jueves, 27 de junio de 2013

En situación precaria, viven los desplazados de la sierra en Ayutla



Algunos refugiados contrajeron deudas por la permanencia en ejidos y material para sus casas improvisadas

El gobierno estatal incumplió con el pago de sus cultivos y ganado, se quejan 

MARGENA DE LA O

Ayutla, 26 de junio. Familias que fueron desplazadas de la Laguna, comunidad de la sierra de Coyuca de Catalán por la violencia, viven actualmente en Tepango y La Unión, pertenecientes a Ayutla, en condiciones complicadas y de carencias. A los que mejor les va de las 16 familias, están en casas de adobe en terrenos que todavía deben, y el resto, entre lonas y toldos a la ribera de un arroyo.

De las casas que el gobernador Ángel Aguirre Rivero informó que les construía ni siquiera hay una insinuación.

En Tepango, comunidad ubicada en una desviación que sucede a la cabecera municipal de Ayutla, las casas son contadas, entre ellas viven siete familias directas desplazadas de la Laguna; una es la de la pareja Sergio Santana Palacio y Juana Alonso Ochoa, suegros de la líder ecologista Juventina Villa Mojica, asesinada el 28 de noviembre de 2012, en una emboscada en La Laguna. Primero, se refugiaron en Puerto las Ollas, hasta llegar a esta comunidad de Ayutla a mediados de diciembre de 2012, junto a tres de sus hijos, de los cuales dos llevaban sus propias familias y su nuera con sus cuatro hijos.

El día del crimen, los suegros de la líder ecologista lo ubican como el despunte del periodo más violento en esa zona de la sierra que crean los municipio de Coyuca de Catalán y Petatlán, al grado que los hizo salir de la comunidad sin llevarse nada de su patrimonio; la gente de Los Ciruelos, dijeron, son los que se apoderaron de la zona óptima climatológicamente para la siembra de droga, y por el control y venta de la madera.

Apenas habían dejado Puerto las Ollas, cuando supieron que en una riña les asesinaron a su hijo Natividad Santana Alonso, el 3 de febrero pasado, quien había decidido quedarse allí con su familia. Antes, el 15 de febrero de 2011 les mataron a otro de sus hijos, el líder ecologista Rubén Santana Alonso, quien era esposo de Juventina Villa Mojica; después, a su nieto, el niño que iba con la ecologista el día de la emboscada; un primo, un sobrino y un nieto político, crímenes que atribuyen a la persecución contra los defensores de los bosques.

Las deudas, su nueva vida

Sentada al lado de su marido, doña Juana recordó que en La Laguna tenía una casa en un terreno grande –de casi 50 hectáreas, precisa don Sergio–, donde había sembrados mangos, chiles, maíz, aguacates; criaba puercos y gallinas, cuidaba sus cabezas de ganado, y abundaba el agua. Entre ellos y sus nueve hijos reunían 78 cabezas de ganado, que al salirse las dejaron en la comunidad, con el compromiso de la entonces subsecretaria de Desarrollo Político, Rossana Mora Patiño, de que el gobierno estatal se las pagaría; 440 mil pesos por todo el ganado.

Ahora viven en un terreno de menos de media hectárea, que “palabrearon” en 80 mil pesos con una persona del pueblo; aún no lo pagan. Construyeron en medio del espacio una casa pequeña de adobe, madera y lámina; realmente son dos cuartos, uno acondicionado como dormitorio y el otro como cocina.

Para construir la casa en la que viven, la pareja de ancianos pidió fiadas 40 láminas, a 170 pesos cada una, dos docenas de morillos y dos docenas de fajillas, que les sumó una cuenta de 7 mil 650 pesos. Por asentarse en Tepango, el Comisariado de Bienes Comunales les pidió 10 mil pesos, que también deben y por los que amenazan con retirarlos. En su lista de deudas, están apuntados los 10 mil pesos que pidieron prestados para enterrar a su hijo; Natividad fue sepultado en Tepango.

De todo lo que prometió el gobierno del estado, que incluía la construcción de su casa, sólo les dio 100 mil pesos, que repartió entre cinco familias desplazadas en Tepango; dos de esas familias son las de sus hijos, y una de su nuera. “Nos tocó apenas de 20 mil pesos, con eso no haces una casa”, soltó a la par de recordar que si el gobernador Ángel Aguirre Rivero no les paga lo de sus cabezas de ganado, menos querrá reembolsarles el costo de las 50 hectáreas que tenían en La Laguna, con todo y las 12 toneladas de maíz que dejaron sembradas.

Antes de la entrevista, la pareja fue a regar un pedazo de tierra que les prestaron, en el que sembraron elotes, y que para dimensionar qué tan pequeño era el espacio, doña Juana dijo que sólo dos bombazos de agua de una ánfora que utilizan para rociar, gastaron. Recordó lo que le dijo a su esposo de camino a su casa: “¡Oi! Qué bonito se escuchan esas vacas bramar”, y lloró al acordarse de su vida pasada.

Don Sergio comentó que por su edad no puede trabajar, sus dos hijos que viven cerca de su casa le ayudan con parte de los 100 pesos que ganan al día de alquilarse como peones, además que han subsistido con las tres despensa que le dieron a cada integrante de la familia hace un par de meses.

En las inmediaciones de La Unión, también comunidad de Ayutla, viven los hermanos Hermelindo, Bernardo y Constantino Díaz Pérez, con sus esposas y sus tres, cuatro y cinco hijos respectivamente. Sus casas son estructuras con metal, troncos y lonas que están a lado de un arroyo, y cerca del río que atraviesa la comunidad.

En el lugar estaba Juana Méndez, esposa de Hermelindo, quien en ese momento fue a traer a dos de sus hijos a la escuela del pueblo, que está a 30 minutos de distancia caminando.

El resto de las nueve familiares que llegaron allí en marzo pasado, están en Ayutla, el gobierno del estado paga la renta de dos casas que están en la calle Plan de Ayutla de la cabecera municipal, es decir los cinco restantes hermanos Díaz Pérez y la madre de éstos, Catalina Pérez Duque, quien vende picaditas junto con sus nueras y nietas afuera de la casa alquilada. “Con todo lo que hacemos no nos alcanza, aquí hasta por el agua tenemos que pagar”, comentó la mujer que también le mataron su marido, Damián Díaz Hernández.

Juana Méndez Manzanares aclaró que ellos decidieron quedarse en los márgenes de La Unión para cuidar ese terreno en que se supone el gobierno del estado les construirá sus casas, y para estar pendientes de qué ayuda les puede llegar. Por ser paso de un arroyo, el terreno es blando.

Precisó que lo único que les llevaron de parte del gobernador fueron tres paraguas, tres impermeables, unas cobijas, despensas y cinco mil pesos por familia. De no ser por las 20 toneladas de cemento que los hermanos ya hicieron tabicón no habría ningún indicio de casas.

El 17 de junio pasado, el gobierno del estado difundió un boletín de prensa en le que textualmente se leía: “Conforme a los compromisos contraídos mediante el Plan Emergente de Atención a las Familias Desplazadas (Pemafad) de la sierra de Coyuca de Catalán, representantes de diversas dependencias se reunieron para evaluar los apoyos otorgados a las familias, y garantizarles mejores condiciones de seguridad, servicios básicos y apoyos necesarios para poder fincar una nueva vida”.

