lunes, 22 de julio de 2013

Se unificarán movimientos y ONG en un frente: líder


CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 21 de julio. El frente de organismos y movimientos sociales busca impedir que prosperen iniciativas como la de la policía rural que pretende imponer el gobernador Ángel Aguirre, así como la explotación y destrucción de los territorios, aseguró el coordinador de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgroac), Manuel Olivares Hernández.

Consultado sobre el acuerdo adoptado este sábado en el foro Digna Rebeldía impulsado por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, por su aniversario 19, Olivares Hernández dijo que el aglutinar a todos los movimientos sociales “es una necesidad” ante la intención del gobernador de desarticular las luchas sociales.

Entre las principales acciones está defender la Ley 701 y, con ello, a las policías comunitarias.

“Esta pretensión de Ángel Aguirre de reglamentar y prácticamente desarticular a la Policía Comunitaria y someter de alguna manera a los que genuinamente están participando en los grupos de autodefensa de la Upoeg, consideramos que es necesario que las organizaciones se unan y formen un frente común contra esas pretensiones”, dijo.

Olivares Hernández agregó que es necesario que organizaciones como el Cecop, la Crac, la Ceteg, los grupos de autodefensa de Olinalá, Huamuxtitlán y Atliaca, y los centros de derechos humanos se unan, pues se prevé que arrecie esta intención del gobernador.

“La intención de desarticular a la Policía Comunitaria mediante esa reglamentación es un indicativo de que la represión contra el movimiento social, contra los defensores de derechos humanos, es un riesgo palpable”, dijo.

Además, es necesario luchar contra la pretensión del gobierno de impulsar los proyectos de explotación minera, y para ello también se haría ese frente.

“Se requiere formar un frente, un bloque, para frenar todo esto, porque finalmente el convertirlo en policía rural implica incorporarlos al sistema mestizo, y las comunidades indígenas no están de acuerdo porque acotarían sus funciones y serían sujetas a lo que determine el Ministerio Público y la Procuraduría General de Justicia del Estado”, señaló.

Mueren dos sicarios cuando iban a matar a desplazados de la sierra


En el sitio del atentado radican Hermelindo, Bernardo y Constantino Díaz Pérez y sus familias

Los atacantes fueron enviados por la familia Montúfar, asegura el dirigente de la Redgroac

MARGENA DE LA O Y
 CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 21 de julio. Al entrar al pueblo de La Unión, en Ayutla, a agredir a balazos a las familias desplazadas de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, de donde salieron por la violencia, dos presuntos sicarios murieron esta mañana cuando los habitantes respondieron a la intimidación.

Eran las 10 de la mañana cuando hombres con rifles AK-47 llegaron a las inmediaciones del pueblo para asesinar a las familias desplazadas, quienes respondieron. Al sonar los balazos, llegaron al pueblo integrantes de la Policía Ciudadana, que coordina la Unión de Organizaciones y Pueblos de Guerrero (Upoeg), quienes también enfrentaron a los armados. De todo aquello quedó un saldo de dos agresores muertos y uno detenido al intentar huir por el monte.

El hombre detenido fue trasladado a la Casa de Justicia de Ahuacachahue del Sistema Ciudadano de la Upoeg; se supo que otros dos atacantes sí huyeron.

La Policía Ciudadana ya aseguró el vehículo en que entraron los hombres armados a La Unión, así como el rifle AK-47 de un pistolero muerto de un balazo en el pecho, que vestía pantalón negro y camisa gris.

El 21 de abril de 2012, unas 31 familias, que suman 156 personas, entre niños, mujeres, adultos y ancianos, huyeron de la violencia tras la ejecución, el 18 de febrero de 2011, de Rubén Santana Alonso, esposo de Juventina Villa, quien fue asesinada más adelante, el 28 de noviembre de 2012. En Puerto las Ollas, Coyuca de Catalán, se quedaron 15 familias.

A Ayutla llegaron 16 familias: siete se asentaron en Tepango; seis, en la cabecera municipal, y tres, en La Unión, para cuidar ese terreno en que el gobernador Ángel Aguirre Rivero les prometió construir sus casas. Esas tres familias son las de los hermanos Hermelindo, Bernardo y Constantino Díaz Pérez, con sus esposas y sus tres, cuatro y cinco hijos, respectivamente, y habitan casas de estructuras hechas de troncos y lonas a la ribera de un río.

Apenas el 26 de junio pasado, la Red Guerrerenses de Organismos Civiles y de Derechos Humanos visitó a las familias desplazadas en La Unión y Tepango, y constató sus condiciones complicadas y de carencias.

Una de las familias en Tepango es la de la pareja Sergio Santana Palacio y Juana Alonso Ochoa, suegros de la lideresa ecologista Juventina Villa Mojica. Primero, se refugiaron en Puerto las Ollas, hasta llegar a esta comunidad de Ayutla a mediados de diciembre de 2012, junto a tres de sus hijos, de los cuales dos llevaban sus propias familias, y su nuera con sus cuatro hijos.

Ese día, Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles y de Derechos Humanos, mencionó las posibles causas de la violencia en la región de la sierra: “es una de las zonas con abundante riqueza de recursos naturales y minerales; los recursos madereros, principalmente, han sido codiciados para su explotación irracional, lo que provocó el surgimiento de grupos de talamontes, quienes actúan en contubernio con grupos de la delincuencia organizada que se han adueñado de esta zona para tener el control estratégico de este territorio para la producción y paso de estupefacientes”.

Vivos o muertos: Olivares

Personas desconocidas atacaron a balazos a habitantes de La Laguna que están refugiados en la ranchería de La Palma II, de la comunidad de La Unión, en el municipio de Ayutla, confirmó el coordinador de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgroac), Manuel Olivares Hernández, quien informó de un muerto y un detenido.

Detalló que los refugiados informaron a la Redgroac que desde el viernes por la tarde rondaba por el rumbo un Jetta color plata con placas del Distrito Federal.

Le dijeron que un persona llegó preguntando por varios refugiados que viven temporalmente en La Palma II.

“Después de hacer varias investigaciones con familiares y amigos, que tienen incluso en el Distrito Federal, les informaron que esa gente fue enviada por Francisco Montúfar Mendoza, que vive en el DF y que es hermano de Rick y de Saúl y de todos los Montúfar que han estado trabajando en el gobierno del estado y que tenían un plazo de 15 días para llevarse a algunos de los desplazados vivos o muertos”, detalló Olivares Hernández.

Agregó que la agresión que sufrieron en la Palma II la mañana de este domingo podría confirmar que la agresión viene orquestada desde los Montúfar “y que la intención era matarlos”.

De la agresión, precisó, resultaron dos personas muertas y un detenido; sin embargo, hasta el mediodía desconocía a qué grupo pertenecían.

Hace un par de meses, habitantes de La Laguna que antes abandonaron sus hogares y se refugiaron en Puerto Las Ollas debido a la violencia en esa zona decidieron desplazarse al municipio de Ayutla.

En total, hay unas 60 personas, entre adultos y niños, de al menos 14 familias, según informó Olivares Hernández.

Algunas familias se refugiaron en la comunidad de Tepango; otras, en Palma II, y unas más, en la cabecera municipal.

Normalistas de Tlapa entregan víveres a presas


SERGIO FERRER ( Corresponsal)

Tlapa, 21 de julio. Jóvenes de la Escuela Normal Regional de la Montaña (ENRM) entregaron productos de despensa a las 17 mujeres recluidas en el penal de este municipio como acción para solidarizarse con quienes enfrentan una situación difícil.

Este domingo, integrantes del Comité Estudiantil Lucio Cabañas Barrientos entregaron a las presas arroz, sal, sopas y otros productos recolectados. Varias internas viven con hijos en condiciones de hacinamiento.

Antes, los normalistas entregaron otra cantidad simbólica de víveres, como muestra de unidad y comprensión, a integrantes de la Crac-PC de la Casa de Justicia de Espino Blanco.

Los normalistas recordaron que es triste reconocer que se enfrentarán a un clima de hostilidad o falta de interés del gobierno estatal para acceder a una plaza y, por consiguiente, a un lugar de trabajo.

Los jóvenes dijeron que han expuesto su vida en movilizaciones, no porque hayan querido, sino porque no hay atención real a sus demandas y necesidades.

