domingo, 23 de febrero de 2014
viernes, 21 de febrero de 2014
Periodista bajacaliforniano presenta queja ante la CNDH por agravio a sus derechos
MÉXICO, D.F., (apro).- Por una nota que publicó en el año 2000, el periodista bajacaliforniano Said Betanzos fue citado por un juzgado del Poder Judicial de la Federación para que declare como testigo en un caso de narcotráfico.
Este viernes el reportero presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Baja California por agravio a sus derechos fundamentales.
Gabriela Navarro Peraza, coordinadora regional del organismo que preside Raúl Plascencia Villanueva, señaló que la queja será turnada a la Comisión para Agravio a Periodistas, que acompañará a Betanzos cuando se presente ante el juzgado.
Señaló que por ser el Poder Judicial quien solicita su participación, la CNDH no tiene la capacidad de ordenar, pero sí de acompañar y asesorar al reportero durante el proceso.
Betanzos, en tanto, se abstendrá de declarar para no arriesgar su integridad física al encararse con los implicados en el caso.
El pasado martes 18, el capítulo Baja California de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) precisó que el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Tijuana envió citatorios a medios de comunicación de esa frontera para que se presenten como testigos de acusados en procesos penales por delitos federales.
Incluso solicitaron a los medios de comunicación que les entreguen información confidencial sobre la dirección de los reporteros que redactaron notas sobre decomisos de droga y la detención de los presuntos responsables.
Se trata de un claro hostigamiento de los jueces federales al permitir a los abogados de los acusados que citen a quienes reproducen una información a la sociedad con el único fin de informar, consideró Fundalex.
Comunidado de LA COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA
AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
AL ALTO COMISIONADO PARA DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.
A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
A LA RED TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS.
A LA RED CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA SOLIDARIDAD.
A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO.
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA.
1.- El pasado 8 de febrero del presente año un grupo de comuneros de Santa María Ostula, coordinado con los grupos de autodefensa de los municipios de Coalcomán, Chinicuila y de la cabecera municipal de Aquila, tomó el control de la tenencia de Ostula en contra de los grupos del crimen organizado que desde finales de 2011 asolaban la región a pesar de la fuerte presencia de destacamentos de la Marina Armada de México a lo largo de toda la Costa Michoacana.
2.- El día 10 de febrero un pelotón del Ejército Mexicano desarmó a la Policía Comunitaria de Ostula y a los grupos de autodefensa que la respaldaban, ante lo cual la población de la tenencia de Ostula obligó a que el general a cargo de dicho pelotón militar devolviera las armas, pues, desarmar a nuestra policía comunitaria y a los grupos de autodefensa significaría permitir su cruel asesinato.
3.- El día 13 de febrero, con la presencia de más de 1200 comuneros, la Asamblea General de Santa María Ostula y sus 23 encargaturas, máxima instancia de decisión comunal, resolvió REORGANIZAR SU POLICÍA COMUNITARIA y nombró comandante general al comunero Semeí Verdía; asimismo la asamblea acordó trasladarse a la Encargatura de Xayakalan ante la presencia en el lugar, coincidentemente desde el día 8 de febrero, de grupos de policías federales ministeriales e integrantes del ministerio público, que de manera totalmente ilegal han ido a amenazar a los comuneros que viven en Xayakalan con desalojarlos, sin identificarse, ni presentar orden o mandato alguno, perturbando la posesión que nuestra comunidad tiene en dicho lugar.
Para mayor conocimiento del asunto queremos recordar que las tierras correspondientes a la Encargatura de Xayakalan, aun cuando se localizan dentro de nuestros títulos primordiales del siglo XVIII y dentro de nuestra Resolución Presidencial, se encuentran en conflicto con pequeños propietarios de La Placita, algunos de ellos cabezas del crimen organizado en la región, y actualmente existe un juicio agrario en trámite, así como el compromiso con el Ejecutivo Federal de encontrar una solución concertada a dicho conflicto, razón por la que la presencia amenazadora e ilegal de policías federales ministeriales en Xayakalan, supuestamente enviados al estado para combatir al crimen organizado, pareciera ser la continuación de las graves condiciones de guerra no declarada que vive Ostula desde que precisamente resolvió hacer el resguardo de las tierras de Xayakalan, el pasado 29 de junio de 2009.
En atención a lo expuesto, pedimos a la sociedad civil nacional e internacional, así como a los organismos internacionales, a estar atentos a lo que pase en la región y a no permitir un nuevo asesinato, un nuevo secuestro, un nuevo despojo en contra de nuestra comunidad y en contra de las comunidades indígenas del país.
A los gobiernos federal y del estado exigimos:
1. El CESE INMEDIATO de los ilegales operativos por parte de policías federales ministeriales y agentes del ministerio público que tienen como fin el DESALOJO de las tierras de XAYAKALAN, correspondientes a la propiedad y posesión comunal ancestral de nuestra comunidad.
2. La INMEDIATA y URGENTE solución a nuestra problemática territorial en el paraje de Xayakalan por parte de los gobiernos del estado y federal para que se garantice en forma definitiva la tenencia jurídica de dichas tierras a favor de Ostula.
3.Presentación con vida de los comuneros FRANCISCO DE ASÍS MANUEL, presidente de bienes comunales, JAVIER MARTÍNEZ ROBLES, GERARDO VERA ORCINO, ENRIQUE DOMÍNGUEZ MACÍAS y MARTÍN SANTOS LUNA; esclarecimiento del asesinato de los comuneros PEDRO LEYVA DOMINGUEZ, DIEGO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, J. TRINIDAD DE LA CRUZ CRISOSTOMO, CRISÓFORO SÁNCHEZ REYES Y TEODULO SANTOS GIRÓN y el castigo a los autores intelectuales y materiales de su muerte; e investigación de los 32 asesinatos y desapariciones de comuneros pertenecientes la comunidad de Ostula a lo largo de los últimos tres años.
4. El otorgamiento de garantías para el funcionamiento de la policía comunitaria en el territorio nahua de la Costa michoacana.
¡Respeto a la totalidad de nuestras tierras comunales!
¡Respeto a nuestra policía comunitaria!
¡Castigo a los culpables del asesinato de nuestros comuneros en la lucha por la tierra y las libertades de la comunidad!
¡Presentación con vida del compañero Francisco de Asís Manuel, presidente de bienes comunales de Santa María Ostula y de los comuneros Javier Martínez Robles, Gerardo Vera Orcino, Enrique Domínguez Macías y Martín Santos Luna!
SANTA MARÍA OSTULA, MICHOACAN, A 20 DE FEBRERO DE 2014.
TIERRA Y LIBERTAD
LA COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA
jueves, 20 de febrero de 2014
Indígenas rarámuri se oponen a gasoducto que afectará sus parcelas
CHIHUAHUA, Chih., (apro).- Indígenas rarámuri de los municipios de Bocoyna y Urique se manifestaron en la comunidad de Creel para exigir a las autoridades que antes de emprender cualquier obra consulten a la población.
En el marco del Congreso Nacional de Lenguas Indígenas que se lleva a cabo en el hotel Quinta Misión, habitantes de las comunidades de Bosques de San Elías-Repechike (Bocoyna) y Bacajípare (Urique) advirtieron que la sola instalación del gasoducto El Encino, en Topolobampo, afectaría varias parcelas familiares.
Además, temen que los grupos delictivos asentados en la Sierra Tarahumara se fortalezcan con el gasoducto, ya que podrían ordeñarlo de manera clandestina y, como se ha visto en distintos lugares, hay el riesgo de que ello provoque fugas que pongan en peligro a las comunidades por donde pasará la tubería.
En el caso del aeropuerto que se pretende construir en Creel, así como el gasoducto, afectaría directamente a la comunidad de Bosque San Elías-Repechike –ubicada a 40 minutos de Creel–, conformada por 66 familias, precisaron.