Informó que la reunión estuvo el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Victoriano Sánchez Carbajal, y que el gobierno del estado “donó a las nueve familias 10 hectáreas de terreno para poder instalarse en un lugar seguro”.

“Con recursos del Fondo Solidario, las familias se han visto beneficiadas con la entrega de 200 láminas de fibrocemento, colchonetas, cobertores, despensas, kits de limpieza y atención medica; además, se apoyará con la realización de un dictamen técnico de las hectáreas de tierra que les fueron otorgadas, para garantizar que vivan en suelo estable que no les represente riesgos”, se lee en el comunicado.

Agregaron que el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano se comprometió a construir las casas de las familias desplazadas en una superficie de 45 metro cuadrados.

Guerrero, entidad más riesgosa para los periodistas y activistas: ONU


LUCIANO TAPIA ( Corresponsal)

Ciudad de México, 26 de junio. El estado de Guerrero es donde los integrantes de las organizaciones de derechos humanos se han convertido en blanco frecuente y más recurrente de violaciones a los derechos humanos, declaró Javier Hernández Valencia, representante en México de la oficina de alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En Guerrero, dijo, son perseguidos y hasta desaparecidos por “quienes se oponen a que haya progreso”.

Agregó: “Yo espero que (esa circunstancia) pueda ser solventada de la mejor manera y que Guerrero deje de aparecer siempre como un lugar de los problemas que se multiplican”.

Indicó que, de acuerdo con los informes que tiene, los pueblos indígenas están entre los cinco grupos vulnerables a los ataques, sobre todo en lo que se refiere a megaproyectos, concesiones, porque son ignorados.

En Guerrero el riesgo de agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas es muy alto también por falta de una acción efectiva, señaló: “lo que hemos visto es que aunque el gobierno del estado tiene un mecanismo de protección efectivo para realmente proteger de manera efectiva, eso no se lleva a la práctica”.

El representante en México de la oficina de alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue consultado luego de presentar el tercer informe de actividades en el Centro de Cultura Casa Lamm, en Álvaro Obregón 99, colonia Roma.

Abandona el estado el periodista Emilio Lugo, acosado por amenazas de muerte


En marzo, informó que había sido amagado y que tomó medidas, pero ya son insuficientes

REDACCIÓN ( )

La organización Artículo 19 deploró que el director de portal de noticias Agora Guerrero, Emilio Lugo, haya tenido que salir del estado prácticamente huyendo tras recibir amenazas de muerte, y luego de que las autoridades locales se negaron a darle garantías para continuar su trabajo en el estado.

La organización internacional lanzó ayer una alerta, luego de que el lunes, en su portal de Internet, el periodista dio a conocer que se veía obligado a dejar el estado tras haber recibido amenazas y después de tres meses de vivir bajo extremas medidas de seguridad.

Las amenazas fueron denunciadas en su momento ante las autoridades ministeriales de Guerrero, “pero el resultado hasta el día de hoy es inexistente”, informó Emilio Lugo, quien responsabilizó al gobernador Ángel Aguirre Rivero de la incapacidad de la Procuraduría de Justicia del Estado para investigarlas.

Piden darle protección

Artículo 19, organización dedicada a promover y proteger el derecho a la libertad de expresión, hizo un llamado al gobierno del estado y al gobierno federal para que investiguen y castiguen las amenazas que ocasionaron el desplazamiento forzado de Emilio Lugo, y para que den medidas de seguridad para el comunicador.

Agora Guerrero es un portal de Internet dedicado a informar sobre la violencia que se vive en el estado. En marzo pasado, Lugo informó por primera vez que había recibido amenazas, por lo cual había tenido que tomar medidas de protección, pero, dijo este lunes, “ya son insuficientes los esfuerzos de continuar resguardado”.

No obstante, indicó en su portal, “aun así, no desistiremos”, y advirtió que continuará informando desde otro lugar de la República porque “los responsables de hacerlas cumplir (las leyes) son o se hacen pendejos…”

Desplazamiento a fuerza y tortura, narran sierreños de Petatlán


HERCILIA CASTRO ( Corresponsal)

Zihuatanejo, 26 de junio. Con motivo del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, pobladores de la sierra de Petatlán narraron casos de comunidades desplazadas y de la tortura o desaparición que han vivido sus habitantes.

En un documento, pobladores de Puerto de Las Ollas (región de Tierra Caliente), Rancho Nuevo, La Morena y Las Humedades, denunciaron que siguen sufriendo hostigamiento, crímenes, represión y amenazas de delincuentes y de mandos policiacos.

Detallaron que los asesinatos de campesinos se incrementaron desde abril de 2011 en los poblados Barranca de Monte Grande, Banco Nuevo, Las Gordureras, La Botella “y muchos más pueblos”.

Resaltaron que también hubo desplazamiento forzado y desalojo de comunidades en El Parazal, La Florida, El Roblar, El Guamilón, Los Zapotillos, Carresilleros y La Barranca del Bálsamo; “de todos estos lugares han corrido a toda la gente de trabajo”.

Nuevo bloqueo a la carretera en Tecpan; piden liberar a detenido


Trabajadores de la agroempresa instalan la protesta a las 8 de la mañana; a las 10 pm continuaba

Los uniformados soltaron a cuatro empleados que habían capturado antes de localizar a su objetivo

RODOLFO VALADEZ LUVIANO ( Corresponsal)

Tecpan, 26 de junio. Habitantes de las comunidades de Papanoa, Coyuquilla Sur, Los Laureles, Santa Rosa, Arroyo Seco y Coyuquilla Norte bloquearon la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en Los Laureles para exigir el regreso del empresario Pablo Valle Torres, a quien efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) se llevaron la mañana de hoy cuando irrumpieron con violencia en su empresa Mangos y Cocos de Guerrero en esa localidad.

Según los manifestantes, quienes dijeron ser trabajadores de la empresa que da empleo a más de 2 mil personas de las comunidades de la zona, unos 30 marinos llegaron a las 5 de la mañana a bordo de cuatro unidades motrices y se metieron a las instalaciones de la empresa, de donde se llevaron a cuatro trabajadores, luego de que no encontraron a Valle Torres.

Abundaron que dos horas más tarde, los militares sacaron de su casa en Papanoa al dueño de la empresa y se lo llevaron, y dejaron en libertad a los cuatro empleados que habían retenido anteriormente.

Una hora después, los pobladores, en protesta por las acciones de los marinos, atravesaron dos camiones de carga en la vía federal, frente a la entrada de la empresa en la localidad de Los Laureles, bloqueándola en ambos carriles, mientras mujeres mostraban cartulinas en las que se leía “Queremos al patrón”, que es como se conoce al empresario en la zona.

Las manifestantes aseguraban que Valle Torres se ha dedicado a la compra-venta de mango y copra desde hace muchos años, y que su negocio da trabajo a más de 2 mil personas, entre cargadores, empacadores, choferes y cortadores, lo cual lo ha hecho el punto central de acopio de esos productos para los agricultores de la región.

El bloqueo carretero ocasionó largas filas de autos y la molestia y protestas de conductores y pasajeros de camiones que, en su afán por continuar hacia su destino, caminaban de lado a lado hasta llegar a otro vehículo.