Convocatoria a la PREAUDIENCIA: Represión por motivos políticos: una estrategia permanente del Estado mexicano

Con tu firma; súmate a la convocatoria.
tpp.guerrasucia.mx@gmail.com

Convocatoria a la PREAUDIENCIA: Represión por motivos políticos: una estrategia permanente del Estado mexicano

Fecha: 28 y 29 de agosto del 2013

Lugar: Mercado Hidalgo. Puebla

Convoca: Eje de Guerra Sucia, como violencia, impunidad y falta de acceso a la Justicia del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México y la Comisión organizadora de la Preaudiencia del Eje de Guerra Sucia del TPP en Puebla

18 de julio de 2013

A todas las organizaciones populares, sociales, políticas y de derechos humanos, familiares, amigos y personas solidarias de las víctimas de la represión política del estado mexicano.

A los equipos promotores de las audiencias temáticas del TPP Capítulo México.

Al Pueblo de México:

Los días 28 y 29 de mayo del 2013, en el Distrito Federal, organizaciones populares, indígenas, de derechos humanos, de víctimas y personas que trabajamos en el “Eje de Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia” del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) capítulo México realizamos la PREAUDIENCIA: Desapariciones forzadas y Ejecuciones extrajudiciales en México; una política permanente del Estado. La cual, fue convocada por alrededor de 40 organizaciones sociales, así como por La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” (que agrupa a 72 organismos de DH), la Red de Radios Comunitarias, A.C. /AMARC- México (que agrupa a 35 proyectos radiofónicos asociados), la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada (que agrupa a 42 organizaciones nacionales e internacionales) y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre otras.

En la Preaudiencia pudimos escuchar diversos testimonios de familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial en todo el país y en distintos momentos históricos: desde el caso de Epifanio Avilés quien se encuentra desaparecido por motivos políticos desde 1969; hasta Teodulfo Torres desaparecido el 25 de marzo de 2013.

En un esfuerzo de seguir visibilizando la situación de violación a los derechos humanos que se vive en nuestro país y de realizar Preaudiencia fuera del Distrito Federal, el Eje de Guerra Sucia, en colaboración con organizaciones y colectivos del estado de Puebla, invitamos a todas las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y personas solidarias a firmar como convocantes la presente invitación y a participar en la realización de la PREAUDIENCIA “Represión por motivos políticos: una estrategia permanente del Estado mexicano” Los días 28 y 29 de agosto, en el Mercado Hidalgo, en un espacio destinado para este fin por parte de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, con horarios aún por definirse.

En esta ocasión las violaciones a derechos humanos que se tratarán serán las siguientes:

Desaparición Forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención ilegal o arbitraria, encarcelamiento por motivos políticos, amenazas, hostigamiento, criminalización y todas aquellas formas de violación de derechos humanos que es Estado mexicano ha utilizado y utiliza para eliminar o controlar la disidencia política de ciertas organizaciones y personas.

Debido a que los jueces deben revisar los casos antes de la Preaudiencia para poder analizar la información y dictar sentencia, los casos (resúmenes de máximo 5 cuartillas) serán recibidos hasta el día viernes 9 de agosto de 2013.

El tiempo de participación y el número de testimonios presentados ante los jueces nacionales lo determinara el número de casos que se hayan recibido hasta el 9 de agosto.

Cualquier asunto no previsto lo resolverá la coordinación de la audiencia de Guerra Sucia, como violencia, impunidad y falta de acceso a la Justicia del TPP.

Cabe destacar que la audiencia final del Eje de Guerra Sucia, como violencia, impunidad y falta de acceso a la Justicia se realizará, con la presencia de los jueces internacionales, el primer trimestre del 2014 y que durante el 2013 se realizarán diversas preaudiencias, foros y talleres en diferentes estados de la república.

Para informase a mayor detalle sobre lo qué es el TPP, las actividades y documentos del Eje de Guerra Sucia pueden consultar el siguiente Blog:

http://tppmx-guerrasucia.blogspot.mx/

Para ver los requisitos que se necesitan cubrir para presentar casos en las Preaudiencia, pueden consultar el Boletín 3 o comunicarse con la comisión organizadora al siguiente correo:

tpp.guerrasucia.mx@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/TppMexicoejeGuerraSucia

Boletín 1. Boletín 2. Boletín 3 Boletín 4.

ATENTAMENTE

Comisión organizadora de la Preaudiencia del Eje de guerra Sucia del TPP en Puebla:

Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre; Comité Independiente de Derechos Humanos, Puebla; Frente Revolucionario Comunista y Fracción Roja.

Eje de Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia del TPP capítulo México.

Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C (DF), Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos (DF), Brigadas Emiliano Zapata (BEZ-MÉX), Bia´lii, Asesoría e Investigación, A.C, Casa de Encuentros A. C. (Morelos), Centro de Derechos Humanos "Fr. Francisco de Vitoria O.P." A.C (DF), Centro de Pastoral Obrera de Cd. Juárez, AC (Chihuahua), Cochitlehua Centro Mexicano de Intercambios AC, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (DF y Guerrero), Comité Cerezo México (DF), Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (Hidalgo y Veracruz), Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero (DF) Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta encontrarlos” (DF y Oaxaca), Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero (Guerrero), Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero (DF), Coordinadora IDmx (DF), Cnd-morena Ajusco Medio (DF), Estudiantes del Posgrado de DH de la UACM (DF), Frente de Lucha Estudiantil Julio Antonio Mella (DF), Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (Hidalgo y Veracruz), Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Michoacán y DF), Frente Popular Francisco Villa Independiente (Cabeza de Juárez DF), Fundación Don Sergio Méndez Arceo (Morelos), Jóvenes frente al G20, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (Oaxaca y DF), Organización Campesina Indígena Popular-Ricardo Flores Magón (Michoacán), Organización Campesina del Sur (Guerrero), Radio Estudiantil Libertaria (DF), Taller de Desarrollo Comunitario AC (Guerrero), Telar de Raíces AC. (DF), Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme, “Unión de Todos los Pueblos Pobres” (Veracruz), Unión de Mujeres de las Huastecas «Humberta Hernández Tovar (Huastecas), Zapateando, equipo de comunicación autónoma (Veracruz)…(más las org que se vayan sumando)

La Red de Radios Comunitarias, A.C. AMARC (agrupa a 35 proyectos radiofónicos), la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México (actualmente conformada por 42 organizaciones nacionales e internacionales). La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos; NoMásVíctimas.org, …(más las coordinaciones que se vayan sumando)

Oficio de Papel




• Justicia mexicana sumisa a EU
• La captura de Treviño el Z-40
• Prepara la PGR su extradición

Desde hace varios sexenios, destacadamente en los dos últimos gobernados por el Partido Acción Nacional, la sumisa justicia mexicana dispuso que los principales narcotraficantes capturados en territorio nacional fueran extraditados a Estados Unidos para ser juzgados y encarcelados en aquel país, práctica similar a lo ocurrido en Colombia hace 30 años, cuando los principales líderes de los cárteles fueron reclamados por las autoridades estadunidenses y el gobierno colombiano accedió a entregarlos sin objetar, lo que ocasionó una guerra interna desatada por los llamados “extraditables” y con ello miles de muertes.

Para frenar esa ola de violencia que parecía no tener fin, el gobierno del país sudamericano negoció con los jefes de las mafias para que no fueran extraditados y a cambio éstos se comprometían a renunciar a los asesinatos de políticos, periodistas, burócratas y líderes sociales.

En el caso mexicano, el gobierno ha aceptado sin protestar las condiciones impuestas por su homólogo de Estados Unidos para extraditar de manera inmediata a presuntos narcotraficantes. Esta actitud sumisa y entreguista de las autoridades mexicanas que permite encerrar en cárceles estadunidenses a delincuentes connacionales considerados como de alta peligrosidad contrasta ahora con las protestas del gobierno mexicano por la intervención de los órganos de inteligencia gringos en las comunicaciones privadas en México.

Es verdad que los narcotraficantes mexicanos extraditados a Estados Unidos desde hace 3 décadas han puesto poca resistencia a su traslado, pues han encontrado en el sistema de justicia de aquel país una vía más eficaz y expedita para disminuir sus condenas y alcanzar su libertad.

El trámite para los delincuentes mexicanos juzgados en tribunales estadunidenses ha permitido que aquéllos negocien una situación penal más favorable a cambio de proporcionar información relevante de la operación del crimen organizado en México y los vínculos de éste con políticos, funcionarios, legisladores y empresarios mexicanos, además de pagar multas millonarias en dólares que van a parar al erario público de Estados Unidos.