El gasoducto también pasará cerca de un templo ubicado en San Luis Majimachi, del ejido Pito Real, en el mismo municipio de Bocoyna, lo que ha provocado incertidumbre en las comunidades porque oficialmente no se les ha informado nada sobre los proyectos.
El problema es la falta de consulta y, por consiguiente, de información, puntualizó el sacerdote Javier El Pato Ávila, mientras un grupo de indígenas que repartía volantes afuera del hotel donde se realizaba el Congreso Nacional era retirado por elementos del Ejército.
Explicó que en varios poblados hubo labor para persuadir a las autoridades ejidales, pero algunas no accedieron a la construcción de las obras. Sin embargo, los interesados ofrecieron hasta 10 mil pesos por persona para convencerlos de que firmaran los permisos sin darles mayor explicación.
“El problema es que la falta de consulta y de información está generando división en las comunidades, además de injusticias, y esto lo está haciendo el gobierno mexicano”, denunció el sacerdote jesuita.
En entrevista, el agricultor indígena Luis Pérez explicó que acudieron a Creel para manifestarse en contra de los proyectos, no sólo porque no los han tomado en cuenta, sino porque el cierre de caminos ha obligado a los niños a caminar cuatro horas más de su comunidad hasta Creel para llegar a la escuela.
Con una malla ciclónica cerraron los caminos por donde pasaban de las rancherías a Creel, San Ignacio y Bocoyna, y eso también ha dificultado el traslado de enfermos y de mercancía, apuntó.
Añadió:
“Tenemos ahora el problema del aeropuerto y del gasoducto que va a pasar dentro del territorio de la comunidad indígena y no se nos comunicó nada antes, y sabemos que va a pasar por las parcelas de la gente”.
Además, subrayó, de manera arbitraria los constructores taparon con piedras y tierra los manantiales más importantes para la comunidad. De ahí se surtían dos rancherías y también era una parada de descanso para las personas que viajan a pie, quienes en ese lugar se abastecían de agua, dijo.
Otro daño ambiental que les ha dejado la construcción del aeropuerto es la tala indiscriminada de árboles.
Según Luis Pérez, la zona más afectada es la que se ubica al suroeste del poblado de Creel, a un costado de la carretera estatal Creel-San Rafael.
“No se ha visto beneficio alguno con la construcción del aeropuerto, no fuimos tomados en cuenta para opinar al respeto y tampoco incluidos como obreros, ya que las autoridades llevaron gente de fuera y lo mismo sucede con el inicio del proyecto del gasoducto”, manifestó.
Y advirtió que una vez que comiencen a funcionar el aeropuerto y el gasoducto, los daños serán mayores.
Los indígenas rarámuri buscan que las autoridades reconozcan su derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado que les concede la Constitución Mexicana.
Desde hace 17 años la comunidad de Bacajípare ha sufrido daños por la contaminación de manantiales de donde se abastece de agua para su subsistir.
Esa contaminación es provocada por las descargas de aguas negras de los hoteles de cinco estrellas (Mirador, Posada Barrancas y Divisadero) y el complejo turístico Parque Aventuras, donde se encuentra el teleférico y la tirolesa con mayor longitud en el mundo.
Esos proyectos turísticos, promovidos por las autoridades estatales, tienen grandes expectativas con el funcionamiento del aeropuerto y el gasoducto, debido a que detonarían la economía en la zona norte del país.
En cuanto a la contaminación por la descarga de aguas negras de los hoteles, ha causado múltiples enfermedades, principalmente en los niños, y el deterioro del medio ambiente.
Desde 2002 el gobernador indígena de la comunidad presentó una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la contaminación de los ojos de agua. Y apenas en enero pasado la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aceptó que la contaminación en la zona rebasaba lo aceptado por la Norma Oficial Mexicana, pero hasta ahora no ha aplicado ninguna sanción ni amonestación.
Los pobladores han señalado que el gobierno y los empresarios turísticos tienen los recursos suficientes para resolver los problemas ambientales y de salud humana que han ocasionado, y han pedido que la Secretaría de Economía del estado y los dueños de los hoteles instalen mecanismos de tratamiento ecológico para las aguas negras y limpien los manantiales más afectados.
Los indígenas también manifestaron que si bien el gobernador César Duarte Jáquez y el fiscal Jorge Enrique González Nicolás ha dicho que la sierra está blindada por agentes de la Policía Estatal Única y elementos del Ejército Mexicano, en realidad la población de Creel se encuentra sin vigilancia, apenas con cinco militares, los únicos que quedaron después de los enfrentamientos, la última semana, entre un grupo delictivo y policías, que dejó un saldo de cinco muertos, entre ellas dos uniformados.
Duarte designa como vocero a exedil que encarceló a reporteros
XALAPA, Ver., (proceso.com.mx).- Transcurrida la mitad de su sexenio, el gobernador priista Javier Duarte de Ochoa nombró a Alberto Silva Ramos, exalcalde de Tuxpan y exdelegado de Sedesol, como nuevo vocero y coordinador general de Comunicación Social.
En su primer año como alcalde, Silva Ramos demandó penalmente a cuatro periodistas por intento de extorsión. Los reporteros tuvieron que pasar varios meses en la cárcel.
Entre los cambios anunciados este día, Duarte designó a Jorge Carvallo Delfín, exlíder estatal del PRI y exsecretario particular del exgobernador Fidel Herrera como titular de la Secretaria de Desarrollo Social. Cabe recordar que hace dos años este personaje fue el responsable de los programas electorales del PRI.
En tanto, Gina Domínguez Colio hoy dejó de ser la vocera del gobernador y la coordinadora de Comunicación Social. El gobernador la compensó con la titularidad de la recién creada “Secretaria Técnica de la oficina del gobernador”.
Juan Manuel del Castillo, exsecretario particular de Duarte en la Secretaria de Finanzas y Planeación en el sexenio pasado, regresa a ocupar este cargo en el que anteriormente se desempeñaba.
Apenas ayer, Luis Ángel Bravo Contreras, expresidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), tomó protesta como nuevo Procurador General de Justicia de Veracruz (PGJE), pese a que tiene a cuestas dos averiguaciones previas en la Fiscalía del Estado por los probables delitos de “cohecho” y “lesiones” en contra de un agente del Ministerio Público.
En el caso de Silva Ramos, en mayo de 2011 acusó de intento de extorsión a Alejandro de la O, locutor radiofónico; Jorge Ricardez Manríquez, reportero de medios digitales y Telenews, a Isaias Armenta, empresario de Alianza Empresarial y a Carlos Antonio Ortiz productor de una radiodifusora por intento de extorsión. Ricardez Manríquez estuvo varios meses preso.
El exedil priista acusó a dichos reporteros de pretender extorsionarlo con una “cantidad millonaria” o de lo contrario revelarían fotografías personales y un reportaje que pondría en peligro su vida privada.
Solicita compañero de celda de Alberto Patishtán que gobernador revise su caso
NORMA TRUJILLO BÁEZ
A ALEJANDRO DÍAZ SANTÍS LO DEFIENDE EL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS ¦ FOTO ESPECIAL
Desde el Cereso número 5 de San Cristóbal de las Casas, Alejandro Díaz Santís, quien fue recluido en Veracruz en 1999, pide al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que intervenga para que lo liberen, “que me hagan justicia porque en mi expediente hay muchas irregularidades y violaciones a los derechos humanos, no tuve traductor, no hice lo que dicen, no entiendo mucho como hablan ustedes, hablo tzotzil, pero aprendí el castilla por Alberto Patishtán”.
