viernes, 21 de junio de 2013
Bancomext y Banorte liquidarían trabajadores de Mexicana
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) admitió la demanda de los empleados de Mexicana de Aviación para que el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Banorte sean nombrados patrones sustitutos y paguen los 14,000 millones de pesos de pasivo laboral.
El diario La Jornada informó que tal decisión podría generar un nuevo conflicto para la aerolínea, pues, los trabajadores aseguran que esas instituciones tienen los bienes con los que la aerolínea podría haberse mantenido activa y no suspender actividades hace ya casi tres años.
En respuesta, el titular de Bancomext, Enrique de la Madrid aseguró que será difícil el restablecimiento de operaciones de Mexicana debido a los tres años de inactividad y las pérdidas de valor comercial en los activos.
Por su parte, el abogado de los trabajadores, Joaquín Ortega refutó las declaraciones del director de Bancomext y sostuvo que lo que está haciendo es evadir la responsabilidad.
Será el próximo lunes 24 de junio cuando se lleve a cabo la primera audiencia en la JFCA a la que la representación legal de Bancomext y Banorte atenderán la demanda de los 8,500 trabajadores de la aerolínea. (Con información de La Jornada)
Militares irrumpen en viviendas de Tecpan y “matan a joven”: médico
RODOLFO VALADEZ LUVIANO ( Corresponsal)
Tecpan, 20 de junio. Reinaldo Soria Juárez, médico de la comunidad de San Luis de la Loma, denunció que elementos del Ejército irrumpieron de forma violenta en casas de esa población, donde quitaron la vida a un joven e hirieron a dos más.
En entrevista, contó que el 19 de mayo los soldados instalaron un retén militar en la avenida principal del pueblo, en el que sin que se conozca la razón, mataron al joven Samuel Wences Granados, lo que causó indignación en la población.
Abundó que los soldados, 10 minutos después de matar a Samuel, detuvieron a dos jóvenes que regresaban de la feria y “les propinaron una golpiza despiadada con patadas, golpes y culatazos y les cortaron cartucho y no los mataron porque mi hijo y mi esposa comenzaron a gritarles que no lo hicieran, ya que los hechos ocurrieron frente a mi casa”.
Las súplicas de la mujer y del muchacho, continuó, “les salvaron la vida”.
Manifestó que después de los hechos presentó su testimonio en la agencia del Ministerio Publico (MP), “a donde los militares tiraron a los adolescentes, porque ni siquiera los presentaron sólo fueron y los dejaron en la puerta”.
Hartos de la violencia, bloquean la carretera Acapulco-Zihuatanejo
Anuncian manifestantes la creación de grupos de autodefensa para contrarrestar a la delincuencia
RODOLFO VALADEZ LUVIANO ( Corresponsal)
Tecpan, 20 de junio. Habitantes de las comunidades de Nuxco, El 20, San Luis San Pedro, Rancho Alegre del Llano, San Luis de la Loma, El Cobano y Buenavista bloquearon en varios puntos la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo y anunciaron la conformación de grupos de autodefensa en sus pueblos, para protestar por la falta de seguridad, pues el gobierno federal y el estatal se rehúsan a combatir al crimen organizado que azota a los municipios de Costa Grande.
Desde las 6 de la mañana, la gente comenzó a organizarse. Grupos de entre 200 y 300 personas se plantaron en diferentes puntos de la vía federal para iniciar los bloqueos carreteros intermitentes, es decir 30 minutos de interrupción del tráfico por 20 de paso libre.
El primer bloqueo se registró en el entronque carretero de la comunidad de Nuxco, donde unos 200 pobladores bloquearon la carretera, portando reatas y pancartas en las que externaban su inconformidad por la inseguridad que existe en la región. Ahí, colocaron una manta que decía: “Que el gobierno cumpla con brindarnos seguridad. Costa Grande crea un grupo de protección ciudadana”. En ese lugar se pudo ver a personas que portaban machetes.
En el segundo bloqueo que se ubicó en la población de El 20, los pobladores -en su mayoría jóvenes- permitían el paso de los autos por un solo carril, ya que el otro se encontraba ocupado por una manta que decía: “Alto a la inseguridad. Que el gobierno cumpla con su responsabilidad de brindarnos seguridad”.
Otro bloqueo se ubicó en el entronque que une a la población de San Luis San Pedro con la ruta que lleva a la parte alta de la sierra. Ahí, se concentraron unas 300 personas provenientes de los pueblos de Fresnos de Puerto Rico, Zaragoza, El Chivo, Bajitos de la Laguna, Bajos del Balsamar, El Edén, Puerto Edén, El Tigre, La Palma, El Guayabal, Humedades, Los Corales, Santa Lucía, El Limón, La Piña, La Cuesta, La Ciénega, La Llave, Río Chiquito, Las Mesas, Cañada de la Remonta, Guayabillo, El Coacuyul, El Zalate y Llanos de Navarrete, quienes manifestaron estar de acuerdo en la conformación de grupos de autodefensa en cada pueblo para contrarrestar el clima de inseguridad que existe en la región.
A 500 metros, en San Luis de la Loma, se ubicó otro bloqueo. En ese punto, el dirigente de la Alianza de Derechos Humanos Guerrero Unido AC, Leopoldo Soberanis Hernández, quien encabeza la organización de los grupos de autodefensa en los pueblos de este municipio y la región, indicó que desde hace más de seis meses denunció con el Ejército mexicano, la Secretaría de Marina (Semar), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF) la ola de delitos que se cometen en esta zona del estado sin que hasta la fecha se vea una respuesta favorable.
Durante el bloqueo en ese punto, dos camiones con militares fueron repudiados por la gente cuando intentaron pasar.
Al encarar a quien encabezaba el convoy militar le manifestó que existe inconformidad en la gente porque carecen de la presencia de los cuerpos policiacos y castrenses, lo que ha ocasionado, dijo, que parte del municipio de Tecpan y por completo los de La Unión, Zihuatanejo y Petatlán estén dominados por un grupo de la delincuencia organizada y advirtió que si las autoridades no dan una respuesta a sus denuncias la gente se levantará en armas y conformarán grupos de autodefensa en los pueblos.
