativas. Lo anterior incluye “considerar que la CFE venda (sic) toda (sic) su capacidad de generación (sic)”. Si a la fecha, la CFE está ya privatizada en el 47%, la propuesta implica desnacionalizarla por completo, incluso a un nivel peor del existente antes de 1960, cuando la industria eléctrica fue nacionalizada.

También se propone “Reforzar (sic) a la Comisión Reguladora de Energía”, exactamente lo mismo que se propone con las actuales iniciativas.

Este proceso iniciado en 1992 con las reformas inconstitucionales a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), ahora se extienden a la industria petrolera. Ya en 1995, fue reformada inconstitucionalmente la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (LRRP). Ahora, las iniciativas proponen volver a reformarla para “redefinir” burocráticamente a la industria petrolera, fragmentando a Pemex, para que todas las funciones dejen de ser “estratégicas” y pueda participar el sector privado por la vía de concesiones y contratos en TODO el proceso de trabajo con los hidrocarburos, incluyendo la producción de petróleo crudo.

Se trata de un proceso de Expropiación Energética Extranjera que implica el cambio en el régimen de propiedad, hecho violatorio del párrafo 4º. del artículo 27 constitucional.

El conjunto de propuestas oficiales está enmarcado en los planes de geopolítica energética del imperialismo que consisten en asegurarse suministros seguros de petróleo crudo. Dentro de esa estrategia, se incluye apoderarse de los recursos del Medio Oriente, del posiblemente existente en el fondo de los polos terrestres, y el que se encuentre en el fondo de los mares como el Golfo de México.

Las iniciativas de Calderón son parte de esos planes. Permitirlas implicaría ceder soberanía.

Necesaria acción popular

El dominio directo de los hidrocarburos corresponde a la nación. Así lo indica el pacto político de la misma expresado en la Constitución vigente. Esto quiere decir que, los recursos naturales e infraestructura física son de la nación, no del Estado y menos del gobierno. Por tanto, las decisiones al respecto deben ser tomadas por el conjunto de la nación viviente.

Es por ello que, en ejercicio de su soberanía, el pueblo mexicano tiene derecho a expresarse y ser parte activa de la toma de las decisiones políticas fundamentales de la nación. Este 27 de julio, todos los mexicanos (as) concientes participaremos de la Consulta Popular, misma que se llevará a cabo en los lugares públicos, tanto del Distrito Federal como de otros Estados.

Existen un conjunto de medidas y propuestas que el FTE ha llevado a varios lugares del país, como parte del Debate Popular contra la reforma energética, mismo que aún no concluye. Proponemos medidas inmediatas como 1-la cancelación de todos las concesiones, contratos y permisos privados otorgados inconstitucionalmente a las transnacionales, 2- Desaparecer a la Comisión Reguladora de Energía por ser lesiva al interés nacional, 3- Desarrollar una política energética independiente basada en la suspensión de las exportaciones de crudo y su procesamiento interno, 4- Desarrollar la tecnología energética necesaria a través del Instituto Mexicano de la Energía, 5- Diseñar y construir 5 “refinerías energéticas” que produzcan, al mismo tiempo, gasolinas y electricidad.

Pemex no debe seguir como hasta ahora, en manos de sus enemigos y en contra de la nación. Es necesario avanzar en un proceso que culmine con la Re-nacionalización energética.

En este momento, debemos impedir la reforma energética neoliberal. Las iniciativas del gobierno federal deben ser DESECHADAS. Los partidos políticos no tienen facultades para decidir sobre el patrimonio colectivo de los mexicanos (as).

Digamos ¡NO! a la privatización de Pemex y de los recursos naturales de la nación

Frente de Trabajadores de la Energía, de México