A distancia, por teléfono, Alejandro recuerda que él fue encarcelado por instrucción del juez 5° de primera instancia en Veracruz, así inició su condena bajo el expediente 162/99 y en un atropellado español que ha aprendido durante en los 15 años que lleva en prisión, narra: “fui Veracruz, trabajar porque pensé que allá iba a estar bien, vendía dulces con mi esposa y tenía un bebecito de año y medio, vivían en una casa que de la puerta había escalones, era de muchas piedras y el bebecito se cayó, se pegó y murió, llegó la policía y no entendí que decían y ahí estaba un primo también y le empezó la policía a preguntar '¿Qué pasó?', lo policías le dijeron acusa a tu primo, pero tampoco sabía qué le decían y con la cabeza dijo 'sí'”.
Llegó de Tzoeptic, Mitontic, Chiapas, pero desde hace 15 años está encarcelado, primero en el reclusorio Allende, después enviado a Perote, pero ante la injusticia el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC (CDHFBC) solicitó su traslado al estado de Chiapas para poder llevar su defensa y pudiera estar con sus familiares. Allí conoció a Alberto Patishtán Gómez, quien fue su compañero de celda y quien recibió un indulto presidencial en octubre de 2013.
Alejandro Díaz Santís, después de una solicitud que hiciera el CDHFBC para que fuese trasladado a su estado, hoy se encuentra en el Cereso 5 y formó parte del grupo de indígenas que se encuentran recluidos en penales de Chiapas y pertenecientes a las organizaciones de la Voz del Amate, Solidarios de la Voz del Amate y Voces inocentes, se declararon en huelga de hambre y ayuno, en septiembre pasado, pero que su caso ha alcanzado dimensiones internacionales.
Se ha integrado a las organizaciones Voz del Amate, Solidarios de la Voz del Amate y Voces inocentes, Alejandro señaló que las autoridades veracruzanas no le tomaron declaración en su lengua original y no habla el español y así lo sentenciaron a 30 años de presión por el delito de homicidio y violación de su bebé, pero ante la promoción de un amparo, le redujeron cuatro meses y su sentencia es de 29 años seis meses.
El indígena tzotzil dijo que “Patishtán me decía, 'tienes que hablar más castilla, para poderte defender, no ves que saber puro tzotzil hace más difícil que te escuchen'. Y sí, aprendí el idioma y más. Ahora sé cómo apoyar a los compañeros presos para que les respeten sus derechos humanos y yo pido al gobernador de Veracruz y al presidente de México que revisen mi caso, que yo no hice nada solo que no sabía defenderme ni hablar castilla y no tuve traductor”.
Procuraduría de Justicia viola derecho a las garantías judiciales en el caso de la muerte sospechosa de líder de la ONPP
A los medios libres, comunitarios, independientes, autónomos
A los periodistas y prensa nacional e internacional
A la sociedad civil
Les enviamos boletín del Frayba:
Procuraduría de Justicia viola derecho a las garantías judiciales en el caso de la muerte sospechosa de líder de la ONPP
Agradeciendo su difusión
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
20 de febrero de 2014
Boletín de prensa No. 04
Procuraduría de Justicia viola derecho a las garantías judiciales en el caso de la muerte sospechosa de líder de la ONPP
Violaciones al derecho a la dignidad de la familia
El 18 de febrero de 2014, integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, documentamos que durante el levantamiento del cuerpo, por muerte sospechosa, del Sr. Manuel de Jesús Vázquez Hernández (en adelante Manuel) dirigente de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), en Teopisca, se cometieron violaciones al derecho a las garantías judiciales. Los hechos fueron perpetrados por funcionarios de la Fiscalía de Distrito Altos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas quienes incumplieron con los estándares mínimos para el trabajo de campo durante el proceso de investigación. Además las fotos que se tomaron se difundieron públicamente en violación al derecho a la honra y a la dignidad de Manuel y su familia.
Ese día a las 14:30 hrs. integrantes de la ONPP encontraron el cuerpo sin vida de Manuel, en evidente estado de descomposición y tirado en un basurero en el perímetro de los bienes comunales de Teopisca. En ese momento se informó a la oficina de la Fiscalía de Distrito Altos de Teopisca, siendo hasta cerca de cuatro horas después, aproximadamente a las 18:15 hrs., que llegó la Lic. Carolina Hernández Álvarez, fiscal titular del Ministerio Público (MP) del mismo municipio, acompañada por una oficial auxiliar y siete integrantes de protección civil de Teopisca.
Según documentación recabada el levantamiento del cadáver se dio sin herramientas profesionales y no acudieron expertos criminalistas de campo: perito médico, planimetrista (quien se encarga de resguardar las pruebas del lugar), ni fotógrafo – las fotos fueron tomadas por la oficial auxiliar del MP y elementos policiacos -. En el lugar del hallazgo no se preservó el área mediante un acordonamiento y se desestimó evidencia como huellas de carro y una hamaca; no llevaban luces especiales para revisar el lugar, siendo que ya anochecía; además se levantó el cadáver envolviéndolo en una cobija, subiéndolo en una camilla y, a las 18:37 hrs., transportado en un camión prestado por la ONPP (ya que el de la protección civil era inadecuado) al panteón municipal de Teopisca.
Derivadas de las violaciones a las garantías judiciales, se vulneraron el derecho a la honra y a la dignidad de Manuel y su familia publicándose, en portales de internet y periódicos, las fotos del cuerpo en el lugar del hallazgo.
Por lo anterior, hemos documentado las violaciones de los derechos al debido proceso, garantías judiciales, a la honra y a la dignidad incluidos en instrumentos y convenciones internacionales, regionales, entre ella, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 8°, 9°, 11°, 14º y 25°, mismos de carácter obligatorio e inderogable por el Estado mexicano.
Consideramos sumamente grave la conducta no profesional de funcionarios de la Fiscalía de Distrito Altos, por tanto exigimos que las investigaciones sobre el caso se den a fondo y exhaustivamente para así deslindar responsabilidades por el suceso; asimismo se respeten, protejan y garanticen en todo momento los derechos humanos de la familia de Manuel.
Antecedentes:
El sábado 15 de febrero de 2014, a las 20:30 hrs. en el municipio de Teopisca, Manuel salió de su domicilio con destino a la casa de su papá, Jesús Pedro Vázquez Jiménez, y desde ese entonces se desconoció su paradero. Por la desaparición, el 17 de febrero del mismo año, se presentó una denuncia ante el MP de Teopisca por lo que se abrió número de expediente: 017/AL65/2014.
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martes, 18 de febrero de 2014
Mi sentencia es un castigo ejemplar para los que protestan en las calles: Mario González
Fuente: Juan Carlos Alarcón López
La sentencia de 5 años y nueve meses de cárcel a Mario González García, detenido previo a la marcha del 2 de octubre, por ataques a la paz pública, es un mensaje de las autoridades capitalinas para mostrar a la ciudadanía el poder del Estado frente a la protesta social.
Así lo externó el activista vía telefónica desde la Torre Médica del penal femenil de Tepepan, al señalar que la sentencia dictada en su contra por la Juez 19 de Delitos No Graves, Marcela Ángeles Arrieta, es un “castigo ejemplar”, un llamado de atención a todos los que participan en manifestaciones o protestas.
“Es como un ‘miren, dense cuenta, ahorita los estamos agarrando, si vas a manifestarte puedes quedarte mucho tiempo en la cárcel sin derecho a salir bajo fianza’, es como una consigna lo que nosotros creemos.
“Buscan demostrar ante la sociedad el castigo ejemplar, te manifiestas o participas en movilizaciones y te va a pasar esto”, aseguró el activista en entrevista con Noticias MVS.
Acusó a la juzgadora de dilatar el proceso, obviar pruebas a su favor y a su vez desestimar las contradicciones de los policías que lo detuvieron la tarde del 2 de octubre en el Centro Histórico.
“Los policías nadie me señala directamente, nadie me consignó, a mi no me agarraron con nada o con el material que me relacionara con el disque delito que cometimos.
“Aun con todo y eso la juez al ver como declaró sentencia pues no hizo ningún argumento, sólo copió las declaraciones de los policías y las pegó y ese fue su argumento para sentenciarme”, apuntó.
