Director de albergue para niños migrantes en Tapachula deja Chiapas por temor a agresiones

Elio Henríquez, corresponsal

Publicado: 06/08/2013 16:47

San Cristóbal de Las Casas, Chis. El director del albergue para niños migrantes no acompañados y en situación de calle Todo por Ellos, con sede en Tapachula, Ramón Verdugo Sánchez, salió de Chiapas por temor a ser agredido, luego de que policías federales irrumpieron en sus instalaciones el pasado 27 de julio, informaron sus colaboradores.

Dijeron que el activista “desapareció” el domingo pasado, por lo que integrantes de otras organizaciones no gubernamentales se movilizaron para tratar de localizarlo, pero el lunes Verdugo Sánchez se comunicó al albergue para informar que había salido del estado por seguridad y que estaba bien.

El pasado 27 de julio, cinco policías federales irrumpieron en las instalaciones del refugio, lo que generó preocupación entre diversos organismos y activistas dedicados a la defensa de migrantes en Chiapas y otras partes del país.

Según denunció en su oportunidad Verdugo el albergue y él mismo fueron objeto de acoso y amenazas de personas no identificadas desde el 27 de julio.

Luego de la irrupción de los agentes federales, Ramón Verdugo solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con la finalidad de que emitiera medidas cautelares para él y para el albergue, pero desde el domingo decidió abandonar el estado debido a las amenazas que ha recibido, según uno de sus colaboradores en el albergue.

Verdugo informó en días pasados que luego de la irrupción policiaca el jefe regional de la Policía Federal Preventiva, Hugo César Lasserre Larraga le aseguró que no existe ninguna denuncia en contra suya ni del refugio.

Raúl Álvarez Garín: la referencia indispensable

Luis Hernández Navarro

Raúl Álvarez Garín es uno de los personajes más emblemáticos del movimiento estudiantil-popular de 1968. Durante el conflicto tuvo una enorme influencia en la conducción del Consejo Nacional de Huelga. Preso en Lecumberri durante dos años y siete meses, desempeñó un papel central en atenuar los efectos degradantes de la vida en la cárcel y fomentar a su interior un ambiente de estudio organizado. Años más tarde, su reflexión sobre los acontecimientos fue central para esclarecer lo sucedido. Con mucho, su trayectoria política encarna las aspiraciones y convicciones de la generación que protagonizó esa protesta.

“El 68 –escribió Carlos Monsiváis en La tradición de la resistencia– es el fenómeno más significativo de la historia de México en la segunda mitad del siglo XX”. Para muchos jóvenes, esa fecha fue su bautizo de fuego en el mundo de una política distinta. Hasta ese momento, política era, en lo esencial, sinónimo de transa, corrupción, componenda y manipulación. Pero el movimiento dio a esa actividad un nuevo sentido de honradez, dignidad y verticalidad, de compromisos con causas colectivas. Raúl Álvarez ha mantenido a lo largo de todos estos años esos valores. Él es un político de convicciones morales.

Nacido en 1941, militante de izquierda desde su adolescencia, integrante de la Juventud Comunista, con la que rompió antes del estallido de 68, animador infatigable de la izquierda revolucionaria, Álvarez Garín es un hombre coherente. Ya lo era cuando con 27 años de edad se encontró en la cresta del descontento estudiantil del 68, había pasado por la Facultad de Ciencias de la UNAM y cursaba el tramo final de la licenciatura en físico-matemáticas en el IPN. Lo ha seguido siendo hasta nuestros días. Crítico implacable del poder, ha navegado toda su vida contra la corriente, apostado siempre a los movimientos sociales para transformar el país.

Su formación política inicial estuvo marcada por el activismo estudiantil, la influencia de la revolución cubana y su crítica a los partidos comunistas y las discusiones ideológicas promovidas por las organizaciones revolucionarias que surgieron en el país. Simultáneamente tímido y hosco, formal y responsable, desarrolló grandes dotes como organizador.

Ante asambleas y grupos, Raúl habla pausadamente, con sencillez y autoridad. Así lo ha hecho durante décadas. En sus intervenciones políticas busca explicar el significado de los hechos, los alcances de las acciones. Es simultáneamente estratega y pedagogo. De manera directa da contexto y problematiza el alcance de las posiciones a debate. Su lenguaje es comprensible, ajeno a la jerga marxista aunque profundamente influido por esta teoría.

Casado en primeras nupcias con María Fernanda Campa, hija del dirigente ferrocarrilero comunista Valentín Campa, quien pasó la mitad de su vida en cárceles y en la clandestinidad, Raúl vivió desde joven la experiencia de la represión de manera directa. Nunca ha olvidado esa lección.

Entrevistado hace cinco años por una publicación de izquierda, señalaba: Siento un compromiso vital con los aspectos políticos generales, no sólo por la experiencia propia, sino por lo que se muestra que continúa como amenaza grave en la vida nacional. Esto lo vivo como un problema de emoción también, porque uno siente que las amenazas de violencia represiva, de irracionalidad total, se mantienen y son de los componentes más graves.

Periodista revolucionario, al salir de la cárcel, en 1971, Álvarez Garín fue promotor, junto a un grupo de dirigentes del movimiento de 68, de la revista y organización política Punto Crítico. En el México de aquellos años los espacios para ejercer un periodismo independiente se limitaban al Excélsior de Julio Scherer, el suplemento La Cultura en México de Siempre! y la revista ¿Por qué? De allí que contar con una publicación que rompiera el cerco informativo fuera vista por la izquierda como una tarea central.

Punto Crítico apareció por vez primera en enero de 1972 para contribuir con una política editorial clara y consecuente, al debate organizado de las fuerzas de izquierda sobre bases objetivas y permanentemente renovadas, con la intención de acceder a una unidad creadora y no a una unidad estéril y a la postre burocrática.

Han pasado ya muchos años desde aquella aventura pero, ya como militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raúl continúa promoviendo la prensa crítica, ahora como coordinador de asuntos laborales y sindicales de Corre la Voz, un periódico de masas ampliamente distribuido entre movimientos populares del valle de México.

Incansable guardián de la memoria, Alvarez Garín presentó, a finales de 1993, siendo diputado de la 55 Legislatura, la iniciativa para adicionar al artículo 8 de la Constitución un párrafo que dice: Los ciudadanos tienen derecho al libre acceso a todos los archivos y registros oficiales, salvo aquellos relacionados con la seguridad y defensa del Estado, que estarán reservados hasta por un periodo máximo de 25 años, contados a partir de la fecha original de expedición del documento. Su propuesta fue congelada.

Como parte de su lucha contra el olvido publicó La estela de Tlaltelolco: una reconstrucción histórica del movimiento estudiantil del 68, uno de los libros más brillantes de cuantos se han escrito sobre los acontecimientos de ese año. También forma parte de esta misión, su incansable labor para que se esclarezcan los crímenes del pasado perpetrados por el Estado y se castigue al ex presidente Luis Echeverría.

El movimiento de 68 no se ha diluido ni asimilado. Su espíritu sigue vivo en los movimientos que hoy cuestionan el autoritarismo estatal y la falta de democracia, la desigualdad y la exclusión social. Para ellos, 68 es, como Raúl Álvarez, una re­ferencia indispensable. Por eso, este vier­nes 9, a las 5 de la tarde, en la sala Mi­guel Covarrubias del Centro Cultural Uni­versitario, se le realizará un homenaje.

Twitter: @lhan55

Minera canadiense en busca de oro y plata pone en riesgo la zona de Xochicalco

Angélica Enciso L

Temixco, Mor., 5 de agosto.

El centro arqueológico Xochicalco, tierras de cultivo, lagos, sitios ceremoniales y zonas de selva baja caducifolia forman parte de las 15 mil hectáreas concesionadas a Esperanza Silver, minera canadiense que busca obtener oro y plata en la zona. El primer proyecto es la explotación a cielo abierto del cerro El Jumil, ubicado a 17 kilómetros de Cuernavaca y a 500 metros de los vestigios, y sería el primero de este tipo en el estado.

Mediante convenios que la empresa firmó con varios comisariados de bienes comunales a cambio de entre 80 mil y 100 mil pesos, realiza exploración del subsuelo en sus siete concesiones, otorgadas por la Secretaría de Economía, que abarcan territorio de los municipios de Xochitepec y Temixco, y colindan con Miacatlán.

La llegada de Esperanza Silver a la región, desde hace una década, ya provocó fracturas en la vida comunitaria de Tetlama, cuyos comuneros son propietarios de los terrenos de El Jumil y demandan las 350 fuentes de empleos directos que ofrecerá la empresa si entra en operación. Además, se han visto beneficiados por ella con las rifas de pantallas planas e infraestructura en las escuelas.

Hay otro sector de habitantes de la comunidad y residentes de poblados aledaños que ven efectos negativos en el futuro si se realiza la explotación minera: daños al acuífero, contaminación de aire y lagos, la agricultura se vería vulnerada por la escasez de agua, los lagos contaminados perderían su productividad, habría pérdida de selvas y desaparición de empleos agropecuarios.

Por ahora el proyecto está en punto muerto, debido a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó el 7 de junio la manifestación de impacto ambiental, pero la empresa anunció en su página de Internet que volverá a presentar el documento, ya que las deficiencias señaladas por la dependencia en su resolución pueden someterse a estudios adicionales.

