Comunicado del Gobierno Legítimo de México

Lamentable que la Corte actúe por consigna e ignore los reclamos legítimos de miles de trabajadores

México, Distrito Federal
Viernes 20 de junio de 2008

* La resolución en contra de los intereses de la burocracia nacional responde a un razonamiento económico y político

La decisión de la Suprema Corte de Justicia que niega la protección Constitucional a los miles de trabajadores a su solicitud de amparo, está sustentada en un razonamiento esencialmente económico y político, más que en un razonamiento constitucional, afirmaron las secretarias del Trabajo y de Salud, Bertha Elena Luján y Asa Cristina Laurell.

Explicaron que e l carácter retroactivo de la Ley resulta evidente, como lo sostuvo el Presidente de dicho Tribunal, al pretender aplicar normas a trabajadores que habían regulado su condición laboral en premisas distintas.

Esta decisión –señalaron— da continuidad a una visión de la seguridad social que contraviene los principios solidarios que le dieron origen.

“Resulta lamentable que los Ministros de la Corte hayan ignorado el reclamo de la gran mayoría de los trabajadores del Estado del país que, en un esfuerzo sin precedentes, confiaron en hacer preservar la preeminencia de las normas constitucionales sobre los legisladores y que, evidentemente, actuaron por consigna respondiendo a un modelo privatizador y depredador de los derechos sociales”, puntualizaron.

Hicieron énfasis en que “no debemos olvidar que desde un principio hubo una total resistencia de escuchar a los ciudadanos y los directamente involucrados. En unos cuantos días se aprobó una ley con disposiciones contradictorias, oscuras e incongruentes, como lo han reconocido la mayoría de los propios Ministros”.

Luján y Laurell afirmaron que “se legisló en contra de la opinión mayoritaria sobre un tema que ni siquiera había estado presente en los programas de los partidos políticos que votaron a favor. Es un antecedente premonitorio de la reforma privatizadora del petróleo”.

Es necesario recordar –coincidieron— que los perdedores de esta “reforma” son los trabajadores del Estado y los ganadores de siempre, los grandes grupos financieros y, durante tres años, los dirigentes espurios de los maestros y los trabajadores de la salud como representantes de los trabajadores en Pensionissste.

Los trabajadores del Estado en sus movilizaciones han dado un ejemplo al país; han creado redes de información y solidaridad nunca vistas. La negativa que hoy les asesta la Corte no deberá acallar su justo reclamo por un esquema de solidaridad pensionaria justo y que preserve el carácter público de los servicios médicos, subrayaron.

Poco a poco se han ido demostrando los engaños que envolvieron desde hace más de un año la promulgación de esta Ley aún más limitada que la del IMSS que inició su vigencia hace 10 años atrás, agregaron.

Al manifestar que la discusión sobre el modelo de seguridad social debe continuar en las asambleas, centros de trabajo y grupos de trabajo que la han hecho suya, establecieron que se trata de un pilar fundamental que protege sobre todo a los trabajadores más necesitados.

“No podemos resignarnos a que sean las aseguradoras privadas los grandes beneficiarios a costa de pensiones empobrecidas, no podemos admitir que los recursos de los servicios médicos y de otros renglones complementarios sean motivo de especulación comercial lesionando a los trabajadores”, aclararon.

Una vez más la Suprema Corte de Justicia no tuvo la capacidad para responder a un reto histórico que le hubiera dado legitimidad, demostrando que más allá de los chantajes de los defensores de la Ley que amenazaran con el caos si eran admitidos los amparos, debían prevalecer las garantías sociales de nuestra carta magna, insistieron.

Las secretarias del Trabajo y de Salud mencionaron: No debemos olvidar la responsabilidad de los autores de esta Ley pero más allá del legítimo reclamo por esta agresión a los trabajadores del Estado, debemos trabajar constructivamente para cambiar el rumbo privatizador que nos pretenden imponer.

También hicieron un exhorto “a todos los trabajadores a resistir a las presiones para que firmen su adhesión al Bono de Pensión que es un engaño y una estafa. Es una mentira que tendrán una pensión mayor y, en cambio, enriquecerán a los grupos financieros y a las aseguradoras privadas. Para ellos es un negocio casi tan grande como el del petróleo”.