Mario González, quien convalece en la Torre Médica de Tepepan, debido al deterioro de su salud por los 58 días de huelga de hambre que realizó en el Reclusorio Oriente, recordó que el abuso de autoridad se hizo patente desde un inicio cuando fue reaprendido al salir de ese centro de reclusión.
Lo acusaron de intentar sustraerse de la acción de la justicia e incluso Ángeles Arrieta, lo consideró “peligroso social”, por el hecho de ocultar su identidad y aportar otro nombre el día de su detención, lo que lo llevó nuevamente a prisión.
Ante el cúmulo de irregularidades en el proceso y que derivó en sentencia condenatoria, su defensa apeló la resolución de la juez Ángeles Arrieta, por lo que el caso es ahora analizado por la titular de la Quinta Sala Penal, Magistrada Celia Marín Sazaki.
Mario González García, confía en que esa instancia esté alejada de cualquier “consigna” y juzgue apegada al principio pro persona y con absoluto respeto a los derechos humanos.
@amarilloalarcon
México vive una crisis de derechos humanos: AI en CNN
"Lo terrible es la respuesta del Estado, cuando la gente va a denunciar, la forma en que los tratan es muy preocupante. Esto no se ha resuelto", advierte el secretario general de Amnistía Internacional, quien se encuentra por primera vez en México y se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto.
Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional (AI) dijo que su organización está cada vez más preocupada “por la crisis de derechos humanos que enfrenta el país, sí, crisis en tema de desaparecidos, migrantes, refugiados y los ataques a los defensores y a los periodistas, es una situación muy crítica”.
También habló sobre Los retos de México en materia de Derechos Humanos Memorándum de Amnistía Internacional, documento que entregó al Presidente, Enrique Peña Nieto.
En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, en CNN , Shetty dijo que AI ha trabajado con México, en el tema de derechos humanos, desde hace mucho tiempo, por lo que hay mucho diálogo, el cual agradeció al gobierno.
Reconoció que en el escenario internacional, México tiene una postura muy progresista y camina por donde debe caminar. El gobierno mexicano está abierto a que vengan los observadores de Naciones Unidas, lo que es muy importante reconocer algunas de las cosas positivas, así lo hicimos con el presidente, enfatizó Shetty.
No obstante, destacó que existe “una fuerte contradicción sobre cómo México ve los derechos humanos en el escenario internacional o desde el punto de vista de las leyes y políticas y luego la realidad que se ve, lo que teníamos que hacer es llamar su atención a las situaciones muy díficiles que están enfrentando las persona”.
Shetty preguntó: ¿si el Presidente está comprometido políticamente en traducir esas palabras en acciones?, en referencia a los compromisos que ha hecho en el tema de derechos humanos.
El secretario contó que “en Saltillo me reuní con personas que tienen familiares desaparecidos, migrantes, periodistas, cuando se oye a las familias que han perdido a su gente querida, es una experiencia muy conmovedora”. Además, señaló Shetty, “lo terrible es la respuesta del Estado, cuando la gente va a denunciar, la forma en que los tratan, es muy preocupante. Esto no es un problema nuevo, es algo que no se ha resuelto desde hace mucho tiempo”.
Hoy el gobierno dice que han establecido mecanismos, por ejemplo, para la búsqueda de los desaparecidos, pero como en muchos casos en México hay un mecanismo, hay una ley, una política pero la respuesta en práctica o la implementación es muy débil, hay tantas familias que nos están diciendo que no ha habido ningún esfuerzo por parte del Estado para encontar a los desaparecidos o encontarr los restos de la gente que han pérdido, resaltó Shetty.
Sobre su encuentro con Peña Nieto afirmó que “el primer mensaje que trate de dar al Presidente es que las personas que salen de Honduras, o de el Salvador o de Guatemala, en la mayoría de los casos están escapandose de violencia, de ser atacados por pandillas o de la pobreza, intentan ir a Estados Unidos. Los viajes a través de México, es una pesadilla, ellos dicen que lo que más les da temor es el viaje por México porque no se respetan sus derechos”.La gente (migrantes) está siendo atacada, incluso criminalizada. El gobierno dice que eso es cupa de los delincuentes, pero en AI decimos que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad, puntualizó Shetty.
El secretario originario de la India añadió que “está la Constitución que habla de los derechos humanos de todos, hay un mecanismo que se ha establecido para proteger a los defensores y a los periodistas, lo vemos con beneplácito, pero en la práctica, la realidad es que tantos de estos defensores y periodistas se han visto atacados, nos reunimos con ellos y su relato es estremecedor, las personas atacadas no sólo son periodistas, también sus familias, es decir aumentan los ataques, las amenazas, la violencia”.
Sobre la reunión con Peña, dijo que el principal mensaje que le dio fue que si “el gobierno mexicano está o no comprometido con los derechos humanos y si sí está como dice a través de varios documentos, entonces el Presidente tiene que decir en público esto, de una forma más visible, más vocal”. También contó que Peña “sin titubeos dijo que está respetando la Constitución y que va hablar de esto a nivel internacional”.
Shetty adelantó que habrá otras reuniones con funcionarios y “les vamos a poner ciertas metas que cumplir y las vamos a medir, que el pueblo de México las mida. Es importante entender que AI no acepta dinero del gobierno ni de las empresas”.
Recalcó que “el Presidente está abierto (al diálogo y a la actual situación), pero nosotros no creemos en las palabras, creemos en las acciones”.
Este es un país que tiene una enorme desigualdad, sobre todo para la gente que no tiene voz. Los mexicanos se merecen un sistema que acabe con la impunidad y la tortura, sostuvo Shetty.
La crisis de los derechos humanos está más allá de México, por ello vamos a establecer una oficina regional en la Ciudad de México, para atender el Caribe Centroamérica y México, finalizó el secretario general de Amnistía Internacional.
Estos son momentos importantes de la entrevista:
Documento: Los retos de México en Materia de derechos humanos
Amnistía Internacional llama al Presidente Peña Nieto a enfrentar la crítica situación de derechos humanos en México
El Secretario General de Amnistía Internacional, Salil Shetty, se reunió con el Presidente Enrique Peña Nieto, a quien hizo entrega de un memorándum exigiendo una serie de acciones para combatir la impunidad generalizada y el persistente patrón de graves violaciones a los derechos humanos en el país.
“México es un actor cada vez más importante en la escena mundial, no sólo en términos económicos sino también en la promoción de los derechos humanos. Durante nuestro encuentro le dije al Presidente Peña Nieto que si su gobierno quiere realmente demostrar a la comunidad internacional y al pueblo de México que se toma en serio los derechos humanos, debe ir más allá de las palabras y hacer de estos una realidad en su país”, afirmó Salil Shetty tras la reunión con el Presidente Peña Nieto.
“El Presidente tiene el poder para atender la crítica situación de derechos humanos que vive México. Peña Nieto debe actuar inmediatamente y debe tomar las medidas inmediatas para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos para todas las personas en el país”, agregó Shetty.
El Presidente Peña Nieto y Salil Shetty dialogaron sobre la grave situación que enfrenta México, incluyendo el uso generalizado de la tortura, las desapariciones, los abusos contra migrantes y los ataques contra periodistas y quienes defienden los derechos humanos. Todas ellas son violaciones que persisten gracias a la impunidad existente en México.
El Secretario General expresó su particular preocupación por la violencia y la discriminación a la que se enfrentan las mujeres, así como los integrantes de las comunidades indígenas.
Shetty reconoció que la nueva administración ha puesto en marcha varios mecanismos y procesos para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos, aunque resaltó que su implementación y el cumplimiento han sido débiles. También reconoció la apertura que ha tenido el gobierno mexicano para recibir a observadores de derechos humanos, tanto de las Naciones Unidas como de Amnistía Internacional.