“El bloqueo se mantendrá el tiempo que sea necesario hasta que los militares regresen al patrón o den información sobre él, porque es inocente y jamás ha tenido nada que ver con las autoridades, ni la policía. Él sólo se ha dedicado a dar trabajo a toda la gente”, aseguró Martín Tabares Galeana, uno de los trabajadores de la empresa, en declaración para los medios de comunicación.

Agregó que el bloqueo no sólo afecta a los que pasan por la carretera federal, sino también a los de la misma empresa, pues se quedaron cargados unos cinco camiones con mango, además de que se detuvo el trabajo del que dependen los lugareños.

Hasta la redacción de esta nota, a las 5 de la tarde, se mantenía el bloqueo carretero en el mismo sitio.

Edward Snowden y las clases de respeto de Washington

Fernando Velázquez

ALAI AMLATINA, 26/06/2013.- El presidente Vladimir Putin dejó claro este martes que Rusia no va a entregar a Estados Unidos a Edward Snowden, ex contratista de la Agencia Nacional de Seguridad quien huyó de Hong Kong, el cual, dijo, se encuentra todavía en el aeropuerto de Moscú.

En abierto desafío al gobierno de Barack Obama, Putin alegó razones legales para no extraditarlo, pese a su insistente petición.

Sólo podemos entregar a ciudadanos de ciertos países con los que tenemos el respectivo acuerdo y con Estados Unidos no tenemos esa clase de tratado, afirmó el mandatario ruso.

Por su parte, el canciller Serguei Lavrov, declaró que son absolutamente infundados e inaceptables los intentos de acusar a Rusia de violar las leyes de Estados Unidos y de participar poco menos que en una conspiración

Añadió que, por si fuera poco, las declaraciones van unidas a amenazas en contra de su país.

Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha expresado su disposición de considerar una petición de asilo al ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden.

Escribiendo sobre el polémico tema de Snowden y sus revelaciones, el periodista Dave Lindorff cuestiona la descripción que hace EEUU de Rusia como amigo y aliado.

¿Porque la Agencia de Seguridad Nacional ha estado secretamente espiando los teléfonos celulares de líderes rusos? ¿Es eso el comportamiento de un amigo o aliado? Pregunta Lindorff

El reconocido periodista señala que es impresionante ver a John Kerry dar clases a Latinoamérica sobre el respeto a las leyes y amenazarlos con las consecuencias si ofrecen asilo a Edward Snowden.

Los EEUU, dice Lindorff, casi desde su fundación han tratado a América Latina como su propiedad, lanzando invasiones para asesinar a líderes opositores, impulsando dictadores fascistas por siglos, orquestando golpes de Estado para derrocar gobiernos elegidos legítimamente, y hasta entrenando generaciones de líderes fascistas futuros en la escuela de las Américas.

Lindorff añade que la administración Obama misma estuvo detrás del golpe de Estado en Honduras e interfirió activamente en la última elección presidencial en Venezuela en un intento fallido de prevenir la toma del poder del populista sucesor de Hugo Chávez.

Los ecuatorianos de seguro recuerdan como en los años '60s la CIA infiltró el gobierno del Ecuador, creando agencias de noticias y emisoras de radio, bombardeando periódicos derechistas e iglesias y culpando a la izquierda, y todo con el fin de sacar del gobierno al presidente Velasco Ibarra.

Y cuando Carlos Arosemena, quien reemplazara a Ibarra, rehusó cortar relaciones con Fidel Castro en Cuba, la CIA orquestó y financió un golpe de Estado, y después de que este ocurriera, el gobierno militar declaró ilegal el comunismo y canceló las elecciones de 1964.

Las décadas de intervención norteamericana en Ecuador también incluyeron el intento de golpe de Estado apoyado por Washington en 2010, donde un grupo de la policía nacional intentó negar un segundo término de gobierno a Rafael Correa el actual presidente.

Y con todo eso, Kerry tiene el valor de dar lecciones de respeto a las leyes a Ecuador y otras naciones latinoamericanas pidiéndoles que no den asilo a Snowden, acota Lindorff.

¿Acaso no te estás riendo todavía? Pregunta el escritor. Los latinoamericanos no lo encuentran gracioso.

- Fernando Velázquez es director de Informativo Pacífica (KPFK), Los Ángeles.

URL de este artículo: http://alainet.org/active/65123

[Info-cdhbcasas] Comunicado de prensa de la Región Sureste de la Red TdT

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 27 de junio de 2013

La Defensa de los Derechos Humanos en el Sureste de MéxicoTuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 27 de junio de 2013Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 27 de junio de 2013Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 27 de junio de 2013

La Defensa de los Derechos Humanos en el Sureste de México

Chiapas, Tabasco y Yucatán, estados del sur del país donde aumenta conflictividad social derivada de la violencia estructural generada por los distintos niveles de gobierno.

Organizaciones de la Sociedad Civil afianzan compromisos en la defensa y promoción activa de los derechos humanos y se constituyen como legitimas defensoras y defensores.

La Red TdT impulsa en el Sureste la Campaña Nacional de Defensoras/es de Derechos Humanos “Defendamos la esperanza”.

Organizaciones civiles de los estados de Chiapas, Tabasco y Yucatán, integrantes de la Red TdT1, que realizan tareas de promoción y defensa de los Derechos Humanos impulsan la Campaña Nacional en favor de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos “Defendamos la Esperanza”2, cuyo eje tiene por objeto reconocer las acciones de personas que son protagonistas y sujetos de transformación social.

En el marco de contextos comunes que se caracterizan, en el Sureste de México, por el aumento de conflictividad social, profundización de la pobreza, impunidad, discriminación y corrupción que se practican desde los distintos niveles de gobierno, las personas defensoras de Derechos Humanos representan uno de los actores de cambio que transforman esta lacerante situación en alternativas de vida y esperanza para este país.

A pesar de los riesgos que se enfrentan en los estados del Sureste, las personas defensoras continúan acompañando procesos sociales en defensa del territorio, la autonomía de los pueblos y los derechos de las mujeres y personas migrantes; realizando denuncias de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales y no estatales; evidenciando el despojo y daños cometidos por empresas privadas que mercantilizan recursos naturales y minerales y autoridades que privatizan recursos públicos; promoviendo la defensa activa de los derechos civiles y políticos por la misma ciudadanía; haciendo aportes para el diseño de políticas públicas; y evidenciando el falso discurso oficial de respeto a los Derechos Humanos en el ámbito internacional.

No obstante esta labor sigue sin ser reconocida, en sus amplias dimensiones, por parte de autoridades oficiales y actores no estatales al reducir la caracterización de personas defensoras sólo a aquellas que trabajan en un organismo público defensor de Derechos Humanos siendo que la Declaración de Defensores3 de las Naciones Unidas reconoce que: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.

Inclusive, las personas defensoras, así como de sus familiares, son objeto de criminalización y difamación permanentes lo cuál aumenta el riesgo de ataques a la vida e integridad de quienes cuestionan y proponen alternativas distintas a la política del partido imperante. El impacto de este tipo de acciones en contra del Derecho a defender los derechos humanos, deja una huella profunda que afecta la posibilidad de que víctimas y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos accedan a la justicia y reparen, de manera integral, el daño que sufrieron.

