lunes, 3 de febrero de 2014

VERACRUZ: Juarochos quedaron abandonados a su suerte; mayoría regresó al norte


NORMA TRUJILLO BÁEZ

Una parte de los juarochos que fueron traídos de Ciudad Juárez en 2010 por el gobernador Fidel Herrera Beltrán en seis aviones Charters han regresado a la ciudad fronteriza, mientras que otros permanecen en la entidad, sin que les hayan cumplido lo que les prometieron: sin empleo, sin el seguro social, los niños no van a la escuela, sin el crédito de vivienda, abandonados a su suerte.

Aquel programa lanzado en la administración de Fidel Herrera Beltrán, donde incluso había una oficina con representación en Ciudad Juárez del gobierno de Veracruz coordinada por Luis Ramos Borunda, primo de Rosa Borunda de Herrera, quedó en papeles, mientras que los veracruzanos que vivían en Ciudad Juárez y aceptaron venir de regreso viven hoy en la pobreza.

De ello conversaron en el programa de radio Veracruz, tierra de migrantes: análisis y propuestas en Radio UV, el integrante del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, Carlos Garrido de la Calleja e Inés, estudiante de una maestría en el Colegio de la Frontera Norte.

Allí, Inés dijo: “soy residente nacida en Ciudad Juárez, me tocó este proceso de la llegada de migrantes; a partir de la época de los noventas se empieza a ver una representatividad significativa de muchos veracruzanos allá”.

También habló sobre el boom de la violencia, principalmente de los homicidios y cómo la gente se empezó a ir de Ciudad Juárez y se vuelve una ciudad fantasma, donde abandonan negocios, cierran maquiladoras, supermercados y se ve no sólo desplazamiento de migrantes sino de los mismos residentes de la localidad; sin duda, la salida más significativa de Ciudad Juárez fue la de los veracruzanos, conocidos como juarochos.

Inés sostuvo que hoy estudia el tema de la migración y el tema de la violencia y los desplazados de Ciudad Juárez, ya que ella también se había ido de dicha ciudad, pero dicidió estudiar a los veracruzanos “porque aparte de la inseguridad para que fueran desplazados, está la influencia del gobierno veracruzano donde se evidencia más esta situación del desplazamiento por algunos apoyos por parte del gobierno veracruzano en el 2010”.

Inés agrega que no todos los veracruzanos se fueron en ese programa de repatriación llamado Veracruz sin Fronteras, porque ese programa fue en el primer trimestre de 2010, cuando estaba fuerte la inseguridad en Ciudad Juárez, pero realmente el punto donde se registró los índices delictivos más altos fue durante el último trimestre de 2010 y principios de 2011 y a partir de ahí es cuando se empieza a observar la salida masiva de personas de Ciudad Juárez.

Garrido de la Calleja, en el diálogo, declaró: “esto se da en el contexto de tiempos electorales y fue muy notorio que esa acción no tenía el más mínimo interés humano sino todo el interés electoral, aunque lo negaron”.

Y expuso que una familia de Xalapa regresó de Ciudad Juárez y estaban felices porque tenían toda la promesa del gobierno y en ese entonces el presidente municipal, David Velasco Chedraui (hoy diputado local) los recibió también en el aeropuerto: “Soy el presidente municipal, cuentan conmigo, búsquenme porque la indicación del gobernador es que los apoyemos y lo vamos a hacer”.

Esta familia llegó, unos se fueron a Veracruz, otros a Córdoba, a Orizaba, Fortín, Minatitlán, Cosamaloapan y a Xalapa, los de Xalapa fueron a buscar a David Velasco y no los apoyó, no los recibió, fueron al DIF, donde les dieron despensas echadas a perder, comida podrida. En las escuelas sus hijos no fueron aceptados porque no traían papeles, ese tipo de acciones fueron las que recibieron los juarochos acá.

El señor, el padre de familia, pidió trabajo y le dijeron que no le podían dar trabajo porque venía de la frontera y allá “tienen malas mañas los veracruzanos”, ese fue el argumento que les daban, espantoso, “entonces ¿dónde estuvo el apoyo que se les prometió y dónde está?”

Porque los estudios que he hecho del caso no hay una sola familia a la que se le haya tramitado en conjunto el traslado de Infonavit, Seguro Social, empleo de base, a nadie se le dio, eso es lo que se vivió.

“Es la realidad, yo tuve la oportunidad el mes pasado de hacer trabajo de campo en Ciudad Juárez de veracruzanos que no se regresaron a pesar de las condiciones que vivían en Ciudad Juárez de desempleo, violencia, muchas personas no se regresaron y tuve la oportunidad de platicar con una familia de Lerdo de Tejada donde se está viendo el fenómeno de la doble migración, personas que regresan a Veracruz y que se dan cuenta que no puede conseguir empleo”, dijo Inés.

Pero son personas que el gobierno trajo a Veracruz en un avión, que las forzó bajo promesas políticas y no les cumplió, y personas que al ver la realidad se regresaron a Ciudad Juárez, acotó el conductor del programa radiofónico.

Inés certifica que platicó con una persona que le dijo que ella se fue en el avión, y ante la situación de desempleo, y de carencias, decidieron regresar a Ciudad Juárez a pesar de las condiciones. El sueño veracruzano no se cumplió. Están regresando a Ciudad Juárez.

Se manifiesta Yautepec por sus principales calles; piden paz


Fernando Baltazar

YAUTEPEC. Tras afirmar que la presencia, desde hace una semana, del Mando Único no ha disminuido la incidencia delictiva en el municipio, decenas de vecinos salieron por cuarta ocasión a manifestar su demanda de seguridad en la marcha por la paz y la tranquilidad que recorrió las principales calles del centro de la ciudad.

Cerca de 40 minutos después de la seis de la tarde de este domingo, los manifestantes comenzaron su marcha encabezada por una ofrenda floral en honor a las víctimas mortales de la delincuencia organizada, caídas durante el mes de enero. A diferencia de las anteriores, la gente acudió en menor número, cerca de 100 personas iniciaron la movilización, número que aumentó considerablemente durante el trayecto.

En esta ocasión una de las principales demandas fue que los delitos no disminuirán tan sólo con mayor número de elementos policiacos, ya que eso no ha funcionado en Yautepec la última semana cuando el Mando Único Policial tomó el control del municipio.

Ejemplo de ello, comentó César Ortiz Triana, uno de los organizadores, es el robo que se registró cerca de las 2:30 de la tarde de este sábado, cuando sujetos armados asaltaron a los pasajeros y chofer de un camión de la línea Estrella Roja, cuando transitaba por la carretera federal Cuautla Cuernavaca, a la altura del cañón de lobos. Para mayor referencia, los delincuentes bajaron de la unidad, después de despojar de sus pertenencias a los pasajeros y chofer, a unos metros de la comandancia de la Secretaría de Seguridad Pública de Yautepec.

Ortiz Triana explicó que el movimiento ciudadano avanzará en el proceso y ya no realizará más marchas en los siguientes días, para organizar y conformar los Comités de Vigilancia Ciudadana, por calle, por colonia y por comunidad. Se creará un centro de información ciudadano para establecer el plano criminógeno del municipio y saber la magnitud del problema, con las colonias más peligrosas, los horarios y lugares donde se registran los delitos, el tipo de los mismos e incluso la identificación de los delincuentes que habitan en la zona y como operan.

GUERRERO: Discrepan cifras oficiales con la realidad sobre homicidios en la Tierra Caliente


JESÚS PINTOR (Corresponsal)

Pungarabato, 2 de febrero. Mientras el gobierno del estado da a conocer en un estudio de Grupo Milenio, que los homicidios relacionados con el crimen organizado sufrieron un descenso de 52 por ciento con relación a diciembre, en Tierra Caliente las muertes de manera oficial llegaron a 45 por ciento más, y extraoficialmente, se contabiliza un crecimiento de 72 puntos porcentuales.