Este es el caso de Osiel Cárdenas Guillén, exjefe de la banda de Los Zetas en Tamaulipas, quien fue extraditado a Estados Unidos y que en 2010 llegó a un acuerdo con el gobierno de Barack Obama para lograr una sentencia de sólo 25 años de prisión y el pago de 50 millones de dólares por declararse culpable de cinco cargos federales, además de proporcionar información de la estructura de los cárteles de la droga en México.

Éste es sólo un ejemplo de los muchos narcotraficantes y lavadores de dinero mexicanos que durante los mandatos de Vicente Fox y Felipe Calderón fueron enviados a Estados Unidos para ser juzgados en aquel país, con lo cual México asumió una vez más su incapacidad de aplicar la justicia y eludió su responsabilidad constitucional para juzgar y sancionar a aquellos que delinquieron en el país.

Ahora habrá que conceder el beneficio de la duda al gobierno priísta de Enrique Peña Nieto hasta conocer con precisión cuál será su estrategia para la aplicación de la justicia hacia los integrantes de los cárteles de la droga capturados o si continuará la misma política entreguista y sumisa que mostraron los gobiernos panistas.

Por lo pronto, no es un buen augurio cuando el responsable de la política interna de México, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, declara después de la detención la semana pasada del jefe de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño, alias el Z-40, que Estados Unidos aún no ha solicitado su extradición, pero adelantó que en caso de que lo haga primero sería juzgado en México. La duda que hay es si después de ser sentenciado este delincuente permanecerá en cárceles mexicanas o, como lo hicieron los panistas, de inmediato lo extraditarán a Estados Unidos.

De ser así, cómo puede el gobierno mexicano exigir respeto de su homólogo estadunidense y reprochar su intervención en asuntos internos del país –como la violación a la privacidad a través del espionaje– si las autoridades mexicanas son sumisas a las órdenes de Washington. Ésa es la razón por la cual las corporaciones policiales de ese país han hecho lo que quieren en México y violan constantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora ese importante jefe de la mafia de las drogas está sujeto a intensos interrogatorios en las oficinas de la Procuraduría General de la República, en donde su titular Jesús Murillo Karam ha declarado que la captura del Z-40 “dará una pausa a la violencia”, lo cual es poco probable porque vendrán las venganzas por la traición, y por eso las poblaciones de los estados en donde opera principalmente el grupo de Los Zetas se preparan ante posibles actos violentos.

La industria de Los Zetas

El mes pasado escribimos en esta columna sobre la impunidad y complicidad del gobierno de Felipe Calderón con los cárteles de la droga y cómo su negligencia permitió el florecimiento de la industria del crimen organizado y el fortalecimiento de 88 cárteles en el país, de acuerdo con un informe confidencial elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las “Células delictivas con presencia en el país”, fechado el 25 de marzo de 2013 y dado a conocer en Contralínea por la reportera Nancy Flores.

Ahí da cuenta de cómo México vivió un sexenio sangriento: más de 100 mil civiles fueron ejecutados, otros 30 mil desaparecieron; miles de familias (se calcula 250 mil) fueron desplazadas por la violencia y otros cientos de miles más perdieron su patrimonio. Centenas de niños y niñas quedaron huérfanos, sin protección alguna, y otros cientos de personas viajan por todo el país en busca de sus familiares.

Oficialmente, Calderón dijo que la guerra acabaría con el crimen organizado, pero lejos de esa “promesa”, los grupos delincuenciales florecieron y se han convertido en verdaderas empresas trasnacionales, al grado que su antecesor, el expresidente Vicente Fox, también panista, planea ya producir a gran escala la mariguana, para lo cual promueve la legalización y espera convertirse en el principal productor de esa droga.

En el sexenio anterior prácticamente nadie fue a parar a la cárcel. La impunidad no sólo cubrió a los delincuentes, también a quienes los protegieron y los fortalecieron, un grupo de políticos y policías corruptos encabezados por el exmandatario.

El reporte de la PGR precisa que la consolidación de la delincuencia es tal, que ni la autoridad puede desmentirla. Y es que no es fácil ocultar la prosperidad: los negocios de los cárteles del narcotráfico llegan a más de 50 países en los cinco continentes.

El mapa de la delincuencia abarca prácticamente todo el país, y de las 88 organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilegal de narcóticos, ocho son consideradas como “grandes organizaciones del narcotráfico”, entre las que destacan Los Zetas. Esta información de la PGR cobra mayor relevancia porque permite conocer a los grupos vinculados y a los rivales de Miguel Ángel Treviño, de tal manera que podría se previsible las zonas del país en donde podrían desatarse duros enfrentamientos y así preveer la protección de las poblaciones aumentando la vigilancia.

Se calcula que tan sólo por venta de drogas en Estados Unidos, esos ocho grupos criminales –Los Zetas, el Pacífico, los Arellano Félix, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Nuevo Cártel de Juárez, el Cártel de la Barbie y el Cártel de los Beltrán Leyva– obtienen ganancias anuales superiores a los 39 mil millones de dólares (unos 468 mil millones de pesos).

El amplio documento oficial destaca la información del grupo de Los Zetas, considerados como los narcotraficantes más violentos del país y cuyos negocios abarcan el Continente Americano y llegan hasta el europeo, quienes tendrían bajo su control, según la PGR, a tres organizaciones de menor nivel pero igual dimensión de brutalidad: Los Talibanes, Los Legionarios y Los Hijos del Diablo.

No obstante, al parecer dos se han deslindado del que originalmente era el brazo armado del Cártel del Golfo, conformado en un principio por militares de elite que desertaron de los grupos Aeromóvil y Anfibio de Fuerzas Especiales y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano.

El grupo de Los Talibanes se ubica en Tamaulipas y Quintana Roo. Esta facción, sin embargo, declaró la “guerra” a Los Zetas el 1 de junio de 2012. Ese día se colocaron en Zacatecas unas mantas presuntamente de su autoría, con las fotografías impresas del líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, y de otros delincuentes que habían sido abatidos o capturados, bajas que entonces le achacaban a El Lazca.

El 20 de agosto de 2012, el líder de esta célula, Iván Velázquez Caballero, el Z-50 o el Talibán, rompió abiertamente su vínculo con Los Zetas tras señalar en unas mantas colocadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que Miguel Ángel Treviño, el Z-40, y Heriberto Lazcano se aliaron con “los federales” y traicionaron a sus jefes para poder controlar el cártel. El Z-50 fue capturado el 28 de septiembre y el Lazca fue “abatido” el 7 de octubre de ese mismo año por elementos de la Secretaría de Marina. Desde entonces el Z-40 asumió el liderazgo.

El segundo grupo que la PGR vincula a Los Zetas opera en San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas. Su objetivo, según refirieron el 20 de octubre de 2012 a través de unas mantas, es acabar con el Z-40 o Talibán. “Los Legionarios somos un grupo de Zetas renegados que fuimos traicionados por ‘Z-40’. Los Legionarios tenemos claramente la orden de exterminar sólo a la gente de Los Zetas y familias… Ojo por ojo”.

Los mensajes, reportados por algunos medios de información, concluían así: “Nuestro negocio es el narcotráfico, sólo y exclusivamente. Respetamos a las fuerzas federales y la lucha que hacen para terminar con el narco”.

De acuerdo con el informe de la Procuraduría, Los Hijos del Diablo se localizan en San Luis Potosí y Zacatecas. A esta célula se le vincula con el narcotraficante capturado Miguel Ángel Treviño e incluso con miembros del supuestamente extinto Cártel del Golfo.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

domingo, 21 de julio de 2013

Hallan muerto a defensor de derechos humanos en Oaxaca


PEDRO MATÍAS

OAXACA, Oax. (proceso.com.mx).- Con seis impactos de bala, dos de ellos en la cabeza, fue localizado el cuerpo sin vida del defensor indígena Herón Luciano Sixto López, desaparecido desde el pasado 15 de julio, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado.

El miembro del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, fue hallado este sábado 20 de julio alrededor de las 15:00 horas, en el paraje Camino a Cahuaya, en la jurisdicción de Tecomaxtlahuaca.