Sin embargo, Salil Shetty mostró su preocupación por el hecho de que a un año de que las autoridades reconocieran la existencia de más de 26,000 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas durante el sexenio anterior, el gobierno ni siquiera haya aclarado cuántas víctimas de desaparición forzada y de privación de la libertad por parte de bandas criminales permanecen sin localizar.
“Visité Saltillo y dialogué con las familias de personas que continúan desaparecidas en varios estados. Le transmití al Presidente que resulta evidente la falta de acción por parte de las autoridades para localizar a sus seres queridos y llevar a los responsables ante la justicia”, añadió Shetty.
En 2013, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidos realizó una serie de recomendaciones a México para mejorar su preocupante historial en derechos humanos.
En marzo, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto anunciará cuáles de estas recomendaciones serán aceptadas. Amnistía Internacional espera que el gobierno mexicano acepte e implemente todas las recomendaciones que sean consistentes con los estándares internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional llama al gobierno de Peña Nieto a:
n Realizar un pronunciamiento claro sobre los compromisos de su administración en materia de derechos humanos y cumplir su promesa de enfrentar efectivamente la grave situación actual.
n Garantizar la búsqueda efectiva de víctimas de desaparición y llevar a los responsables ante la justicia, incluyendo a los funcionarios públicos que pudieran estar implicados en desapariciones forzadas.
n Garantizar, mediante acciones integrales y efectivas, la seguridad de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos que se encuentren en riesgo, y hacer rendir cuentas ante la justicia a los responsables de ataques y amenazas en su contra.
n Asegurar los derechos humanos de migrantes irregulares, incluyendo el derecho a no ser objeto de violencia. Todos los abusos contra personas migrantes deben ser exhaustivamente investigados y las personas responsables deben rendir cuentas.
Durante su visita al estado de Coahuila, el Secretario General sostuvo encuentros con migrantes, familiares de víctimas de desaparición, defensoras y defensores de derechos humanos y con el gobernador del estado. Mediante esta visita, Amnistía Internacional pudo confirmar cómo las autoridades han fallado en cumplir con sus obligaciones hacia las familias de las personas desaparecidas e hizo un llamado a que las autoridades estatales asuman un compromiso claro y contundente para la localización de las víctimas y hagan rendir cuentas a los responsables de estos crímenes.
En la Ciudad de México, Salil Shetty se reunió con otras víctimas de violaciones a los derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Sostuvo también encuentros con los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de Justicia, así como con el ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia y con integrantes de los comités de derechos humanos del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.
domingo, 16 de febrero de 2014
“No es suficiente culpar a la delincuencia por desapariciones”: AI
SALTILLO, Coah. (proceso.com.mx).- Salil Shatty, secretario general de Amnistía Internacional (AI), visitó la Casa de Migrantes de Saltillo para informarse sobre la desaparición de centroamericanos en territorio mexicano, informaron este domingo representantes del refugio.
Shatty estuvo acompañado de la directora para América Latina y del secretario ejecutivo de AI para México, precisó un comunicado de la casa Frontera con Justicia, A.C.
El secretario de AI fue informado sobre la condición de vulnerabilidad de las personas migrantes en territorio mexicano y la negligencia de las autoridades para atenderlos, así como el difícil acceso a la justicia, precisó el texto.
Shatty obtuvo detalles sobre la desaparición de migrantes centroamericanos en territorio mexicano y la falta de voluntad política de los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino para afrontar esta crisis humanitaria.
El derechohumanista se reunió previamente con las familias de la organización Fuerzas Unidas para Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), con el fin de conocer la situación de cientos de los desaparecidos en el estado.
“No es suficiente culpar de esto a la delincuencia”, dijo a las familias el representante de AI.
“No existe un caso en el cual se haya hecho justicia”, agregó, y destacó que la desaparición de seres humanos es un problema sumamente grave.
Indicó que es obligación de los gobiernos proporcionar seguridad y resolver los casos.
Periodistas veracruzanos denuncian intimidación y amenazas de despido
XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).- Periodistas del sur de Veracruz se reunieron con representantes de Reporteros sin Fronteras, Artículo 19, la Red de Periodistas de a Pie, la Casa del Periodista del Distrito Federal y con representantes de organizaciones civiles defensoras de la libertad de expresión para denunciar que luego del asesinato de Gregorio Goyo Jiménez de la Cruz, reportero de Liberal del Sur y Notisur, no han cesado las amenazas en contra de su seguridad física, así como hostigamiento laboral por parte de directores de medios de comunicación quienes les exigen cesar sus álgidas protestas, so pena del despido laboral.
Una Misión de Observación integrada por más de 20 periodistas y activistas defensores de la libertad de expresión exigió al gobierno de Javier Duarte que sea la Procuraduría General de la República (PGR) quien atraiga el caso de la investigación del secuestro y ejecución de Goyo.
“A nombre de periodistas de todo el país, respaldamos a los compañeros que desde la desaparición de Jiménez se manifiestan para exigir el esclarecimiento de su asesinato”, expresó la Misión de Observación en un comunicado conjunto.
La Red de Periodistas de a Pie, Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 reclamaron y exigieron que sean las autoridades federales, a través de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR (FEADLE) quienes cumplan con la facultad de atraer el caso.
“No aceptamos la venganza como única línea de investigación del asesinato de Gregorio, y seguiremos insistiendo en la necesidad de indagar en su labor periodística, como posible móvil de su muerte”.
Los periodistas de diversas organizaciones viajaron al municipio de Coatzacoalcos para reunirse con prensa local y con la familia de Jiménez de la Cruz; tomaron apuntes de la situación de inseguridad y de inestabilidad laboral que enfrentan los comunicadores del sur de Veracruz.
Al concluir la visita a varias redacciones de periódicos y de reunirse con varios periodistas del sur de Veracruz, exclamaron su “preocupación” por las versiones que señalan que han sufrido amenazas que ponen en riesgo su seguridad personal y/o laboral.
Señalaron que la visita inédita y la agrupación de diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión obedece a que es momento de poner un alto a la agresión a reporteros locales, así como a la ola de asesinatos en contra de periodistas, pues en el caso de Veracruz, en los últimos tres años suman 10.
La Misión de Observación señaló que también viajarán a la capital del estado, en espera de que el gobierno de Duarte cumpla su oferta de mostrar el expediente ministerial con las indagatorias sobre el caso.
En el sur de Veracruz, reporteros de Coatzacoalcos hicieron patente su repudio hacía la administración estatal y a la Procuraduría de Justicia: “No nos vamos a sentar a dialogar con un gobierno que por años se ha mantenido ciego, sordo y mudo”, expresaron algunos comunicadores en sus redes sociales.
Apenas el pasado viernes, una de las hijas de Gregorio Jiménez reiteró ante el Tercer Juzgado de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado que “fue por una nota” que Goyo escribió sobre el bar de la señora Teresa Hernández que lo mataron.
La hija de Jiménez reiteró que con la dueña del bar “El Palmar” había tenido problemas y que de hecho hay una denuncia por ello: “Tú cállate porque tú te vas a morir, te voy a mandar matar… no sabes ni con quién te metiste, ¿te acuerdas de la nota que sacaste? esa te la tengo reservada y conozco a los Zetas y te voy a mandar a matar”, detalló la hija de Goyo al rememorar la amenaza directa de la dueña del bar a su padre.
En la Misión de Observación que viajó este fin de semana a Veracruz hubo molestia previo a su arribo, pues la Coordinación de Comunicación Social boletinó un día antes que la PGJ ya había puesto a “disposición” de organismos no gubernamentales (ONG) y defensores de la libertad de expresión, la investigación ministerial por el secuestro y homicidio del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz.