Apunta que el proyecto de extracción de oro es importante para la comunidad de Tetlama. Cuenta con un fuerte apoyo de la comunidad local, con la que la compañía tiene un contrato de derechos de superficie a largo plazo y han trabajado diligentemente con la empresa a través de la exploración.

Este plan está en marcha aunque la zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco está a medio kilómetro de distancia. Para esta zona arqueológica, declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1999, el cerro El Jumil es parte de su diseño. El primero de noviembre, desde el lado izquierdo de la peña de El Jumil se traza una línea recta del sol al momento de salir, y pasa por la plaza principal de Xochicalco, la pirámide de serpientes emplumadas y la acrópolis. El trazo de la ciudad está pensado a partir de El Jumil, señala Silvia Garza experta que desde 1984 ha estudiado el sitio. Señala que si se hace un tajo abierto al cerro se acabará con el trazo de la ciudad de Xochicalco y ya no se entenderá el concepto de los monumentos.

Comunidad dividida

Unos 30 comuneros de Tetlama llegan alrededor de las 9 de la mañana a la explanada del palacio de gobierno en Cuernavaca para demandar que Esperanza Silver no se retire de la comunidad. Decimos sí a la mina. Sabemos de todos los riesgos, todo trabajo tiene un riesgo, aquí el cianuro se maneja muy vigilado. La empresa nos da apoyos que el gobierno no ha dado, señala Noé Espíndola.

Con pancartas que dicen: El cianuro no mata, mata la ignorancia. Todos con la mina por el porvenir de nuestras familias, explica que si esa sustancia que se usa en el proceso de extracción del oro fuera tan mala, ya hubiera muchos muertos. Los que se oponen lo hacen por envidia, y son 20 personas. Yo creo que a ellos les ofrecieron dinero. Además, la mina nos ofrece un pozo de agua, y esto el gobierno nunca lo ha hecho.

En Tetlama hay 160 comuneros, la mayoría de ellos en favor de la mina, y alrededor de mil 400 habitantes. Quienes están en contra del plan minero señalan que los comuneros están acostumbrados a estirar la mano para recibir dinero, no les gusta trabajar. Relatan que primero concesionaron las tierras comunales del cerro Milpilla al gobierno para que creara allí un basurero que recibió desechos de diez municipios y ya está cerrado.

Ahora, apuntan, ceden sus tierras a la mina para seguir en las mismas. No ven más allá del dinero que reciben, que habrá consecuencias para el medio ambiente y la salud. Ellos y sus hijos también serán afectados, señalan habitantes de Tetlama que pidieron mantener sus nombres en anonimato debido a la confrontación interna del poblado.

Relatan que a los pocos comuneros que están en contra de la minaz las autoridades comunales pretenden expulsarlos. A los pobladores opositores al proyecto en las tiendas ya les niegan la venta de productos; en las escuelas a sus hijos los señalan.

En un documento enviado el 18 de junio a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, integrantes del Movimiento Morelense en Contra de las Concesiones Mineras de Metales Preciosos denunciaron una campaña de intimidaciones en contra de los habitantes de Tetlama que son parte de esta organización.

Detallaron que desde enero han ocurrido diversos hechos en el poblado, como la presencia de un dispositivo policial municipal para vigilar y amedrentar a los opositores, a quienes les toman fotografías; han sido amedrentados por Macario Espíndola, secretario de bienes comunales; ha habido robo a sus negocios; el agua se les entrega en forma diferenciada, y la casa en Cuernavaca de Lilián González, activista del movimiento, fue allanada el 7 de junio, mientras ella estaba en una conferencia de prensa.

La empresa llegó a la comunidad y rompió el tejido social, advierte González. Con contratos que hizo con las comunidades por 100 mil pesos en promedio que se repartan entre los comuneros, la empresa obtuvo derechos para hacer la exploración y con convenios similares puede hacer la explotación, señala.

Hay algunas autoridades comunales que no han aceptado, como es el caso de Miacatlán, explica Juan Jiménez, campesino. En el zócalo de Alpuyeca, platica que Esperanza Silver tiene concesionado el subsuelo de territorios donde hay tierras de cultivo, ojos de agua, lagunas que riegan mil 700 hectáreas de áreas agrícolas y cerros donde hay sitios sagrados, las raíces de los pueblos.

En esta región se produce desde maíz, sorgo, frutas, hortalizas hasta ganadería. Es fuente de empleos para jornaleros que vienen de otros estados para el corte de calabaza y flor de calabaza, además hay unos 100 pescadores que trabajan en los lagos de Coatetelco –fuera de la zona concesionada– y El Rodeo. Cientos de empleos generan estas actividades, que no estamos dispuestos a sacrificar por los pocos trabajos de la mina, dice Jiménez.

Denuncian acoso contra integrantes de movimiento

Dulce Maya

YECAPIXTLA, Mor. El “Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala” denunció el acoso judicial que el Gobierno del Estado y la CFE han emprendido en contra de los integrantes del movimiento. En un comunicado de prensa, el movimiento social lamenta que el gobierno del estado “envíe un nuevo citatorio para intimidar a la oposición, justa y social, a la realización del gasoducto en el Oriente de Morelos”.

De ahí que “invitamos a todos los medios de comunicación y organizaciones solidarias a asistir y estar pendientes de la comparecencia del compañero Jaime Domínguez Pérez, el día de mañana 6 de agosto a las 11 horas en el Ministerio Público Federal con sede en Cuautla”, en un acto solidario.

En el texto advierten que después de la incursión policiaca en Tepoztlán para imponer la ampliación de la autopista, de la evidente violación y simulación de ley al comenzar a construir sin el permiso de los comuneros, no es extraño que el secretario general de Gobierno, Jorge Messeguer criminalizara una vez más la protesta social, la defensa de los derechos de los pueblos y la solidaridad con sus amenazas de demandas penales contra miembros del Frente de Tepoztlán e insinuando la supuesta conducta delictiva de compañeros del Frente de Pueblos, en medios de comunicación.

Detallan que este martes es citado a comparecer como testigo Jaime Domínguez Pérez ante el Ministerio Público Federal con sede en Cuautla y que por la misma causa en que han sido citados compañeros de Huesca y Amilcingo, en torno a la averiguación previa 258/2012 donde la CFE demanda a quien resulte responsable del delito de obstrucción de obra por la cantidad de 50 millones de dólares en pérdidas.

“Cabe recordar que aun cuando es una demanda federal por parte de la CFE, personal del Gobierno de Graco Ramírez ha intervenido, amenazando a compañeros con esta demanda en los diálogos realizados con el Gobierno del Estado en noviembre del año pasado, y también fueron promesa de buena voluntad por parte de Graco a la comunidad de Huesca, cuando entonces era Gobernador electo”.

“Como ya se ha argumentado anteriormente, la demanda de la CFE es improcedente, pues la obra en el momento del paro no contaba con los permisos de construcción, y para que encuadre el delito de obstrucción de obra, esta debe estar debidamente requisitada”, refieren.

Ahí argumentan también que “la ilegalidad ha sido la constante en el Proyecto Integral Morelos y su forma de implementación. Pues como hace un mes denunciamos, fue aprobada por el IEPC la construcción del gasoducto, con estudios del Estado de México. Pero no solo esta gran arbitrariedad existe, sino que en la reunión celebrada el día 16 de julio con el IEPC y personal de Gobernación, se nos dijo que la termoelétcrica no tiene ningún permiso de Protección Civil, verificación o trámite alguno”. “¿Cómo entonces el Gobierno del Estado, mandó a 250 elementos de la Policía Estatal para romper el plantón de Huesca, si no existía un estudio y certeza por parte de la obligada Protección Civil, sobre la seguridad del proyecto? ¿Cómo hace uso de la fuerza pública, si la Licencia de Uso de Suelo para la termoeléctrica, condiciona claramente que la obra debe ser aprobada por Protección Civil antes de la realización de la construcción?”, cuestionan

Frentes Unidos de Tepoztlán levantan denuncia por órdenes de aprehensión

Dulce Maya

MEXICO, D.F. Dirigentes de Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán anunciaron una denuncia internacional “por la violación de nuestros derechos humanos” dirigida a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y otras autoridades internacionales.

En conferencia de prensa, realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), los comuneros afirmaron que “nuestro movimiento está siendo criminalizado por el gobierno del estado de Morelos y la Procuraduría General de la República (PGR), quienes han reiterado que existen órdenes de aprehensión contra cuarenta integrantes de esta organización, y tememos que en cualquier momento las activen”. Manifestaron que “en contubernio, los tres niveles de gobierno (el gobierno de Graco Ramírez, el municipal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes) con la empresa Tradeco, invadieron ilegalmente las tierras comunales de nuestro municipio; la asamblea de comuneros no ha autorizado la ampliación de la autopista, pero ellos han invadido nuestras tierras”.

Dieron conocer que el comisario de bienes comunales, Ignacio Cortés Salazar, no ha hecho nada para detener la ilegal incursión a nuestra tierras y tampoco se presentó a la asamblea a la que el pasado 28 de julio él convocó”.

Ahora “nos convocan para que autoricemos la ampliación de la autopista; para qué quieren firmar un convenio si ya nos invadieron. Tradeco ya está ocupando nuestras tierras en un abierto claro de ilegalidad, ante la inmovilidad, pasividad y complicidad del comisario comunal y los tres niveles de gobierno”. Acusaron que “quienes han delinquido son los tres niveles de gobierno y la empresa Tradeco; ellos invadieron nuestras tierras, quieren justificar la invasión con una consulta ilegal y amañada; se está violando el decreto presidencial del 14 de noviembre de 1929 y también los decretos presidenciales de 1937 y 1988”.