Cuando se retiraron los militares se vio a varios habitantes encapuchados que portaban rifles, carabinas y escopetas.
En entrevista, abundó que los pobladores están cansados de la delincuencia y ven con simpatía conformar grupos de autodefensa para vigilar sus comunidades.
Asimismo, aseguró que el operativo Guerrero Seguro “es un fracaso y no sirve”, además de que los militares que se encuentra en Petatlán y la Policía Estatal que están en el cuartel de Cayaquitos están coludidos con un grupo delincuencial.
Llega la brigada nacional de la Policía Ciudadana a San Salvador Atenco
SALVADOR CISNEROS SILVA (Enviado)
San Salvador Atenco, 20 de junio. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en San Salvador Atenco recibió y reconoció el esfuerzo que realiza la Policía Ciudadana y Popular de “viajar desde sus comunidades y llegar al centro del país para dar a compartir su proyecto de autonomía con las comunidades del centro del país”.
En el quinto día de la brigada nacional que la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia (CRSJ-PCP), que comenzó el domingo pasado en la comunidad de Nuevo Paraíso de Cualac, con el fin de dar a conocer su propuesta de autogobierno e invitar a las universidades a que participen en el sistema de gobierno seguridad y justicia que “pretende construir una soberanía popular”.
En Atenco, la Policía Ciudadana y Popular fue recibida por los representantes del frente y posteriormente llevaron una plática en las instalaciones de las oficinas de la comisara ejidal donde los dos grupos compartieron su palabra y sus experiencias de lucha “por culpa del mal gobierno”.
El representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Damián Camacho, reconoció el esfuerzo que hizo la PCP para tomar las armas, autoprotejerse y crear un sistema de autogobierno.
“Guerrero es el estadio pionero de los procesos de la autodefensa y fuerzas de seguridad popular, se refrendan actualmente siendo la base y el ejemplo que debe seguir el país porque este proyecto es legítimo y alternativo que tienen los pueblos”, indicó.
Se anunció que en Atenco hay un avance positivo de formar una policía ciudadana “con la finalidad de ya no depender de esta seguridad falsa que nos está brindando nuestro gobierno”.
“El bienestar social y el desarrollo comunitario es el principal objetivo para nosotros; no sólo nos formamos para frenar a la delincuencia, sino para cuidar nuestro medio ambiente y por eso realizamos esta brigada para difundir y que todo mundo se entere que nosotros no somos un grupo armado que busca la guerra; somos la Policía Ciudadana y Popular (PCP), regida por una Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia (CRSJ), que actúa con legalidad”, comentó la representante de la PCP, Sitlali Pérez Vázquez.
Se mencionó que había sido muy importante el encuentro con la Policía Ciudadana y Popular y el Frente en Defensa de la Tierra para establecer un lazo de hermandad y seguir compartiendo los trabajos en defensa de los territorios y frenar las acciones que “el gobierno hace para despojarnos de nuestras tierras para explotarlas a su antojo”.
“Es muy importante compartir nuestras experiencias en nuestros procesos de lucha, tenemos que quitarnos esas malas vivencias y hacer valer nuestros derechos, autonomía y autoprotección para preservar nuestro origen, identidad e historia que tenemos como pueblos”, finalizaron.
Exige Human Rights Watch indagar el asesinato de los tres líderes de UP
Demanda la organización internacional dar “fuerte protección” a los sobrevivientes y testigos
REDACCIÓN
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) exigió al gobierno mexicano una investigación exhaustiva sobre el asesinato de los tres dirigentes de la Unidad Popular (UP) de Iguala, y analizar las imputaciones que existen “sobre agentes del Estado”, así como dar “una fuerte protección” a los sobrevivientes.
En un comunicado, la organización con sede en Washington refirió que las víctimas eran integrantes de una misma organización que realiza campañas de defensa a campesinos y comunidades marginadas, y temían por su vida tras recibir amenazas.
“Las víctimas temían por su vida, específicamente a manos de funcionarios locales”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “La PGR debería intervenir a fin de ayudar a garantizar una investigación independiente que analice todos los posibles móviles de este delito”.
La organización refiere que según documentos obtenidos por Human Rights Watch, los victimados habían presentado una denuncia contra el alcalde y el jefe de la policía municipal de Iguala porque tenían temor de que “pudieran ordenar matarlos como represalia por sus actividades”.
Asimismo, Vivanco pidió también protección para los testigos pues “no puede haber ninguna investigación efectiva de estos asesinatos aberrantes si los testigos no se sienten seguros para hablar”.
En su comunicado, relató que Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, sustraídos por desconocidos el 30 de mayo, habían tenido conflictos con el alcalde José Luis Abarca Velázquez, quien había dicho a Cardona que “nomás falta que te andemos cuidando para que no te maten con tantos problemas que tienes”.
Los activistas –relata Human Rights Watch– habían sido seguidos en vehículos y por desconocidos, a los cuales les tomaron fotografías.
Por tales razones, la organización internacional consideró que al haber muchas imputaciones directas respecto a la participación de funcionarios locales “la intervención de las autoridades federales ofrecería mayores posibilidades de independencia y efectividad”.
Cortometraje en defensa de la libertad de expresión premiado en el Festival de Cannes
El día de hoy, 21 de junio, el cortometraje de Amnistía Internacional México "No más ataques a periodistas" recibió el premio al “Young Director Award” en el festival de Cannes que reconoce cada año las principales producciones del ámbito de la publicidad.
Con este premio Tino de la Huerta, director del corto, se convirtió en el primer mexicano en recibir este premio.
El corto “No más ataques a periodistas”, que fue lanzado el 25 de abril de 2012, formó parte de la campaña “Informar no debe costar la vida” que tuvo como objetivo impulsar la aprobación de la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos (La ley).