“Para que, en un ejercicio de transparencia, abone no sólo a la certeza jurídica, sino a la certidumbre social de que se ha actuado con toda determinación y apego a derecho”, señala un comunicado gubernamental, el cual los activistas rechazaron que así haya sucedido.
viernes, 14 de febrero de 2014
Las minorías raciales de Estados Unidos están perdiendo el derecho al voto
"Llegué al punto de estar parado frente a las vías del ferrocarril en el sur de Florida, esperando que pasara el tren para tirarme debajo de él y acabar con mi vida", me dijo Desmond Meade, al contarme cómo era su vida hace nueve años. No tenía donde vivir, estaba desempleado, recién salía de la cárcel y era adicto a las drogas y el alcohol. El tren nunca pasó. Cruzó las vías y se inscribió en un programa de rehabilitación para adictos. Más adelante fue a la Universidad y hoy le faltan apenas unos meses para recibirse de abogado.
Sin embargo, Meade no podrá ejercer el derecho en el estado de Florida. En ese estado, las personas que estuvieron en la cárcel no pueden ser miembros del Colegio de Abogados. Ese es solo uno de los derechos del que lo han privado en forma permanente las leyes draconianas de Florida. En una democracia, si deseamos modificar una ley, votamos a los legisladores para que representen nuestros intereses. Sin embargo, Meade, por ser un ex recluso de Florida, también perdió el derecho al voto por el resto de su vida.
La ley se denomina "privación del derecho de voto por haber cometido un delito" y tiene carácter permanente en once estados de Estados Unidos: Alabama, Arizona, Florida, Iowa, Kentucky, Mississippi, Nebraska, Nevada, Tennessee, Virginia y Wyoming. La restricción es aplicada en todo Estados Unidos en diferente medida y con diferentes características. En trece estados y en el Distrito de Columbia una persona que ha estado presa recupera sus derechos al ser liberada. En otros estados, es preciso haber cumplido libertad condicional o libertad bajo palabra. En Maine y Vermont, los presos conservan el derecho de voto, incluso durante su encarcelamiento.
El Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, habló sobre el tema esta semana en un simposio de derecho celebrado en la Universidad de Georgetown:
"En la actualidad, en todo el país, alrededor de 5,8 millones de estadounidenses, 5,8 millones de compatriotas, tienen prohibido votar debido a que han cumplido o están cumpliendo una condena. Esta cifra supera la población total de 31 estados de Estados Unidos". Esto significa que a alrededor de 6 millones de estadounidenses se les niega el derecho al voto. Debido a las desigualdades raciales de nuestro sistema penal, esta medida niega el derecho al voto a hombres afroestadounidenses y a los de origen latino en forma desproporcionada con respecto al resto de la población. Holder añadió: "El alcance actual de estas políticas no solo es demasiado grande como para no verlo, sino que además es demasiado injusto como para tolerarlo".
La conferencia de la Universidad de Georgetown fue co-patrocinada por The Leadership Conference, una coalición de grupos que defienden los derechos civiles y jurídicos y organizaciones de derechos humanos. En septiembre de 2013, el grupo publicó un informe titulado "Democracia Encarcelada". En el informe, el grupo escribe: "El índice de privación de derecho al voto en Florida es el más elevado y el más desigual de todo Estados Unidos desde el punto de vista racial". No es casualidad que en este estado, en el que la contienda electoral entre demócratas y republicanos suele ser muy reñida, vivan más de un millón de los 6 millones de personas que han perdido el derecho al voto en el país.
El ex gobernador de Florida Charlie Crist flexibilizó las leyes y solicitó el restablecimiento automático de todos los derechos. Sin embargo, en 2011, su sucesor, el gobernador republicano Rick Scott, impuso un período de espera de al menos cinco años para realizar una solicitud de restablecimiento de derechos ante el Consejo de Clemencia. Meade nos contó en el programa de noticias Democracy Now!: "Incluso después de haber presentado la solicitud el proceso lleva más de seis años. De modo que, en realidad, las personas deben esperar entre once y trece años tan solo para ver si tienen la posibilidad, la oportunidad, de que les devuelvan sus derechos". Crist se cambió de partido para candidatearse como gobernador por el Partido Demócrata, como rival de Scott.
La profesora de derecho Michelle Alexander inicia su revolucionario libro "The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness" (El encarcelamiento masivo en la era del daltonismo) con la historia de Jarvious Cotton. Alexander escribe: "El tatarabuelo de Cotton no podía votar porque era un esclavo. Su bisabuelo fue asesinado a golpes por el Ku Klux Klan por intentar votar. ...Su padre no pudo votar por el impuesto al sufragio y la prueba de alfabetización. Hoy en día, Jarvious Cotton no puede votar porque, al igual que muchos hombres negros en Estados Unidos, ha sido estigmatizado como delincuente y está en libertad bajo palabra".
A nivel nacional, se están proponiendo proyectos de ley que garantizarían el derecho al voto a ex convictos, que cuentan con apoyo tanto de representantes demócratas como republicanos. El Senador republicano Rand Paul, de Kentucky, habló en la conferencia de la Universidad de Georgetown después de Holder. En su discurso defendió el pleno derecho al voto. Sin embargo, continúa siendo un asunto sobre el que los estados ejercen un fuerte control.
Desmond Meade decidió no quedarse de brazos cruzados, esperando que le devuelvan sus derechos. Se está organizando. Actualmente es presidente de la Coalición de Florida por el Restablecimiento de los Derechos, que abarca a alrededor de 70 grupos que presionan por una reforma de las leyes estatales de privación del derecho de voto:
"Se trata de una cuestión de humanidad. Es un asunto que concierne a todos los estadounidenses, independientemente de si son demócratas o republicanos. Se trata de la decencia de permitir a un individuo o de ayudar a un individuo a reinsertarse en la comunidad para que pueda convertirse en un ciudadano productivo y disfrutar la vida".
Deberíamos estar todos agradecidos de que, por cosas del destino, el tren que Desmond Meade estaba esperando aquel fatídico día nunca pasó.
© 2014 Amy Goodman
Traducción del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
jueves, 13 de febrero de 2014
miércoles, 12 de febrero de 2014
ÚLTIMOS 2 AÑOS "ATROCES" PARA LOS PERIODISTAS
Siria es el lugar más peligroso para un periodista.
Un grupo defensor de la libertad de prensa dijo que los dos últimos años han sido "absolutamente atroces" debido a los asesinatos y encarcelamientos de periodistas, y precisó que Siria es el lugar más peligroso para un periodista y Turquía el país que más periodistas encarcela.
En la presentación de su informe anual sobre "Ataques a la prensa", el Comité para la Protección de los Periodistas dijo que la vigilancia de los gobiernos, el asesinato impune de periodistas y las presiones políticas y comerciales indirectas sobre la prensa constituyen grandes amenazas a la libertad de prensa.
Joel Simon, director ejecutivo del comité, con sede en Nueva York, dijo que 2013 vio una cifra "casi récord" de 211 periodistas presos y 70 muertos, poco menor que en el 2012, con 232 presos y 72 muertos, que iguala las cifras de lo peor de la guerra de Irak.
"Los dos últimos años han sido absolutamente atroces, los peores en la historia del comité", afirmó. La enorme mayoría de los casos de asesinato el año pasado, o el 94%, fueron cometidos con absoluta impunidad, dijo el informe.
"No hay respeto alguno por el trabajo de la prensa", dijo Simon, con la matanza de periodistas ya sea intencionalmente o en fuego cruzado. Agregó que los cargos "antiterroristas" son el factor principal en el creciente encarcelamiento de periodistas.
Según el informe, Egipto experimentó el mayor deterioro en la libertad de prensa el año pasado.
Sherif Mansur, coordinador del comité para el Oriente Medio y el norte de Africa, dijo que por primera vez Egipto estuvo entre los países que más periodistas encarcelaron en 2013, y fue además el tercer país con más periodistas muertos.