Exigieron detener las obras de ampliación de la autopista La Pera-Tepoztlán, ya que estos trabajos carecen de sustento legal, afectan sus tierras y dañan el medio ambiente, y explicaron que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en complicidad con el gobierno morelense, permiten a la empresa Tradeco realizar obras sin poseer el derecho de vía ni han sido concertadas con la mayoría de los cerca de 700 ejidatarios afectados.

Además, exigieron a todas las autoridades de todos los niveles y a todos los representantes populares “que tomen cartas en este asunto y que se pronuncien ya que estamos a punto de ver un despojo ilegal, artero y a plena luz por parte del Estado y sería un precedente pésimo para el pacto social en el que se supone que vivimos en este golpeadísimo país por la corrupción y por la delincuencia organizada dentro del gobierno”. Pedro Flores, integrante de la organización Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán, aseguró que los comuneros cuentan con los documentos que los amparan como dueños. “La SCT no tiene ningún derecho a estar construyendo, ampliando, ni mucho menos instalando una caseta de peaje en terrirorio de Tepoztlán, puesto que toda la documentación nos ampara y ellos están en un proceso impositivo de despojo a la comunidad de Tepoztlán”.

Agradecieron a las organizaciones que se han solidarizado con el movimiento como: Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Región Malinche; Frente Juvenil Xochicuautla; Colectivo por la Autonomía (COA); Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA); Coordinadora Michoacana de Afectados Ambientales; y Red en Defensa del Maíz, entre muchos otros.

En búsqueda de armamento invaden con violencia viviendas de Cuentepec

Elizabeth Cuevas Villalobos

TEMIXCO. Habitantes del poblado indígena de Cuentepec en Temixco acusaron a agentes ministeriales de golpearlos y torturarlos al irrumpir con violencia sus viviendas en búsqueda de armamento.

Uno de los afectados, Heriberto Calderón Villegas, narró que la madrugada del 23 de julio, hombres armados y encapuchados, quienes portaban un chaleco con la leyenda Policía Ministerial allanaron su domicilio, ubicado en la calle Emiliano Zapata.

“Nos encañonaron, nos pusieron de rodillas y con las manos en la cabeza como si fuéramos unos delincuentes, pero en lo que unos estaban así, con los rifles encañonándonos, otro le seguía pegando porque no había abierto la puerta todavía; cuando yo ya estaba de rodillas, cuando logran abrir la puerta uno de ellos me jala y me tira al piso”, relató.

Los afectados detallaron que los uniformados inspeccionaron tanto su habitación, donde dormía con su esposa e hijas, como la de su hermano; sin embargo, al no encontrar las armas, lo sacaron al patio donde fue golpeado en varias ocasiones.

Cerca de 10 agentes ministeriales fueron los que irrumpieron en su vivienda, donde Heriberto cuenta con un taller para hacer trabajos de herrería. Su esposa Érika, con quien procreó dos niñas, denunció que se llevaron varios objetos de valor.

“Se llevaron dinero, medallas, aretes, perfumes, celular. Después vimos eso cuando empezamos a arreglar las cosas, qué faltaba; se llevaron dinero de los tres, también de mí cuñado”, comentó Érika Avilés.

En uno de los cuatro domicilios que fueron cateados por los agentes ministeriales detuvieron a Vicente Olivares Carriles de 18 años, acusado de homicidio; sin embargo, su padre Lorenzo afirmó que es inocente, por lo que exige sea liberado.

El último domicilio inspeccionado por los oficiales fue el de Timoteo Olivares Orihuela, quien explicó que los ministeriales abrieron la puerta principal con un marro para posteriormente inspeccionar sin encontrar armas.

La incursión de los agentes ministeriales a dichos domicilios se llevó a cabo mediante una orden de cateo librada por el juez de primer distrito judicial con sede en Cuernavaca, David Ricardo Ponce González.

Investigan autoridades tortura y ejecución de 2 personas del municipio de Atlatlahucan

Fernando Baltazar

CUAUTLA. En las últimas 24 horas dos personas fueron asesinadas en el municipio de Atlatlahucan, una de las cuales fue ejecutada después de recibir tortura, mientras que la segunda recibió el impacto de una escopeta en medio de una riña. Las autoridades investigan los homicidios sin tener detenidos hasta el momento.

En el primer caso, las autoridades recibieron el reporte ciudadano de la presencia de un cadáver en el interior del domicilio ubicado en la calle Pinos s/n, del poblado de San Miguel Tlaltetelco, del municipio de Atlatlahucan.

En el lugar encontraron un vehículo de la marca Toyota, tipo Yaris color azul metálico, con placas del Distrito Federal 322-WXZ, y del lado derecho de la entrada, una mancha de líquido hemático de aproximadamente 40 centímetros de diámetro.

Al fondo del lugar se observó el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, con las extremidades superiores e inferiores amarradas con un cable color rojo, asimismo, alrededor del cuello se le apreció un cable color negro, acción con la cual le privaron de la vida.

Al realizar una revisión al vehículo, fue localizada una cartera y dentro de ella una identificación con fotografía, misma que coincidía con los rasgos fisonómicos del occiso, identificándolo como Teófilo Guisar Mendoza de 60 años de edad, cuyo domicilio se ubicaba en el Barrio Talabarteros, en Chimalhuacán, estado de México. Se integró la carpeta de investigación YA-UIDD-B/2094/2013.

En el segundo caso, testigos oculares refirieron que un grupo de personas ingería bebidas alcohólicas, entre los que se encontraba Israel Aguirre Martínez de 35 años de edad cuando se registró una riña en la que participaron tres personas, una de las cuales le disparó con una escopeta a la víctima quien cayó al suelo de forma inmediata.

Hasta la calle Laureles mz.24 lt.1, colonia Pozo Mancera, en Atlatlahucan, llegaron los peritos y el fiscal que conoce del caso, donde tuvieron a la vista el cuerpo sin vida de Aguirre Martínez, al que se le observó una lesión en el pecho, del lado izquierdo, con las características de las producidas por proyectil de arma de fuego.

En el lugar fueron embalados dos casquillos calibre 30-30. Se integró la carpeta de investigación número YA-UIDD-B/2096/2013.

“Militarizar mandos de seguridad en municipios, riesgo para la población”

Záyin Dáleth Villavicencio

Tanto la presencia de fuerzas federales como la presunta intención de militarizar los mandos de Seguridad Pública de los municipios con altos índices de inseguridad encienden la alerta para la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pues a decir de su presidente, José María Cázares Solórzano, representan un riesgo para la población.

“Sí es preocupante para nosotros la presencia de fuerzas federales, porque es un indicio de que las cosas en el estado de Michoacán no están tranquilas, sobre todo en la zona de Tierra Caliente (…) pero además preocupa el actuar –de la Policía Federal y el Ejército– violentando los derechos humanos de los ciudadanos”, aseguró.

La vocación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina es atender problemas de seguridad nacional y eso, indicó, genera que no sepan actuar de acuerdo con las circunstancias sociales de cada municipio y, en consecuencia, que se presenten las violaciones de los derechos humanos.

Por ejemplo, explicó que de enero haste el 5 de agosto este organismo captó un total de 147 quejas: en contra de la Policía federal 69, la Secretaría de la Defensa Nacional 71 y la Secretaría de Marina siete.

Las denuncias se dispararon entre junio y julio, luego de que se reforzara la presencia de las fuerzas armadas en Michoacán, específicamente en la región de Tierra Caliente, toda vez que de enero hasta finales de junio eran 75 las quejas recibidas, las cuales prácticamente se duplicarían un mes más tarde.

En este contexto, la Visitaduría Regional de Apatzingán encabeza la lista de quejas, con 45 denuncias por conceptos como abuso de autoridad, violación al derecho de la seguridad pública, cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tortura y amenazas.

“Por lo tanto, seguimos exhortando a las autoridades municipal y estatal a que hagan su mayor esfuerzo por recobrar la tranquilidad de esta zona de Michoacán; mientras tanto, la Comisión Estatal estará muy vigilante de la presencia de fuerzas federales y de su actuar con la sociedad, afirmó Cázares Solórzano.

Respecto a la decisión de militarizar los mandos de Seguridad Pública en varios municipios, el ombudsman señaló: “creemos que para el Ejército Mexicano no es ésta su función más adecuada”.

Sin embargo, señaló: “ojalá que de ser así, sea por muy poco tiempo, y que sea la misma autoridad la que busque recobrar la tranquilidad y evitar escenarios en los que se violenten los derechos humanos por parte de las fuerzas federales”.

Asesinan al líder de la Larsez y a otro más

REDACCIÓN

El dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez), Raymundo Velázquez Flores, fue encontrado ayer asesinado, con las manos atadas y con el tiro de gracia. Le acompañaban dos miembros de su misma organización, Samuel Vargas, quien también fue asesinado, y otro cuya identidad no fue revelada, quien se encuentra desaparecido.

El dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, Luis Olivares Enríquez, dijo que los tres estaban desaparecidos desde hacía tres días, luego de haber asistido a un encuentro de militantes del Partido Comunista en el estado de Morelos.

Encuentran el cuerpo en Río Grande en Coyua de Benítez

Relató que ayer, como a las 11 de la mañana, en las inmediaciones de la colonia 10 de Abril, del municipio de Coyuca de Benítez, un pescador descubrió un cuerpo flotando en el Río Grande, de ese municipio, por lo que se dio aviso a la policía, pero ésta tardó más de tres horas en acudir.