El reporte mensual de Grupo Milenio, refiere que no obstante haberse incrementado en enero 10 por ciento en el número de homicidios relacionados con el crimen organizado reportados a nivel nacional, “en Guerrero esta cifra tuvo una reducción de 52 por ciento respecto a diciembre pasado”, sin embargo, los medios locales, al menos en la región, hablan de una alza.

En Tierra Caliente las muertes con el sello del crimen organizado en diciembre fueron 11 en total, con cuatro casos registrados en Ciudad Altamirano, cabecera de Pungarabato, municipio que el Consejo Nacional de Evaluación de la Políticas de Desarrollo Social (Coneval) califica como el más importante de la región, pero también el más violento.

Para enero, de manera oficial se contabilizaron 16 asesinatos violentos, de ellos, nueve se registraron en Ciudad Altamirano. El ritmo de homicidios fue de más de uno por cada dos días de manera regional, aunque en la cabecera del distrito federal 01 y del distrito 18 local, hubo ocasiones que se reportaron dos o tres muertes en un solo día.

De acuerdo con esos números, el crecimiento de homicidios “ligados al crimen organizado” fue de 45.4 por ciento más entre diciembre de 2013 a enero de este año. La prensa local especializada en la fuente habla, sin embargo, que hubo tres casos que no se contabilizaron oficialmente por intereses de grupo, de tal suerte que se cuentan “de manera extraoficial”, 19 homicidios.

Con esa cantidad entonces, el crecimiento de la violencia en la región calentana de manera extraoficial, es del orden de 72.7 por ciento tan sólo en un mes de diferencia, por lo que de ser verdad lo que informó Grupo Milenio que en Guerrero se registraron 41 homicidios en el estado, en Tierra Caliente se dio 46.3 por ciento.

Los 41 homicidios ubican a Guerrero en séptimo lugar, según Grupo Milenio, que se contaron para hacer 720 a nivel nacional, o 24 víctimas al día en el mes, 10 por ciento más por los 643 asesinatos de diciembre. Que si bien hubo un aumento de diciembre a enero, es menor 24.3 por ciento por los 956 ocurridos en enero de 2013.

GUERRERO: Marchan pobladores y la Upoeg de El Rincón a El Ocotito en reclamo de paz


En asamblea, la gente nombra a dos comandantes para organizar a las policías ciudadanas

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 2 de febrero. Habitantes del valle de El Ocotito, junto a miembros del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), nuevamente marcharon, esta vez de El Rincón a El Ocotito, en reclamo de paz y en celebración por constituir sus propias guardias civiles.

El promotor de la Upoeg, Crescenciano Ramírez López, ayer informó que el movimiento en el valle de El Ocotito se encontraba en la etapa de la organización, es decir, la transición de la fase de ingreso a la constitución de la Policía Ciudadana en los propios pueblos. El Ocotito, Mohoneras, El Rincón, Cajeles, Carrizal de la Vía, Dos Caminos, Buena Vista de la Salud, La Haciendita y Mazatlán son los pueblos donde tiene presencia la Upoeg en el valle de Chilpancingo.

El punto final de marcha fue la base, lugar de concentración del sistema, entre los límites de El Ocotito y Mohoneras, que después se convirtió en el lugar del mitin. La marcha fue en sentido Chilpancingo-Acapulco.

El mensaje en todo momento de la movilización fue de paz, incluso los habitantes acudieron vestidos de blanco y llevaban lienzos blancos en los que se leía: “Paz” o “No más violencia”.

El contingente lo encabezaba una lona en la que se leía: “Upoeg. No somos autodefensas, somos pueblos organizados que exigimos paz...”.

Ramírez López en la marcha informó que los pueblos nombraron a su comandante y su segundo comandante, quienes tendrán la responsabilidad de organizar sus grupos de policías ciudadanos. La formalidad de las estructura se hizo en la asamblea de ayer en El Rincón.

'Limpian' Sochi de perros callejeros previo al inicio de los Olímpicos de Invierno


Sochi. Una empresa especializada en el control de pestes que lleva años matando perros callejeros dice que las autoridades de Sochi le encargaron que siga con sus actividades durante los Juegos Olímpicos de Invierno.

Alexei Sorokin, director general de la firma Basya, dijo que su empresa lleva a cabo lo que describió como la "caza y descarte" de perros. No aclaró si los matan o los envenenan, ni dónde se encuentran sus restos.

Miles de perros callejeros recorren las calles de Sochi y algunos de ellos "muerden a los niños", según Sorokin.

Agregó que la semana pasada asistió a unos ensayos de la ceremonia de inauguración y vio un perro callejero que caminaba entre los participantes.

"Se apareció un perro en el estadio Fisht y nos lo llevamos", afirmó. "Dios no permita que pase algo como esto en la ceremonia. Sería un papelón para el país".

Es común ver perros callejeros en Sochi, que se congregan sobre todo en sitios de construcción, donde esperan encontrar los restos de la comida de los obreros. También se los ha visto adentro del Parque Olímpico.

Defensores de los animales protestaron cuando se anunció la campaña de caza de perros y las autoridades se comprometieron a construir perreras.

Funcionarios municipales informaron en su portal que abrieron una el lunes en Baranovka, cerca de Sochi, con capacidad para unos 100 perros.

En Rusia, es de notar, es bastante común matar a los perros callejeros a tiros.

Omisión del gobierno del Estado de Chiapas para impedir agresiones a las BAEZLN



San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

a 2 de febrero de 2014.

Boletín de prensa No.3

La CIOAC violenta el territorio del EZLN

Retención a colaboradores del hospital San Carlos

Este Centro de Derechos Humanos, documentó las agresiones en contra del territorio del Ejército Zapatistas de Liberación Nacional (EZLN) cometidas el 30 de enero 2014, resultando heridos cinco Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) dos con lesiones leves y tres hospitalizados, uno de ellos con riesgo de perder la vista.

Los hechos sucedieron en el ejido 10 de Abril del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista 17 de Noviembre, perteneciente a la Junta de Buen Gobierno “Corazón del Arcoíris de la Esperanza, Caracol Torbellino de Nuestras Palabras”, Morelia (municipio oficial de Altamirano, Chiapas). Así también agresiones y retención a cuatro personas que colaboran en el hospital San Carlos. En cuanto al grupo agresor resultaron dos heridos de la comunidad 20 de Noviembre quienes estuvieron hospitalizados en el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) de Altamirano y dados de alta el día de los hechos, pertenecientes a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesina (CIOAC).

Testimonios refieren que el 30 de enero a las 6:40 hrs. llegaron al ejido 10 de Abril, 18 camionetas Nissan, cerca de 300 personas que empezaron a amenazar verbalmente, acto seguido agredieron con palos y piedras a las BAEZLN. Los hechos se dan en un contexto de ataques de la CIOAC con la finalidad de despojar tierras recuperadas que las BAEZLN tienen en posesión desde el levantamiento armado en 1994.

Asimismo este Centro de Derechos Humanos, documentó la privación arbitraria de la libertad a colaboradores del hospital San Carlos, quienes se dirigían al auxilio de heridos, cuando fueron retenidos durante dos horas por integrantes de la comunidad 20 de Noviembre. El personal del hospital fue agredido verbal y físicamente, les retuvieron una ambulancia y una camioneta Chevrolet. Al día de hoy fue recuperada la ambulancia, sin que se tenga noticias de la camioneta.

Desde el mes de noviembre del 2013 se incrementaron las incursiones y con ello hostigamientos de integrantes de la CIOAC hacia el ejido 10 de abril. Este Centro de Derechos Humanos, con fechas 8 y 14 de noviembre del año 2013, así como el día 29 y 30 de enero 2014, manifestó su preocupación, mediante los oficios: 004-008-13/109/2013; 04-008-13/110/2013;004-008-13/007/2014 y 004-008-13/008/2014; este ultimo en calidad de urgente, todos dirigidos al gobierno del estado de Chiapas, sobre la situación prevaleciente en el ejido mencionado y los riesgos existentes a la vida e integridad de las personas implicadas, sin que se adoptaran medidas efectivas para prevenir y solucionar el conflicto. Por consiguiente el gobierno de Chiapas ha sido omiso y por tanto permisivo ante los hechos denunciados.