El Young Director Award es considerado como el evento complementario más importante a la entrega de los premios de la industria publicitaria los “Leones de Cannes”. Cada año participan en este premio más de 400 producciones y asisten a la entrega más de 900 personas de la industria de la publicidad.
“La dedicatoria fundamental es para quienes fueron la motivación de esta historia para escribir esta historia: Las y los periodistas asesinados y sus familias. Esto es para ellos, esto es para México.” Afirmó Tino de la Huerta minutos después de recibir el reconocimiento.
Mediante la campaña “Informar no debe costar la vida” se logró recolectar cerca de 20,000 firmas que exigían a las autoridades la aprobación de la ley. Finalmente está ley fue aprobada y entró en vigor a finales de junio del 2012.
Información adicional
Debido a la alarmante situación a la que se enfrentan periodistas y personas defensoras en México, Amnistía Internacional junto con otras organizaciones de la sociedad civil emprendió una campaña para lograr la aprobación de una Ley que estableciera un Mecanismo de Protección para periodistas y para quienes defienden de derechos humanos.
Tras la aprobación de la ley por las Cámaras, fue firmada por el presidente de la República el 22 de junio de 2012 y entró en vigor el 25 de junio del mismo año.
Desde entonces, Amnistía Internacional y otras organizaciones han trabajado intensamente para lograr la plena efectividad de este mecanismo, y remover los obstáculos que impiden proporcionar medidas de protección adecuadas a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México. Además, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades que no sólo son necesarias medidas de protección, sino que además se requiere investigar las amenazas y agresiones a periodistas y medios de comunicación, pues mientras no se rompa el círculo de la impunidad no será posible garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión e información en México.
El spot de la campaña puede ser descargado en alta definición para su difusión sin restricciones mediante la siguiente dirección: http://ir.amnistia.mx/cortoHD o puede ser compartido vía youtube en: http://ir.amnistia.mx/cortoyb
Una versión en inglés puede también encontrarse en: http://ir.amnistia.mx/cortoeng
Df/Méx. Boletín de Prensa: Acciones en solidaridad con OCEZ-CP-FNLS
México, Distrito Federal, 20 de junio de 2013.
A los medios de comunicación oficiales y alternativos
A los organismos defensores de derechos humanos
A las organizaciones sociales y políticas
Al pueblo de México
En el marco estatal de búsqueda pacífica a la solución del conflicto prevaleciente en la comunidad de Venustiano Carranza, de la Organización Campesina Emiliano Zapata de la Casa del Pueblo integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, (OCEZ-CP-FNLS); el gobierno Estatal y Federal responde con la represión y nuevas detenciones a integrantes de la organización.
Está en curso un operativo policiaco militar con la intención de ejecutar las más 165 órdenes de aprehensión a militantes del FNLS, que inició a las 08:00am del día 17 de junio del 2013 en la misma localidad; que se suma a la de los compañeros Sebastián Gómez Vázquez, Miguel Vázquez Mendoza, José Ángel Alcázar Hidalgo, Juan Mendoza Espinoza, Rodrigo Díaz Solano, Ismael Díaz Coutiño, Catarina Gómez Martínez, José Manuel Vázquez Mendoza y José del Carmen Mendoza Espinoza que aún siguen en el penal de mediana seguridad El Amate desde el mes de mayo.
El objetivo central del gobierno estatal y federal es destruir el proceso organizativo de las familias de comuneros de la OCEZ. No nos sorprende la alianza partidista entre el Partido Verde Ecologista (PVEM) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). A cualquiera de ellos les interesa seguir manteniendo y fortaleciendo al cacique histórico Jesús A. Orantes. Sexenios vienen y van y los focos rojos en nuestro estado siguen latentes sin resolverse, sólo el uso de la fuerza, tortura, encarcelamiento y persecución son las respuestas a estos problemas.
No nos sorprende la actuación del Procurador General de Justicia del Estado: Raciel López Salazar, ya que el mismo gobernador en un momento declaró que este represor del pueblo era su “carta fuerte para mantener la seguridad en Chiapas”. Así el Secretario de Gobierno Noé Castañón León y el Sr. Raciel López Salazar quedarán en la memoria del pueblo como los operadores de Manuel Velasco Coello para destruir una base social que lo único que defienden son sus tierras comunales.
Hechos:
Primero: El día lunes 17 de junio, elementos de la Policía Estatal especializada, Ejército Federal y la Marina, llegaron a la casa del compañero José Vázquez Hernández (Pdte. Del comisariado de Bienes Comunales Casa del Pueblo de Venustiano Carranza) con la intención de detenerlo, en el Barrio San Pedro, pero él no se encontraba en ese lugar. A quien encontraron fue al compañero Miguel Hidalgo Vázquez (esposo de la compañera Catarina Gómez Martínez, que se encuentra presa en El Amate en Chiapas), con lujo de violencia fue detenido por dichos elementos y liberado durante la madrugada con huellas claras de tortura.
Al frente de este operativo conjunto para detener a compañeros iban Bartolo Pérez, Paola García Consuegra y José Martínez Calvo, entregadores de compañeros de la OCEZ, personas que fueron expulsados en asamblea por violar las normas internas de la comunidad, que hasta estos momentos han fungido como grupo paramilitar y dirigidos por esto y por el diputado local priista Jesús Alejo Orantes.
Este grupo paramilitar fue desconocido en la comunidad por vender terrenos comunales al diputado Jesús Alejo Orantes Ruiz, violando las normas internas del régimen comunal; en todo momento, faltaron a los acuerdos a la comunidad vendiendo el ganado colectivo, por tanto, la asamblea comunal, órgano máximo de autoridad decide desconocerlos de sus derechos comunales.
Después de realizar la detención, los elementos de los cuerpos represivos se replegaron por la escuela Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Número 46, de la Comunidad de Venustiano Carranza, donde siguen posesionados, generando un clima de hostigamiento y zozobra.