Según las indagatorias, el cuerpo del defensor de derechos humanos presenta seis impactos de bala con orificio de entrada y salida, tres en el tórax, dos en la cabeza y uno en el cuello, y de acuerdo con la necropsia de ley, tenía entre cinco y seis días de haber fallecido.

El representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Javier Hernández Valencia, condenó estos hechos de violencia e instó a las autoridades federales y estatales a desarrollar investigaciones diligentes, completas y con la debida atención al especial esfuerzo que despliega el país para garantizar la seguridad de las y los defensores y periodistas”.

“He podido constatar la consternación que han provocado estos crímenes en Oaxaca y he sostenido reuniones con el procurador general de Justicia, el subprocurador general de la Zona Norte y la comisionada de Derechos Humanos, para abogar por la institucionalización a nivel local de las políticas públicas nacionales diseñadas para revertir la situación de vulnerabilidad que siguen atravesando las defensoras y defensores de derechos humanos y los periodistas, en particular en el estado oaxaqueño”, puntualizó.

Una vez que campesinos del lugar que pastoreaban ganado localizaron el cuerpo del defensor de derechos humanos y reportaron el hallazgo al síndico de Tecomaxtlahuca, éste notificó a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Juxtlahuaca.

Por tal razón, los subprocuradores de la región mixteca y de la zona norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Oaxaca, Víctor Alonso Altamirano y Ernesto Saure, respectivamente, acudieron a las inmediaciones de San Sebastián Tecomaxtlahuaca, en el paraje donde fue hallado el cuerpo sin vida de Herón Luciano Sixto López, para iniciar las diligencias de ley por el delito de homicidio doloso contra quien o quienes resulten responsables.

Desde el lunes 15 se presentaron los familiares de Sixto López ante la comandancia de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Juxtlahuaca, para reportar su desaparición, al tiempo que iniciaron la búsqueda a través del Departamento de Personas No Localizadas (DNOL).

Al lugar del hallazgo se trasladaron los agentes investigadores y peritos en diversas especialidades, quienes, bajo el mando de los subprocuradores, realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las indagatorias.

Herón Luciano Sixto López tenía 43 años, era originario de Santiago Juxtlahuaca y se desempeñaba como representante del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas.

De acuerdo con información de la familia, fue visto por última vez el lunes 15 de julio del 2013 a las 10:00 horas aproximadamente en la colonia El Maestro, de Juxtlahuaca; ante la situación, la Procuraduría y familiares del desaparecido intensificaron los trabajos de investigación y solicitaron apoyo a la sociedad para localizarlo, sin embargo, este sábado fue hallado sin vida.

Encuentran a tres personas calcinadas en un auto en Huixquilucan


MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Tres personas calcinadas fueron encontradas en el interior de un vehículo en llamas estacionado sobre la avenida Hacienda de las Palmas, en una de las zonas más exclusivas de Huixquilucan, Estado de México.

Los vecinos reportaron el incidente a las autoridades esta madrugada, por lo que bomberos y cuerpos de rescate acudieron al lugar.

Tras apagar el fuego, la Policía Municipal revisó el auto tipo Aveo, placas MPF-1299 y encontraron los tres cuerpos, uno en la parte trasera y los otros dos en la cajuela.

El vehículo tiene reporte de robo en el municipio de Coacalco, indicaron las autoridades.

Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado que realiza las investigaciones del caso.

Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas.

Comando irrumpe en bar de Chihuahua, mata a preparatoriano y hiere a 4 personas


PATRICIA MAYORGA

CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- Un comando ingresó a un popular bar de la ciudad de Camargo, asesinó a un estudiante de 16 años y dejó lesionadas a otras cuatro personas.

De acuerdo con reportes policiacos, el homicidio ocurrió durante la madrugada del sábado en un establecimiento ubicado en el distribuidor vial Sebastián.

De acuerdo con testigos, el acceso al bar fue cerrado a las 12 de la noche porque registraba lleno total.

Los hombres armados dispararon armas AR-15 contra los asistentes que se encontraban en la entrada.

El joven asesinado fue identificado como Luis Miguel Regalado Amparán, de 16 años, quien estudiaba en el plantel 15 del Colegio de Bachilleres y pertenecía a una familia de comerciantes.

Los lesionados son José Ángel Mendoza Jáquez, de 56 años; César Eduardo Acosta Pérez, de 18; Gabriel Limas Carmona, de 19 y Rubén Castro Díaz, de 17.

Los cuatro son atendidos en un hospital y se encuentran fuera de peligro.

Las autoridades también aseguraron un automóvil Cirrus color negro que encontraba en el lugar.

Otra vez, el agua profunda para Pemex


Antonio Gershenson

El director general de Pemex, lo mismo que otros altos funcionarios de la misma entidad, vuelve a señalar que se va a obtener petróleo de las aguas profundas. También se repiten las virtudes del gas de lutita o de shale, aunque han sido muy caros y su producción, en el primer caso, totalmente nula, y mínima la segunda, además de bastante sucia y agotadora de agua. Y hablan también de Chicontepec.

Hace más de 10 años, a principios del gobierno antepasado, se presentó al petróleo de aguas profundas como algo milagroso. Sin embargo, en estos más de 10 años, de las aguas profundas de México no ha salido ni una sola gota de petróleo, aunque sí se ha derrochado dinero a lo loco. Esa debe ser una causa: el dineral, porque no es fácil que se gaste muchísimo dinero sin obtener ni una gota de petróleo.

Del agua profunda, incluso a más de mil metros de profundidad, se hablaba de 15 años para empezar a producir. Ahora incluso ese plazo está en duda, si hablamos desde el principio. Es carísimo el asunto, porque además las costas –y ya no digamos los muelles– están muy lejos. Se ha estimado el costo de la perforación en aguas profundas en 10 veces más que la perforación normal.

Trataremos de mostrar cómo los jefes de las Aguas Profundas presumen de su trabajo. Dos perforaciones, Trion-1 y Supremos-1 otorgan mayor certidumbre a los recursos prospectivos del proyecto Área Perdido. Estamos ante una gran tabla de valores que tiene primero tres columnas de reservas, probadas, posibles y probables. Luego vienen otras dos columnas Recursos Prospectivos. Esto quiere decir que los prospectivos no son reservas, que estaban en las tres columnas. Y los recursos de agua profundas, entonces, no son verdaderos recursos y menos aún probados.

Luego hablan de reservas descubiertas –pero 3P– o sea que incluyen hasta las posibles, las cuales incluyen las que tienen 10 por ciento de probabilidad de existir. Hasta el momento, la gran mayorías de esas dudosas reservas son de gas natural. Y no son tan fáciles de extraer.

De su famosa profundidad, hay que sacar el gas en tubería, hasta los lejanos almacenamientos. ¿Quince años? Es posible, pero no es seguro.

Hay una posibilidad que puede frenar este glorioso proceso: ¿cual será el precio del gas natural en ese momento? ¿Y cuál será el costo de todo este proceso de producción, desde el gasto que ya se hizo durante más de 10 años?

El dinero que se gastó, según Pemex, la inversión total de 2002 a 2011, fue de 49 mil millones de pesos. Y por esta cantidad no se obtuvo hasta el momento nada de gas natural ni menos aún ni una gota de petróleo.

Vamos a darnos una idea de la precisión de las precisiones de jefes de Pemex en aguas profundas. Son 21 pozos en total y la mitad falló totalmente. El que tiene más recursos prospectivos, el CP Perdido, tiene entre 100 y 600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. ¿Mucha precisión, no?

Uno menor, Temoa, tiene entre 20 y 270 barriles. Más de diez veces de diferencia entre una y otra posibilidades.

Todos son recursos prospectivos, o sea que ninguno tiene ni reservas reales ni menos aún producción real.

Hasta aquí llegamos con las aguas profundas. Nos referimos de manera breve a los otros aspectos a los que se refirió el director de Pemex.

Ya hemos hablado de Chicontepec. Mencionamos sólo dos, que refutan a los funcionarios. El programa de este sitio para producción de petróleo fue de 79 mil barriles en enero, y subir hasta diciembre para105 mil barriles. La realidad fue lo contrario. Con un similar inicio, cayó a 65 mil barriles en julio. El programa para ese mes debía ser 96 mil barriles, por lo que la producción bajó frente a lo programado en 68 por ciento.