Actualmente en la región existe un riesgo inminente de nuevas agresiones e intensificación de la violencia, estando en vulnerabilidad la vida e integridad personal, además de violaciones al derecho al territorio y a la autonomía de los pueblos zapatistas.

Por lo anteriormente expuesto, dada la gravedad y urgencia de los hechos descritos, este Centro de Derechos Humanos exige a los gobiernos federal, estatal y municipal actué para la distención del conflicto y garantice la seguridad e integridad de los involucrados, actuando bajo su responsabilidad de garantizar, respetar y proteger los derechos humanos de la población que se encuentra en su jurisdicción. Compromisos que ha adoptado y firmado ante la comunidad internacional.

Asimismo instamos al gobierno de Chiapas investigue y sancione a los responsables de las agresiones perpetradas en contra de las BAEZLN y colaboradores de hospital San Marcos.

Antecedentes

Según testimonios de BAEZLN refieren que el 27 de enero, hacia las 7:30 hrs. llegaron al ejido 10 de Abril, entre 15 y 17 camionetas, con un grupo aproximado de 250 personas de la CIOAC provenientes del ejido de 20 Noviembre y Lindavista, quienes destrozaron los letreros que señalaban que estas eran tierras zapatistas, acto seguido destruyeron 9 árboles de pino, 40 arboles de roble, 35 matas de café, y 3 matas de plátano. A las 16:00 hrs. se retiraron con amenazas de muerte, prometiendo volver.

Desde noviembre del 2013 los representantes de la CIOAC firmaron una minuta de trabajo, donde se comprometieron a no seguir incursionando en las tierras que pertenecen a EZLN, lo cual fue incumplido en este mes de enero.

viernes, 31 de enero de 2014

Irrumpen militares en la normal rural de Ayotzinapa; fue una equivocación, dicen


CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 30 de enero. Militares a bordo de una Hummer y una camioneta irrumpieron la mañana de este jueves en la normal rural de Ayotzinapa, y aunque argumentaron que se habían equivocado de lugar, durante todo el trayecto los soldados tomaron video. El convoy militar arribó hasta el estacionamiento interno de la normal, ubicado a un costado del comedor estudiantil.

Esta acción los estudiantes lo consideraron como una intimidación y hostigamiento, toda vez que ya es la segunda ocasión que los soldados ingresan a la escuela, donde en la entrada hay un arco con un letrero grande que especifica que es la normal.

En conferencia de prensa, el director del plantel, José Luis Hernández Rivera, detalló que a las 10 de la mañana, unos 20 militares a bordo de una Hummer y una camioneta artillada entraron a la escuela y llegaron hasta el estacionamiento interno, ubicado a un costado del comedor estudiantil.

“Entraron, no sucedió nada grave, pero en forma según espontánea ellos entraron, la información que recibimos de ellos es que se equivocaron al entrar y no ubicaron que estaban en la normal de Ayotzinapa”, indicó.

Comentó que los estudiantes fueron muy cuidadosos, pues “pudo haberse dado una serie de golpes, balazos, tragedia, pero lo importante que no pasó nada y sobre todo se pide tener mucho cuidado porque el estado está viviendo tiempos difíciles”.

En tanto, el representante del Comité Estudiantil de Ayotzinapa, Guillermo Hernández Castro, dijo que “es muy grave lo que está pasando en la escuela”, pues recordó que no es la primera vez que militares merodean la normal: “Ha habido varias ocasiones que han estado vigilando no sabemos con qué fines o a quién tratan de localizar; lo que no queremos es llegar a un conflicto con ellos, porque a la escuela no pueden entrar ni la Policía Federal, ni el Ejército”.

Hernández Castro consideró que esta irrupción es una forma de intimidación “más ahora que se está militarizando el estado de Guerrero y más que hay aquí policía comunitaria y que Ayotzinapa está respaldando a la Policía Comunitaria y a los movimientos sociales, entonces claro está que es una forma de intimidación”.

Dijo que dudan que haya sido una equivocación de los soldados como argumentaron, pues desde que estaban en la entrada los militares estaban tomando video, además en la entrada hay un arco donde está el letrero que señala que es la normal rural de Ayotzinapa, “al menos que no sepan leer los militares”.

El dirigente estudiantil aseguró que no pondrán ninguna queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos en el estado (Coddehum), ya que no confían en la institución, luego de que el gobernador impuso al presidente interino. “Ahorita no creo porque no confiamos en el instituto, entonces no confiamos mucho en la Coddehum, sabemos que es un organismo independiente pero ahora con la imposición que hizo el gobernador ya no creemos que vele por los derechos humanos de los de abajo”, dijo.

En tanto, el representante de los padres de familia, Fernando Basilio, consideró que se vive una situación difícil en el estado, lo que pudo haber provocado la irrupción militar y que pudo haber provocado una tragedia.

jueves, 30 de enero de 2014

Mi camioneta recibió 70 disparos; acuso al alcalde de Chilpancingo: líder de comerciantes

DISCURSO 2 HORAS ANTES DE SUFRIR ATENTADO PIOQUINTO DAMIÁN HUATO

Solicita CNDH medidas cautelares a Quintana Roo para el periodista Sergio Caballero por agresiones


Por Fernando Camacho Servín

México, DF. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares al gobierno del estado de Quintana Roo, en favor del periodista Sergio Caballero, corresponsal de la revista Proceso en Cancún, debido a los ataques cometidos en su contra.

Un equipo de visitadores adjuntos fue enviado al lugar de los hechos para entrevistarse con el agraviado y recabar evidencias e información relativa a tales hechos, informó el organismo a través de un comunicado.

De igual forma, la CNDH buscará que la autoridad investigue "de manera amplia e imparcial" hasta lograr el esclarecimiento de los hechos, deslindar responsabilidades y garantizar que la agresión no quede impune.

La entidad dirigida por Raúl Plascencia Villanueva, enfatizó que es obligación del Estado prevenir cualquier acto que violente la libertad de expresión, "ya que toda sociedad democrática debe tener como uno de sus principales componentes la participación de una prensa libre e independiente, que cumpla con su función social en condiciones de seguridad".

Desalojo forzado por policías estatales en el ejido Joaquín Miguel Gutiérrez



Boletín de prensa No. 02

Desalojo forzado por policías estatales en el ejido Joaquín Miguel Gutiérrez

Uso desproporcionado de la fuerza pública y agresiones contra 75 familias tsotsiles

Según información documentada, por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), el día 22 de enero de 2014, en el ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, en el municipio de Berriozábal, se dio un operativo policiaco sin que se mostrara ninguna orden de desalojo. El operativo culminó con el desalojo forzado de 75 familias tsotsiles (integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente - Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Emiliano Zapata), la destrucción, saqueo y quema de viviendas, robo de pertenencias, con resultado final de una mujer de la tercera edad agredida, cinco personas heridas y cuatro más detenidas arbitrariamente. La acción, que duró cerca de cuatro horas, se llevó a cabo desde las 08:30 hrs. con la presencia de aproximadamente 800 elementos de la Policía Estatal Preventiva, Policía Ministerial, Policía Municipal de Berriozábal quienes usaron gases lacrimógenos tipo “3420 37/38 MM RIOT CN POWDER MUZZLE BLAST”, toletes, garrotes, palos y portaban armas de fuego.

El operativo fue efectuado sin observar el “Protocolo de desalojos por parte de las corporaciones de policías y seguridad del Estado y los municipios de Chiapas”, y dio como consecuencia grave: agresión con gases lacrimógenos contra una mujer de 75 años de edad; un hombre con quemadura en la cartilágine de la oreja izquierda producida por gas lacrimógeno y hematoma en el abdomen; un hombre con herida por garrote en la ceja izquierda; un hombre con una escoriación en la costilla por quemadura producida por un tiro de gas lacrimógeno; un hombre con herida por garrote en la sien derecha; un hombre con heridas en la ingle por golpes. Además los Sres. Josué Isaí Pérez Vázquez, José Rafael Gómez Juárez, Hiram Méndez Vázquez y Josué Pérez González resultaron detenidos con golpes, tratos crueles y trasladados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez; de ahí, el viernes 24 de enero de 2014, fueron encarcelados en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 14 (El Amate), Cintalapa.