Dijo que fue entonces cuando él se acercó para ver el cadáver y reconoció al dirigente de la Larsez, y poco más tarde encontraron el cuerpo de Samuel Vargas, un dirigente de Zacualpan. Los dos estaban atados de las manos y presentaban un tiro en la frente, y se encontraban en estado de putrefacción.

Informó que el vehículo en que viajaban, de la marca Nissan, fue localizado quemado entre Coyuca y Aguas Blancas.

Ambos cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Acapulco.

La Larsez ha realizado movilizaciones en diferentes momentos, en demanda de proyectos productivos, entre otras cosas. Hace un mes aproximadamente, sus militantes tomaron la sede de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y levantaron el movimiento cuando el gobernador Ángel Aguirre se comprometió a entregarles, entre otras cosas, láminas para viviendas de sus agremiados.

Historias de refugiados, entre el temor y la esperanza en la sierra de Heliodoro Castillo

PEDRO PARDO

Heliodoro Castillo, 5 de agosto. Son ya cuatro días sin comer. Sobre el piso de arena y bajo el sol, el cuerpo encorvado de Víctor Manuel Torres García yace sin poderse comunicar con nadie en el poblado de Ixtayotla. Está solo.

Él es una de las víctimas por los desplazamientos humanos provocados por grupos de la delincuencia organizada en al menos 13 comunidades de tres municipios ubicados en las regiones Centro y Tierra Caliente.

Sin embargo, El Gordo, como le llaman sus amigos, tiene un retraso mental debido a un golpe sufrido en la cabeza y al momento de que su abuela Carlota García Ocampo saliera de su comunidad él se quedó solo al interior de su vivienda. A sus 25 años de edad, huérfano de padre y madre Víctor Manuel es criado por su abuela, pero el peso de los años impidió sacarlo en el éxodo, ante el asecho y temor de los delincuentes.

Tras un recorrido hecho por La Jornada Guerrero en las comunidades de conflicto se pudo apreciar como cientos de personas buscaron refugios en iglesias o casas de pobladores vecinos.

Los caminos que conectan a estas comunidades, asoladas por la delincuencia organizada, son de terracería, sinuosos, sólo hay espacio para un vehículo y no cualquiera puede transitar sobre esas pendientes.

Son horas las que recorren a diario estas personas para buscar refugios, algunos en vehículos, otros a pie.

En la localidad de Huautla, una concentración de mujeres y niños es resguardada por personal del Ejército de la 35 zona militar.

Para los pobladores si el gobierno y las fuerzas de Seguridad federal y estatal no les garantizan paz, no querrán regresar nunca más a sus casas.

Sin embargo, reconocen que es difícil volver a rehacer sus vidas en otras localidades e incluso en otros municipios del estado. “Vamos a causar lástima a la ciudad, estamos bien pobres, unos tenemos familiares, otros no, qué vamos a hacer, de qué vamos a vivir, si junto mi ganado y lo vendo no me va a alcanzar para una renta”, lamentó Florentino Soto Basave, de 44 años de edad oriundo Ixtayotla.

Se anima a regresar a su pueblo pues piensa que su ganado y siembra se perderán.

Al llegar a Ixtayotla chivos, burros, perros, se encuentran dentro de la cancha de basquetbol, mientras otros animales están al interior de las casas comiendo lo que pueden.

“¡Gordo!”, le grita el hombre para encontrar a Víctor Manuel; le acerca un par de galletas y dos tazas de agua, las cuales calman el hambre y la sed del joven, quien apenas balbucea lo que pudiera entenderse como un “gracias”.

Tras el paso por la comunidad de El Capire, deshabitada por sus casi 60 habitantes, una escuela primaria de construcción precaria presume un letrero “Las escuelas Olaguer”, en referencia a el ex alcalde de Tlacotepec y actual diputado local.

En el trayecto un grupo de militares y personal de la Policía Estatal Preventiva de Guerrero patrullaban la zona; advierten que han dejado personal en otros poblados y que cercarán el camino para evitar más desplazamientos.

Al llegar a Tetela del Río, donde comenzó el exilio de los comunitarios, una tensa calma se respira; tres campesinos aseguran que no se moverán de su lugar de origen y que el miedo no los amedrentará.

En tanto, Leticia Rivas García, también de esa misma localidad, cuyo esposo está secuestrado, narra su historia. “El día lunes mi esposo salió, fue a trabajar; se alquila de peón y fue a trabajar y ya no regresó; se supone que lo agarraron, lo secuestraron y ahorita no sabemos nada de él, si ya lo liberaron o no sé qué harían de él. Son siete (hijos los que tengo) y dos nietos que están bajo mi responsabilidad. Tenemos miedo más que nada hace rato nos dijo el muchacho que vino del gobierno que dice que nos regresáramos, cómo nos regresamos si a él lo tienen agarrado; que regresemos, si vuelven y nos vayan a hacer algo, yo no puedo correr”, lamentó.

Mientras tanto, personal del Ejército y Policía estatal recorrerán la zona; algunos ciudadanos no pretenden volver ante el miedo y la zozobra que se vive en esta zona.

Pobladores y miembros del SSJC bloquean dos carreteras federales

Informa Plácido Valerio que la Upoeg acepta la Policía Rural, pero bajos los principios de los pueblos

MARGENA DE LA O

El Pericón, 5 de agosto. Miembros del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana que lidera la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), respaldados por habitantes, bloquearon la carretera de Tierra Colorada hacia la Costa Chica, desde esa cabecera municipal hasta Tecoanapa, y la que va de Acapulco a Chilpancingo, en Xaltiaguis, porque el Ejército desarmó a sus policías ciudadanos esta mañana.

Entre el bloqueo de la carretera a Costa Chica quedaron decenas de soldados retenidos. Los pueblos que apoyaron la actividad contundentemente decidieron que la liberación de las carreteras sólo a cambio de que el Ejército les devolviera las armas a los policías ciudadanos.

El desarme ocurrió alrededor de las 9 horas, en el puesto de revisión que los militares tienen a la altura de la telesecundaria Juan Escutia, en la comunidad de El Pericón, perteneciente a Tecoanapa. Según el soldado que se identificó como el mayor González, al grupo de policías ciudadanos les quitaron cinco armas de uso exclusivo del Ejército, y dos escopetas que llevaban en la cajuela de un vehículo; las primeras fueron la causa, porque según el mando militar existe un convenio firmado por Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Upoeg, y demás miembros del Sistema de Seguridad Ciudadano; el gobernador Ángel Aguirre Rivero, y el Ejército, de que los policías ciudadanos no utilizarían armas exclusivas del Ejército.

Después de la constitución formal de Sistema de Seguridad Ciudadana, la Policía Ciudadana cedió los puestos de revisión a los militares en la carretera Tierra Colorada a Ayutla.

Plácido Valerio informó hace dos días que en asamblea los pueblos donde tiene influencia el Sistema de Seguridad Ciudadano que no le entrarían a la propuesta gubernamental de Aguirre Rivero de crear la Policía Rural. Hoy, en entrevista, aclaró que postura de la Upoeg y su sistema es oficializarlo, pero no con los principios que proponen el gobierno estatal, sino los pueblos.

En el contexto del desarme, Plácido Valerio denunció que el Ejército encubre a la delincuencia organizada. Mencionó que llevan varias denuncias documentadas de que hombres de negro armados merodeaban El Pericón por las noches. “La delincuencia quiere crear un segundo frente, después seis meses que llevamos aquí, ahora apoyada por el Ejército. La gente ratifica que (los soldados) conviven con esta gente; cómo es posible que se infiltren delincuentes y no pase nada, pues. Ratificamos que hay una convivencia entre algunos militares con la delincuencia”, dijo en entrevista.

Exigió que sea investigado el mando militar encargado del puesto de revisión en la zona, a quien identificó como el capitán Brown, por el caso de los “grupos paramilitares o de la delincuencia organizada que conviven con el Ejército”.

Y hoy, poco después de que se supo del desarme, la gente del pueblo volvió a ver a esos hombres, comentó el comisario municipal, Salomón García Ramírez. Detalló que tras el desarme hicieron sonar una especie de alarma que advierte a los habitantes de que algo sucede y deben reunirse, y unas mujeres que por acortar camino buscaban el punto de encuentro entre una siembra de maíz, vieron cómo unos hombres, tres o cuatro quizá, corrían a refugiarse entre el sembradío que queda a espaldas del puesto de revisión militar de El Pericón. Las mujeres que estaban junto a Plácido Valerio, aseguraron que esos hombres iban resguardados por militares, que al verlas las encañonaron.

Detrás de las milpas hay una especie de campamento: una galera improvisada de madera y unas hornillas de tierra, para cocinar, en un espacio amplio donde incluso el INAH hace trabajos de exploración. En lo que más hizo énfasis Plácido Valerio, mientras mostraba el lugar, fue en una soga que colgaba de un poste de madera; aseguró que los militares ocupaban el lugar para torturar a sus detenidos y para dar refugio a los delincuentes. Los habitantes de Tecoanapa comenzaron entre 9 y 10 de la mañana el bloqueo a la entrada de El Pericón, es decir, poco antes del puesto de revisión militar, y a la salida del pueblo, que está una distancia corta de la entrada a la cabecera municipal; la acción cercó a los soldados en su puesto de revisión.