Siria sigue siendo la nación más peligrosa para los periodistas, con más de 63 muertos desde 2011, incluidos 29 el año pasado, además de "un número sin precedente de secuestros", más de 80 desde 2011, 57 de ellos en 2013, dijo Mansur. Agregó que el comité también ha documentado más de 70 periodistas sirios forzados al exilio.
En América Latina, México, Brasil y Colombia aparecieron clasificados entre los 10 países del mundo que peor combaten la violencia contra la prensa. Venezuela, señala el informe, ya no tiene ningún canal "independiente y crítico fiable".
El nuevo informe también señala las actividades de vigilancia como una "amenaza sin precedentes para el periodismo en la era digital", después de que una serie de revelaciones del año pasado por parte del ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense Edward Snowden enfureció a aliados de Washington como Alemania y Brasil.
Con el gran barrido y almacenamiento de los registros de llamadas telefónicas y correos electrónicos, "pronto podría ser posible descubrir fuentes con tanta facilidad como para dejan sin valor cualquier promesa de confidencialidad que un periodista puede intentar ofrecer", advierte el informe.
Irán continúa como el segundo país con más periodistas presos, con 35 entre rejas a fines del 2013, y en Irak diez periodistas fueron muertos en el último trimestre del año pasado en comparación con ninguno en el 2012.
Javier Duarte, el gobernador más peligroso para los periodistas
MÉXICO, D.F. (apro).- El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quisiera el silencio de los periodistas en la entidad, que toda la información publicada fuera a su favor y que todos los diarios y reporteros destacaran su figura regordeta y resaltaran las obras de su gobierno. En el peor de los casos, preferiría que mejor no informaran.
Ningún gobernante en México, y seguramente en el mundo, tiene el nefasto récord del priista: 10 periodistas asesinados, cuatro desaparecidos y 132 ataques contra la prensa estatal, según ha documentado la agrupación de protección a periodistas Artículo 19.
Sólo en lo que va de este año, tres periodistas desaparecieron en Veracruz, incluido Gregorio “Goyo” Jiménez, cuyo cuerpo fue localizado ayer en una fosa en Las Choapas.
Vaya récord del gobernador que no hace mucho, el 2 de abril del año pasado, fue reconocido por una organización denominada Asociación Mexicana de Editores de Periódicos (Amex), como “protector” de la prensa.
Con una sonrisa apretada, ese día Duarte recibió el reconocimiento y dijo: “Los editores y periodistas aquí reunidos han buscado siempre pugnar por la libertad de expresión, condenar toda acción contraria a este derecho, velar por la preservación de los valores fundamentales de la sociedad y ejercer un periodismo ético, íntegro, valiente y apasionado”.
El reconocimiento de la Amex “significa mucho para Veracruz y para mi gobierno”, porque “nos confirma que en la defensa y respeto de la libertad de expresión vamos por la ruta correcta y que en la protección a los periodistas respondimos con oportunidad y acciones concretas a un gran desafío que juntos estamos superando”, dijo ufano el gobernador.
Para entonces iban nueve periodistas asesinados en su estado. Hoy suman 10.
La impunidad en Veracruz es el sustrato en el que se mueven las bandas criminales y las autoridades para acallar a la prensa. No hay entidad en el país donde la prensa haya sido castigada como en ese estado, donde el PRI ha gobernado siempre.
El año pasado, cuando Duarte se atrevió a ir a Proceso para asegurar que el asesinato de nuestra compañera Regina Martínez sería aclarado, los reporteros que estábamos ahí lo encaramos y le repetimos lo que Julio Scherer ya le había dicho: “¡No le creemos!”.
Hoy, con el caso de Gregorio Jiménez, le volvemos a decir “¡No le creemos!”
No le creemos que haya sido una venganza, no le creemos que en el caso de Regina fuera un asalto, tampoco que en los otros casos los periodistas hayan sido asesinados porque estaban involucrados en cosas ilegales o simplemente estaban en el lugar menos indicado. Ya nadie le cree al priista.
Javier Duarte quisiera tener de cómplice al silencio y una bolsa llena de dinero para acallar las voces de decenas de periodistas que no sólo en Veracruz, sino en todo el país, así como en Estados Unidos, Centro y Sudamérica, Europa y otros lugares, se unieron a la campaña pidiendo la aparición con vida de Goyo.
Pero con nada podrá acallar esas voces que le replicarán, esté donde esté y vaya donde vaya, que es y será el gobernante más peligroso para la libertad de prensa. Y así habrá de aparecer en los libros del periodismo en cualquier parte del mundo. Ese será su legado.
Twitter: @GilOlmos
‘Goyo’ investigó secuestro de líder de CTM en Veracruz, quien apareció asesinado junto a él: periodista
Gregorio Antonio Hernádez, periodista y amigo de Gregorio Jiménez -asesinado en Veracruz-, reveló que el comunicador investigaba secuestros y ‘levantones’ en la zona donde trabajaba, entre ellos el de Ernesto Ruiz, secretario de la CTM en Villa de Allende, Veracruz, quien apareció ejecutado en la misma fosa donde se encontraba el reportero.
En entrevista para Noticias MVS, primera emisión, Hernández dijo que “no pueden aceptar” en este caso “información no sustentada” del gobierno de Veracruz, pues la administración local afirma que se trata de una “venganza” por “diferencias personales” entre el periodista y la presunta autora intelectual del crimen.
Por ello, los periodistas veracruzanos se manifestarán este día y le exigirán al gobernador Javier Duarte, así como a sus funcionarios de seguridad, que “si no pueden, que renuncien al cargo, y que vengan… los que puedan garantizar la seguridad de los periodistas, y de los ciudadanos común y corriente“.
Sobre la línea de investigación que sostiene el gobierno de Veracruz, Antonio Hernández señaló que “en ningún momento habla del trabajo que ha venido realizando en los últimos 3 meses”, además de que reconoce que todos los casos no pueden ser esclarecidos.
Entre los casos que reportó Gregorio, se encuentra un operativo de hace aproximadamente 1 año, en el que detuvieron a personas dedicadas al secuestro, plagio y extorsiones, así como el registro de ‘levantones’ y ‘ejecuciones’. Incluso, consideró que “el puntual seguimiento de estos casos llevó a que nuestro compañero esté muerto”.
Recientemente, el 18 de enero pasado, ‘Goyo’ pubicó el secuestro de Ernesto Ruiz, secretario de la CTM en Villa de Allennde, quien “fue secuestrado violentamente después de que había salido de una reunión”; de hecho, el cadáver del líder sindical apareció junto al de Gregorio, en la casa de seguridad de Las Choapas.
“La investigación que realizaba nuestro compañero era darle seguimiento a estos casos, se tocaron intereses de personas, de grupos delictivos, el gobierno de Javier quiere desligar el vínculo del trabajo de nuestro compañero”, sostuvo.
“Ernesto Ruiz Guillén apareció en fosa clandestina en Las Choapas… y otra persona que le conocían como El Bemba, taxista de Villa de Allende… el compañero investiga, fuentes le dan datos, Gregorio omitió el nombre de la fuente de quién le informó sobre el levantamiento de Ernesto”, expuso.
Y apuntó que al igual que en el caso del asesinato de Regina Martínez -corresponsal de Proceso- el gobierno de Veracruz da “información no sustentada” y desvincula la labor del reportero de su asesinato.
“Esta mañana hay una concentración… nos manifestamos para que se lleve una investigación seria y reiterarle al gobernador: si no pueden, renuncien… en Coatzacoalcos la mayoría de comunicadores teníamos que usar un seudónimo o firmar como redacción”, refirió.
Escucha la entrevista con Gregorio Antonio Hernádez, periodista y amigo de Gregorio Jiménez -asesinado en Veracruz.
Se debe investigar imparcialmente el asesinato del periodista Gregorio Jiménez
El pasado 12 de febrero fue encontrado en el Estado de Veracruz el cuerpo del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz. Gregorio colaboraba con los medios locales Notisur y con el Liberal del Sur.