De lo anterior, este Centro de Derechos Humanos, documentó múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por los elementos policiacos del estado de Chiapas, como son el derecho a la: integridad y seguridad personal, libertad, seguridad ciudadana, protección frente al abuso de poder, respeto a la honra y reputación; además derechos de las mujeres, de las niñas y los niños, de las personas adultas mayores, que se cometieron en la ejecución del operativo violento. Derechos incluidos en instrumentos internacionales que el Estado mexicano se comprometió a proteger, respetar y garantizar de acuerdo a su promoción, firma y ratificación; entre ellos están los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Cabe mencionar que al Frayba le preocupa la situación de violación sistemática a los derechos humanos cometida por el gobierno del estado de Chiapas a través de sus funcionarios y servidores públicos en actos como: agresiones, tratos crueles inhumanos y degradantes, tortura, privación arbitraria de la libertad. Casos que este Centro de Derechos Humanos ha venido documentando, como una lamentable práctica cotidiana de los abusos del Estado a pesar de la normatividad nacional e internacional que prohíbe estos excesos de poder.




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Intimidación, robo y falta de acción oportuna por parte de las autoridades a la DDH Nadin Reyes Maldonado, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos "Hasta Encontrarlos" Recibidos x


Expediente: 2/CHE-DF
Puebla, México, a 29 de enero de 2014

La Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RENDDH) con domicilio para recibir notificaciones en Avenida Reforma 121, despacho 1, Centro Histórico de Puebla, y correo electrónico contacto@reddh.org, reddh.mex@gmail.com, con numero celular 044 22 21 27 68 39, solicita su intervención urgente ante la intimidación, robo y falta de acción oportuna por parte de las autoridades de la cual fué victima la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”.

HECHOS

La noche del martes 21 de enero de 2014 en el Municipio de Netzahualcóyotl, Estado de México, Nadín REYES MALDONADO, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, fue victima de robo, privación ilegal de la libertad y falta de acción oportuna por parte de las autoridades.

Ese día, afuera del domicilio de su hermano, a quién ayudaban a trasladar unas pertenencias puesto que se cambiaría de casa, abordo del vehiculo Bora Sport, negro, con placas de circulación 630 WHJ propiedad de un amigo que la acompañaba. En ese momento fue interceptada por dos personas que con violencia les arrebataron las llaves y poniendo en marcha el automovíl los privaran de su libertad. Uno de ellos de aproximadamente 24 años de edad, de 1.80 metros de estatura, moreno claro, con acné de lado derecho de la cara; el otro de aproximadamente 22 años de edad, delgado y como de 1.70 metros de estatura.

Los trasladaron por varias calles bajo injurias y amenazas por cerca de 20 minutos, estando por la Avenida Texcoco se emparejó un taxi del Distrito Federal, un platina con placas de circulación A47-487 ó A47-387, en el que viajaban tres personas, al parecer cómplices de los captores. Ya que el copiloto de dicha unidad, indicó a quien conducia el automovil: “por aquí ya tíralos y ahorita te pones”. Procediendo uno de los asaltantes a quitarles celulares, identificaciones y dinero, para posteriormente, sin detener por completo el coche, los arrojaran al llegar a la calle Ángel Trías, casi esquina con General Francisco Arce, en la colonia la Valenciana en el Distrito Federal, huyendo en el auto Bora tras el taxi mencionado.

Cerca del lugar en que fueran abandonados, pidieron apoyo a una patruya, pero los patrulleros dijeron que no podían hacer nada porque el delito se había cometido en el estado de México. Sólo por insistencia de Nadin y sus acompañantes, los condujeron finalmente a la Agencia del Ministerio Público número 44 de la Delegación Iztapalapa.

Ahí, el oficial, secretario de turno, Juan Carlos Vázquez Bahena, se negó a recibir la denuncia. Argumentó que el delito se había cometido en Neza, sin tomar en cuenta que los delincuentes culminaron su atraco en territorio del Distrito Federal y que durante el asalto también fue usado un taxi de esta demarcación.

Tuvieron que acudir a Netzahualcóyotl donde después de horas pudieron reportar el robo al 01 800 70 28 770, teléfono en el que únicamente les dieron el número de Noticia criminal: 221920143414. Fue hasta el sábado 25 de enero que por la presión ejercida por el Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” pudieron interponer la denuncia formal.

Es importante destacar que todos estos hechos se dan en el contexto de la denuncia que el Comité Hasta Encontrarlos hizo en días pasados por la desaparición forzada del Joven indígena Tzotzil Ramiro Rodríguez Sántiz en Chiapas a cargo del grupo paramilitar “Los Petules” y de las acciones jurídicas que se están realizando en este momento para llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Por lo que, mientras no exista una atención efectiva por parte de las autoridades y se lleve a cabo una completa investigación para detener y castigar a los responsables de los delitos denunciados, quienes conforman el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” no descartan que estos hechos tengan relación y sean parte de un refinado hostigamiento e intimidación que el gobierno ha desatado en contra de quienes forman parte de este Comité y de quienes se han solidarizado con las tareas de defensa de los derechos humanos realizan.

Por lo expuesto anteriormente, la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RENDDH), solicitamos de manera urgente sustentandonos en el Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

I. A las autoridades del estado de México y del Distrito Federal garatizar la integridad física y psicológica de la Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, así como de su familiares, amistades y organizaciones solidarias que les han acompañado.

II. Exigimos a la Procuraduría de Justicia del Estado de México y del Distrito Federal que realicen de manera pronta las investigaciones necesarias para dar con el paradero del vehículo robado y para que los responsables materiales e intelectuales sean puestos a disposición de las autoridades correspondientes a efecto de que sean sancionados
penalmente conforme a la ley.
III. Asimismo, toda vez que los ladrones se llevaron documentación oficial del hermano de Nadín: acta de nacimiento, cartilla militar y carnet del seguro social. Éste se deslinda de cualquier uso ilícito que los delincuentes, sus cómplices o cualquier otra persona puedan hacer de esos documentos.

Finalmente, a todas las organizaciones y personas solidarias les hacemos también un llamado para estar atentas ante cualquier otra situación en contra de los miembros del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, familiares y amistades.

Atentamente
Unidos y Organizados a Ejercer y Defender los Derechos Humanos

Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos


RENDDH

Pedro Hernández Flores
Presidente de la RENDDH
Israel Sampedro Morales
Vicepresidente de la RENDDH

martes, 28 de enero de 2014

Padre lleva 12 días en plantón por muerte de su hijo; el gobierno de Yucatán lo ignora


MARCELA TURATI

José Felipe Castillo, muerto en 2011 en Yucatán.
Foto: Especial

MÉXICO, D.F. (apro).- El encargado de la representación del gobierno de Yucatán en el Distrito Federal se ha negado a recibir al padre de familia Marco Antonio Castillo Castillo, quien lleva 12 días de plantón afuera de esa oficina para exigir al gobernador Rolando Zapata que cumpla la recomendación 34/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para esclarecer la muerte de su hijo adolescente, José Felipe Castillo, ocurrida en 2011 en dicha entidad.

Según el representante del gobernador, Ignacio Mendicuti Pavón, la recomendación ya fue cumplida. No obstante, esa afirmación es desmentida por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña.

La legisladora aseguró que recibió información de la CNDH en el sentido de que aún no se ha cumplido esa recomendación, que exige a la fiscalía yucateca realizar una nueva investigación para esclarecer las causas de la muerte de José Felipe.

De acuerdo con las conclusiones de la fiscalía, el joven se suicidó, pero el padre asegura que fue asesinado y que “personas poderosas” están detrás del crimen.