Transcurría el tiempo, y la gente se sumaba a los puntos de bloqueo. A las 14 horas, el lugar de más tensión, fue el cercano a la fachada de la cabecera municipal de Tecoanapa, donde llegó el mayor González, quien en principio, auxiliado por un equipo de sonido trataba de convencer a los habitantes de que se quitara del lugar y permitieran el paso, porque el bloqueo no tenía razón de ser y afectaba a sus paisanos.

Plácido Valerio y el Mayor González, se encontraron en ese punto. El primero le reprochó al militar que no respetaran a la Policía Ciudadana, que hostigaran a los elementos, y que los desarmaran, también le advirtió que los habitantes estaban molestos y que finalmente son los que decidirían si se irían los militares.

Antes, en entrevista, el dirigente de la Upoeg mencionó que los pueblos podrían pedir la salida del Ejército en la Costa Chica, sobre todo de las zonas donde tiene influencia el Sistema de Seguridad Ciudadano, pero aclaró que eso lo determinarán en mesas ciudadanas. El mayor González atajó a Plácido Valerio diciendo que hay un convenio firmado y que lo respetara, el de que la Policía Ciudadana no usaría armas exclusivas del Ejército. La plática termina, y el mando militar insiste a la gente por bocina que se retiren, y a gritos los habitantes concentrados le contestan que lo harán hasta que le regresen las armas a los policías ciudadanos.

Después de las 3 de la tarde, la Policía Ciudadana fue más contundente, porque los militares no entregaban las armas: el bloqueo se amplió desde Tierra Colorada hasta Tecoanapa, y lo reforzaron con el de Acapulco a Chilpancingo.

Mensaje AMLO 5 de agosto del 2013

Entregar petróleo a extranjeros es traicionar a la patria: AMLO

ROSALÍA VERGARA

MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, consideró que en caso de modificarse el artículo 27 constitucional como parte de reforma energética se entregará el petróleo a los extranjeros, tal como lo hizo en su momento el dictador Porfirio Díaz.

En su mensaje semanal por la red social YouTube, recordó que el petróleo es de la nación a partir de 1917 porque antes Díaz entregó el subsuelo mexicano a particulares.

“¿Qué hizo Carranza y qué hicieron los constituyentes en 1917? Establecieron en el artículo 27 que es la nación la dueña de los recursos naturales que están en el subsuelo, como el petróleo. Eso no les gustó para nada a las compañías petroleras extranjeras. A dos principalmente, una inglesa y otra estadunidense. Un México SA”.

Costó mucho trabajo, dijo, recuperar el petróleo en 1938 con el general Lázaro Cárdenas.

“Luego con Miguel Alemán, en la contrarrevolución, entregan contratos de riesgo a empresas extranjeras. Afortunadamente se corrige”, indicó. Los expresidentes Ruiz Cortines y López Mateos clarifican más el rechazo a concesionar el petróleo, no se vendía a extranjeros y la economía crecía a una tasa anual de 6%. Cuando empezaron a venderlo se cayó la economía, afirmó.

“¿Ahora qué quieren? Quieren volver a entregar el petróleo a extranjeros. Esto sería terrible. Ya lo he explicado: porque los extranjeros se llevarían la utilidad, no tendríamos dinero ni presupuesto para educación. Eso agravaría más la crisis social, de inseguridad y de violencia. Esto no lo podemos permitir. Pero hay mucha ambición con el petróleo, hay muchos intereses”.

López Obrador recordó al general Cárdenas en el sentido de que quienes venden los recursos de la nación son unos traidores a la patria.

“El que entrega los recursos de México, los recursos naturales, del país, de nuestro país es un traidor a la patria. Hay que llamarlos por su nombre. Hay que decir las cosas como son”, sentenció.

Buscaban ganado perdido… terminan decapitados

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Mientras buscaban ganado perdido, un padre, su hijo y un trabajador fueron decapitados en el poblado de Aguacaliente del Huajote, Concordia, Sinaloa.

De acuerdo con el diario El Debate, además de ser decapitada, una de las víctimas también fue mutilada de manos y pies.

Los fallecidos son Gerardo Gárate Endozo, de 28 años; Ezequiel Patrón Patrón, de 17, y Gilberto Patrón Osuna, de 47.

Las víctimas salieron del poblado de Palmillas alrededor de las 8:00 horas junto con un vaquero en busca de unas reses extraviadas. Esta persona caminaba detrás de ellos a una considerable distancia.

De repente el hombre escuchó disparos y por temor a resultar herido regresó a la comunidad para informar de lo ocurrido a las autoridades.

Luego la policía inició la búsqueda de los tres hombres, encontrándolos en un camino que conduce a Aguacaliente de El Huajote, aproximadamente a las 11:00 horas.

En el lugar las autoridades levantaron 10 casquillos para rifle AK-47 conocido como “cuerno de chivo”.

Los cuerpos fueron trasladados a bordo de una patrulla a una funeraria de Concordia.

Comando incendia seis negocios y dos viviendas en Sinaloa

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Dos tiendas de abarrotes, una tortillería, un local de venta de materiales, un expendio de cerveza, una cremería y dos viviendas fueron incendiados por un grupo armado la madrugada del sábado en la sierra de Sinaloa.

De acuerdo con Reforma que cita datos de la Procuraduría de Justicia del estado, los hechos ocurrieron en el poblado de El Palmar de los Sepúlveda, municipio de Sinaloa, colindante con Chihuahua.

Los sicarios dispararon primeramente contra las fachadas de los inmuebles con el fin de obligar a los habitantes a salir. Sin embargo, las viviendas estaban vacías ya que los propietarios habían huido de la comunidad días antes.

Al ver que los inmuebles estaban abandonados, los sicarios quemaron dos casas y seis negocios.

Dos personas resultaron lesionadas durante el ataque, que fue reportado al Centro de Control (C-4) del Sistema Estatal de Seguridad Pública, indica la agencia Notimex.

Agrega que personal de Fuerzas Especiales del Ejército y de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa acudieron al sitio para resguardar a los pobladores.

Las personas que resultaron lesionadas fueron identificadas como Óscar Araujo León, de 59 años y su esposa Gloria Barraza Moreno, de 57.

Apenas el 30 de julio pasado un comando baleó e incendió seis viviendas ubicadas en el municipio de Choix, situación por la cual ocho familias huyeron de la zona por temor a más ataques.

Acusan comuneros de Tepoztlán criminalización del gobierno de Morelos

Víctor Ballinas

México, DF. Dirigentes de Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán denunciaron en conferencia de prensa que “nuestro movimiento está siendo criminalizado por el gobierno del estado de Morelos y la Procuraduría General de la República (PGR), quienes han reiterado que existen órdenes de aprehensión contra cuarenta integrantes de esta organización, y tememos que en cualquier momento las activen”.

En conferencia de prensa, realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), los comuneros manifestaron que “en contubernio, los tres niveles de gobierno (el gobierno de Graco Ramírez, el municipal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes) con la empresa Tradeco invadieron ilegalmente las tierras comunales de nuestro municipio, la asamblea de comuneros no ha autorizado la ampliación de la autopista, pero ellos han invadido nuestras tierras”.

Manifestaron que el comisario de bienes comunales, Ignacio Cortés Salazar, no ha hecho nada para detener la ilegal incursión a nuestra tierras y tampoco se presentó a la asamblea que el pasado 28 de julio él convocó”.

Ahora, “nos convocan para que autoricemos la ampliación de la autopista; para qué quieren firmar un convenio si ya nos invadieron. Tradeco ya está ocupando nuestras tierras en un abierto claro de ilegalidad, ante la inmovilidad, pasividad y complicidad del comisario comunal y los tres niveles de gobierno”.

Acusaron que “quienes han delinquido son los tres niveles de gobierno y la empresa Tradeco; ellos invadieron nuestras tierras, quieren justificar la invasión con una consulta ilegal y amañada; se está violando el decreto presidencial del 14 de noviembre de 1929 y también los decretos presidenciales de 1937 y 1988”.

Pragmatismo petrolero

John M. Ackerman

La ideología neoliberal de Enrique Peña Nieto y sus aliados en el Pacto por México indica que el Estado debe limitarse a tender la cama y lavar los platos sucios del gran capital. En contraste, un enfoque pragmático facilitaría la liberación del Estado de su servidumbre actual y lo llevaría a trabajar junto con las fuerzas populares para generar un robusto desarrollo social para todos. En esta tarea son grandes aliados el texto vigente del artículo 27 constitucional y el régimen de control estatal sobre la renta petrolera. Ambos proporcionan al Estado herramientas fundamentales para garantizar los derechos constitucionales de la población a la vida, la salud, la alimentación, la educación y el trabajo.

Es necesario rechazar las reformas energéticas privatizadoras no solamente porque constituirían un robo al patrimonio nacional, sino también porque minarían los cimientos del Estado social emergido de la Revolución Mexicana. Es nuestro avanzado texto constitucional lo que ha evitado que más ciudadanos caigan en la pobreza, la miseria y la violencia durante la larga noche neoliberal. No podemos permitir que los mitos y las fantasías de los oligarcas opaquen el pensamiento racional y ponderado que caracterizan la cultura popular mexicana.