Otro ejemplo. En Chicontepec, en promedio se producen 27 barriles diarios por pozo. En varias partes del sudoeste, hay pozos que producen miles de barriles diarios, y el costo de producción es mucho menor.

El otro caso del que nos ocupamos brevemente, el del gas de lutita o del shale. Se derrocha agua, ensucia en serio, y los pozos duran muy poco produciendo. Se quiere poner como ejemplo a Estados Unidos, pese a que en ese país hay numerosos problemas con la población, con el agua y con el ambiente. Se quiere poner como ejemplo a ese país también en las aguas profundas, aunque ahí sí aumentó su producción.

Sin embargo, copiando a las aguas profundas que en Estados Unidos sí funcionaron y aquí acabamos en el desastre que ha sido en México, no quiere decir que copiando a la lutita en ese país vamos a producir mucho.

¿Por qué no seguimos nuestros propios ejemplos, los mejores de Pemex? Está por concluirse el pozo Xux 1DL, cuando los pozos de Tsimin, Kinbé y otros son muy productivos en esa misma área. Es muy posible que el nuevo Xux lo sea también.

antonio.gershenson@gmail.com

22 de julio, Día Mundial contra la Megaminería Tóxica


Juan Carlos Ruiz Guadalajara*

Con una creciente participación ciudadana en países afectados por la depredación ambiental y social que provoca la megaminería por todo el mundo, este 22 de julio se realiza por quinta ocasión el Día Mundial contra la Megaminería Tóxica, jornada que en poco tiempo se ha consolidado como una acción global de resistencia al modelo extractivo impuesto por los corporativos mineros trasnacionales en connivencia con gobiernos neoliberales. En su origen, la idea de una acción global contra la megaminería tuvo como objetivos despertar la conciencia social ante el problema del nuevo extractivismo minero, exigir la prohibición de la técnica de tajo a cielo abierto para extracción de metales preciosos y denunciar la ilegalidad y violencia de la operación de la canadiense New Gold-Minera San Xavier en el cerro de San Pedro y su impacto sobre el valle de San Luis Potosí. Estas demandas fueron parte de las muchas reacciones locales ante las desastrosas consecuencias generadas por la fiebre del oro iniciada en la última década del siglo pasado en Estados Unidos, y encabezada posteriormente por Canadá y sus corporativos desde la Bolsa de Valores de Toronto.

El origen de esta fiebre del oro y las peculiaridades que la hacen diferente a las otras que registra la historia de la humanidad, se encuentra en una combinación de factores tecnológicos y financieros. De acuerdo con el historiador canadiense Studnicki-Gizbert, fue en Nevada, Estados Unidos, donde en la década de los setentas se descubrió un territorio de casi 100 kilómetros de largo por 10 de ancho con presencia de nubes subterráneas de partículas microscópicas de oro invisible. Para extraerlas, geólogos y metalurgos al servicio de Newmount Mining idearon la megaminería a cielo abierto: para compensar las cantidades microscópicas de oro presentes en la roca (menos de un gramo por tonelada de matriz rocosa), la nueva minería hubo de remover con explosivos enormes extensiones de territorio, cavar gigantescas fosas, crear montañas con billones de toneladas de material de desecho, y utilizar millones de metros cúbicos de agua mezclados con cianuro para desprender las partículas áureas. Con esta práctica, entre 1980-85 los Estados Unidos triplicaron su producción de oro y convirtieron el noreste de Nevada en zona de desastre.

El nuevo método, considerado la panacea de la minería moderna de metales preciosos, conllevó al menos tres efectos perversos. Primero: agotaba en lapsos increíblemente cortos las reservas de oro invisible presentes en grandes territorios a cambio de su destrucción definitiva y desertificación (la vida de un tajo oscila entre los cinco y los veinte años). Segundo: la posibilidad técnica de extraer el oro invisible hizo viable la explotación de antiguos sitios mineros cuyas vetas estaban agotadas y multiplicó, a ojos del capital financiero, las reservas mundiales al integrar a la lista de sitios explotables cientos de lugares del planeta que nunca habían tenido presencia de minería, pero que en el subsuelo cuentan con nubes de partículas de oro. Tercero: el rápido agotamiento de los yacimientos empujó a las mineras, con apoyo de capital financiero asentado en Canadá, a buscar el acceso a las nuevas reservas, desarrollando estrategias para negociar leyes afines al nuevo modelo extractivo en países que impusieron modelos neoliberales, principalmente en América Latina.
En las últimas tres décadas la industria minera, encabezada por las corporaciones canadienses, produjo mediante este devastador método más oro que todo el extraído por la humanidad desde la antigüedad, creando poderes fácticos trasnacionales que han arrasado tierras, comunidades y patrimonio ambiental e histórico en países emergentes que han sido colonizados por las grandes mineras y sus aliados políticos. El caso mexicano es vergonzoso: gobiernos de todo signo que desde el salinato han permitido la operación ilegal de mineras canadienses; entrega de la tercera parte del territorio a los intereses extractivistas; jueces corruptos que permiten la operación política de la justicia y la violación de las más elementales leyes por parte de las mineras; políticos entreguistas que operan en el Congreso a favor de los corporativos; científicos y académicos que legitiman la operación de proyectos depredadores; empresarios mexicanos que se alían con los corporativos para aprovechar las oportunidades de negocio; mexicanos que así como venden su voto al PRI, igual se venden a las mineras para agredir a quienes resisten el despojo; mexicanos indiferentes o apáticos ante la deuda ambiental que dejaremos en herencia a las futuras generaciones; etcétera.

Frente a este paisaje de devastación nacional, se mantienen por todo el territorio importantes resistencias ciudadanas que ahora mismo cuestionan el irracional modelo extractivo en su conjunto y convergen en una demanda común: la defensa, preservación y restauración del territorio y sus recursos ambientales. Para ello han diseñado una vanguardista propuesta ciudadana de nueva ley minera que prioriza la defensa de los derechos humanos y la recuperación de la soberanía, iniciativa que enfrentará a los poderes fácticos y sus operadores en ambas cámaras legislativas. De ahí la importancia de generar conciencia global y participación ciudadana ante este problema, objetivo del Día Mundial contra la Megaminería Tóxica, que en este año contará con manifestaciones en al menos 15 países, incluidos Canadá, España y Francia. En la ciudad de México, a convocatoria de Pro San Luis Ecológico, la manifestación informativa se realizará frente al Senado.

Comienza así una etapa crucial de esta larga lucha por liberar al país de la megaminería tóxica y recuperar con ello la tierra y el agua para la vida y el futuro.

* Investigador de El Colegio de San Luis AC

¿Qué es esa cosa llamada soberanía popular?


*Ricardo Bernal
Publicado: 20/07/2013 11:17

Esta famosa frase de Loui Blanc, pronunciada en 1808, nos coloca en el centro de la disputa teórico-política más importante de su época. Para los republicanos franceses de principios del siglo XIX, la efectividad de una verdadera revolución dependía de la respuesta a una pregunta que durante siglos había constituido el centro de los debates político-jurídicos de toda Europa, a saber: ¿De dónde proviene la legitimidad del poder político? La crisis de legitimidad del Ancien Régime derivó en la conceptualización de un sujeto político emergente que debía erigirse como la nueva fuente de la autoridad política: el pueblo.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para corroborar que el principio de soberanía popular resultaba insuficiente. Si quedaba claro que el pueblo debía ser considerado como fuente del poder político, no quedaba tan claro qué debía entenderse por pueblo. Ya en el crepúsculo del siglo XIX la idea rousseauniana de la “voluntad general” provocaba múltiples problemas teóricos, entre ellos el cuestionamiento sobre la posibilidad de una voluntad unánime en una sociedad marcada por la disimilitud.

Además de los impasses teóricos, el principio de soberanía popular tuvo que enfrentarse con una serie de problemas prácticos importantes relacionados con la viabilidad de su aplicación. No paso mucho tiempo para que comenzara a hacerse evidente la naturaleza bifacética de la soberanía popular. En efecto, decir que el pueblo gobierna puede significar al menos dos cosas: por una parte la soberanía popular sirvió como fundamento teórico y filosófico de la legitimidad del orden republicano y, por ende, de la forma de gobierno democrática; pero, por otra parte, desde sus inicios este principio representó un problema procedimental de gran calado: ¿Bajo qué mecanismos prácticos se vuelve plausible que la romántica alusión a un gobierno del pueblo pase de ser una mera ilusión a una práctica real?