“La recomendación está resuelta, (el gobierno) la aceptó, la contestó y resolvió la fiscalía del estado en el sentido de que no hay ningún delito que perseguir, pues su resolutivo fue que se debió a un suicidio”, dijo Mendicuti a Apro, y señaló que posiblemente el dolor ha cegado al padre de familia que ve una conspiración en su contra y hasta insinuó que se podría estar “lucrando” con la muerte de su hijo.

“Lleva tiempo haciendo plantones ante PGR, ante la CNDH, ante el gobierno del estado. Tengo entendido que fue recibido ya por el gobernador. Creo que está generando un ambiente de distorsión de las cosas. Lamentablemente tampoco se vale lucrar con la desgracia”, dijo el funcionario.

Aunque la recomendación emitida el 11 de enero de 2011 va dirigida al gobernador, Mendicuti manifestó que el señor Castillo Castillo equivoca la instancia ante la cual debe protestar.

“He estado plantado afuera de la oficina, pedí ver al representante del gobernador y nunca me atendió. Una noche que llegó le pedí a su chofer que le dijera que quería hablar con él, después salió una señorita que me dijo que me iban a llamar para concertar una cita y sigo esperando”, explicó este lunes el padre de familia.

Añadió:

“Aunque el crimen se cometió cuando la gobernadora era Ivonne Ortega, la recomendación viene dirigirá al gobernador y él la tiene que responder, porque la procuración de justicia es parte del gobierno del estado y él nombró a la procuradora como parte de su gabinete”.

Luego de que la representación señaló que la recomendación ya había sido cumplida, la senadora De la Peña envió un escrito al gobernador Zapata, fechado el 23 de enero, en el que menciona que al preguntar a la CNDH el nivel de cumplimiento de la recomendación le respondieron que se encontraba en “cumplimiento parcial”.

“Respetuosamente le solicito ponderar la pertinencia de dar cabal cumplimiento a la recomendación de la NCDH número 34/2013”, se lee en el escrito firmado por la legisladora.

En su recomendación, la CNDH estableció que la fiscalía de Yucatán extravió pruebas necesarias para realizar el estudio de criminalística (como el teléfono celular del adolescente y las prendas que vestía) y permitió que otras evidencias fueran sustraídas del expediente.

La fiscalía realizó algunas diligencias con un retraso de hasta un año, volviéndolas inútiles, y no realizaron otras que permitían acreditar el homicidio, ni los dictámenes periciales necesarios para la investigación, ni recabaron los testimonios de las personas que podían ayudar al esclarecimiento de la muerte.

El pasado jueves 23, el representante del gobernador se comprometió a dar una respuesta formal por parte de la fiscalía del estado a esta reportera, pero hasta el momento esto no ha ocurrido.

Aunque el funcionario mencionó que las conclusiones del gobierno daban como causa de la muerte el suicidio, al final de la entrevista mencionó: “No creo que se pueda inventar un delito. No hay nada que ocultar (…) Hay muchísimos delitos que no tienen solución”.

Dudoso, el papel de la CNDH

Aunque la CNDH emitió la recomendación que aún no ha sido cumplida, el pasado jueves 9 esta instancia “certificó” en derechos humanos a la fiscalía de Yucatán, luego de que los funcionarios recibieron cursos de capacitación impartidos por la propia comisión nacional.

Por ese hecho, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el señor Castillo y el centro de derechos humanos Indignación acusaron a la defensoría nacional de solapar la negligencia del gobierno yucateco y de actuar de manera ilegal.

“La CNDH ha incurrido en gravísimas contradicciones e ilegalidades en su proceso: Sin la anuencia y consulta con los padres de la víctima, se firmó un acuerdo de conciliación entre las partes, ello a pesar de que la CNDH detectó que la fiscalía de Yucatán nunca realizó el estudio de criminalística necesario para determinar las causas de la muerte de José Felipe y pese a ello, denunció el padre de la víctima, el expediente fue cerrado por el Ministerio Público local a los pocos días del deceso, afirmando que se había tratado de un suicidio”, indica la organización Indignación en un comunicado emitido el día que inició el plantón.

Menciona que las razones de la CNDH podrían estar sustentadas “en criterios de carácter político y no de un verdadero análisis” sobre la actuación de la fiscalía de Yucatán bajo los estándares más altos en materia de derechos humanos.

“Resulta gravísimo –agrega– que se pretenda sustituir el cumplimiento de obligaciones con otras medidas irrelevantes y que el criterio utilizado por la CNDH pueda estar basado en la cantidad de cursos en materia de derechos humanos que su personal ha tomado, y no en un análisis serio del desempeño de la fiscalía y de la obligación que, como institución pública, tiene de cumplir con el respeto pleno de los derechos fundamentales”.

Este es el tercer plantón del señor Castillo en el DF. En septiembre de 2013 protestó afuera de la sede de la CNDH en esta capital y, por la presión, la dependencia emitió la recomendación 34/2013 el 11 de septiembre en contra del gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, y le demandó investigar de nueva cuenta hasta esclarecer si se trató de un homicidio y abrir una averiguación previa contra los funcionarios responsables de la necropsia y las irregularidades.

En esta ocasión, el padre de la víctima protesta porque a cinco meses de emitida y aceptada la recomendación no ha tenido avances.

Mujer da a luz en banqueta por negligencia médica…otra vez en Oaxaca


PEDRO MATÍAS


Un médico recibe a la niña en la banqueta.
Foto: Tomada de YouTube

OAXACA, Oax. (apro).- A los gritos de Nancy, le siguió un llanto nervioso al ver que su hija nació en la calle sin la atención de salud necesaria porque en el Hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” de Huajuapan de León, no la quisieron atender.

Ángel tuvo que quitarse su suéter para evitar que la recién nacida cayera al suelo: “yo detuve a mi niña hasta que llegó él (el médico) y pedía pinzas (para cortar el cordón umbilical) y ni así se apuraban sus compañeros”.

Con el caso de Nancy, de 21 años de edad, ocurrido en la zona mixteca del estado, suman cuatro las mujeres que han parido afuera de instituciones de salud de este estado por negligencia médica y ante la complacencia de las autoridades gubernamentales y sindicales. Sólo cuatro servidores públicos han sido cesados ante la presión de organizaciones civiles.



Por este nuevo caso, la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca inició el expediente DDHPO/RM/04/(07)/OAX/2014 y emitió una medida cautelar al secretario de salud, Germán Tenorio Vasconcelos, para que rinda un informe del caso.

Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió una queja de oficio para investigar presuntas violaciones a derechos humanos cometidas contra esta mujer.

Entrevistado vía telefónica, Ángel, un ayudante de albañil, narró que su esposa comenzó a tener mucho dolor la madrugada del domingo 26 de enero.

“La mera verdad, mi señora vino desde las 6 de la mañana al hospital. La checaron y le dijeron que todavía no le tocaba. Pasaron como dos horas y los dolores eran más fuertes y le decían que más al rato, y así pasaron tres horas y nada. Mejor nos fuimos para la casa”, contó.

Pero ahí, la mujer “se puso bien mala, se le reventó la fuente, estuvo sangrando y me la lleve al hospital. La metí cargando y (los doctores) decidan que todavía le faltaban cuatro centímetros y me hicieron que la sacara”.

Por el nerviosismo, Ángel no reparó en la hora, pero “serían entre las nueve o diez y media de la noche cuando mi esposa se hincó porque ya no aguantaba los dolores”.

A escasos metros del hospital, Nancy parió auxiliada por su madre y su esposo, mientras que la gente que pasaba por el lugar solicitaba el auxilio de los médicos y enfermeras del hospital.

“Tardaron como cinco minutos para que saliera (el médico) y cuando salieron yo ya tenía a mi niña en mis manos. La cubrí con mi suéter. Yo detuve a mi niña hasta que llegó él y pedía pinzas y ni así”, recordó el padre.