En el sureste del país destacamos la importante labor en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas; las tareas de protección y defensa a las personas migrantes y refugiadas, ya sea en su ruta de tránsito o bien viven en la zona hace varios años a quienes se les sigue discriminando; el acompañamiento a mujeres campesinas, indígenas, defensoras, feministas que construyen condiciones de equidad e inclusión; la promoción de los derechos de la infancia y la juventud por la inclusión y reconocimiento de su diversa interculturalidad; y la promoción y defensa de la libre expresión de los actores más diversos y críticos que informan con responsabilidad social.

Quienes formamos parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TdT) hemos tenido el respaldo de esta plataforma de acción para denunciar y visibilizar los constantes ataques y riesgos a esta labor; de tal forma hemos denunciado: la persecución judicial de nuestro colega Nataniel Hernández Nuñez de Tonalá; el encarcelamiento injusto del Profesor Alberto Patishtán Gómez de El Bosque; o el acoso que sufre el personal del Albergue de la 72 en Tenosique en su labor a favor de las personas migrantes que transitan por la zona.

Ante ello, la Campaña “Defendamos la Esperanza” es motivo para destacar y reconocer esta importante labor que busca dignificar el aporte invaluable de personas, que sin ser parte de una organización defensora de Derechos Humanos, que realizan tareas de promoción, defensa y ejercicio de Derechos en el sureste del país.

Las organizaciones que conformamos la Región Sureste de la Red TDT, con el respaldo de todos los grupos a nivel nacional, hacemos un llamado a las autoridades locales, estatales y federales, así como a todos los actores no estatales, a poner fin a la difamación y ataques al trabajo de quienes defienden los derechos humanos en la región y reconocer el aporte al desarrollo de una sociedad justa y democrática.

Región Sureste de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los Derechos para Todas y Todos”

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.; Centro de Derechos Indígemas A.C.; Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH); Comitéde de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.C.; Iniciativa por la Identidad y la Inclusión, A.C.; Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A.C. (CODEHUCO); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A.C. (CODEHUTAB); Centro Juvenil Generando Dignidad A.C.; Indignación, A.C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; KOOKAY – Ciencia Social Alternativa, A.C.

La Defensa de los Derechos Humanos en el Sureste de México

Chiapas, Tabasco y Yucatán, estados del sur del país donde aumenta conflictividad social derivada de la violencia estructural generada por los distintos niveles de gobierno.

Organizaciones de la Sociedad Civil afianzan compromisos en la defensa y promoción activa de los derechos humanos y se constituyen como legitimas defensoras y defensores.

La Red TdT impulsa en el Sureste la Campaña Nacional de Defensoras/es de Derechos Humanos “Defendamos la esperanza”.

Organizaciones civiles de los estados de Chiapas, Tabasco y Yucatán, integrantes de la Red TdT1, que realizan tareas de promoción y defensa de los Derechos Humanos impulsan la Campaña Nacional en favor de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos “Defendamos la Esperanza”2, cuyo eje tiene por objeto reconocer las acciones de personas que son protagonistas y sujetos de transformación social.

En el marco de contextos comunes que se caracterizan, en el Sureste de México, por el aumento de conflictividad social, profundización de la pobreza, impunidad, discriminación y corrupción que se practican desde los distintos niveles de gobierno, las personas defensoras de Derechos Humanos representan uno de los actores de cambio que transforman esta lacerante situación en alternativas de vida y esperanza para este país.

A pesar de los riesgos que se enfrentan en los estados del Sureste, las personas defensoras continúan acompañando procesos sociales en defensa del territorio, la autonomía de los pueblos y los derechos de las mujeres y personas migrantes; realizando denuncias de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales y no estatales; evidenciando el despojo y daños cometidos por empresas privadas que mercantilizan recursos naturales y minerales y autoridades que privatizan recursos públicos; promoviendo la defensa activa de los derechos civiles y políticos por la misma ciudadanía; haciendo aportes para el diseño de políticas públicas; y evidenciando el falso discurso oficial de respeto a los Derechos Humanos en el ámbito internacional.

No obstante esta labor sigue sin ser reconocida, en sus amplias dimensiones, por parte de autoridades oficiales y actores no estatales al reducir la caracterización de personas defensoras sólo a aquellas que trabajan en un organismo público defensor de Derechos Humanos siendo que la Declaración de Defensores3 de las Naciones Unidas reconoce que: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.

Inclusive, las personas defensoras, así como de sus familiares, son objeto de criminalización y difamación permanentes lo cuál aumenta el riesgo de ataques a la vida e integridad de quienes cuestionan y proponen alternativas distintas a la política del partido imperante. El impacto de este tipo de acciones en contra del Derecho a defender los derechos humanos, deja una huella profunda que afecta la posibilidad de que víctimas y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos accedan a la justicia y reparen, de manera integral, el daño que sufrieron.

En el sureste del país destacamos la importante labor en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas; las tareas de protección y defensa a las personas migrantes y refugiadas, ya sea en su ruta de tránsito o bien viven en la zona hace varios años a quienes se les sigue discriminando; el acompañamiento a mujeres campesinas, indígenas, defensoras, feministas que construyen condiciones de equidad e inclusión; la promoción de los derechos de la infancia y la juventud por la inclusión y reconocimiento de su diversa interculturalidad; y la promoción y defensa de la libre expresión de los actores más diversos y críticos que informan con responsabilidad social.

Quienes formamos parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TdT) hemos tenido el respaldo de esta plataforma de acción para denunciar y visibilizar los constantes ataques y riesgos a esta labor; de tal forma hemos denunciado: la persecución judicial de nuestro colega Nataniel Hernández Nuñez de Tonalá; el encarcelamiento injusto del Profesor Alberto Patishtán Gómez de El Bosque; o el acoso que sufre el personal del Albergue de la 72 en Tenosique en su labor a favor de las personas migrantes que transitan por la zona.

Ante ello, la Campaña “Defendamos la Esperanza” es motivo para destacar y reconocer esta importante labor que busca dignificar el aporte invaluable de personas, que sin ser parte de una organización defensora de Derechos Humanos, que realizan tareas de promoción, defensa y ejercicio de Derechos en el sureste del país.

Las organizaciones que conformamos la Región Sureste de la Red TDT, con el respaldo de todos los grupos a nivel nacional, hacemos un llamado a las autoridades locales, estatales y federales, así como a todos los actores no estatales, a poner fin a la difamación y ataques al trabajo de quienes defienden los derechos humanos en la región y reconocer el aporte al desarrollo de una sociedad justa y democrática.

Región Sureste de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los Derechos para Todas y Todos”

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.; Centro de Derechos Indígemas A.C.; Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH); Comitéde de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.C.; Iniciativa por la Identidad y la Inclusión, A.C.; Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A.C. (CODEHUCO); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A.C. (CODEHUTAB); Centro Juvenil Generando Dignidad A.C.; Indignación, A.C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; KOOKAY – Ciencia Social Alternativa, A.C.

La Defensa de los Derechos Humanos en el Sureste de México

Chiapas, Tabasco y Yucatán, estados del sur del país donde aumenta conflictividad social derivada de la violencia estructural generada por los distintos niveles de gobierno.