De manera semejante a lo ocurrido en los albores del siglo XIX, en la actualidad vivimos una crisis referente a la legitimidad del poder político. Sin embargo, esta crisis ya no descansa en el problema del origen del poder, sino en la ineficacia de los procedimientos para hacer de ese origen teórico una realidad práctica. A lo que hoy nos enfrentamos es a una crisis en la aplicación procedimental del principio de soberanía, crisis provocada por múltiples factores, entre ellos el agotamiento de los instrumentos institucionales que otrora pretendían cumplir la función de la “representación” popular y, sobre todo, la aparición y el crecimiento de fuerzas suprademocráticas incapaces de circunscribirse al mandato popular.

Esta precisión explica por qué la invocación a la voluntad del “pueblo” como estrategia política para investirse de legitimidad no puede resultar sino ideológica, ingenua o francamente manipuladora. Sea por parte de la clase política, sea por parte de grupos políticos de ultra izquierda o ultra derecha, la arrogación inmediata de la voluntad popular obvia que el problema actual no consiste en precisar el origen de la fuente del poder, sino en establecer los complejos mecanismos, tanto institucionales como no institucionales, que permitan se aplicación.

Las recientes elecciones locales en México han mostrado el desgaste que el mecanismo de representación a través de partidos ha generado en el país. En buena medida esto se debe a la ineficacia y la inmensa corrupción existente en la llamada clase política nacional, pero este factor no explica la problemática en su totalidad. Si observamos bien, la crisis de representatividad de los partidos políticos de las democracias liberales se ha generalizado en todo el orbe.

Los movimientos sociales emergentes en los últimos años en todo el planeta han mostrado una faceta extremadamente novedosa de esta crisis de legitimidad. Además de la corrupción y la ineficiencia de los representantes políticos, buena parte de quienes participamos en ellos tenemos la convicción de que las decisiones más importantes en lo tocante a la política económica no son tomadas por los gobiernos nacionales de manera soberana, sino a partir de la presión de las antedichas fuerzas suprademocráticas y de los organismos que las sustentan (FMI, OMC, BM). Fuerzas ajenas a toda regulación social y amparadas en un discurso ideológico que hace de los poderes del gran capital entes intocables que se presentan a sí mismos como paradigmas de la libertad y el desarrollo..

Desde el 15-M, hasta las recientes protestas en Brasil, pasando por el movimiento #YoSoy132, se puede ver con claridad que, a las legítimas demandas coyunturales, los jóvenes hemos agregado una crítica frontal a esos poderes situados “más allá del bien y del mal”, sean estos organismos financieros, empresas transnacionales, emporios de comunicación u organismos deportivos internacionales. Tanto en España, como en Estados Unidos, México o Brasil, existe una toma de conciencia clara sobre uno de los problemas decisivos para la subsistencia de las democracia modernas: si las sociedades actuales son incapaces de hacer frente a los excesivos privilegios de esos poderes situados encima de cualquier pacto social, el principio de soberanía popular no será otra cosa que una ilusión, un ideal teórico o una mera ficción jurídica.

Así, se dibuja un problema de tres cabezas para los movimientos sociales modernos deseosos de reivindicar un ideal de democracia distinto. En primer lugar es necesario afrontar seriamente la crisis de legitimidad de los sistemas partidistas de representación buscando vías para avanzar hacia una participación social directa y una representatividad más vigilada en los casos que ésta sea necesaria; en segundo, es indispensable denunciar con frontalidad las políticas económicas de corte neoliberal que favorecen el crecimiento y la desregulación de poderes suprademocráticos, los cuales no sólo vulneran el principio de soberanía popular, sino que incrementan la desigualdad social; por último, pero no por ello menos importante, es necesario que nos replanteemos el problema de la legitimidad de los movimientos sociales. Si, en efecto, la representación política vive una crisis de esta índole resulta válida la pregunta: ¿Qué hace que estos movimientos representen con mayor legitimidad las necesidades sociales que aquellos personajes que fueron uncidos de poder por la vía de las urnas? La respuesta a esta última pregunta no es obvia ni autoevidente, de ahí que resulte indispensable responderla de manera colectiva para evitar que aquellos movimientos que se plantean a sí mismos como formas alternativas para hacer efectivo el principio de soberanía popular no se vuelvan antidemocráticos ellos mismos y contradigan en la práctica lo que defienden en la teoría.

*Estudiante del Doctorado en Filosofía Política UAM-I e integrante de #RevistaHashtag

@RHashtag

El reducto zeta


Sanjuana Martínez

Anáhuac, NL.

Esta región, conocida como los llanos del estepario del noreste es estratégica para el trasiego de droga a Estados Unidos y también es territorio, escondite y semillero zeta.

Los jefes de la letra se apropiaron de estas llanuras desérticas llenas de brechas donde ubican su centro de operaciones y campos de entrenamiento. Al norte limita con Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, al poniente con Juárez, Coahuila, y al oriente con Guerrero, Tamaulipas.

Por los alrededores han capturado o abatido a importantes responsables de esta organización criminal, como Heriberto Laz­cano Lazcano, El Lazca; Salvador Alfonso Martínez, La Ardilla; Cristóbal Flores López, El Golón, y otros de los 23 zetas fundadores. La última detención de una célula la hizo la Marina cuando capturó a 19 integrantes en un rancho de la carretera a Colombia, en este municipio ubicado a 200 kilómetros de Monterrey.

Aquí está el nido, la mera mata, el semillero; el escondite, pues, dice sin temor a equivocarse Ramón Garza, el taxista del pueblo en los últimos 56 años. El Z-40 por aquí se paseaba tan tranquilo sin hacer problemas. Dicen que tiene un rancho por la laguna Salinillas, al rato lo vemos otra vez por aquí. Allí están la mujer y los hijos, también la mujer de La Barbie”, dice refiriéndose a Édgar Valdés Villarreal, arrestado el 30 de agosto de 2010.

La captura del máximo líder del cartel de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, en este municipio, ha causado revuelo. Aquí todo mundo se conoce. A los de la última letra se les identifica fácilmente por sus trocas último modelo y su prepotencia.

La captura

El Z-40 andaba por estos caminos de terracería evadiendo los retenes del Ejército y la Armada de México con total facilidad. Nadie escuchó el helicóptero que los marinos usaron para detener la camioneta pick-up en que viajaba con sus dos escoltas, Abdón Federico Rodríguez García y Ernesto Reyes García, también detenidos sin disparar un tiro.

Tampoco han visto el dron, avión no tripulado, propiedad de las agencias estadunidenses que, según la Marina, fue utilizado para detectar el traslado del capo mediante equipos de intercepción telefónica denominados Finfisher/Finspy y Hunter Punta Tracking/Locksys.

Lo cierto es que en la plaza principal de este “nido zeta”, los halcones al servicio de la letra, casi todos en bicicleta y algunos a caballo, dan cuenta de los recién llegados, forasteros, intrusos que se atreven a pisar la guarida, el santuario de los últimos siete años, a veces profanado.

En estos días han llegado más de 200 elementos de seguridad, entre militares, marinos y policías estatales y municipales. Aun así, no se detiene el ritmo trepidante de quienes han elegido vivir a salto de mata entre los tres estados que confluyen aquí.

“Estos son los corredores de ellos, por aquí se van para Monclova, Piedras Negras, Nuevo Laredo, San Fernando, Monterrey... El Z-40 ya tenía años por aquí, paseando por la Salinilla; al lado, en Progreso, le mataron al Lazca y luego aquí mismo detuvieron al Golón... Estamos en el punto, ni modo, nos tocó”, dice Enrique Martínez, comerciante nacido en este lugar.

Ese se entregó, ya estaba cansado, por más millones de dólares que tengan no son felices. ¿Creen que metiéndolo en la cárcel se termina el problema? Esto no se acaba. Detienen 20 y salen 200, es como un hormiguero. Aquí estamos nosotros para dar fe, dice otro comerciante frente a la plaza principal.

La vida en Anáhuac, como en la mayoría de los pueblos en el noreste de México, cambió drásticamente con la llegada de Los Zetas. Aquí se dormía con la puerta abierta, se caminaba de noche para trasladarse de un municipio a otro y la gente paseaba por las calles y plazas hasta la madrugada.