Un video de tres minutos y 10 segundos difundido en YouTube muestra la crudeza del alumbramiento donde se observa a la mujer con su bebé aún con el cordón umbilical, así como la preocupación de la madre por la salud de su niña y la actitud del médico que recomienda tranquilidad, pide una pinza, una camilla y que la gente apague las cámaras.

Ángel informó que decidieron denunciar el caso para que las autoridades “lo tomen en cuenta y no vuelva a suceder porque gracias a Dios mi niña y mi esposa están bien, pero no me gustaría que vuelva a suceder”.

Según el expediente de la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, la autoridad responsable es el personal médico del hospital general “Pilar Sánchez Villavicencio” de Huajuapan de León, ubicado en la región mixteca de Oaxaca, dependiente de los Servicios de Salud estatales.

Al ser cuestionado, el subsecretario de Salud, Maurilio Mayoral, negó que la mujer haya parido en la calle. Luego, reconoció que el secretario de Salud, Germán Tenorio, se trasladó al lugar para investigar el caso.

Respecto a que si fueron cesados los servidores públicos que incumplieron con su función al no atender a la mujer cuando pidió el servicio, se limitó a decir que su política es de “cero tolerancia”.

En su cuenta de Twitter, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) @ssoaxaca, informaron que el director del hospital y el médico de guardia presentaron su renuncia.

Negligencia recurrente

A principios de octubre de 2013, Irma López, una mujer de origen mazateca parió en el patio trasero de la clínica rural del municipio indígena de Jalapa de Díaz. Una enfermera y el médico responsable del turno fueron acusados de abuso de autoridad y omisión.

Otro caso fue el Alma Ruth Mendoza Martínez, cuyo bebé nació en la calle, en las inmediaciones de la clínica del municipio de San Antonio de la Cal. El médico responsable y el director de la clínica fueron separados de sus cargos.

A finales de ese mismo mes, una mujer de nombre Cinthia, tuvo a su bebé en el baño de la posada del Centro de Salud de la comunidad San Jacinto Amilpas. Aunque las autoridades pretendieron ocultar el caso, ella lo denunció el 11 de noviembre.

En los tres casos, se denunció la negativa de las autoridades médicas para dar el servicio, con el argumento de que aún les faltaba tiempo para que naciera su bebé.

Los casos fueron motivo de queja en la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca. En tanto, organizaciones civiles denunciaron discriminación hacia estas mujeres por su origen indígena.

Al mismo tiempo, exigieron al gobernador Gabino Cué, y a la secretaria de Salud federal, Mercedes Juan, la renuncia del secretario de Salud estatal, Germán Tenorio Vasconcelos. Hasta el momento, el funcionario sigue en el cargo.

CNDH abre queja de oficio

Luego de que el video de la negligencia en el caso de Nancy se difundió en las redes sociales y los medios de comunicación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio para investigar presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en contra de la mujer.

En un comunicado, el organismo informó que personal médico y visitadores adjuntos se trasladaron a de Huajuapan de León para integrar el expediente respectivo y estudiar el caso. Agregó que solicitarán información a la institución sanitaria y pedirán el testimonio de la víctima.

Tras concluir la investigación, el análisis y la valoración de las evidencias, emitirá la determinación que conforme a derecho corresponda.

Como en los casos anteriores, la Comisión destacó que “las mujeres indígenas y, más aún, en estado de gravidez, deben ser atendidas sin distinción alguna. El derecho a la protección a la salud debe ser ejercido y exigido por todos, pero en mayor medida ser vigilados ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos grupos”.

Es necesario garantizar, agregó, que las de comunidades indígenas tengan acceso a servicios de salud eficientes, oportunos, gratuitos y que se cumpla con el abasto adecuado de medicamentos y de personal médico capacitado.

Urgen a liberar a autodefensas de Aquila


Autodefensa de Aquila, Michoacán, en conferencia de prensa.
Foto: Enrique Castro

MÉXICO, D.F., (apro).- Hipólito Mora, uno de los líderes de las autodefensas en Michoacán, confió en que a en un mes a más tardar el gobierno federal libere a sus compañeros de Aquila presos desde agosto del año pasado.

“Ojalá los liberen ya pronto. Se tienen que liberar, ya llevan meses encerrados y es injusto”, dijo el líder comunitario en entrevista con Noticias MVS.

La liberación de las autodefensas de Aquila, dijo, no fue condición para la firma del acuerdo con el gobierno federal el lunes pasado, dijo, pero sí se ha abordado en otras ocasiones.

“No fue condición (la liberación para firmar el acuerdo) pero parece que ya los van a liberar, estoy seguro que sí. Yo creo que no pasa de un mes”, confió Mora, al referirse al trato diferenciado que ha dado el gobierno federal a otras autodefensas en el país, en particular a las de Guerrero que recién se organizó, y a la formada en Aquila, Michoacán, el año pasado.

El viernes 24 de enero habitantes de la comunidad de San Miguel Aquila pidieron al gobierno de Enrique Peña Nieto congruencia con el ofrecimiento a autodefensas de integrarse a fuerzas de seguridad, y al Poder Judicial Federal una resolución favorable para los 21 comuneros procesados bajo caución y los detenidos, 19 en Perote, Veracruz, y tres en Morelia.

Los comuneros fueron detenidos el 14 de agosto de 2013 en un operativo policiaco militar.

Según Guadalupe Díaz, representante de San Miguel Aquila, esa comunidad indígena era extorsionada por los Caballeros Templarios y víctima de abusos por parte de la minera Ternium, de origen ítalo-argentino.

El pueblo de Aquila mantenía un conflicto con la minera que compraba minerales en terrenos no concesionados a los Caballeros Templarios, por el incumplimiento de compromisos para el mejoramiento de la comunidad y por la complicidad con un grupo de ejidatarios que fue excluido de las regalías por la asamblea comunitaria.

Durante 12 años la delincuencia organizada extorsionó a los 401 ejidatarios que no tenían otra opción que disponer de los recursos de las regalías para salvaguardar su vida, entregando 27 millones de pesos durante ese periodo.

Los ejidatarios entregaron a los Templarios un promedio de dos mil pesos mensuales por ejidatario, reveló Guadalupe Díaz el pasado viernes.

Este lunes comuneros de San Miguel Aquila, realizaron una marcha en esta ciudad, del Auditorio Nacional a la Secretaría de Gobernación para exigir la liberación de sus compañeros.

Leonel Rivero, abogado de los autodefensas, dijo en entrevista que lo que buscan con la manifestación es llamar la atención del gobierno federal para que “se haga justicia” a los detenidos.

El defensor dijo que los detenidos están en cárceles de alta seguridad y que “hay un uso excesivo de la fuerza contra estos ciudadanos valientes que decidieron defender su vida, su propiedad y su familia.”
Asimismo, Rivero reprochó que a pesar de que el propio gobierno reconoció la importancia de los grupos de autodefensas los “tienen encerrados” y recordó que tres representantes comunales se encuentran desaparecidos desde el 25 de noviembre de 2013 y “hasta hoy, la autoridad ministerial no ha hecho nada por aclarar qué pasó con estas personas”, dijo.

José Reveles en el Círculo de Estudios Central.

jueves, 23 de enero de 2014

Admiten amparo contra CNDH por actuación ante masacre de San Fernando


Por Alma Muñoz

México, DF. La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho informó que el juez decimoprimero de distrito en materia administrativa admitió un amparo en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) porque “no investigó a fondo ni se pronunció respecto a la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas”.

En un comunicado, la agrupación indicó que la comisión tampoco señaló en su recomendación sobre el caso si se violó el derecho a la vida y si el Estado está involucrado por acción u omisión.

El amparo que se presentó “busca reivindicar los derechos de los familiares de las víctimas, pero también para exigir, desde los tribunales, el estándar que una institución garante de derechos humanos debe tener frente a graves violaciones de los derechos humanos de la población migrante”.

La demanda de amparo fue admitida el pasado 17 del presente mes por el juez decimoprimero de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal. Fue interpuesta por familiares de migrantes identificados como víctimas de la masacre y la citada fundación.