Segundo: Simultáneamente, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, fue retenido el sr. Juan Sebastián Espinoza, por parte del grupo paramilitar con la intención de lincharlo. Cabe destacar que dicho grupo se encuentra en plantón frente a las oficinas de gobierno para obstaculizar todo intento de solución pacífica a los problemas que aquejan a la comunidad.
Tercero: Posteriormente, este martes 18, a las 06:00 pm, nuevamente un operativo conjunto, pero ahora acompañados de granaderos que lanzaban granadas de gases lacrimógenos a diestra y siniestra sin importar la presencia de niños, mujeres y ancianos. El saldo es de varios heridos y de los que se reconocen como detenidos son: Noé Hernández García, José Manuel Gómez y Juan Daniel Gómez, y a dos menores de edad de nombres Juan Daniel Gómez Velásquez de 12 años y José Manuel Gómez Velásquez de 16 años edad, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
Denunciamos:
El carácter demagogo y represivo del gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, a Noé Castañón León, secretario de gobierno, quienes en reiteradas ocasiones dicen querer solucionar las demandas de la comunidad, mediante la instalación de una mesa de diálogo que ayude a destensar la situación, inclusive han firmado minutas con este compromiso, sin embargo, en los hechos refleja la verdadera actitud y posición política ante la gravedad de las condiciones en la comunidad, ya que el día 17 de junio del presente año en que se realizan los operativos represivos, se pretendía realizar una audiencia previamente agendada, pero por tal situación no pudo llevarse a cabo.
En estos momentos de tensión se teme por la situación de los que integramos el FNLS, por las detenciones extrajudiciales que pueden ocurrir en cualquier momento.
Este grupo paramilitar que opera en la comunidad autodenominado “Escuadrón de la muerte”, es quien está encabezando todos los operativos, vestidos con ropa militar o policía estatal según sea la corporación que esté a cargo, puesto que los que los dirigen son bien conocidos en la comunidad y han sido identificados, a saber, Bartolo Pérez, Paola García Consuegra y José Martínez Calvo,
Es más de un mes de tensión y zozobra que existe en la comunidad indígena que ha trastocado y violentado todos los derechos humanos de todos los habitantes, vulnerando en todo momento tanto a niños, mujeres, ancianos al no poder recobrarse la vida cotidiana; transcurre el tiempo de siembra y existe la posibilidad de que se pierdan los cultivos porque la presencia de los cuerpos represivos no permiten el libre tránsito de nuestros compañeros, a sus terrenos de cultivo.
A las autoridades solicitamos su intervención urgente con el objetivo de distender el conflicto evitando con esto que se generen nuevas agresiones y violaciones a los derechos humanos en contra de las comunidades indígenas tsotsiles y del FNLS.
A las organismos defensores de derechos humanos solicitamos de manera fraterna la acción de sus buenos oficios, su intervención en el ámbito de sus atribuciones para que se pronuncien por el cese de la represión, hostigamiento por parte de las corporaciones policiaco-militares, la criminalización de la lucha indígena-campesina y por los actos violentos cometidos por particulares que se autodenominan “Escuadrón de la muerte” cuyo actuar es de carácter paramilitar, en conjunto con corporaciones policiaco-militares.
A las organizaciones sociales, políticas, sectores organizados y colectivos se pronuncien contra la escalada represiva en el estado de Chiapas; por la liberación de los presos políticos, cancelación de las órdenes de aprehensión y la salida de los cuerpos represivos que mantienen en estado de sitio a la comunidad de Venustiano Carranza, en el estado de Chiapas.
Exigimos al Gobierno de Enrique Peña Nieto y Manuel Velasco Coello:
1. La desmilitarización de la región en la comunidad como garantía de verdadera voluntad política para solucionar el conflicto y para destensar el ambiente de represión que cunde en la comunidad.
2. Libertad de presos políticos Sebastián Gómez Vázquez, Miguel Vázquez Mendoza, José Ángel Alcázar Hidalgo, Juan Mendoza Espinoza, Rodrigo Díaz Solano, Ismael Díaz Coutiño, Catarina Gómez Martínez, José Manuel Vázquez Mendoza y José del Carmen Mendoza Espinoza que aún siguen en el penal de mediana seguridad El Amate, desde el mes de mayo, y la libertad de los compañeros que de manera arbitraria han sido detenidos durante este mes de junio.
3. Cancelación de órdenes de aprensión.
4. Mesa de negociación con el gobierno de Manuel Velasco Coello y Enrique Peña Nieto con carácter resolutivo.
Ante esta escalada represiva del Estado hacia nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Chiapas y el pais y, hacia el conjunto del movimiento popular, hemos emprendido una jornada de lucha el dia de hoy 20 de junio a varios estados de la republica.
En el distrito Federal, planton y confererncia de prensa en la casa de representacion de gobierno del estado de Chiapas.
En Michoacan, Puebla e Hidalgo conferencia de prensa.
En Chiapas, toma de las instalaciones del Consejo Estatal de Derechos Humanos de forma indefinida.
¡Libertad a los presos políticos y de conciencia!
¡Libertad a los 10 compañeros presos políticos de la OCEZ-CP-FNLS!
¡Alto a la represión!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS
Frente Popular Francisco Villa Independiente
FPFVI
Brigada Estudiantil Multidisciplinaria
Movimiento de Unificación y Lucha Triqui
MULT
Comité “Hasta Encontrarlos”
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH
Ccp. Senador Eviel Pérez Magaña, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República.
Ccp. Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
Ccp. Diputada Eufrosina Cruz Mendoza, Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados.
Ccp. Diputada Omeheira López Reyna, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Ccp. Javier Hernández, Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU.
Brasil: Primeras reflexiones
Emir Sader
ALAI AMLATINA, 20/06/2013.- El movimiento, que se inició como resistencia al aumento de las tarifas del transporte, fue inédito y sorprendente. Quién crea que puede captar de inmediato todas sus dimensiones y proyecciones futuras, muy probablemente tendrá una visión reduccionista del fenómeno, forzando la realidad para defender planteamientos previamente elaborados, para confirmar sus argumentos, sin dar cuenta del carácter multifacético y sorprendente de las movilizaciones.