Organizaciones de la Sociedad Civil afianzan compromisos en la defensa y promoción activa de los derechos humanos y se constituyen como legitimas defensoras y defensores.

La Red TdT impulsa en el Sureste la Campaña Nacional de Defensoras/es de Derechos Humanos “Defendamos la esperanza”.

Organizaciones civiles de los estados de Chiapas, Tabasco y Yucatán, integrantes de la Red TdT1, que realizan tareas de promoción y defensa de los Derechos Humanos impulsan la Campaña Nacional en favor de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos “Defendamos la Esperanza”2, cuyo eje tiene por objeto reconocer las acciones de personas que son protagonistas y sujetos de transformación social.

En el marco de contextos comunes que se caracterizan, en el Sureste de México, por el aumento de conflictividad social, profundización de la pobreza, impunidad, discriminación y corrupción que se practican desde los distintos niveles de gobierno, las personas defensoras de Derechos Humanos representan uno de los actores de cambio que transforman esta lacerante situación en alternativas de vida y esperanza para este país.

A pesar de los riesgos que se enfrentan en los estados del Sureste, las personas defensoras continúan acompañando procesos sociales en defensa del territorio, la autonomía de los pueblos y los derechos de las mujeres y personas migrantes; realizando denuncias de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales y no estatales; evidenciando el despojo y daños cometidos por empresas privadas que mercantilizan recursos naturales y minerales y autoridades que privatizan recursos públicos; promoviendo la defensa activa de los derechos civiles y políticos por la misma ciudadanía; haciendo aportes para el diseño de políticas públicas; y evidenciando el falso discurso oficial de respeto a los Derechos Humanos en el ámbito internacional.

No obstante esta labor sigue sin ser reconocida, en sus amplias dimensiones, por parte de autoridades oficiales y actores no estatales al reducir la caracterización de personas defensoras sólo a aquellas que trabajan en un organismo público defensor de Derechos Humanos siendo que la Declaración de Defensores3 de las Naciones Unidas reconoce que: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.

Inclusive, las personas defensoras, así como de sus familiares, son objeto de criminalización y difamación permanentes lo cuál aumenta el riesgo de ataques a la vida e integridad de quienes cuestionan y proponen alternativas distintas a la política del partido imperante. El impacto de este tipo de acciones en contra del Derecho a defender los derechos humanos, deja una huella profunda que afecta la posibilidad de que víctimas y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos accedan a la justicia y reparen, de manera integral, el daño que sufrieron.

En el sureste del país destacamos la importante labor en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas; las tareas de protección y defensa a las personas migrantes y refugiadas, ya sea en su ruta de tránsito o bien viven en la zona hace varios años a quienes se les sigue discriminando; el acompañamiento a mujeres campesinas, indígenas, defensoras, feministas que construyen condiciones de equidad e inclusión; la promoción de los derechos de la infancia y la juventud por la inclusión y reconocimiento de su diversa interculturalidad; y la promoción y defensa de la libre expresión de los actores más diversos y críticos que informan con responsabilidad social.

Quienes formamos parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TdT) hemos tenido el respaldo de esta plataforma de acción para denunciar y visibilizar los constantes ataques y riesgos a esta labor; de tal forma hemos denunciado: la persecución judicial de nuestro colega Nataniel Hernández Nuñez de Tonalá; el encarcelamiento injusto del Profesor Alberto Patishtán Gómez de El Bosque; o el acoso que sufre el personal del Albergue de la 72 en Tenosique en su labor a favor de las personas migrantes que transitan por la zona.

Ante ello, la Campaña “Defendamos la Esperanza” es motivo para destacar y reconocer esta importante labor que busca dignificar el aporte invaluable de personas, que sin ser parte de una organización defensora de Derechos Humanos, que realizan tareas de promoción, defensa y ejercicio de Derechos en el sureste del país.

Las organizaciones que conformamos la Región Sureste de la Red TDT, con el respaldo de todos los grupos a nivel nacional, hacemos un llamado a las autoridades locales, estatales y federales, así como a todos los actores no estatales, a poner fin a la difamación y ataques al trabajo de quienes defienden los derechos humanos en la región y reconocer el aporte al desarrollo de una sociedad justa y democrática.

Región Sureste de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los Derechos para Todas y Todos”

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.; Centro de Derechos Indígemas A.C.; Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH); Comitéde de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.C.; Iniciativa por la Identidad y la Inclusión, A.C.; Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A.C. (CODEHUCO); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A.C. (CODEHUTAB); Centro Juvenil Generando Dignidad A.C.; Indignación, A.C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; KOOKAY – Ciencia Social Alternativa, A.C.

Chiapas, Tabasco y Yucatán, estados del sur del país donde aumenta conflictividad social derivada de la violencia estructural generada por los distintos niveles de gobierno.

Organizaciones de la Sociedad Civil afianzan compromisos en la defensa y promoción activa de los derechos humanos y se constituyen como legitimas defensoras y defensores.

La Red TdT impulsa en el Sureste la Campaña Nacional de Defensoras/es de Derechos Humanos “Defendamos la esperanza”.

Organizaciones civiles de los estados de Chiapas, Tabasco y Yucatán, integrantes de la Red TdT1, que realizan tareas de promoción y defensa de los Derechos Humanos impulsan la Campaña Nacional en favor de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos “Defendamos la Esperanza”2, cuyo eje tiene por objeto reconocer las acciones de personas que son protagonistas y sujetos de transformación social.

En el marco de contextos comunes que se caracterizan, en el Sureste de México, por el aumento de conflictividad social, profundización de la pobreza, impunidad, discriminación y corrupción que se practican desde los distintos niveles de gobierno, las personas defensoras de Derechos Humanos representan uno de los actores de cambio que transforman esta lacerante situación en alternativas de vida y esperanza para este país.

A pesar de los riesgos que se enfrentan en los estados del Sureste, las personas defensoras continúan acompañando procesos sociales en defensa del territorio, la autonomía de los pueblos y los derechos de las mujeres y personas migrantes; realizando denuncias de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales y no estatales; evidenciando el despojo y daños cometidos por empresas privadas que mercantilizan recursos naturales y minerales y autoridades que privatizan recursos públicos; promoviendo la defensa activa de los derechos civiles y políticos por la misma ciudadanía; haciendo aportes para el diseño de políticas públicas; y evidenciando el falso discurso oficial de respeto a los Derechos Humanos en el ámbito internacional.

No obstante esta labor sigue sin ser reconocida, en sus amplias dimensiones, por parte de autoridades oficiales y actores no estatales al reducir la caracterización de personas defensoras sólo a aquellas que trabajan en un organismo público defensor de Derechos Humanos siendo que la Declaración de Defensores3 de las Naciones Unidas reconoce que: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.

Inclusive, las personas defensoras, así como de sus familiares, son objeto de criminalización y difamación permanentes lo cuál aumenta el riesgo de ataques a la vida e integridad de quienes cuestionan y proponen alternativas distintas a la política del partido imperante. El impacto de este tipo de acciones en contra del Derecho a defender los derechos humanos, deja una huella profunda que afecta la posibilidad de que víctimas y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos accedan a la justicia y reparen, de manera integral, el daño que sufrieron.

