Derecho del pueblo a la soberanía

La propiedad de las tierras y aguas es, en su origen, propiedad de la Nación, o sea del pueblo mexicano, dijo el ex ministro Juventino Castro al participar en el Debate sobre la Reforma Energética que organiza el Senado. La Constitución es un pacto político, no es solo “la ley de leyes” sino el Estatuto que otorga e impone identidad soberana al pueblo de México. Dijo que el Ejecutivo federal había seguido una “vía impertinente” para contradecir a la Constitución, que las iniciativas son inconstitucionales y que debe realizarse una Consulta Popular sobre tales propuestas.

La propiedad es de la nación

El 20 de mayo, Juventino Castro, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asistió al Debate sobre la Reforma Energética que organiza el Senado. De entrada señaló que “La Constitución Política de nuestro país no sólo es, como se suele decir, la ley de leyes, sino que es el Estatuto que otorga e impone identidad soberana al pueblo mexicano”.

Enseguida se refirió de derecho de propiedad indicando que “La tesis mexicana es clara y terminante: la propiedad no es un derecho natural que desde su origen perteneciera al ser humano por el simple hecho de tener esta calidad; según nuestro Pacto la propiedad de las tierras y aguas es, en su origen, propiedad de la Nación, o sea del pueblo mexicano y existen propiedades –según nuestros mandatos constitucionales-, que no pueden en forma alguna ser transmitidas a los particulares, porque son la base y el sustento de nuestra identidad, nuestra estabilidad y el progreso de la Nación”.

Así es, en materia de energía y agua, lo indicado por el artículo 27 constitucional es algo vigente y suficientemente claro. La propiedad de la nación implica un derecho colectivo. No obstante que la nación está dividida en clases sociales, los recursos energéticos e hídricos pertenecen al conjunto del pueblo mexicano cuya mayoría viviente somos los trabajadores y demás sectores populares.

Expresó el ex ministro que la Constitución dispone “el dominio directo –intransmisible-de los recursos naturales existentes dentro de las llamadas áreas estratégicas, las cuales siempre deben corresponder a la Nación”. Ratificó que, en la Constitución, el petróleo y, en general, los hidrocarburos se consideran como “áreas estratégicas”, según lo indica el artículo 28, párrafo 4º.

Recordó, asimismo, que el artículo 25 señala que las actividades estratégicas serán realizadas por el Estado de manera exclusiva. El ex ministro leyó a los legisladores lo dispuesto pro la Constitución y les dijo que “no son simples suposiciones o lucubraciones”. Los legisladores ni se inmutaron.

Defensa de la soberanía

El ex ministro dijo que “Desde el momento mismo en que se decretó –en defensa de la soberanía nacional-, la caducidad de todas las concesiones y se expropiaron las instalaciones petroleras privadas, por la rebeldía de tales empresas en reconocer nuestra soberanía como Nación, se requirió un ajuste de nuestro texto constitucional respecto a la nacionalización llevada a cabo en el manejo industrial del petróleo”. También explicó que “igualmente se pudo observar el primer signo de que los monopolios internacionales habían resuelto recuperar –a cualquier costo-, sus posiciones de privilegio. O sea, empezaron sus empeños y sus estrategias para lograr la reprivatización de la industria petrolera, y de la organización que se creó precisamente para manejar el petróleo mexicano: PEMEX”.

Pero no lo lograron, expresó. “Tampoco lograron –como sí lo obtuvieron con otras áreas prioritarias- que se les entregara PEMEX, para transformarla en una empresa privada. Lo intentaron –pero no lo plantearon formalmente- para reformar a la Constitución y conseguir sus insistentes propósitos. La indignación del pueblo se opuso al cambio constitucional”.

Sin embargo, “Ahora se vuelve a intentar nuevo cambio de estrategia con fines privatizantes, pues previamente han logrado (desde dentro y desde fuera de PEMEX) deteriorar, empobrecer, abrumar de impuestos y apartar las utilidades, desalentar y finalmente desacreditar a PEMEX (verdaderamente dinamitarla) para lograr que se pondere por una parte sustancial del pueblo la necesidad de un cambio de la normatividad legal secundaria, y con ello convencer que deviene fatalmente necesario e indispensable la parcial intervención del sector privado –que por supuesto incluye al extranjero- por ser el que tiene acceso libre y eficaz al capital y el servicio técnico-profesional de la industria petrolera”.

Señaló Juventino Castro que todo esto se pretende hacer mediante la “legalidad ordinaria no en la constitucionalidad reglamentaria”.