No vamos a intentar esto en este artículo, solo queremos sacar algunas conclusiones que nos parecen claras.
1. La anulación del aumento (de los pasajes) constituye una victoria del movimiento y muestra la fuerza de las movilizaciones, más aún cuando se apoyan en una reivindicación justa y posible, tan es así que se pudo concretar.
2. Esa victoria, en primer lugar, refuerza concretamente el criterio de que las movilizaciones populares merecen la pena, sensibilizan a la gente, permiten hablar a toda la sociedad y sirven como fuerte factor de presión sobre los gobiernos.
3. Además de eso, el movimiento puso en discusión una cuestión esencial en la lucha contra el neoliberalismo: la polarización entre intereses públicos y privados, y el tema de quién debe financiar los costes de un servicio público esencial que, como tal, no debería estar sometido a los intereses de las empresas privadas, movidas por el lucro.
4. La conquista de la anulación del aumento se traduce en un beneficio para las capas más pobres de la población, que son las que usualmente utilizan el transporte público, demostrando que un movimiento debe buscar abarcar no sólo las reivindicaciones de cada sector de la sociedad en particular, sino atender las demandas más amplias, especialmente las que tiene a ver con los sectores más necesitados de la sociedad y que tiene más dificultades para movilizarse.
5. Tal vez el aspecto más esencial de las movilizaciones haya sido el de posibilitar que amplios sectores de la juventud entren en la vida política, sectores no contemplados por las políticas gubernamentales y que, hasta aquí, no habían encontrado sus formas específicas de manifestarse políticamente. Esta puede ser la consecuencia más permanente de las movilizaciones.
6. Quedó claro también que los gobiernos de diferentes partidos, unos más (los de derecha) y otros menos (los de izquierda), tienen dificultades de relacionarse con las movilizaciones populares. Toman decisiones importantes sin consultar y cuando se enfrentan con resistencias populares, tienden a reafirmar tecnocráticamente sus decisiones –“no hay recursos”, “las cuentas no cuadran”, etc.– sin darse cuenta de que se trata de una cuestión política, de una justa reivindicación de la ciudadanía, que está apoyada en un inmenso consenso social, que deben encontrar soluciones políticas, para lo cual los gobernantes fueron elegidos. Sólo tras muchas movilizaciones y de desgaste de la autoridad de los gobernantes, se toman las decisiones correctas. Una cosa es afirmar que se “dialoga” con los movimientos, otra es enfrentarse efectivamente con sus movilizaciones, más aún más cuando estos resisten las decisiones tomadas por los gobernantes.
7. Ciertamente un problema que el movimiento enfrenta son las tentativas de manipulación externas. Una de ellas, representada por los sectores más extremistas, que buscan insertar reivindicaciones maximalistas, de “levantamiento popular” contra el Estado, para justificar sus acciones violentas, caracterizadas como vandalismo. Son sectores muy pequeños, externos al movimiento, con infiltración policial o no. Consiguen el destaque inmediato que la cobertura mediática promueve, pero fueron rechazados por la casi totalidad de los movimientos.
8. La otra tentativa es de la derecha, claramente expresada en la actitud de los medios tradicionales. Inicialmente éstos se opusieron al movimiento, como acostumbran a hacer con toda manifestación popular. Después, cuando se dieron cuenta que podría representar un desgaste para el gobierno, la promovió e intentó insertar, artificialmente, sus orientaciones dirigidas contra el gobierno federal. Estas tentativas fueron igualmente rechazadas por los líderes del movimiento, a pesar de que un componente reaccionario se hizo presente, con el rencor típico del extremismo derechista, magnificado por los medios tradicionales.
9. Es de destacar la sorpresa de los gobiernos y su incapacidad para entender el potencial explosivo de las condiciones de vida urbanas y, en particular, la ausencia de políticas para la juventud por parte del gobierno federal. Las entidades estudiantiles tradicionales también fueron sorprendidas y estuvieron ausentes de los movimientos.
10. Dos actitudes se distinguen en el transcurso de las movilizaciones: la denuncia de que estaban siendo manipuladas por la derecha –cuestión claramente expresada en la acción de los medios tradicionales– y las tentaciones de oponerse al movimiento. Y la segunda es la de exaltar acríticamente al movimiento, como si éste encarnara proyectos claros y de futuro. Ambas son equivocadas. El movimiento surgió de reivindicaciones justas, promovido por sectores de la juventud, con sus actuales estados de conciencia, con todas las contradicciones que tiene un movimiento de este tipo. La actitud correcta es la de aprender del movimiento y actuar junto a él, para ayudar a que tenga una conciencia más clara de sus objetivos, de sus limitaciones, de las tentativas de ser usado por la derecha y de los problemas que suscitó y la manera de llevar a cabo la discusión de su significado y mejores formas de enfrentar sus desafíos.
El mayor significado del movimiento va a quedar más claro con el tiempo. La derecha sólo se interesará en sus estrechas preocupaciones electorales, en sus esfuerzos desesperados para llegar a al segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Sectores extremistas buscarán interpretaciones exageradas en el sentido de que estarían dadas las condiciones para impulsar alternativas violentas, lo cual se vaciará rápidamente.
Lo más importante son las lecciones que el propio movimiento y la izquierda –partidos, movimientos populares, gobiernos– puedan sacar de la experiencia. Ninguna interpretación previa da cuenta de la complejidad y de lo inédito del movimiento. Probablemente la mayor consecuencia sea la introducción de la temática del significado político de la juventud y de sus condiciones concretas de vida y de expectativas en el Brasil del siglo XXI. (Traducción: ALAI)
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Boletín de Democracy Now! en Español
jueves, 20 de junio de 2013
Corte invalida Ley Duarte que condenaba a tuiteros
La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la ley en Veracruz que castiga hacer afirmaciones falsas por cualquier medio, incluidas las redes sociales.
