Al gobierno de Torreblanca no le interesan los derechos humanos: Sipaz

Chilpancingo, 19 de junio. Marina Pagés, coordinadora de la o­nG Servicio Internacional de Paz (Sipaz), denunció que el gobierno del estado, que encabeza Zeferino Torreblanca Galindo, no tiene disposición para mejorar su política en materia de derechos humanos, mucho menos para dejar de criminalizar la lucha social.

Pagés consideró que los políticos de la entidad están ocupados en las elecciones internas y la constitucional y por eso no atienden las denuncias de violaciones a los derechos humanos que expusieron en marzo, en una reunión con el ex secretario de Gobierno Armando Chavarría Barrera.

Dijo que se plantearon de nuevo algunos temas del boletín que se presentó en marzo, "en particular los de Ayutla y La Parota. La expresión que voy a rescatar de esta reunión es: la cuestión no es la represión, la cuestión es la pobreza; el problema es de carácter económico y de marginación".

Consideró que "parece que hablamos idiomas distintos; los encontramos duros (al gobierno)", dijo la coordinadora de la o­nG.

Puso de ejemplo el caso de los cinco indígenas de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM), que están encarcelados injustamente en el penal de Ayutla –en la Costa Chica–, sin que el gobierno estatal acepte colaborar para su liberación.

En entrevista después de reunirse con el secretario de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos, Pagés hizo un balance del trabajo hecho de marzo a la fecha en los recorridos que Sipaz hizo en varios municipios de la entidad, principalmente en La Montaña, Acapulco y la Costa Chica; "sigue de manera reiterada un señalamiento de represión frontal del gobierno estatal; hay una espada de Democles arriba de los grupos organizados, a través de órdenes de aprehensión, o bien, arrestando a sus dirigentes, que salen bajo caución y tienen que presentarse a firmar cada mes".

Además de los detenidos de la OPIM "hay otras 10 órdenes de aprehensión, una de ellas contra su dirigente, Cuauhtémoc Ramírez"; otro caso es el de Xochistlahuaca, en la Costa Chica, en donde 11 miembros del Consejo de Radio Ñomdaa y autoridades tradicionales fueron demandados penalmente y ya se ejecutaron tres órdenes de aprehensión.

"También nos preocupa lo que sucede con la Policía Comunitaria, dependiente del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), quienes tienen más de 30 órdenes de aprehensión por ejercer sus derechos normativos; y qué decir de los dirigentes del Consejo Regional para el Desarrollo de los Pueblos Me'phaa de la variante lingüística Bathaa, con 17 órdenes de aprehensión, cuatro ya ejecutadas, sólo por demandar maestros para sus hijos", detalló la activista.

Dijo que se le plantearon estos casos al secretario Guillermo Ramírez, así como el de las comunidades que se oponen a la construcción de la presa La Parota, "es obvio que hablamos idiomas distintos porque no hicieron énfasis a los derechos humanos", reiteró.

"Los encontramos un poco duros en sus señalamientos, en general, y en términos generales no se ve que este gobierno tenga como preocupación central los derechos humanos, están más preocupados por las elecciones que vienen, que por otra cosa, incluso llamó la atención que no hay posibilidad de impulsar alguna recomendación a alguna instancia, apenas están elaborando un diagnóstico en esta materia", concluyó

Fuente: Kaos en la Red.