En principio, aumentar el control de empresas trasnacionales sobre la renta petrolera no generaría ganancia alguna para el pueblo, sino todo lo contrario. En lugar de que el gobierno reciba las ganancias para poder gastarlas en escuelas, centros de salud y carreteras, las recibirían estas empresas para poder complacer a sus accionistas. La privatización tampoco ayudaría con el combate a la corrupción. Las últimas dos décadas con experiencias similares en los sectores bancario, minero, telecomunicaciones, aviación, entre otros, han demostrado claramente que la desincorporación de activos estatales genera más, no menos, enriquecimiento ilícito.

Tampoco existe garantía alguna de que las empresas transnacionales realmente vayan a invertir grandes cantidades de recursos en la extracción o la refinación del petróleo mexicano. Lo que les interesa a estas empresas es poder reportar a sus accionistas su control sobre los recursos (el famoso booking de las reservas) y no necesariamente su explotación directa. Asimismo, los numerosos desastres ecológicos causados por la irresponsabilidad de las empresas petroleras, incluyendo, por ejemplo, el masivo derramamiento en el Golfo de México por British Petroleum en 2010, demuestran que su tecnología tiene peligrosas fallas.

Resulta evidente que la estrategia más pragmática y menos riesgosa para fortalecer la industria petrolera nacional sería reducir la carga fiscal a Pemex, combatir seriamente la corrupción no sólo en el sindicato, sino también en la licitación de jugosos contratos a empresas privadas, así como aumentar significativamente la inversión estatal en tecnología petrolera. México cuenta con grandes científicos e ingenieros en el Instituto Mexicano del Petróleo, la UNAM y el IPN quienes evidentemente están a la altura del reto histórico. Estas inversiones podrían ser financiadas con un pequeño aumento en los impuestos para las personas físicas y morales más ricas, junto con un fuerte combate a la evasión fiscal.

Pero a Peña Nieto y sus socios no les interesan las soluciones pragmáticas, sino cumplirles a sus patrocinadores. Para la clase política reunida en el Pacto por México el objetivo de la reforma energética no es económico o técnico, sino netamente político e ideológico.

La regla básica de la ideología económica vigente es la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Desde este punto de vista, el Estado no tiene derecho a generar ganancias propias, para después invertirlas en el desarrollo social, sino que su única función es mantener condiciones favorables para el aumento de los ingresos de las empresas privadas. De acuerdo con esta lógica, el Estado también debe asumir las pérdidas del sector privado por medio de costosos rescates cuando los integrantes de la oligarquía despilfarran sus recursos. El caso del millonario y fraudulento rescate bancario por medio de Fobaproa a finales de los años 90, para lo cual el pueblo hoy sigue pagando las deudas vencidas de las familias más adineradas del país, es solamente uno de muchos botones de muestra.

Habría que invertir totalmente esta perversa lógica. Los ganadores tendrían que ser los ciudadanos más humildes y, en caso de que haya pérdidas, las empresas más poderosas deberían asumir los costos de manera solidaria. Afortunadamente, en México todavía contamos con una Constitución de vanguardia, surgida de una revolución social, que está basada precisamente en el principio de priorizar el bienestar general por encima de la avaricia personal o empresarial. Los ciudadanos conscientes tienen la responsabilidad de defender su valiosa Constitución, reflejo de un verdadero pacto nacional, del ataque de un grupo de personajes públicos desacreditados cuyos únicos intereses son el enriquecimiento personal y el poder político.

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

Olintla, en la mira de Grupo México

México, DF. La Sierra Norte de Puebla se encuentra en la mira de distintos proyectos de presas hidroeléctricas y de minería a cielo abierto, acusó el Laboratorio Multimedia para la Investigación Social.

Desde la llegada del actual gobernador del PAN, Rafael Moreno Valle Rosas, señaló, se han entregado concesiones sobre 59 mil hectáreas para la explotación minera en la zona, además de que se proyecta la construcción de hidroeléctricas.

En el municipio de Olintla, específicamente, se ubica el proyecto de una presa hidroeléctrica sobre el río Ajajalpan, uno de los más importantes de la zona. Su construcción está a cargo del consorcio Grupo México, perteneciente al empresario Germán Larrea Mota Velasco, dijo la organización.

En tanto, la población totonaca de la región y distintos colectivos que trabajan en la zona han denunciado que esta empresa comenzó a trabajar en la remoción del terreno para la construcción del proyecto, afectando zonas de cultivos y marcando árboles y terrenos sin contar con los permisos necesarios.

En la comunidad de Santa Catarina, que pertenece al mismo municipio, trabajadores de la empresa entraron con maquinaria y sin el consentimiento de los habitantes, que se han negado a vender sus tierras, para construir una brecha con dirección al río. Los pobladores totonacos afirman que pudieron detener los trabajos gracias a que se pusieron frente a la maquinaria arriesgando su vida.

El actual proyecto hidroeléctrico que lleva esta empresa en Olintla se enmarca dentro del Convenio de Generación de Energía Limpia que fue firmado por el gobernador Moreno Valle y Grupo México en el año 2011, donde se planeó la construcción de cuatro hidroeléctricas bajo un régimen de autoabastecimiento para los proyectos mineros del estado.

La oposición a estos “proyectos de muerte”, como los denominan los habitantes del municipio de Olintla, se pueden observar en distintos puntos del estado. Por ejemplo, indicó Laboratorio Multimedia, desde 2012 se ha manifestado el rechazo de la comunidad de Telela de Ocampo ante la instalación de una mina a cielo abierto por parte de grupo Frisco. De la misma manera, en la comunidad de Zautla, los habitantes se encuentran en un férreo proceso de resistencia ante los proyectos de extracción de la compañía de origen chino JDC Minerals.

Actualmente, las comunidades de la sierra norte de Puebla están en alerta por el hostigamiento y la imposición de estos megaproyectos devastadores que empresas como Grupo México están impulsando, afirmó el organismo.

Guerrero: unos cien militares cumplen más de ocho horas retenidos por grupos de autodefensa

Sergio Ocampo Arista, corresponsal

El Pericón, Gro. Cientos de integrantes del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana(SSyJC), impiden la salida de unos cien elementos del 48 Batallón del Ejército Mexicano, en la comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa, y bloquean la carretera federal Tierra Colorada-Ayutla de los Libres, en demanda de que les devuelvan cinco armas, cuatro pistolas y una escopeta, que les decomisaron este lunes por la mañana en el retén de esa comunidad. Además se denunció la presencia de grupos paramilitares en ese lugar, que están protegidos por el ejército.

Al respecto, Bruno Plácido Valerio, coordinador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), entrevistado en el retén de ese poblado de la Costa Chica, denunció que en el lugar opera un grupo paramilitar “los ciudadanos vieron correr a gente vestida de negro, y se verificaron algunos lugares que se ocupaban para torturar a la gente. El comisario señaló que llegaba gente vestida de negro a este lugar. Son grupos paramilitares, o de la delincuencia que conviven con el ejército en este puesto de control”.

Reclamó que pese a que hay un diálogo permanente con los soldados “parece que están más con la delincuencia que con los ciudadanos; por eso se decidió bloquear la carretera hasta que les entreguen las armas. Ellos (los del SSyJC) venían de Ayutla de los Libres rumbo al municipio de Tierra Colorada a una reunión”.

El conflicto inició a las 9 horas, momento en que los soldados desarmaron a los policías del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, y hasta esta hora, prevalece la tensión en este pueblo del Pericón ubicado a unos 100 kilómetros de Chilpancingo.

Convoca López Obrador a los empresarios a evitar la entrega del petróleo e impedir el aumento de impuestos

Comunicado b13-242

Acapulco, Guerrero, 04 de agosto de 2013

* Envía López Obrador mensaje a Peña y a sus secuaces: “que ya dejen de robar”

* Formula cuatro medidas prioritarias que deberían de tener el gobierno federal en su agenda nacional

El presidente del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional(MORENA), Andrés Manuel López Obrador, convocó a los empresarios de México para que reflexionen, se informen bien y participen en el movimiento para impedir que no aumenten los impuestos y evitar que se entregue el petróleo, porque de lo contrario se afectará, se perjudicará a todos los mexicanos.

“No habrá recursos para el desarrollo, y si no hay crecimiento, si no hay empleo, no habrá tranquilidad ni paz social y seguirá esta descomposición, va a seguir esta decadencia que no nos conviene a nadie”, expuso

Desde Acapulco Guerrero, hizo un llamado al sector empresarial para que le pregunten a los economistas y técnicos serios sobre ¿qué significaría entregar el petróleo a las grandes empresas petroleras extranjeras?.

Y dio una posible respuesta que si se entrega el petróleo pasará lo mismo que sucedió con la entrega de la industria eléctrica, que actualmente un empresario, un comerciante, un industrial, paga más en México por la tarifa de la luz que lo que se paga en Estados Unidos y cualquier otro país.

Insistió que los empresarios revisen la intención del gobierno de Enrique Peña de entregar las ganancias petroleras, “porque no es un asunto político, es un asunto de juicio práctico y por ello necesitamos evitar la entrega de la industria petrolera”.

Asimismo, en su cuenta de twitter Andrés Manuel ‏@lopezobrador_ publicó: “llamo a los empresarios a la reflexión para no permitir aumentos de impuestos y la privatización del petróleo. Es más crisis y violencia”.

Invitó a los ciudadanos de Acapulco a participar el próximo 8 de septiembre, a las 10 de la mañana, en la movilización nacional que se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México para evitar que se aumenten los impuestos y se impida la privatización del petróleo.