Inconstitucionalidad en materia eléctrica

El ex ministro se refirió a la situación de privatización furtiva en la industria eléctrica nacionalizada. El mismo conoció de la impugnación judicial y votó en contra de los permisos privados, juzgados como inconstitucionales por la propia Corte.

Dijo que “La Suprema Corte de Justicia conoció de los planteamientos y los consideró procedimientos abusivos e inconstitucionales, pero sin profundizar en la esencia del problema eléctrico o de su similar: el del petrolero”.

¿Porqué ocurrió así? Según Juventino Castro, “al resolverse (en abril de 2002) la Controversia Constitucional 22/2001, promovida por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y por la Cámara de Senadores contra la invasión del titular del Ejecutivo Federal a la competencia exclusiva del H. Congreso de la Unión expidiendo un decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Suprema Corte resolvió que ese Decreto Presidencial reformatorio era inconstitucional por pertenecer la facultad de hacerlo al Legislativo y no al Ejecutivo”.

Prosiguió diciendo que “En aquel caso se reclamaron dos clases distintas de inconstitucionalidades: la del Ejecutivo al reglamentar indebidamente lo que compete en exclusiva al Legislativo; y la más grave, consistente en ordenar que una área estratégica permitiera un manejo con la invasora intervención del sector privado”.

Entonces, aseveró Castro, “Se resolvió –ante todo- la existencia de la primera inconstitucionalidad, con lo cual ya no hubo oportunidad de que la Corte examinara la segunda, que hubiera permitido, desde entonces, dejar establecido un criterio que ahora sería aprovechable”.

Efectivamente, el dictamen de la Corte de 2002 fue importante pero limitado. En su momento, el dictamen evidenció la inconstitucionalidad de los permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). En esa ocasión, el FTE había documentado y publicado innumerables irregularidades. Esa vez, la CRE había otorgado 300 permisos, el dictamen de la Corte no le dijo nada y, a la fecha, ya se han otorgado 744 anticonstitucionales permisos privados de generación de energía eléctrica lo que significa la privatización del 47% de la industria eléctrica nacionalizada.

Juventino dijo que, por no haberse resuelto el fondo del asunto, los privatizadores “ahora afirman que hay que “transformar” a PEMEX para obtener el “soporte” de las empresas internacionales especializadas, y en esa forma superar el rezago tecnológico de PEMEX, y legislar para que se permita acceder a las enormes riquezas de las aguas profundas del Golfo de México; pretexto que se consideró lo suficientemente impresionante como para concitar la simpatía y el apoyo popular”.

Vía impertinente para contradecir a la Constitución

El ex ministro Castro hizo varias observaciones en su intervención, entre otras, consideró “destacable en el proyecto modificatorio de las iniciativas, que el cambio no se haya propuesto mediante un intento de modificación directa de la Constitución Política” y agregó que tratar de reconstruir a la Constitución “y precisamente intentarlo en forma contraria al espíritu profundo de lo que hasta la fecha hemos cumplimentado, pondría en peligro la paz social del país”.

Aclaró que la Constitución “no puede modificarse de la manera ordinaria en que se lleva a cabo las leyes ordinarias, (generales, orgánicas o reglamentarias), en las cuales para su puesta en vigor basta que se vote en el Congreso por una simple mayoría”.

Abundó cuestionando que “La vía ordinaria seleccionada para introducir un giro en el manejo del petróleo mexicano, bajo la simple aprobación mayoritaria del Congreso Federal, a mayoría de votos y sin consulta con los Congresos de los Estados, o sea sin necesidad de requerir la intervención del Poder Reformador de la Constitución, ¿es la vía legalmente válida para llevar a cabo tales propósitos? ¿Sería una ley totalmente constitucional?”

Y concluyó esta parte de manera contundente: “Respetuosamente creo que el Ejecutivo ha elegido una vía impertinente para resolver y contradecir a la Constitución”.

Reforma inconstitucional y tramposa

El ex ministro prosiguió expresando que “Cualquier reforma (y en mi concepto ésta lo es) que pretenda que un área estratégica fundamental admita la intervención –directa o indirecta-, de particulares, debe ser clasificada como inconstitucional”.

El señalamiento no quedó allí, Juventino dijo que “Si llegara a ser decretada una modificación en tal sentido, la evaluación final podría quizás llegar a quedar en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; pero ello no me impide concluir que creo que la iniciativa claramente “trampea” a la Constitución y así lo expreso con toda responsabilidad”.

Insistió que, en su opinión, “reformas deben ser tomadas como inconstitucionales, porque de aprobarse tal y como se propone se estaría autorizando y legitimando que PEMEX maneje a la industria petrolera nacional no en forma directa y exclusiva –como siempre debe ocurrir con todas las áreas estratégicas-, sino involucrando en tal manejo al sector privado”.