Amnistía Internacional condena el asesinato de Gregorio Jiménez y manifiesta su solidaridad con su familia, amigos y colegas.
El cuerpo de Gregorio Jiménez fue encontrado junto a los de otras dos personas en el municipio de Las Choapas, en Veracruz. Jiménez de la Cruz había permanecido desparecido desde el día 5 de febrero en Coatzacoalcos.
Durante los días posteriores a su desaparición tuvieron lugar diversas movilizaciones de periodistas y sociedad civil exigiendo a las autoridades garantizar su seguridad y proporcionar información sobre su paradero.
La organización ha hecho un llamado a las autoridades federales y estatales para que estas investiguen de manera pronta e imparcial el asesinato de Gregorio Jiménez y de las dos otras personas que fueron encontradas en el municipio de Las Choapas. En el caso de Gregorio Jiménez esta investigación deberá agotar la posibilidad de que su asesinato ocurriera como consecuencia de su labor como periodista.
Así mismo, Amnistía Internacional recordó a las autoridades su obligación de garantizar que quienes ejercen el periodismo, puedan llevar a cabo su labor sin temor a represalias.
martes, 11 de febrero de 2014
Hallan sin vida a reportero secuestrado en Veracruz
Fuentes oficiales del estado de Veracruz confirmaron que la tarde de este martes fue hallado el cuerpo sin vida de Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de El Liberal del Sur, sustraido por un grupo armado de su vivienda en Coatzacoalcos el pasado 5 de febrero.
El cuerpo del comunicador fue encontrado en una fosa clandestina en el municipio de Las Choapas junto a otros dos cuerpos.
En breve el gobernador del estado, Javier Duarte, dará una conferencia para ampliar la información.
AI: Es hora de respetar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Amnistía Internacional considera positiva la presentación en la Cámara de Diputados mexicana de un proyecto de reforma constitucional que, de aprobarse, permitirá avanzar en el cumplimiento de las obligaciones de México en relación con la Corte Penal Internacional. México es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional desde 2006.
En 2005 México reformó el Artículo 21 de su Constitución con la intención de adaptarla a las exigencias del Estatuto de Roma. Sin embargo, dicha reforma no cumple con las obligaciones que se derivan del Estatuto. El artículo 21 establece que “El Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”, condicionando la cooperación con la Corte a la decisión en cada caso por el gobierno federal. Sin embargo, cuando México decidió, libre y voluntariamente, convertirse en parte del Estatuto de Roma reconoció la competencia plena de la Corte Penal Internacional y esta no necesita de una autorización adicional de las autoridades mexicanas para ejercitar su jurisdicción sobre las personas que pudieran ser responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos en territorio mexicano o por sus nacionales en cualquier otro estado.
Amnistía Internacional considera, sin embargo, que esta reforma debe ser sólo un primer paso, pues México todavía tiene que realizar otras reformas legales. En particular, es necesario aprobar una Ley que establezca los procedimientos de cooperación con la Corte Penal Internacional y también se debe tipificar en las normas mexicanas los delitos que son competencia de la Corte Penal Internacional.
La Corte Penal Internacional tiene competencia en los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Sin embargo, actualmente México sólo ha tipificado el delito de genocidio en su Código Penal Federal, estando pendiente la tipificación del resto de crímenes.
Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones de la sociedad civil mexicana, ha pedido en repetidas ocasiones a las autoridades federales avanzar en el cumplimiento de las obligaciones que México asumió al unirse a la Corte Penal Internacional, sin que hasta el momento se hayan logrado avances en relación a estas obligaciones. Esta situación contrasta con el hecho de que México es uno de los mayores contribuyentes al sostenimiento económico de la Corte Penal Internacional.
Antes de que arrasen el último hogar
Queridos amigos y amigas,
En Kenia, policía forestal armada hasta los dientes acaba de reducir a cenizas los hogares de 1.000 familias indígenas para forzarlas a abandonar los bosques donde han vivido durante siglos. Están desesperados, y necesitan nuestra ayuda para salvar la tierra de sus orígenes antes de que sea destruida.
El Banco Mundial ha donado millones de dólares de nuestros impuestos a la policía forestal keniana responsable del aniquilamiento de esta comunidad. Se encuentra por ello en una posición clave para presionar al Gobierno, al no haber desembolsado aún los fondos previstos para este año. Hasta ahora, el Banco no ha dicho ni pío pero, si somos suficientes los que respondemos a este grito de auxilio, podemos presionarles para que exijan que este horror pare.
El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, dice que quiere darle un viraje al rumbo de la institución. Vamos a tomarle la palabra exigiéndole que apele al Gobierno keniano para que detenga esta atroz apropiación de tierras, y exija nuevos estándares de respeto a los derechos humanos ante futuros desembolsos. Cuando logremos un millón de firmas, llamaremos la atención de Kim mostrando cómo arden las casas en Kenia frente a la sede del Banco en Washington. Suma tu nombre y después envíale un mensaje al Presidente del Banco Mundial:
El pueblo Sengwer ha vivido en los majestuosos bosques de Embobut durante siglos y tanto la constitución keniana como la ley internacional les brinda el derecho a habitar esas tierras ancestrales. Ya han obtenido una orden judicial para frenar los desalojos pero el Gobierno la ha ignorado, aduciendo que necesitan despejar el bosque para proteger las fuentes de agua de las ciudades colindantes. Los Sengwer temen que el próximo paso sea diezmar el bosque para extraer los máximos beneficios.
El Banco ha respaldado muchas iniciativas valiosas, pero lleva demasiado tiempo culpando únicamente a los gobiernos y a las empresas a las que financia de los proyectos envenenados que acaban expulsando a la gente de sus tierras. Ahora, las tornas están cambiando. Tras fuertes protestas, el Banco se ha retirado de proyectos que iban a suponer la expulsión anual de 30.000 camboyanos de sus hogares, y ha admitido que ignoró su política interna cuando financió a una compañía hondureña de aceite de palma acusada de brutales desalojos y asesinatos. El Banco está investigando en este momento el escándalo de los Sengwer, pero va demasiado despacio como para poder salvar a las comunidades indígenas kenianas.
El Congreso de EE.UU acaba de exigir al Banco el cese de los desalojos o se arriesgará a perder financiación estadounidense. Es el momento perfecto para detener este brutal robo de tierras en Kenia y para que esta institución se tome en serio los derechos humanos. Firma ahora -- cuando un millón de nosotros estemos a bordo, entregaremos nuestro mensaje directamente al Presidente Kim:
Después de que el Gobierno de Tanzania anunciara su intención de echar a miles de familias Masai de sus tierras para construir una reserva de caza, casi dos millones de miembros de Avaaz nos unimos para apoyarlos. Continuamos presionando durante más de un año hasta que finalmente el Primer Ministro les permitió quedarse, ayudando a poner fin a una batalla por la tierra que duraba más de 20 años. Los Masai dicen que no podrían haberlo conseguido sin nuestro apoyo; hagámoslo de nuevo por el pueblo Sengwer de Kenia.
Con esperanza,
Allison, Alex, Joseph, Emilie, Alice, Sayeeda, Ricken y el resto del equipo de Avaaz.
Más información:
Escalada de expulsiones de la tribu Sengwer: “El Gobierno de Kenia nos empuja a la extinción” (Survival):
http://www.survival.es/noticias/9946
Kenia / Bosque de Embobut: Experto de la ONU exhorta a la protección de pueblo indígena que enfrenta desalojo (ONU):
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14163&LangID=S
Familias indígenas de Kenia huyen del bosque (Chirapac.org):
EL Gobierno de Kenia prende las casas de los Sengwer, sólo en inglés, (Forestpeople.org):
Estados Unidos exige vigilar al Banco Mundial más de cerca, sólo en inglés, (Washington Post):
Kenia desafía sus propios tribunales, sólo en inglés, (Forestpeople.org):
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