Detalló que los gobiernos priistas y panistas se han dedicado a entregar, desde hace 30 años, las riquezas públicas, ferrocarriles, bancos, concesionaron 50 millones de hectáreas del territorio nacional para explotación del oro, la plata y el cobre, 25 por ciento del territorio nacional, pero no conformes ahora ambicionan quedarse con las ganancias del petróleo que significan 100 mil millones de dólares.

Denunció que el gobierno de Enrique Peña habla de modernizar a Pemex, pero en el fondo tratan de distraer a la gente para lograr su propósito que es entregar las ganancias petroleras a la iniciativa privada.

López Obrador explicó que si se entrega el petróleo no habría presupuesto suficiente para pagar los sueldos de los maestros, de los médicos, de los pensionados, de los jubilados y para cubrir el déficit presupuestal, aumentarán el IVA del 16 al 19 por ciento, aplicarán impuestos en medicamentos, alimentos, transporte público, libros y artículos de consumo generalizado.

Con el aumento de impuestos que es lo que significa la reforma fiscal, expresó, el gobierno peñista quiere recaudar 50 mil millones de dólares que es lo que va a dejar de recibir por la privatización del petróleo.

Aseguró que hay opciones para sacar a México del estancamiento en que se encuentra, sin necesidad de la inversión extranjeras, porque el presupuesto anual es de 3 billones 800 mil millones de pesos, sin embargo ese dinero se utiliza para mantener el aparato burocrático y mantener el régimen corrupto del país.

Propuso que se puede fomentar las actividades productivas, sin aumentar los impuestos, sin endeudar al país y hay dos formas: términar con la corrupción y apliar con un plan de austeridad, es decir, que se reduzcan los sueldos de los funcionarios públicos, porque es un insulto que los consejeros del IFE, los magistrados del Trife, los ministros de la SCJN, los diputados, los senadores, ganen 500 mil pesos mensuales.

“Si se reducen los sueltos de los altos servidores públicos hay ahorro para impulsar las actividades productivas. Peña Nieto acaba de comprar un avión que vale 7 mil millones de pesos y eso no se sabe porque no sale en el Canal de las Estrellas, de qué se trata, sí hay forma de resolver el problema del país”

Informó que el año pasado rechazó firmar el Pacto por México, que más bien debería de llamarse Pacto contra México, porque el país necesita de la oposición para poner freno a quienes se sienten absolutos. “Me dijeron que lo pensará bien, porque me iba a quedar solo, pero se equivocaron, porque no estoy solo y aunque me quedará solo, yo seguiría luchando por mis principios y mis ideales, jamás traicionaría a la gente, ni entregaría mi dignidad”.

Al conceder una entrevista en Acapulco, Guerrero, López Obrador opinó que el tema de la legalización de la marihuana se está utilizando para distraer al pueblo de México de los temas importantes, por ejemplo se tiene que jerarquizar las necesidades del país.

“No está en la agenda el impulsar las actividades productivas, el que haya empleo, el que se combata la corrupción o se garantice la educación. Están de manera demagógica hablando de la reforma educativa, pero al mismo tiempo van a rechazar este año a 300 mil jóvenes que no van a poder ingresar a las universidades públicas. Entonces ¡ya basta de simulación, es pura demagogia!”, manifestó.

Señaló que el gobierno peñista debería de resolver los problemas de fondo que es la falta de desarrollo y de empleo que ha llevado a la inseguridad y a la violencia.

Al preguntarle su opinión sobre el surgimiento de la policía comunitaria en la entidad, indicó que el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, debería de apoyar a los ciudadanos que buscan defenderse y no debe de estar pensando en el gobierno federal para solucionar la inseguridad en el estado.

Expuso que la Procuraduría General de la República está en manos de Jesús Murillo Karam; la Secretaría de Gobernación están en manos de Miguel Ángel Osorio Chong, y la Presidencia de la República en manos de Enrique Peña Nieto, los tres son muy corruptos, yo ni me les acerco y les recomiendo a ustedes que cuando los vean aléjense, porque hasta pueden perder la cartera”, recomendó.

Desde Ometepec municipio de la región de la Costa Chica de Guerrero, Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje al priista Enrique Peña Nieto y a sus secuaces: “que ya dejen de robar”, porque el pueblo de México lo que desea es que haya fuentes de empleo y se combata la corrupción, eso es todo.

López Obrador formuló cuatro medidas prioritarias que debería de tener el gobierno federal en su agenda nacional: primero, fomentar el crecimiento económico; segundo, fomentar las fuentes de empleos; tercero, combatir la corrupción, y cuarto, mejorar la educación.

Durante una entrevista que concedió a los reporteros al finalizar la ceremonia de la toma de protesta del comité municipal de MORENA en Ometepec, explicó que para que disminuir la crisis económica que padece el país lo que ayuda es que se impulsen las actividades productivas y que haya trabajo, es decir, que se atienda lo principal para el pueblo de México.

Al pedirle su opinión sobre la legalización de la marihuana, López Obrador opinó que es un tema que se está introduciendo en el debate para desviar la atención de los ciudadanos ante los grandes y graves problemas nacionales.

Sobre el tema de inseguridad que se registra en el estado de Guerrero, expresó que el gobierno debe de proteger a la gente, tiene la responsabilidad de garantizar la tranquilidad y la seguridad pública, tiene que velar, tiene que cuidar por la seguridad de los ciudadanos.

Indicó que cuando las personas están desamparadas e indefensas es “porque el gobierno no funciona, porque la tarea de un buen gobierno es garantizar la vida, garantizar la tranquilidad, la seguridad de las personas”.

Mencionó que no hablaría mal de la administración del gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, porque no le hará el juego al diputado federal Manuel Añorve Baños ni al senador Manlio Fabio Beltrones ni al copetón irresponsable de Enrique Peña Nieto y además le ayudaría al PRI.

Durante el ceremonia de toma de protesta del comité municipal de MORENA en Ometepec, López Obrador aseguró que “se irán por un tubo” quienes quieran colarse en el Movimiento Regeneración Nacional para obtener algún cargo público.

Aclaró que MORENA no lucha por cargos, sino lucha por la cuarta transformación de la vida pública, porque para obtener un cargo es verdaderamente fácil, “hasta Fox llegó a ser presidente de México, solo se necesita ser medianamente inteligente y un poco lambiscón con eso es más que suficiente”.

Manifestó que si el objetivo fuesen los cargos él ya hubiese sido presidente con solo haberles ofrecido a la mafia del poder que no iba a cambiar nada, que se iba a mantener la actual política económica, pero no se puede llegar al cargo más importante de la República sin poder hacer nada.

“Miren el destino de Fox, el destino de Calderón, el destino de Peña Nieto, van derecho a la historia, pero al basurero de la historia”, señaló.

Pidió a los integrantes del comité municipal de MORENA que los ciudadanos que deseen afiliarse al Movimiento Regeneración Nacional lo debe de hacer de forma voluntaria, que llegue por su propio pie y por su propia voluntad, porque “no queremos acarreados, sino queremos hombres y mujeres libres y conscientes”.

Ante los ciudadanos de Ometepec, López Obrador indicó que la región de la Costa Chica de Guerrero se parece a Tabasco por el intenso calor intenso que se registra en la zona y aunque hace mucho calor en los dos estados “para nosotros es un paraíso”, comentó.

Esta semana, Andrés Manuel López Obrador estuvo en las delegaciones: Tláhuac, Iztapalapa, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón, de la Ciudad de México y municipios de Guerrero: Ometepec, Cruz Grande y Acapulco.

∞∞∞∞∞

Oficio de Papel

Absuelven a Raúl Salinas de Gortari
Historia de impunidad y corrupción
Homicidio, narco, lavado y peculado

Un juez federal, Carlos López Cruz, absolvió el pasado 19 de julio a Raúl Salinas de Gortari del delito de enriquecimiento ilícito de más de 224 millones de pesos. Imposible desligar a Raúl de su hermano Carlos y a ambos del brutal abuso de poder, del tráfico de influencias y del delito de peculado que cometieron a partir de que este último asumió la Presidencia de la República.

Han pasado 25 años desde que el priísta Carlos Salinas de Gortari arribó a Los Pinos y con él toda su familia, amigos, empleados, prestanombres y una buena parte de la alta burocracia de aquel entonces se vieron beneficiados ilícitamente con dinero público, sin que nadie hasta ahora haya sido encarcelado por ese motivo.

Nada sorprende ahora que un juez federal falle en ese sentido, tal vez porque el Poder Judicial de la Federación nos ha acostumbrado a la evidente impunidad, en donde quien tiene capacidad de pago puede comprar la justicia o aplicar ésta de propia mano sin enfrentar las consecuencias.

El Consejo de la Judicatura sólo es un espectador más de la corrupción judicial, pues nada hace para impedirla y su actitud cómplice sólo la fomenta, pues en este mar de podredumbre nadan jueces, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También es cierto que esa corrupción en la justicia empieza desde el momento en que las denuncias llegan ante el Ministerio Público Federal, mucho antes de que pasen a los tribunales, en donde los agentes ministeriales son sobornados para que integren mal las averiguaciones previas o simplemente cometan errores en el proceso para impedir que los jueces hagan cumplir la ley a los responsables.

Por eso, esta nueva absolución de Raúl Salinas de Gortari a pesar de las muchas evidencias de los delitos que cometió, es un obvio caso más de impunidad judicial. Ya anteriormente hemos conocido de otras absoluciones del hermano incómodo, como la del homicidio de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu o su involucramiento con el narcotráfico o el delito de lavado de dinero o su probada participación en el peculado por el dinero que recibió de la partida secreta que manejó impunemente su hermano Carlos desde la Presidencia de la República.