Por 10 votos contra uno, los ministros resolvieron que el artículo 373 del Código Penal de Veracruz viola la libre expresión, el derecho a la información y la exacta aplicación de la ley penal.
El congreso veracruzano aprobó esta disposición, conocida como Ley Duarte, en 2011, luego de que dos tuiteros divulgaron supuestos hechos del crimen organizado que resultaron ser falsos. Los legisladores optaron por sancionar la difusión de falsa información, incluso ambos tuiteros fueron encarcelados.
“Si bien existe interés público para evitar alarma, desasosiego, pánico o movilizaciones de personas de manera descontrolada o anárquica, generada por afirmaciones falsas, la medida del legislador no cumple con el requisito de necesidad“, dijo el ministro Jorge Pardo Rebolledo.
La SCJN invalidó esta ley tras una acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que buscó anular la disposición.
No obstante, después los legisladores locales reformaron la norma.
Con información de Reforma, El Universal
SLP ocupa el lugar 15 nacional en agresiones y ataques a periodistas
SELEN TERÁN
En su visita a San Luis Potosí para participar en el Foro Regional sobre Evaluación de Riesgos y Medidas para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el experto en materia de protección a defensores y defensoras de derechos humanos, y miembro de la Universidad de Investigación y Formación de Protección Internacional Luis Enrique Eguren, incongruentemente para la investidura del organismo que representa, evadió hablar con la prensa local ya que dijo, era una visita técnica a la que obedecía su presencia en la capital y no para dar entrevistas a la prensa local; en su lugar, la información fue proporcionada por el quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Fernando Batista Jiménez, quien aseveró que San Luis Potosí ocupa el lugar 15 a nivel nacional en agresiones y ataques contra periodistas; asimismo, confirmó que aún se desconoce el paradero de los dos periodistas desaparecidos en la zona Media y Huasteca el año pasado.
Con la presencia de diversas personalidades relacionadas con los derechos humanos, se dio inicio al primer foro abocado a la defensoría de los derechos de periodistas, al cual fue citada la prensa local, sin embargo al momento de abordar a Luis Enrique Eguren, quien representaba además a la Organización de las Naciones Unidas, este, en al menos tres ocasiones, rechazó dar entrevistas, primeramente argumentando que la situación del periodismo actual no permitía conceder la información solicitada, esto dicho a través de una persona que le acompañaba; en otro intento por abordarlo, justificó diciendo que a San Luis no venía a dar entrevistas.
En su lugar, el experto en protección a periodistas, Fernando Batista Jiménez, dio a conocer que a nivel nacional la CNDH tiene documentado, del 2000 a la fecha, 84 casos de homicidio en perjuicio del periodista; 20 casos de periodistas desaparecidos del 2005 a junio del presente año, y 39 casos de atentados a instalaciones de medios de comunicación a nivel nacional.
Lamentablemente, en todos los casos que han registrado persiste la impunidad, en 90 por ciento de los casos no se ha dictado una sentencia condenatoria: “en la medida que no se abata este problema, difícilmente las medidas de prevención pueden tener efectos positivos”, señaló.
Pese a esto, expresó que el estado potosino cuenta con un garante a la libertad de expresión al ya contar con la Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo en San Luis Potosí, la cual protege a la democracia y el estado de derecho, sin embargo la entidad se encuentra en el lugar décimo quinto de agresiones contra el ejercicio del periodismo, los estados con mayor número de quejas en perjuicio de dicha profesión son el Distrito Federal, Veracruz y Chiapas.
Las agresiones que son una constante son vejaciones a la seguridad jurídica, legalidad, libertad, trato digno, y a la integridad física y personal de los periodistas. En este caso, los grupos que arremeten contra la libertad de expresión a través de los comunicadores son el crimen organizado y las autoridades.
Periodistas desaparecidos en San Luis Potosí
El 13 de mayo de 2012, Federico Manuel García Contreras, reportero gráfico del diario Punto Crítico con sede en el Distrito Federal, fue reportado como desaparecido sus familiares, presuntamente en el municipio de Tanquián de Escobedo; a más de un año que esto ocurriera, la CNDH verifica que se integre la averiguación previa.
Con respecto del caso de Adela Jazmín Alcaraz López, vista por última vez el 2 de octubre del año pasado, Batista Jiménez expresó que el expediente sigue abierto, la comisión está verificando que las averiguaciones previas no estén vulnerando los derechos humanos; la indagatoria se encuentra en la Fiscalía Especial para la Libertad de Expresión, misma que fue remitida a la Procuraduría General de Justicia del Estado: “lo importante aquí es que se encuentren a los periodistas, y sobre todo que no queden impunes”, finalizó.
Marchistas en el DF denuncia represión de RMVR; pedirán hoy a Malverde ablande su corazón
Por : Yadira Llaven
En represión a la Marcha-Caravana por la Dignidad de los Poblanos, el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas efectuó la tarde de este miércoles dos operativos violentos para decomisar 10 mototaxis en los municipios de Acatzingo y Cuautlancingo; mientras que el Ministerio Público de Cholula mandó a citar hoy jueves al abogado defensor de este gremio Hilario Alonso, como medida de presión para que renuncien a la movilización.
Lo anterior fue denunciado por la diputada federal Roxana Luna Porquillo, quien encabeza el plantón indefinido que más de un millar de poblanos mantiene instalado frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación federal (Segob), sobre la Avenida Bucareli de la capital del país.
A manera de sátira, este jueves a las 13 horas los marchistas poblanos se trasladarán a la capilla del santo de los narcos Jesús “Malverde”, para pedir que se ablande el corazón del gobernador panista y atienda la demanda de su pueblo.
Los ejidatarios, campesinos, mototaxitas, tianguistas y comuneros poblanos marcharán de la Avenida Bucareli sobre Reforma hasta llegar a la Avenida Hidalgo, en pleno centro de la ciudad de México, donde se encuentra una capilla en honor al “bandido milagroso”.