Ramiro RODRÍGUEZ SÁNTIZ, joven indígena Tzotzil presentado con vida y signos de tortura


Ejido El Carrizal, Ocosingo, Chiapas, 21 de enero de 2014

A los medios de comunicación nacionales e internacionales

A los organismos defensores de los derechos humanos

A las organizaciones hermanas y solidarias

Al pueblo en general

Boletín de prensa

Nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo denuncia e informa lo siguiente:

1. El 17 de enero del presente año, a través de una acción urgente dimos a conocer sobre la desaparición forzada, con lujo de violencia, de nuestro compañero Ramiro Rodríguez Sántiz, perpetrado por los paramilitares denominados Los Petules, ubicados aproximadamente a un kilómetro del ejido El Carrrizal, lugar donde habitan nuestros compañeros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ- FNLS).

2. Tal acto se dio parte al fiscal del ministerio público de Ocosingo, el mismo día de la detención, del que se giró una orden judicial al día siguiente, dirigido a los paramilitares ubicados en el campamento El Nacimiento, quienes les indicaron que presentaran a nuestro compañero. Sin embargo, al no hacer caso de manera inmediata, la policía municipal procedió a trasladarse al campamento paramilitar, donde encontró a nuestro compañero amarrado y golpeado aproximadamente a las 12:00 del día. Inmediatamente fue trasladado a las oficinas del ministerio público de Ocosingo, tomándole su declaración de los hechos, y posteriormente liberado.

3. La detención desaparición de nuestro compañero, confirma la actuación de los grupos paramilitares como la punta de lanza para los ataques y agresiones en contra de las organizaciones populares independientes.

4. He aquí el testimonio del compañero Ramiro: Me agarraron en el crucero, venía de Ocosingo, ahí se habían estacionado la camioneta, me querían agarrar pero como eran 6. Estaba Domingo, los hijos de Agustín, sacó la pistola Jesús y me quería matar. Me vendaron los ojos y mis pies, Jesús se fue al nacimiento. Me comencé a desatar, pero como no podía caminar, me agarraron y me empezaron a golpear; ahí me dejaron amarrado, durante en la noche en el nacimiento. Me dijeron, que me lleve el mensaje: que Ramiro recoja las maletas.

Llegaron los policías, me preguntaron mi nombre y mi edad, en que escuela estoy estudiando. Estando en Ocosingo me trato de señalar mencionando ante el ministerio público que yo le había dado nombres de personas que supuestamente están de agresores.

5. Por otro lado, el gobierno estatal, estatal y municipal, se suman a incriminarnos e involucrarnos en hechos que no hemos cometido; como lo muestra un periódico de carácter local, “El Chiapaneco”, en una nota de prensa del día lunes 13 de enero de 2014 titulado Retienen a funcionarios de Altamirano , que menciona: Fue desde el pasado viernes cuando integrantes de las organizaciones sociales y del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), llegaron a la cabecera municipal y retuvieron a diversos funcionarios… La detención de funcionarios fueron reivindicados por la organización Yachil A´tel del municipio de Altamirano.

6. Negamos categóricamente las imputaciones que hacen dicho medio de circulación local, y nos deslindamos de las retenciones de tales funcionarios.

Es evidente que la represión en sus distintas modalidades, agresiones y ataques a nuestros militantes sigue su curso, del cual es parte del entramado represivo hacia el conjunto del movimiento popular.

Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno, a los paramilitares “Los Petules” de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros. Exigimos al mismo tiempo la desarticulación de los grupos paramilitares y su reubicación de las tierras ejidales de nuestros compañeros.

Agradecemos a las organizaciones populares, a los organismos defensores de los derechos humanos, a las personalidades que se pronunciaron por la presentación con vida de nuestro compañero.

Atentamente

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

La ejecución de Edgar Tamayo ha puesto en duda la voluntad de los EE.UU. para cumplir con sus obligaciones internacionales.



(Ciudad de México, 22 de enero de 2014) A las 21.40 horas del día de hoy fue ejecutado en las instalaciones del centro Penitenciario Walls, estado de Texas, el ciudadano mexicano Edgar Tamayo Arias.

La ejecución, que estaba originalmente programada a las 18 horas, se produjo cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a resolver en favor de Edgar una apelación de último momento.

Amnistía Internacional (AI) expresa sus más sinceras condolencias a la familia y amigos de Edgar Tamayo Arias y reconoció el coraje y dedicación con la cual lucharon hasta el último minuto para evitar que se llevara a cabo el injusto e inhumano castigo al cual Edgar Tamayo fue condenado.

La ejecución se ha llevado a cabo pese a las irregularidades en su proceso que habían sido denunciadas por Amnistía Internacional junto a otras organizaciones sociales, instituciones gubernamentales y organismos internacionales.

Amnistía Internacional considera que la ejecución de Edgar sin respetar su derecho a un juicio justo, y sin tener en cuenta los elementos aportados por la defensa, como una discapacidad mental leve, al establecer la sentencia convierten esta ejecución en un asesinato sin ninguna justificación.

La organización indicó que la decisión del las autoridades de Texas de llevar a cabo la ejecución de Tamayo representó no solo una indudable violación de su derecho a la vida y al debido proceso, sino además un claro desacato a una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que había ordenado suspender tal sentencia en tanto no hubiera una revisión completa de su caso.

Así mismo, las autoridades ignoraron las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante las cuales este organismo de la Organización de Estados Americanos había solicitado una suspensión de la ejecución.

Amnistía Internacional también destacó que el hecho de que Tamayo Arias hubiera pasado 20 años recluido esperando fecha de ejecución supuso un castigo adicional de 20 años de prisión que no obedecía a sentencia judicial alguna.

“Lo que el mundo atestiguó hoy no fue acto de justicia sino de crueldad.” Afirmó Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México.

“Un hombre hoy fue asesinado bajo la falsa pretensión de justicia, un hombre cuyo proceso no conoció más que la injusticia.” agregó Perseo Quiroz.

Al momento de su ejecución, la organización había canalizado cerca de 1,500 cartas de solidaridad a Edgar Tamayo y más de 25,000 peticiones a las autoridades de Texas solicitando una suspensión a dicha ejecución. Esta correspondencia se sumaba a la de miles más de personas que por iniciativa propia habían escrito a Edgar para mostrarle su apoyo.

“Con su actuar el día de hoy, las autoridades de Texas no solo han puesto en duda la capacidad de este estado de conducir procesos judiciales justos sino que también ha puesto en duda la voluntad de los Estados Unidos para cumplir con sus obligaciones internacionales. Estas autoridades ahora deberán demostrar que son capaces de tomar en serio sus obligaciones internacionales en materia de justicia y derechos humanos ante una comunidad internacional que estará observando de cerca.” Concluyó Perseo Quiroz.

Amnistía Internacional llamó al Congreso estadounidense a discutir y aprobar sin dilación una iniciativa de ley que obligue a todos los estados que conforman los Estados Unidos a obedecer la sentencia de la CIJ y revisar los casos de todos los ciudadanos mexicanos condenados a mueerte en ese país sin haber recibido asistencia consular, tal y como establece el derecho internacional y la sentencia de la CIJ.

Información adicional

Edgar Tamayo Arias fue sentenciado a la pena capital tras haber sido encontrado culpable por un tribunal en Texas del asesinato del policía Guy Gaddis en 1994. Edgar Tamayo nunca aceptó haber sido el autor del asesinato por el cual se le sentenció.

Durante su detención, no se le informó a Tamayo Arias de su derecho a recibir asistencia consultar como lo establece el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, lo cual le puso en una significativa desventaja legal durante su proceso.