La Procuraduría General de la República anunció que se ha inconformado por la decisión de ese juez federal y el caso pasará a un tribunal colegiado, lo que más parece una simulación de exigir justicia, pero la verdad es que ante los ojos de todos los mexicanos, Raúl y Carlos Salinas de Gortari ya fueron juzgados y han sido encontrados culpables. La historia así lo sentencia y nadie podrá cambiar eso, ni aún aquellos plumíferos que fueron beneficiados en su momento con donativos públicos salidos de Los Pinos y ahora escriben a favor de este par de hermanos abusivos y corruptos.

La nueva vida de Raúl

Raúl Salinas de Gortari viaja ahora en aerolíneas comerciales y aparece seguido en las revistas de sociales. La cárcel y las acusaciones en su contra no lo alejaron de las reuniones del jet set, pues al final muchos de los que allí participan deberían de estar también en Alomoloya. Todo iba bien hasta hace unos días, cuando su nombre reapareció en la prensa que se ocupa de asuntos políticos y policiales, porque un juez federal ordenó descongelar las cuentas del llamado hermano incómodo. La pregunta es cuánto de ese dinero ira a parar a las manos del juzgador.

Una de sus exoneraciones más polémicas fue aquella del delito de narcotráfico, a pesar de que una investigación y declaraciones de testigos vinculados con el comercio de sustancias ilícitas lo identificaron como el contacto que recibió millones de dólares a cambio de protección durante la gestión de su hermano Carlos Salinas de Gortari.

Es el juez 13 de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal quien determinó que Raúl Salinas de Gortari no es responsable del delito de enriquecimiento ilícito.

Raúl Salinas de Gortari no sólo se verá beneficiado por el dinero depositado en sus cuentas, sino que recuperará la propiedad de edificios, departamentos, casas y terrenos en Guerrero, Jalisco, Morelos, Estado de México, Querétaro, Oaxaca, Baja California y Puebla. Todo, según el juez, producto del “trabajo público” del hermano incómodo.

Durante las últimas 2 décadas, Raúl Salinas de Gortari ha sido absuelto y exonerado de cuanto delito se le imputó. Ahora sólo falta que el nuevo gobierno, también priísta, le ofrezca perdón o hasta lo indemnice. Por lo pronto le devolverá todo el dinero incautado y las propiedades producto del fraude, el abuso y el peculado.

Paradójicamente en Suiza, Carla del Ponte, la fiscal de hierro que se hizo cargo del caso que permitió descubrir en bancos europeos las transferencias de cientos de millones de dólares, estaba segura que dicha fortuna era dinero sucio producto del tráfico de drogas, de lavado y de enriquecimiento ilícito, lo cual representaba, para el sistema financiero helvético, una verdadera ofensa y desafío.

Pues todo ese trabajo de investigación judicial, que movilizó a corporaciones policiales y de inteligencia financiera de todo el mundo, se fue simplemente al cesto de basura del Poder Judicial mexicano. Al menos allí lo envió la corrupta justicia y sus inútiles jueces y magistrados.

También fue la investigación del senador estadunidense Carl Levin, sobre los escasos controles que aplicaba la banca estadunidense con operaciones en México, en especial Citibank, la que colocó en el ojo del huracán la fortuna de Raúl Salinas de Gortari.

Según un reporte de la Oficina de Fiscalización Superior del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por su sigla en inglés), órgano de auditoría del Congreso estadunidense, bajo el título: Raul Salinas, Citibank, and alleged money laundering, donde se establecían las pruebas que, al menos desde la perspectiva de auditores y legisladores estadunidenses, configuraban claramente el delito de lavado de dinero.

El senador Levin usó el caso de Raúl Salinas de Gortari para demostrar que en México, en el caso de grandes clientes bancarios mexicanos y en especial de las llamadas personas políticamente expuestas, simplemente no se seguían los protocolos mínimos para verificar el origen lícito de los recursos que se captaban.

En octubre de 1998, el reporte de la GAO, que todavía se puede leer en el sitio virtual del máximo órgano de control del Congreso estadunidense, dio cuenta de los nombres apócrifos, las identificaciones falsas, la simulación financiera en la que incurrió Raúl Salinas de Gortari y en la que involucró a Paulina Castañón, su exesposa y a un séquito de burócratas corruptos, empresarios abusivos y políticos cómplices. La intención clara de esas simulaciones era evitar preguntas sobre el origen de los recursos y Citibank, hoy propietario del prestigiado banco Banamex, facilitó el camino. Todo la corrupción queda entre banqueros y políticos.

La banquera que confió en Raúl

Ante el Senado de Estados Unidos, la banquera de inversión de Citibank, Amy Elliot, explicó a legisladores estadounidenses cómo cayó en las redes de Los Salinas, pero también cómo Citibank se benefició de la captación de las cuentas de Raúl Salinas de Gortari. En un testimonio público, Amy Elliot recordó cómo y cuándo conoció a Raúl Salinas de Gortari.

Ante el Subcomité de Investigaciones del Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado estadounidense, Elliot informó en noviembre de 1999, en medio de la tormenta por el escándalo que provocó el descubrimiento de cuentas con cientos de millones de dólares de Raúl Salinas de Gortari, que mantenía una responsabilidad fiduciaria con los clientes del banco, pero que estaba dispuesta a colaborar en temas vinculados con el lavado de capitales.

Amy G. Elliot conoció a Raúl Salinas en 1992, cuando Carlos Salinas ya era presidente. La banquera de origen cubano refiere que en ese momento Carlos Salinas de Gortari era considerado un “héroe” no sólo en México sino también en Estados Unidos. Educado en Harvard, Salinas era considerado un verdadero reformador que supuestamente revivía la economía mexicana y mentía en el combate a los capos de la droga (igual como lo hizo Felipe Calderón) y decía que peleaba contra la corrupción.

Salinas de Gortari, agrega Elliot, había sido invitado por el Presidente Bush a la Casa Blanca y ambos trabajaron en conseguir el Tratado de Libre Comercio para América del Norte.

Es más, asegura Amy, en la década de los noventas, en México y en Estados Unidos, la familia Salinas de Gortari era reconocida como una familia distinguida y acaudalada, con propiedades que se remontaban a varias generaciones atrás, desde que el padre Raúl Salinas Lozano se enriqueció con dinero público y negocios sustentados en la corrupción.

En el México de 1992, Amy G. Elliot recuerda que ya tenía una buena cartera de “clientes mexicanos muy acaudalados” que daban muy buenas referencias de la familia Salinas.

La banquera precisa, sin dar el nombre, que fue uno de sus más valiosos clientes quien personalmente le presentó y llevó a Raúl Salinas de Gortari a Citibank. Él fue quién le presentó a Raúl Salinas de Gortari. Fue en Nueva York en donde Amy G. Elliot conoció a Raúl Salinas de Gortari. El empresario que los presentó, además, había mantenido cuentas en Citibank en los últimos 10 años. Refirió a Citibank que con Raúl Salinas de Gortari mantenía una amistad desde la infancia y que, además, tenían varios negocios y proyectos en proceso.

Fueron los jefes de Amy G.Elliot en la sucursal de Citibank en Nueva York quienes autorizaron la apertura de cuentas de Raúl Salinas de Gortari, quien solicitó que se estructuraran sus inversiones, igual que las cuentas del empresario que lo llevó al banco, bajo la figura de una Compañía Personal de Inversiones (PIC), por sus siglas en inglés.

La característica de ese tipo de instrumentos es que mantienen los recursos invertidos y las acciones de la PIC se concentran en un fideicomiso. Se trata, explicó Elliot, de una estructura estándar en cuentas de inversión que utiliza frecuentemente la industria financiera de banca privada, incluyendo a Citibank. Este tipo de cuenta proporciona confidencialidad y permite eficiencia fiscal y planeación. Amy Elliot reveló también que a los mexicanos acaudalados con los que trabajaba para el manejo de sus inversiones en Citibak les preocupaba y eran muy sensibles a la confidencialidad de la información financiera porque temían ser secuestrados.

Inicialmente, Raúl Salinas de Gortari depósito en Citibank “sólo” dos millones de dólares, monto que le fue devuelto porque se argumentó que no se concretó una coinversión que realizaría con el “amigo empresario” que lo presentó con los ejecutivos del banco estadounidense.

Fue hasta mediados de 1993 cuando Raúl Salinas de Gortari comenzó a realizar fuertes depósitos en Citibank. En ese tiempo, los ejecutivos de Citibank pensaron que sus fuentes de recursos habían aumentado. Amy G. Elliot reconoció que, sin confirmarlo, Citibank a través de su gestión supuso que Raúl Salinas había vendido su empresa constructora; también supusieron que había recibido alguna herencia; después que ante el buen comportamiento del mercado de valores había realizado algunas buenas inversiones y que, de esa forma, su patrimonio había aumentado considerablemente.

En Citibank también pensaron que después del matrimonio de Raúl Salinas de Gortari con Paulina Castañón en junio de 1993, Salinas se había beneficiado de las propiedades que recibió su esposa.

Por todas esas razones, confiesa la ejecutiva de Citibank, “me sentí perfectamente cómoda aceptado sus depósitos adicionales a mediados de 1993 y poco después”.

oficiodepapel@yahoo.com.mx