Para el acto, los inconformes están convocando a los medios de comunicación nacional, a quienes evidenciarán la represión y criminalización de la lucha social que padecen del gobernador de Puebla, motivo por el cual precisamente se encuentran en protesta en la ciudad de México.
“El gobierno del estado nos están reprimiendo con operativos, con citatorios judiciales a nuestro grupo de abogados, pero esta agresión no nos amedrenta, nos fortalece”, dijo anoche al teléfono la legisladora cholulteca.
Se desangran frente a la Segob federal para protestar contra insensibilidad de Moreno Valle
Por : Yadira Llaven
Ante la insensibilidad del gobierno morenovallista para dar respuesta a los rezagos que se padecen en la entidad, se desangró una comisión de la Marcha–Caravana por la Dignidad de los Poblanos frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación federal (Segob), como una forma de presión para exigir a las autoridades estatales y federales que se instalen mesas de trabajo y se resuelva el rezago de padecen ejidatarios, campesinos, obreros, comerciantes y otros grupos sociales del estado de Puebla.
El acto se llevó a cabo a las 13 horas frente al edificio público, ubicado en la Avenida Bucareli de la capital del país, donde se encuentra instalado un plantón indefinido de un millar de integrantes de la marcha.
La legisladora federal Roxana Luna, junto con integrantes del Movimiento Nacional los de Abajo y varios frentes sociales del estado de Puebla, se quitaron sangre con jeringas, que utilizaron como tinta en pancartas para demandar audiencia y diálogo al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
La decisión de quitarse sangre y pintar con ello algunas mantas en contra del gobierno panista, será llevó a cabo con la supervisión de médicos y enfermeras para evitar un problema de salud.
Este acuerdo se tomó en una asamblea pública, efectuada a la medianoche de este martes a mitad de la Avenida Bucareli, en la que participaron más de 3 mil manifestantes que marcharon a pie de la ciudad de Puebla a la capital del país.
Lo anterior luego de que no se llegó a un acuerdo con funcionarios de la Secretaría de Gobernación federal (Segob), en un primer acercamiento, para instalar mesas de trabajo y resolver demandas de índole estatal y federal, como el rescate del campo, la regularización del servicio de transporte de mototaxis, y la cancelación de la construcción del Libramiento Poniente, entre otras peticiones.
Tras la protesta, tanto hombres como mujeres que participan en el plantón lanzaron al cielo 20 palomas blancas, que simbolizan la paz, el diálogo y la concordia, que consideraron debe tener el gobernador Rafael Moreno Valle.
“Esperamos que estas aves de paz surque los cielos y lleguen a Casa Puebla y a las oficinas del gobernador”, exclamó la legisladora federal Roxana Luna Porquillo, quien encabeza la marcha.
En las patas de las palomas iba escrito el mensaje: “sólo queremos audiencia señor gobernador, escúchenos, los poblanos queremos diálogo”.
En su arribo a la capital del país, la marcha poblana recibió el respaldo del Movimiento Nacional Los de Abajo, de diputados federales y asambleístas de la ciudad de México, estos últimos a través de la legisladora Ana Julia Hernández Pérez, quienes llevarán a la tribuna legislativa este jueves un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Rafael Moreno Valle que atienda y reciba a los inconformes.
Los diputados federales pidieron públicamente al gobernador poblano respeto al derecho de audiencia y se frene la criminalización de los movimientos sociales en el estado.
En el tercer día de protestas, Luna Porquillo refirió –en entrevista telefónica– que sólo buscan una audiencia y diálogo público con el titular del Ejecutivo de Puebla para resolver los diversos problemas de trabajadores, campesinos, mototaxistas y vendedores ambulantes.
Informó que una comisión de los más de 3 mil inconformes que arribaron a la Ciudad de México, en la marcha masiva por la Dignidad de los Poblanos, sostuvo la noche del martes una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, a quienes pidieron sean garantes e interlocutores para que Rafael Moreno Valle instale mesas de trabajo para solucionar las problemáticas de la entidad.
La diputada cholulteca advirtió que, de lo contrario, si hay desinterés del gobierno morenovallista por atender la demanda, el plantón se quedará de forma indefinida afuera de las oficinas que dirige Miguel Ángel Osorio Chong.
Otros problemas que se denunciaron al paso de la Marcha–Caravana son la adjudicación de 480 hectáreas de la zona del volcán Izta–Popo, que está en manos de particulares de la comunidad de San Lucas Atzala.
También plantearon la posibilidad de establecer un centro de abasto para los campesinos de la región de las Cholulas, quienes suministran todas las hortalizas a Puebla y el Distrito Federal, para acabar con el coyotaje de los productos.
La diputada de origen cholulteca adelantó que la Segob se comprometió a dar respuesta este viernes al contingente poblano, por lo que estarán en pie de lucha hasta ese día.
“Mientras no haya respuesta del gobierno federal, no nos moveremos de Bucareli”, advirtió.
Denuncian actos de intimidación de la empresa Esperanza Silver
Raúl Morales Velázquez
CUERNAVACA. Activistas del Movimiento Morelense en Contra de las Concesiones de Metales Preciosos, presentaron ayer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en la que denuncian actos de intimidación por parte de personal de la Minera Esperanza Silver y autoridades municipales, así como en contra del Sistema Operativo de Agua Potable de San Agustín Tetlama.
Por su parte, ex trabajadores de la minera exigieron al gobierno del Estado les dé empleo, “porque, al irse el proyecto de Morelos, más de 70 familias no tenemos recursos”.
Primero, los integrantes del movimiento mencionaron que especialmente las intimidaciones son contra los habitantes de Tetlama opositores, que desde el día 19 de mayo del año en curso se unieron a este movimiento en contra de la explotación de la mina, así como a opositores de Cuentepec, Milpillas y Tetlama, los cuales han sido vigilados y amedrentados por dispositivos policiacos.