En el sureste del país destacamos la importante labor en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas; las tareas de protección y defensa a las personas migrantes y refugiadas, ya sea en su ruta de tránsito o bien viven en la zona hace varios años a quienes se les sigue discriminando; el acompañamiento a mujeres campesinas, indígenas, defensoras, feministas que construyen condiciones de equidad e inclusión; la promoción de los derechos de la infancia y la juventud por la inclusión y reconocimiento de su diversa interculturalidad; y la promoción y defensa de la libre expresión de los actores más diversos y críticos que informan con responsabilidad social.

Quienes formamos parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TdT) hemos tenido el respaldo de esta plataforma de acción para denunciar y visibilizar los constantes ataques y riesgos a esta labor; de tal forma hemos denunciado: la persecución judicial de nuestro colega Nataniel Hernández Nuñez de Tonalá; el encarcelamiento injusto del Profesor Alberto Patishtán Gómez de El Bosque; o el acoso que sufre el personal del Albergue de la 72 en Tenosique en su labor a favor de las personas migrantes que transitan por la zona.

Ante ello, la Campaña “Defendamos la Esperanza” es motivo para destacar y reconocer esta importante labor que busca dignificar el aporte invaluable de personas, que sin ser parte de una organización defensora de Derechos Humanos, que realizan tareas de promoción, defensa y ejercicio de Derechos en el sureste del país.

Las organizaciones que conformamos la Región Sureste de la Red TDT, con el respaldo de todos los grupos a nivel nacional, hacemos un llamado a las autoridades locales, estatales y federales, así como a todos los actores no estatales, a poner fin a la difamación y ataques al trabajo de quienes defienden los derechos humanos en la región y reconocer el aporte al desarrollo de una sociedad justa y democrática.

Región Sureste de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los Derechos para Todas y Todos”

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.; Centro de Derechos Indígemas A.C.; Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH); Comitéde de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.C.; Iniciativa por la Identidad y la Inclusión, A.C.; Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A.C. (CODEHUCO); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A.C. (CODEHUTAB); Centro Juvenil Generando Dignidad A.C.; Indignación, A.C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; KOOKAY – Ciencia Social Alternativa, A.C.

[Info-cdhbcasas] OSC denuncian la persistencia de la tortura en México

Ciudad de México, a 26 de junio de 2013

Boletín Red TDT No. 14 /2013

OSC denuncian la persistencia de la tortura en México y exigen justicia para todas las y los sobrevivientes

· México ha recibido numerosas recomendaciones en la materia, las cuales continúan vigentes y sin ser implementadas

· La tortura sigue siendo una práctica cotidiana en diversos estados de la República

En el contexto del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura las organizaciones que integramos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) enviamos un mensaje de solidaridad a todas las personas en el país y el mundo que han sido víctimas de la tortura, al mismo tiempo exigimos al Estado mexicano terminar con esta práctica que atenta contra la dignidad humana.

Si bien el Estado mexicano ha suscrito los principales tratados internacionales en materia de tortura y se ha sujeto a las evaluaciones periódicas de mecanismos de derechos humanos, como lo fue la reciente evaluación ante el Comité contra la Tortura el octubre pasado, las recomendaciones[1] emitidas por dichos mecanismos distan de ser implementadas; por el contrario, éstas no han sido atendidas a través de una política integral en materia de derechos humanos. En contraparte se atestigua un aumento en la práctica de la tortura en nuestro país[2], así como de la impunidad que continua alrededor de los casos que han sido denunciados ante las autoridades correspondientes.

A pesar de que las reformas constitucionales promulgadas en México en los últimos años han significado una oportunidad para implementar acciones de erradicación de la práctica de la tortura, México dista de contar con un marco normativo armónico a los estándares internacionales en materia de tortura en todos los estados. Ejemplo de ello es la necesaria tipificación del delito de tortura en el Código Penal del estado de Guerrero. Diversas organizaciones de la sociedad civil han presentado iniciativas integrales en materia de justicia en el estado, sin embargo, a la fecha el Congreso estatal no ha aprobado las reformas correspondientes.

En contraparte, figuras y vacíos en la legislación mexicana, como la figura del arraigo, permiten un espacio de escasa vigilancia y alta vulnerabilidad para las personas detenidas por alguna autoridad, lo cual suele derivar en actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Igualmente, sigue pendiente la reforma en materia de fuero militar que permita llevar ante la justicia ordinaria a elementos de las fuerzas armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos, entre ellas actos de tortura.

La especial situación en centros penitenciarios y de detención ha sido uno de los centros de las preocupaciones de mecanismos como el Subcomité contra la Tortura[3], quien documentó la situación de vulnerabilidad para la población privada de su libertad.

Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales continuamos documentando cómo la tortura sigue siendo una práctica sistemática[4] para obtener confesiones de personas detenidas, delito que es normalmente precedido de detenciones arbitrarias e incomunicación. Ejemplo paradigmático de ello es el caso de Israel Arzate Meléndez, quien fue torturado y obligado a confesar un delito que no cometió, cuyo proceso será revisado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las próximas semanas. Este proceso jugará un papel fundamental en determinar si el nuevo sistema penal es capaz de garantizar la exclusión de toda prueba obtenida bajo tortura o si se tolerarán las mismas prácticas viciadas del viejo sistema.

Los obstáculos para investigaciones eficientes e independientes de casos de tortura son la primera causa de impunidad. A la par, la falta de una correcta adecuación del Protocolo de Estambul a nivel nacional y estatal por expertos independientes, es uno de los retos para que las víctimas de tortura accedan a la justicia.

Ante el panorama nacional y en vísperas de que el Estado mexicano presente próximamente ante el Consejo de Naciones Unidas un informe sobre la situación de los derechos humanos en México, en el marco del próximo Examen Periódico Universal[5], México tiene la oportunidad de mostrar las acciones pendientes y el plan de ruta para combatir la impunidad que reina en casos de tortura y de crear medidas de prevención. En este marco, el Estado mexicano no puede dejar de lado el derecho a la reparación del daño a todas las víctimas y sobrevivientes de tortura.

Para más información puede consultar: http://ow.ly/mokAb

Atentamente,

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigodh)
Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A.C.
Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C.
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A. C.
Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, A. C
Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para todas y Todos" (conformada por 73 organizaciones en 20 estados de la República Mexicana): Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”. (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (DF); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BCS.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. 4 (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

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Anexo
La tortura sigue siendo una práctica cotidiana en varios estados de la República

Información complementaria a nivel estatal en materia de tortura.

Chiapas
En Chiapas, la tortura subsiste como método de investigación policiaca, utilizada sobre todo por integrantes de la Policía Ministerial, adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde la intencionalidad recurrente es la de obtener información o una confesión firmada por parte de la víctima.

Se cuenta con información que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGJE, es el mecanismo que encubre y justifica las violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades estatales. Funcionarios de esta fiscalía niegan y minimizan que la tortura sea una práctica en Chiapas.

El nombramiento de Jorge Luis Llaven Abarca como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, quien ha sido vinculado con hechos de tortura, por los organismos públicos de derechos humanos a nivel nacional como local, da un mensaje claro de perpetuar la impunidad y legitimar la tortura en Chiapas

Chihuahua
A pesar que desde 2012 se publicó "la Ley para prevenir, erradicar y sancionar la tortura" ésta continúa practicándose sistemáticamente por autoridades de todos los niveles. A pesar de la salida del Ejército y Policía Federal en Ciudad Juárez, la violencia, detenciones y desapariciones no han disminuido en la ciudad. En promedio mensualmente hay 10 mil detenciones por parte de la Fiscalía General del Estado, y la Policía Municipal en su mayoría de jóvenes. Cabe destacar que gran parte de estas detenciones son arbitrarias lo cual da paso a que se practique la tortura con el fin de obtener confesiones.