Cuando el territorio empezó a ser disputado al cártel del Golfo, Los Zetas impusieron su ley. Secuestros y matanzas –como la de los 265 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, o los 49 torsos de Cadereyta, Nuevo León– sembraron el terror.

El Z-40 tiene en su contra siete órdenes de aprehensión y está incluido en 12 averiguaciones previas por delincuencia organizada, homicidio, ilícitos contra la salud, tortura, lavado de dinero y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, entre otros. Nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 1973. Su madre aún vive. Según la Marina, Treviño Morales iba a ver a su hijo recién nacido a Laredo, Texas, cuando fue detenido. Parte de la población de esta frontera vive entre México y Estados Unidos; tienen familia, trabajo y estudios.

Su poder se extendía a toda la región. Compró voluntades, silencios y complicidades. En este pueblo, como en tantos otros, no hubo seguridad pública durante meses. El año pasado una docena de policías fueron detenidos por su connivencia con Los Zetas, incluidos el secretario de seguridad pública municipal, Rubén Múzquiz Riojas, así como el director de policía, Jesús Mario Mata Hernández, y el agente municipal Juan Jesús Méndez Rodríguez.

El Z-40 pagaba 40 mil pesos quincenales al titular de seguridad pública, según las autoridades de Nuevo León, aunque el ex alcalde panista Santos Javier Garza García defendió a los detenidos calificándolos de excelentes servidores públicos.

La célula zeta de los jefes policiacos de Anáhuac estaba compuesta por otros siete integrantes que confesaron una serie de crímenes. Contaron que incineraban con diesel y leña los cuerpos en dos ranchos. Las autoridades acudieron a los lugares para confirmar que había restos óseos parcialmente calcinados de un agricultor de Anáhuac identificado como Óscar González, así como otros cinco de sus familiares, y el de un comerciante de 53 años y tres personas más.

Ya tenemos policías. No sabemos si son buenos, pero por lo menos corrieron a todos los anteriores. Los demás siguen en la cárcel. Más allá de la inseguridad, lo que la gente del pueblo quiere es trabajar, dice un joven vendedor de gorras en un negocio de videojuegos.

En el noreste del país la actividad productiva fue disminuyendo paulatinamente con la inseguridad. El campo quedó arrasado con el robo de ranchos y tierras de cultivo: Aquí se acabaron prácticamente la ganadería y la agricultura. No tenemos agua, se acabó la Salinilla y la Martin. Estos señores terminaron con todo. Las presas están secas y el gobierno ignora la situación, dice uno de los pocos ganaderos que quedan en la zona.

Del trasiego de droga a Estados Unidos se pasó al consumo local. La cocaína y la mariguana abundan; se venden en cualquier esquina. Tanto el narcomenudeo como el halconeo están estrechamente vigilados por los lugartenientes del Z-40.

“Aquí vienen y se sientan en la mesa los halconcillos, casi todos chamacos de 15 a 18 años. Hay también muchachas. Me da mucha pena verlos cómo los envician tan chiquillos. Se drogan con piedra y andan con los celulares y nomás ven al Ejército o la Marina y se esconden para dar aviso. ¿Qué hago?.. ¡No los puedo correr!”, dice Gerardo, dueño de uno de los restaurantes del pueblo.

Un retén militar fue instalado en la garita de la aduana, pero la Marina tiene puestos de control en el camino de terracería al lado de la carretera la Ribereña con dirección a Piedras Negras, Coahuila, y uno más en dirección a Reynosa, Tamaulipas, aunque la presencia de las fuerzas armadas no es permanente.

Fueron los puestos de control lo que permitió detener al Z-40, según la Marina: Eso ya estaba arreglado, dice Jacinto Flores, mientras descansa en una banca de la plaza. “Ellos me han parado varias veces. Tienen retenes donde quiera. De buenas a primeras nomás me preguntan: ‘¿adónde va?’ y me dicen ‘pásele’, pero el día que no ¿qué pasará? Aquí vivimos a puro tirón. Es tierra de nadie. Está duro, tirante. Se acabó todo, nomás nos quedó el puro mugrero. Vivimos en el miedo, hay temor hasta para salir de casa”.

La ley no escrita de este pueblo es ver y callar. La dueña de un negocio de acumuladores prefiere no hablar sobre el Z-40. Un cliente que está a punto de terminar su compra interviene: Hay puro monte, brechas sin control, todo muy lejano, propicio para el negocio de ellos. Por eso nadie se mete. ¿La detención? Eso es mentira, el pelado se entregó. El pobre se quiso entregar, andaba sufriendo mucho. En su mente sólo podía pensar una cosa: que lo iban a matar. Estaba todo preparado.

La pax del narco se siente. La soledad de la carretera coincide con la tranquilidad de un pueblo sometido. Raymundo vende aguas frescas en la plaza: Todos andan por aquí, a lo mejor les vendo raspados. ¿Cómo sé quiénes son? Lo único que tenemos claro es que esta es su cabecera y seguirá siéndolo. Dios nos ha de ayudar.

Denuncian desaparición de seis jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco


Mauricio Ferrer


Ángel de Jesús Rodríguez Hernández, Eduardo Isaías Ramírez Hernández, Daniel Armando Espinoza Hernández y José Gerardo Aguilar Martínez, desaparecieron el 6 de julio pasado en Lagos de Moreno, JaliscoFoto tomada de Internet


Guadalajara, Jal., 20 de julio.

Seis jóvenes de entre 18 y 22 años desaparecieron cuando se dirigían a dos reuniones diferentes: un grupo de cuatro y otro de dos, en el municipio de Lagos de Moreno, en la región de los Altos de Jalisco, el pasado 6 de julio; sin embargo, sólo de los primeros cuatro la Fiscalía General del Estado abrió una averiguación ante la insistencia de los familiares por conocer su paradero.

El sábado 6 de julio Ángel de Jesús Rodríguez Hernández de 19 años; Eduardo Isaías Ramírez Hernández, de 21; Daniel Armando Espinoza Hernández, de 22, y José Gerardo Aguilar Martínez, de 18, se trasladaban a la casa de un amigo, en la colonia Paseos de la Montaña, cerca de la Preparatoria Regional de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Paralelamente, pero a otra reunión salieron Marco Antonio Ramírez Cárdenas de 19 años y Cristian Fabián Ávila Cardona de 18; según sus padres, lo último que supieron de ellos es que asistirían a la casa de unos amigos. Ninguno de los seis jóvenes regresó a sus domicilios.

Los familiares de los seis jóvenes presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado, péro sólo del grupo de cuatro, las autoridades abrieron la averiguación previa 1796 de 2013.

El Ministerio Público ha sido omiso en la aplicación de la Ley General de Víctimas en el trato brindado a los familiares de los jóvenes, acusó el académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Roberto Castelán Rueda, en su calidad de portavoz de los familires ante la prensa, pues los padres le pidieron ayuda debido a que ninguna autoridad ha hecho eco de sus denuncias, tomando en cuenta que ya pasaron dos semanas de la desaparición de los muchachos.

(Los familiares) reciben el trato como si hubieran denunciado el robo del espejo retrovisor de un automóvil; además, con claras insinuaciones de las autoridades de que los muchachos pertenecen al crimen organizado, señaló Castelán Rueda.

Agregó que el problema se volvió más complejo ante los señalamientos del Ministerio Público, que además no ha dado a los familiares ningún tipo de información. No se ha tomado en cuenta la Ley de Víctimas, parece que la fiscalía ignora la ley y no ha aplicado ningún protocolo para desaparecidos.

En el artículo 5, la Ley General de Víctimas –aprobada en el sexenio pasado y reformada en la actual administración del priísta Enrique Peña Nieto– se establece que “los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarles los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera".

El caso de los seis jóvenes se suma al de José Wilfrido Mejía Vázquez, de 18 años; su padre, José Wilfrido Mejía Díaz, de 44 años, y un profesor amigo de ellos, Humberto Rincón García, quienes desaparecieron la madrugada del 25 de mayo después de acudir a una reunión en la colonia La Adelita, también en el municipio de Lagos de Moreno.

Apenas este viernes un centenar de habitantes y familiares de los jóvenes salieron a las ca- lles para demandar a las autoridades de esa localidad investigar el paradero de los muchachos. El 15 de julio hicieron la primera manifestación, en esa ocasión 200 personas acompañaron a las familias.