El pasado día 17 de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe sobre el caso, estableciendo que se había violado el derecho de Edgar a un juicio justo, y por tanto "el estado de Texas, de ejecutar al señor Tamayo, estaría cometiendo una seria e irreparable violación del derecho básico a la vida reconocido en el artículo I de la Declaración Americana". Además la Comisión ha dictado medidas cautelares ordenando la suspensión de la ejecución.

miércoles, 22 de enero de 2014

Ordena Corte libertad inmediata de indígena nahua presa por aborto


Por Jesús Aranda

México, DF. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió el amparo liso y llano y la libertad inmediata de Adriana Manzanares Cayetano, indígena nahua sentenciada a 22 años de prisión después de haber sido golpeada, insultada y acusada por una asamblea popular en el municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero, debido a que, producto de una infidelidad, dio a luz a un bebé que murió al nacer.

Acusada de aborto, la joven indígena deberá salir libre del penal de Chilpancingo Guerrero, determinaron los ministros por unanimidad.

La sala consideró que fue violado el debido proceso legal de la acusada, quien no contó, entre otras cosas, con un intérprete que hablara su lengua al momento de rendir su declaración ministerial.

Su defensa alegó Manzanares tuvo un aborto espontáneo a los siete meses de gestación; además, debido a que es pobre y no entiende español, no tuvo acceso a servicios de salud, lo que causó la muerte del producto. Además, agregó, el proceso penal fue irregular, porque la autoridad tardó siete meses en dictar auto de formal prisión y la acusación de homicidio en razón de parentesco fue acreditada por un juez de Guerrero con base en el testimonio de un hijo de Adriana que tenía cuatro años y fue coaccionado por su tía.

Una vez que termine la sesión, la sala procederá a notificar al penal la decisión de la Corte para que Manzanares quede libre.

Comunicado de Las Abejas de Acteal


Organización de la Sociedad Civil Las Abejas
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Ch'enalvo', Chiapas, México.

22 de enero de 2014

A las Organizaciones Sociales y Políticas
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios de Comunicación Alternativos
A la Prensa Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A las y los Adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona

Hermanos y hermanas

En esta Tierra Sagrada les damos la bienvenida y desearles un feliz año nuevo, a pesar del infierno que reina en nuestro sufrido y sangrado México.

Nuestro corazón está muy triste e indignado por la guerra que se vive en el estado de Michoacán y no nos extraña que el gobierno no actúa para detener la violencia, sino, al contrario muchas de las autoridades civiles y militares están coludidos con la delincuencia organizada, como lo han denunciado habitantes de Apatzingán, Michoacán. Este hecho es una vergüenza para México.

Sabemos que las armas no traen vida, sino, las quita, pero, los habitantes del estado en mención, han optado en crear autodefensas, porque esa es la opción que propicia el mal gobierno y su ejército al no aplicar la justicia y proteger a la ciudadanía de las garras de los delincuentes narcotraficantes. Por ejemplo leímos en varios diarios del país, que los militares en lugar de capturar a los carteles del grupo criminal “Caballeros Templarios”, matan a 4 civiles entre ellos una niña en Apatzingán, Michoacán.

En el gobierno de Felipe Calderón dejó más de 60 mil muertos, sin contar los desaparecidos y desaparecidas por su guerra contra el narco. Y ahora Enríque Peña Nieto está muy claro que quiere seguir esa política de guerra que creó Calderón, no le importa la vida de los inocentes. ¿Qué clase de seres humanos son estos dizque gobiernos, que no les duele la vida humana? Pero como estos “gobernantes” son empleados de los países neoliberales, es entonces que no tienen alma y conciencia.

Está muy claro que el neoliberalismo se alimenta de: discursos demagógicos, proyectos asistencialistas, despojo de tierras, violencia, drogas, feminicidio, discriminación, represión, cárcel, masacres, impunidad, etc. Y para imperar este modo de vida, según el neoliberalismo tiene que haber un Zedillo, un Calderón, un Peña Nieto o sea los funcionarios y políticos tienen que ser corruptos y mafiosos.

Es que estos gobiernos del mal o sea neoliberales son tan cínicos e hipócritas; según el gobierno de Estados Unidos quiere ayudar por la situación en Michoacán, cuando en realidad su país es el principal consumidor de las drogas y el vendedor de armas para las guerras que asesinan pueblos y países inocentes. Lo que dicen y hacen los gobiernos neoliberales, dan asco.

Hermanos y hermanas, nuestro México, nuestro mundo está en crisis total por culpa de unos pocos ambiciosos del dinero y del poder que quieren obtener y controlar todo a costa del trabajo de los pobres y de sangre inocente.

Nosotros y nosotras de Las Abejas de Acteal, volvemos a ratificar y sostener nuestra palabra que nada esperamos de los malos gobiernos, nada de los partidos políticos. Nosotros los pueblos somos los que tenemos que decidir cómo tenemos que gobernar y vivir en armonía entre los seres humanos.

En estos días los hermanos y hermanas desplazados del ejido Puebla, están en su comunidad cosechando su café por 10 días. A pesar de que el gobierno municipal, estatal y federal “garantizó” tranquilidad en estos días de estancia, los hermanos y hermanas nos han reportado incidentes como:

insultos verbales de jóvenes del grupo agresor hacia los desplazados cuando caminan en las calles.
Probables disparos de armas de fuego cerca de un río de dicho ejido.
El día domingo 19 de enero del presente, el síndico del municipio oficial de Chenalhó, ofreció 600 pesos al representante de los y las desplazadas para que “todos tomaran café”. Obviamente el compañero no aceptó ese dinero, le dijo al síndico en tono de respeto, “discúlpame pero no lo voy a aceptar, no venimos aquí a pedir dinero, lo que queremos es justicia”.

Que triste e indignante que las autoridades oficiales del mal gobierno su uso y costumbre que en vez de aplicar la justicia, ofrece regalitos, migajas con el objetivo de dejar en impunidad desde un delito sencillo hasta un crimen de lesa humanidad como la masacre de Acteal.

Está muy claro que el mal gobierno en sus tres niveles, su corazón y su cabeza no quieren que haya paz con justicia y dignidad en el ejido Puebla. Es que el mal gobierno en vez de resolver el conflicto del predio católico en dicho ejido, sólo quiere que se olvide las agresiones a nuestros hermanos y hermanas y pide que haya “borrón y cuenta nueva”, o sea abonar la impunidad, como ya es costumbre del mal gobierno.

Ante todo lo anterior, los desplazados y desplazadas piden a los solidarios que exijan al gobierno a que cumpla con estas principales demandas:

Justicia para los agresores y condición de seguridad para el retorno definitivo
Reconocimiento del terreno a los católicos
Reparación de daño de la iglesia destruida y de las pertenencias robadas

Esperamos que los hermanos y hermanas desplazados puedan permanecer los 10 días, aunque como ya se mencionó no existe una buena condición de permanecer en Puebla, porque ven que no son respetados por el grupo agresor.

Son tantas cosas que empiezan en este año 2014, pero, lo triste es que empieza con más sangre y una gran impunidad de lo peor.

A pesar de todo, tenemos que reforzar nuestra lucha. Levantar la voz para que se calme la guerra en Michoacán. La violencia en dicho estado, es el reflejo de cómo México está sumergido en el infierno.

Pedimos respetuosamente a todos los hombres y mujeres de buen corazón ante esta realidad que se vive en México; a unirnos y hacer protestas, manifestaciones, denuncias públicas desde nuestros rincones porque urge detener esta pesadilla.

Antes de terminar, queremos decir que este 24 de enero cumplen 3 años que Jtotik Samuel ya no está físicamente, pero, su presencia espiritual y enseñanzas que nos compartió, aquí han quedado para siempre con nosotros y nosotras. Su memoria vivirá siempre en nuestro corazón. Nunca olvidaremos su lucha por la paz con justicia y dignidad para nuestros pueblos.

Hermanos y hermanas reciban muchas fuerzas en sus corazones, no se desanimen, sigan firmes en sus luchas, porque apenas comienza el año.

ATENTAMENTE
La Voz de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas

Por la Mesa Directiva:

Antonio Gutiérrez Pérez
Martín Pérez Pérez

Nicolás Arias Cruz
Simón Pedro Pérez López