Tan sólo la organización l Centro Paso del Norte, de septiembre de 2011 a la fecha ha registrado 65 casos de tortura y atendido 26 de ellos. A la fecha no existe ningún caso de algún soldado o policía procesado por el delito de tortura a pesar de las pruebas existentes.
Cabe destacar que el estado de Chihuahua fue el primero en implementar un nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, el cual podría incidir en disminuir los casos de tortura e impunidad que imperan en el Estado, sin embargo, dicho sistema no ha sido efectivo y ha provocado regresar a los vicios del sistema anterior.

Guerrero
La tortura no se encuentra tipificada en el Código Penal del Estado sino que se encuentra legislada en la norma que crea la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado (Coddehum), lo que contribuye a que los actos de tortura en el estado no sean investigados ni sancionados debidamente . Esta situación quedó evidenciada en la Recomendación No.1 VG/2012 realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, donde se comprobó que en Guerrero la tortura se sigue empleando para obtener confesiones ilegítimas en casos de alto impacto.

No obstante, en virtud de que a las actuaciones del sistema Ombudsman no se les reconoce valor probatorio en el ámbito penal y a consecuencia de las deficiencias del sistema de justicia guerrerense, los actos de tortura documentados en dicha Recomendación permanecen impunes. Frente a esta situación el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentó el 31 de octubre de 2012 ante el Congreso del Estado de Guerrero una propuesta de iniciativa de reforma integral para prevenir, investigar y sancionar la tortura en el estado, que tiene como objetivo principal armonizar el marco legislativo estatal con los estándares internacionales en la materia. Sin embargo, hasta la fecha el Congreso estatal no ha aprobado las reformas correspondientes.

Oaxaca
De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, de los años 2009 al 2012 iniciaron 22 averiguaciones previas por el delito de tortura, sin embargo, hasta la fecha solo una ha sido consignada, pero no por el delito denunciado, sino por el delito de “lesiones calificadas”, esto es, al realizar la consignación reclasificaron el delito. Lo que habla del grado de impunidad en estos casos y la falta de reconocimiento de la tortura por parte de las autoridades, a su vez la definición de tortura de la “Ley Estatal para la Prevención de la Tortura del Estado de Oaxaca”, no se ajusta a los estándares internacionales.

Yucatán
De agosto de 2012, a abril de 2013, se presentaron 155 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey) por distintas violaciones a derechos humanos cometidas por cuerpos policiacos municipales y estatales, muchas de las cuales se catalogan como tortura. De esos casos, 97 son atribuibles a la Secretaría de Seguridad Pública, 17 a la Policía Ministerial del estado y 41 a policías de distintos municipios.
Otro indicador que demuestra la gravedad de esta práctica en la entidad, es que de 2006 a la fecha, 13 personas han fallecido en distintas cárceles del estado. La práctica de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y/o degradantes en la entidad, no respetan edad, como lo demuestra el caso de M.A.J.S., joven de 16 años de edad, quien el 7 de abril del presente año fue detenido y torturado por policías municipales de Ticul, causándole varias lesiones en el cráneo, la cara, los ojos e incluso fractura de tabique nasal.

[1] Ver recomendaciones hechas por el CAT, Subcomité para la Prevención de la Tortura, MEPU, CEDAW, CDH en http://recomendacionesdh.mx/inicio
[2] 500 por ciento los casos de tortura con Calderón: CNDH ver http://ow.ly/meVlL y http://ow.ly/meVoX
[3] Subcomité para la Prevención de la Tortura. Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 31 de mayo 2010. UN. Doc. CAT/OP/MEX/1 Disponible en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/ReportMexico_sp.pdf
[4] Ver documento adjunto
[5] En el Primer Examen Periódico Universal que presentó México el Grupo de Trabajo emitió 17 recomendaciones en torno al tema de tortura, para conocer más : http://www.upr-info.org/database/

[Info-cdhbcasas] Boletín Conjunto: Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 26 de junio de 2013

Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura.

En 1997, la Organización de las Naciones Unidas, estableció que el 26 de junio de cada año se conmemore el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura, con vista a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

La conmemoración de esta fecha nos sirve para reafirmar que no existe ninguna circunstancia que justifique la práctica de la tortura ni de los tratos crueles inhumanos y/o degradantes, pero también para recordar que a la fecha en México la tortura sigue siendo una realidad, muy lejos de ser erradicada.

A pesar de las diferentes recomendaciones al Estado mexicano de los mecanismos y procedimientos de las Naciones Unidas, para la eliminación del arraigo, éste tipo de detención arbitraría sigue siendo sistemáticamente usada en nuestro país y constituye un riesgo de que la persona detenida pueda sufrir tortura, además de generar obstáculos a la defensa y a la determinación de la situación jurídica de la persona arraigada.

En Chiapas, los actos de tortura, tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, se han convertido en una práctica “normal” y aceptada por las autoridades de procuración y administración de justicia y del sistema carcelario. Es además tolerada por el Poder Ejecutivo de Chiapas, como lo fue con el nombramiento del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, quien ha sido vinculado con hechos de tortura, por los organismos públicos de derechos humanos a nivel nacional como local.

Las y los sobrevivientes de tortura, dispuestos a denunciar, se encuentran con un sistema de procuración de justicia incapaz de darles la protección y apoyo adecuado. Esta situación hace que la mayoría de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público no procedan, encuentren obstrucciones en su integración y por lo tanto se queden en la impunidad.

Las víctimas de tortura son afectadas no solamente en su persona, sino también en su entorno más próximo como lo es su pareja, su familia, su trabajo, sus estudios, la comunidad y/o a la organización a la que pertenece.

La tortura se vuelve una forma de control social. Por ello, es imprescindible su eliminación y necesario que, a pesar de los temores a las fuerzas del estado, los sobrevivientes de tortura denuncien para erradicar este delito de lesa humanidad.

A pesar de las reformas constitucionales en derechos humanos y de las reformas judiciales; la tortura sigue siendo un método privilegiado de investigación policial. En México, la eliminación de la tortura no es una prioridad, a pesar de los discursos de los gobiernos federal y estatal. Esperamos que en el marco del próximo Examen Periódico Universal, el Estado mexicano acepte la recomendaciones en la materia, para dar pasos concretos en la protección a las víctimas de tortura.