Desaparecidas, más de 2 mil personas en 2012

En su informe más reciente sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco, el Centro para la Justicia y la Paz (Cepad) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) documentó que el año pasado se registraron 2 mil 175 casos de personas desaparecidas en el estado, de ellos 55 por ciento (mil 190) fueron mujeres, y 45 por ciento (985), hombres.

La cifra ubicó a Jalisco entre los seis estados que acumularon 75 por ciento de las desapariciones totales –unas 20 mil 851– que se registraron en México durante el año pasado.

De acuerdo con el informe del Cepad, casi la mitad de las ausencias de 2012 en Jalisco se concentró en la zona metropolitana de Guadalajara. Lagos de Moreno registró ese año 59.

Roberto Castelán, quien también fue rector del Centro Universitario de los Lagos (Culagos), aseguró que autoridades de la anterior administración municipal le confirmaron que existen por lo menos otros 30 casos de personas desaparecidas que no son investigados oficialmente.

Es muy alarmante la cifra, pero también muy probable. Las víctimas no tienen garantía de nada, sienten temor; hubo una reunión el lunes (15 de julio), con las autoridades municipales donde ellos mismos reconocieron que están rebasadas por el crimen organizado, indicó.

Precisó que durante la administración del panista Francisco Torres Marmolejo (2007-2009), hubo indicios de que jefes de la policía local estaban ligados con diferentes cárteles del crimen organizado. Eso trajo mucha inseguridad, casos de asesinatos, por lo menos, la inseguridad en Lagos de Moreno lleva cuando menos nueve años.

En 2010, el entonces direc- tor de Seguridad Pública de Lagos de Moreno, Juan Manuel Márquez Plascencia, acusó al ex presidente municipal, Torres Marmolejo, de recibir cada mes hasta un millón de pesos del grupo criminal Los Zetas.

Roberto Castelán manifestó que la UdeG debe emitir un pronunciamiento contundente ante las desapariciones de jóvenes, que sean más frecuentes en Jalisco.

Comentó que los muchachos de Lagos de Moreno tienen miedo de salir a fiestas y los padres desconfían de las autoridades. Incluso, dijo que uno de los padres manifestó que debían armarse y formar sus propias guardias para enfrentar a los criminales.

Eso es terrible, porque entonces nos encontramos ante un Estado fallido, que no garantiza la seguridad. Ojala se arregle todo esto, pero por supuesto, no va a parar por un milagro, debemos exigir acciones a las autoridades que para eso están, concluyó el académico.

Los últimos casos que conmovió a la opinión pública fueron los homicidios de Luis Antonio Ortiz Guerra y Andrés Barba Oliva, adolescentes de 15 años de la zona metropolitana, desaparecidos el 21 de junio pasado en un centro comercial.

Los cadáveres de ambos fueron hallados el 2 de julio en el predio La Cebada, en el Bosque de la Primavera, en Zapopan. La Fiscalía General informó que su muerte se debió a que se habían burlado de un hijo del capo José Ángel Carrasco Coronel El Changel, quien está detenido en la ciudad de México.

Exige Ifai a la PGR dar información sobre los 'narcotúneles'


Karina Avilés
Publicado: 21/07/2013 11:26

La Procuraduría General de la República (PGR) deberá revelar la documentación sobre la ubicación de los narcotúneles localizados por el Ejército mexicano en la frontera con Estados Unidos, en los últimos 23 años, mismos que estaban en proceso de construcción o concluidos, así como la droga localizada en ellos.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) indicó que localizó información mediante la cual la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregó datos para el periodo de 2007 a 2012, en el cual se detectaron 33 narcotúneles.

En el análisis del caso, la ponente y comisionada Jacqueline Peschard destacó que en su respuesta, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Organizada (Cenapi), no proporcionó los datos sobre la droga hallada en estos sitios construidos para el tráfico de los enervantes.

Por otro lado, de la respuesta de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tampoco se desprende la ubicación y la droga que fue confiscada.

No obstante, la SEIDO indicó que realizó una búsqueda en su unidad especializada sin especificar el nombre de la misma. Esto, pese a que cuenta con la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Comercio de Narcóticos destinados al consumo final, que podrían contar con la información solicitada.

A propuesta de Peschard, el pleno del Ifai revocó la respuesta de la PGR respecto de la ubicación de los narcotúneles y la droga hallada en ellos, en el periodo que va de 1990 a abril de 2013.

Así, instruyó a la dependencia a una búsqueda exhaustiva de aquellos documentos en donde conste la información solicitada.

sábado, 20 de julio de 2013

Disuelven protesta en zona hotelera de Tulum; detienen a 23 manifestantes


SERGIO CABALLERO

CANCÚN, Q. Roo (proceso.com.mx).- Granaderos de corporaciones policiacas estatales y municipales disolvieron un bloqueo de la zona hotelera de Tulum y detuvieron a 23 manifestantes que protestaban por un operativo realizado el viernes en la zona de Punta Piedra, donde fueron desalojados 14 predios costeros “invadidos”.

Aproximadamente a las 12:50 horas, casi un centenar de personas obstruyeron la zona hotelera, como se le conoce a la estrecha vía costera de esta ciudad, en la que hay pequeños centros de hospedaje, restaurantes y bares.

Los inconformes protestaban por el operativo realizado la tarde-noche del viernes realizado por elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Judicial durante el cual fueron desalojados -en cumplimiento de una orden judicial- 14 predios “invadidos” en el ejido Pino Suárez, en la zona conocida como Punta Piedra, en la franja limítrofe de los municipios de Tulum y Felipe Carrillo Puerto, a unos 135 kilómetros al sur de Cancún.

Mientras la protesta ocurría el presidente municipal de Tulum, Martín Cobos Villalobos se encontraba de pesca en el mar Caribe.

Aproximadamente a las 16:50 horas de hoy, granaderos rompieron el bloqueo de la costera de Tulum y detuvieron a parte de los manifestantes.

“Son 23 detenidos”, confirmó el titular de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, Didier Vázquez Méndez.

“Ellos bloquearon desde aproximadamente las 12 del día, dialogamos, les dijimos que estaban propiciando una afectación a los que vivimos aquí y a los visitantes”, agregó.

El funcionario aseguró que el bloqueo provocó una fila de automóviles de unos cuatro kilómetros.

Sin embargo, afirmó que los inconformes no atendieron el llamado al diálogo y las corporaciones policiacas procedieron a disolver el bloqueo y a detenerlos.

El jefe policiaco afirmó que parte de los detenidos portaban machetes, cúters y desarmadores; algunos, aparentemente, estaban alcoholizados.

“Serán puestos a disposición del Ministerio Público por los delitos de ataques a las vías de comunicación, portación de arma blanca, ultrajes a la autoridad, amenazas y lo que resulte”, detalló Vázquez Méndez.

Señaló que al parecer entre los manifestantes no había ninguno de los supuestos agraviados con el desalojo en Punta Piedra, e incluso algunos de los detenidos aseguran que les dieron 500 pesos por bloquear la zona hotelera.

La zona de Punta Piedra, al sur de Tulum, se convirtió en uno de los puntos más conflictivos en la entidad por la posesión de terrenos costeros con potencial turístico.

En esta franja costera, el banquero Roberto Hernández Ramírez cuenta posee una isla conocida como Punta Pájaros en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, donde han vacacionado expresidentes como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox.

Encuentran osamentas y semienterradas en la sierra de Chihuahua


PATRICIA MAYORGA

CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- La Policía Ministerial localizó varias osamentas semienterradas en el arroyo de Cusárare, ubicado en el kilómetro 197 de la carretera de Guachochi-Creel, en la Sierra Tarahumara.

Un aviso anónimo alertó a las autoridades, por lo que agentes policiacos acudieron al lugar y hallaron además prendas de vestir.

El hallazgo se registró la tarde del jueves. Los elementos encontraron cuatro huesos pertenecientes a extremidades inferiores, dos huesos pélvicos, tres costillas, cuatro huesos de extremidades superiores, un hueso de cráneo frontal y 15 huesos de falanges.

Las prendas de vestir son dos pantalones de mezclilla, uno azul marino y uno café; un cinto piteado negro y otro de vaqueta color café con herrajes dorados, una cartera de piel café, tres camisas, una sudadera café y dos calcetines azul marino. Los huesos estaban esparcidos en un radio de 60 metros.

Hasta el momento las autoridades no han podido determinar cuántos cuerpos fueron abandonados en el lugar.