Consulta popular ANTES

El ex ministro se refirió a lo dispuesto por el artículo 26 constitucional sobre la planeación del desarrollo nacional. Dijo que, de acuerdo al párrafo 2º. de dicho artículo, “la planeación debe ser democrática, interviniendo en tal planeación los diversos sectores sociales, y que recogerá “las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo”.

El ex ministro Castro dijo que “las actuales iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal al Senado, forzosamente requieren consulta a la soberanía popular, la cual es la titular de las riquezas del subsuelo, para que esa soberanía exprese su parecer respecto de las iniciativas del Ejecutivo Federal”

Ahora bien, la consulta popular “ordenada constitucionalmente por el tercer párrafo de su artículo 26, debe hacerse forzosamente con la intervención del pueblo antes de discutirse parlamentariamente la ley; o –en su caso- después de que se aprueben por las Cámaras las modificaciones a las leyes ordinarias que regulen el manejo nacional de nuestra industria petrolera, cuya validez ya he puesto en duda”.

Dijo el ex ministro que “Si la consulta se llevara a cabo después de ser votadas las leyes, ello constituiría un verdadero referendo -que constitucionalmente es inexistente, y por tanto inapropiado-, y no una consulta popular que se practica antes de votar las leyes, dando así al pueblo la posibilidad real de opinar si es deseo de su soberanía el que se dicten ciertas normas para el manejo del petróleo, o bien que se desechen las iniciativas”.

Concluyó señalando que “la aprobación final de las iniciativas –previa a cualquier análisis de ellas en forma concreta- debe ser puesta a la consideración del pueblo soberano, mediante un procedimiento de consulta popular constitucionalmente ordenada y que actualmente en forma inexplicable no está regulada, pues jamás se ha normado la obligación constitucional de realizar consultas populares en cuestiones fundamentales para el desarrollo del país”.

Respecto a sus observaciones, Juventino Castro les dijo finalmente a los legisladores “¡Ojalá les resulten de algún provecho!” Fue muy amable el ex ministro pero los legisladores no ven ni oyen, sus propuestas son totalmente contrarias, la consulta popular la descartan prefieren la imposición.

¡La Consulta Popular se hará!

El FTE ha señalado que la consulta popular debe hacerse y la haremos. La consideración del ex ministro Juventino Castro al respecto es correcta y pertinente, máxime que el Programa Nacional de Desarrollo del gobierno de Calderón NO consideró ninguna reforma petrolera. Las iniciativas de modificación a la legislación petrolera secundaria, presentadas ante el Senado, son posteriores.

Ahora bien, gobierno, el clero político, los partidos privatizadores y algunos articulistas a sueldo han señalado una feroz oposición a la propuesta de consulta formulada por Marcelo Ebrad, durante su participación en los Foros del Senado, para el 27 de julio en el Distrito Federal. El PAN, Mouriño y Norberto Rivera han puesto el grito en el cielo. A esos usurpadores de la democracia les parece que el pueblo solo debe obedecer y soportar sumisamente los agravios del gobierno.

En el presente caso, se trata de un evidente despojo del patrimonio de la nación. No es solamente un asunto de planeación sino la alteración unilateral del Pacto político de la nación. La privatización de las funciones constitucionales de Pemex pone en riesgo, precisamente, el dominio de la nación sobre sus recursos naturales.

El ex ministro Juventino Castro que conoció de la situación eléctrica no abundó acerca del petróleo pero, en este caso, la situación podría ser peor porque, según las iniciativas de Calderón, el otorgamiento de permisos privados quedaría a cargo de la CRE y una nueva comisión privatizadora, la Comisión (Reguladora) del Petróleo.

Como hemos señalado oportunamente, TODAS las iniciativas “impertinentes” que contravienen a la Constitución DEBEN ser DESECHADAS por inconstitucionales. El ex ministro demostró en su comparecencia tal inconstitucionalidad.

Debemos utilizar todos los medios para rechazar’ la privatización de Pemex. Una forma es mediante la Consulta Popular, misma que debemos organizar desde abajo para hacerla realidad. En NINGUN caso debe ponerse en manos del Instituto del Fraude Electoral (IFE) pues sería una invitación a un nuevo desasosiego. La Consulta Popular necesita de la mayor organización social posible, no solo para realizarla sino para hacerla valer, intensificando la movilización en todo el territorio nacional y allende las fronteras, los migrantes también son mexicanos (as).

Frente de Trabajadores de la Energía, de México