Asociación de los Cristianos por la Abolición de la Tortura – ACAT - Francia

Organización Mundial Contra la Tortura – OMCT

Pax Christi International – PCI

Amnistía Internacional – Grupo Chiapas

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC - Frayba

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, AC – CDH Digna Ochoa

Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos AC – CEPAZDH AC
Red por la Paz Chiapas, conformada por 10 organizaciones de la sociedad civil de Chiapas: Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, AC (CDMCH), Centro de Derechos Indígenas, AC (CEDIAC), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba), Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada, AC (CDHFPLN), Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, AC (CORECO), Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, AC (Desmi), Educación para la Paz, AC (EDUPAZ), Enlace Comunicación y Capacitación, AC (ENLACE CC), Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) y Servicio y Asesoría para la Paz AC (SERAPAZ)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" conformada por 73 organizaciones en 20 estados de la República Mexicana

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De nueva cuenta el petróleo

En concreto
Laura Itzel Castillo

De acuerdo al artículo 4 de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, en materia de petróleo, la estrategia nacional de energía debe obedecer a los criterios de seguridad energética, sustentabilidad en la plataforma de extracción de hidrocarburos, la diversificación de mercados, la incorporación de mayor valor agregado, el desarrollo de la planta productiva nacional y la protección al medio ambiente.

Es decir que se debería promover que se utilizara el petróleo para producir gasolina, diesel, fertilizantes y demás productos petroquímicos.

Desde hace décadas se decidió basar la economía en la exportación de hidrocarburos. Los riesgos de la petrolización de la economía se advirtieron desde entonces. A lo largo de los años la extracción se fue incrementando hasta alcanzar 3.38 millones de barriles diarios en 2004. Las exportaciones de crudo crecieron igualmente hasta obtener 1.82 millones de barriles diarios, la mayor parte a EU.

Pemex tiene una gran carga fiscal, que representa uno de los porcentajes más altos en el mundo (67%). Sin embargo, esta carga fiscal se encuentra ligada directamente a la renta petrolera y representa los recursos que se destinan al Presupuesto de Egresos de la Federación.

El Congreso aprobó regímenes especiales para bajar esta carga fiscal en casos como Chicontepec, los llamados campos maduros y los marginales y en aguas profundas. El resultado ha sido que deducen 32.5 dólares por barril, contra los 6.5 dólares que deducen en el régimen ordinario.

Debido que en Chicontepec, campos maduros, marginales y aguas profundas, aplican los regímenes especiales, resulta que en estos casos son las empresas privadas las que se ven favorecidas, pues en estos casos son las que extraen el crudo y no la paraestatal con sus propios recursos, como en otras zonas del país.

Por lo tanto, al bajar los impuestos, con el nuevo proyecto de reforma petrolera, serían las empresas las que se quedarían con mayores utilidades, es decir con la renta petrolera. Dada esta situación, la pregunta es: ¿a quién le beneficia reducir la carga fiscal?

Lastre heredado - Columna semanal de Sergio Aguayo - 26 de junio 2013



A México le conviene que Enrique Peña Nieto se libere del lastre que trae de su etapa como gobernador del Estado de México. Cuando pienso en su gobierno vienen a mi cabeza la eficacia, la corrupción y la opacidad.

Peña Nieto tiene una fijación con la eficacia. En 2011 publicó un libro al que tituló México la gran esperanza. Un Estado eficaz para una democracia de resultados, la frase Estado eficaz la resalta en negritas a lo largo de todo el texto. Sin embargo, su gestión como gobernador fue ineficaz. Diez índices elaborados por las Naciones Unidas, la Coparmex y otras instituciones confirman que la entidad no mejoró en la calidad de la democracia, el ambiente para hacer negocios y la seguridad, entre otros.

Una explicación es la desigual capacidad de su equipo que se explica con una frase de Peña Nieto de 2005: "No (puedes) poner la iglesia en manos de Lutero; para cada puesto... yo me enfocaría primero, siendo priista, por los priistas". Así lo hizo pero si uno revisa la currícula de su equipo, aparece un aspecto que ahora replica como Presidente: su entorno inmediato es organizado y disciplinado; afuera de ese círculo la eficiencia da tumbos.

La falta de consistencia se está confirmando con el personal encargado de la seguridad y la desigualdad. El Presidente se esmeró en la selección de los altos mandos de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República; la norma es la experiencia y el profesionalismo. Lo inverso sucede en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en donde los puestos superiores fueron utilizados -con algunas excepciones- para pagar deudas políticas. Todas las delegaciones de la Sedesol que tienen titular son ocupadas por priistas con perfiles profesionales muy desiguales; la única excepción es Chiapas en donde despacha un accionista del Verde, esa lucrativa empresa que tiene como cliente principal al PRI. Es inevitable también preguntarse cuáles son los márgenes de maniobra de la experimentada Rosario Robles.

Con ese elenco era totalmente predecible la manipulación de los programas sociales con el propósito de obtener votos. El escándalo brotó en Veracruz pero la práctica se extiende a otras entidades. Dado el pragmatismo de Peña Nieto no creo que haya arriesgado el Pacto por México deliberadamente; es su mejor apuesta para preservar el prestigio de reformador. Sería paradójico que Peña Nieto, después de manejar a las oposiciones, naufragara en el control de sus gobernadores. Pasadas las elecciones conoceremos el desenlace.

Otra costumbre que se trajo del Estado de México es el dejar-hacer-dejar-pasar, tan cómodo para el gobernante y tan frustrante para el ciudadano. Cuando hacía campaña para gobernador (2005) se demostró que en Villa Victoria sus operadores usaron 450 mil pesos de fondos oficiales para inclinar las intenciones del voto a su favor. Peña Nieto reaccionó con un clásico: "me deslindo de estas acciones" y "con toda sinceridad, si han existido [las prácticas], es lamentable que sucedan".

La misma actitud está tomando como Presidente. Ordenó la detención de Elba Esther Gordillo, es cierto, pero no ha alterado los esquemas de complicidad oficial con una corrupción sindical que ninguna institución del gobierno combate. Lo que parecía el inicio de una cruzada contra la deshonestidad se ha quedado en una mujer encarcelada por ladrona, ostentosa e insubordinada (retó abiertamente al Presidente). En los casos de los excesos de los ex gobernadores de Aguascalientes y Tabasco, la PGR sólo está reaccionando al empuje de un gobernador priista y otro perredista. Peña Nieto reprueba en transparencia. Como gobernador frenó la entrega de información sobre su predecesor Arturo Montiel. Como Presidente sí se pronuncia por la transparencia; hace unos días presumió en Inglaterra que México presidirá, en el periodo de 2014-2015, la Alianza por el Gobierno Abierto. Su práctica no rima con lo que predica. Firmó ante notario que publicaría su declaración patrimonial. Lo hizo el pasado enero pero ocultó el monto de sus bienes y no identificó a los que le donaron, el 8 de diciembre de 2011 -nueve días antes de ser nombrado candidato- obras de arte, joyas, dos casas y un terreno de 58 hectáreas y media. Su página es muy inferior en calidad a las de Vicente Fox y Felipe Calderón. La opacidad es contagiosa. Según María Elena Pérez Jaén (comisionada del IFAI) están creciendo las negativas de las dependencias federales a entregar información.

Entre los legitimadores de los gobernantes del siglo XXI está la eficacia, la honestidad y la transparencia. Quien implante esos valores en México obtendría merecidamente la calificación de "estadista"; una medalla otorgada prematuramente al Presidente por el actual gobernador mexiquense, Eruviel Ávila. Enrique Peña Nieto tiene que ganársela y para ello tendrá que liberarse del lastre que se trajo de Toluca. Está a tiempo de hacerlo.

Nos conviene que lo haga.

Colaboraron Maura Roldán Álvarez y Paulina Arriaga Carrasco.

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