Los afectados señalaron, al inicio de su queja, que desde el mes de enero del año en curso se han realizado diferentes acciones de intimidación, persecución, golpes, allanamientos, entre otros, por parte de policías de Temixco y otras personas; por lo que se les hizo la invitación a denunciar dichos actos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Ante este escenario el organismo que encabeza la ombudsman Lucero Ivonne Benítez Villaseñor radicó la queja número 270/2013-6, en donde se solicitaron los informes respectivos al gobernador constitucional del Estado, al presidente municipal de Temixco, al secretario
de Seguridad Pública de Temixco y al Sistema de Agua Potable de San Agustín Tetlama; así como adoptar las medidas precautorias necesarias por parte de las autoridades antes señaladas; y a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, evitar enfrentamientos entre particulares, con la finalidad de prevalecer el orden y la paz pública.
Más tarde, en Casa de Morelos, un grupo de ex trabajadores de la minera Esperanza Silver, encabezados por Manuel Espínola acudieron a exigir al mandatario estatal les apoye y que se les regresen sus empleos; “no se vale que el gobernador haya hecho hasta lo imposible por sacar el proyecto de Morelos, a pesar de que la mayoría de la comunidad estaba a favor del proyecto, que nos daba empleo a 70 habitantes con un sueldo de mil 750 pesos semanales”.
Consideraron, los que están a favor de la mina, que en todo trabajo hay riesgos; “lo único que queremos es trabajar, por eso acudimos a que el gobierno nos apoye, porque a pesar de que la empresa estaba haciendo las cosas correctas, el gobierno ayudó para que esto no se lograra, sin importarle que nos quedáramos varias familias sin la fuente de empleo”.
Dijo Manuel Espínola que la empresa otorgó muchos apoyos a las comunidades, “apoyos que el gobierno jamás nos dio, en escuelas, salud, y a la misma comunidad”; se dijeron conscientes de los posibles daños ambientales que ocasionaría el proyecto; “todos los sabemos, era un riesgo que se corría”.
Afirmaron que de no darles respuesta favorable, “tomarán varias dependencias para presionar al gobierno para que les dé apoyos”.
Agreden a activistas de Taxco que fueron a SG
RAYMUNDO RUIZ AVILÉS ( Corresponsal)
Ciudad de México, 19 de junio. Integrantes de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), entre ellos el diputado federal Sebastián de la Rosa Peláez, quienes se unieron a otras organizaciones sociales del Frente Amplio Campesino en esta ciudad, fueron agredidos por granaderos durante la marcha que realizaron en la ciudad de México para protestar por la retención de los recursos de vivienda rural, los cuales frenan 20 proyectos de casas para la comunidad indígena de Tlamacazapa y por el incumplimiento al Nuevo Pacto Rural.
Los taxqueños llegaron hasta la ciudad de México en el Monumento a la Revolución para reunirse con otras organizaciones y marchar contra la nula respuesta del gobierno federal por apoyar al campo.
Cientos de personas demandaron una nueva reforma para favorecer al sector agrícola. En el trayecto, los manifestantes exigieron que se liberen los recursos de vivienda rural federal, que afecta a las comunidades del país.
En la caravana, donde estuvo presente el diputado federal De la Rosa Peláez, así como líderes de Guerrero de la CODUC, exigieron que en el Pacto por México se incluya al sector y también se despolitice el tema del campo.
En tanto, los taxqueños exigieron al presidente Enrique Peña Nieto la liberación de recursos para 20 viviendas para indígenas de la comunidad de Tlamacazapa, que están detenidos.
Los integrantes de la organización manifestaron que es necesario que se reaperturen los apoyos a los indígenas de Guerrero, donde Tlamacazapa es uno de los más afectados.
Llegaron hasta la Secretaría de Gobernación (SG) para la realización del Nuevo Pacto por el Campo y ante el rompimiento del diálogo dentro del lugar, abandonaron el recinto, aunque afuera ya los esperaban los policías federales, quienes agredieron a los manifestantes entre ellos al diputado De la Rosa Peláez, así como otros activistas de Guerrero.
De la Rosa Peláez explicó que después que ingresaron a la SG y al romperse el diálogo, salieron del recinto, pero los policías “en una confusión” empezaron a empujar a los de la CODUC.
La PCP explica a universitarios del DF sus diferencias con la Crac y la Upoeg
Las tres organizaciones se levantaron en armas para prevenir y combatir actos delictivos, afirma
SALVADOR CISNEROS SILVA ( Enviado)
Ciudad de México, 19 de junio. Ante estudiantes de la UNAM, la UAM y Chapingo, los integrantes de la Policía Comunitaria y Popular explicaron que la Crac, la Upoeg y la PCP “nos levantamos en armas para combatir y prevenir los actos delincuenciales; tenemos la responsabilidad de vigilar”.
“No nos organizamos para hacer la guerra; nosotros somos partidarios de la paz, del amor a la naturaleza y el respeto a la vida; además, (vinimos a) exigir al gobierno el retiro del Ejército y la Marina de nuestro territorio, ya que sólo han estado hostigando a los pobladores”, agregó una de las dirigentes, Sitlaly Pérez Vázquez.
En su cuarto día de brigada nacional denominada La Palabra que Camina, la PCP visitó la Universidad Nacional Autónoma de México, la Autónoma Metropolitana y la de Chapingo, donde fueron recibidos con entusiasmo. Posteriormente denunciaron que los guardias de seguridad privada irrumpieron en los autobuses donde viajan, revisaron las mochilas de los brigadistas y las dejaron tiradas.
Las condiciones de viaje han sido precarias: han tenido que pedir donaciones para comprar tortillas y arroz para comer, además de dormir en pasillos y en el piso de bodegas, y de pasar frío.
En las universidades que visitaron explicaron el motivo de la brigada nacional y lo que es la PCP, cuándo surgió, sus principios y lo que implica el sistema de seguridad y justicia.
“La Policía Ciudadana y Popular nació primeramente el 2 de diciembre del 2012, con motivo del 38 aniversario de la muerte de profesor Lucio Cabañas Barrientos y por la presencia de la delincuencia organizada en el territorio comunal de Temalacatzingo; por segunda vez, el 13 de febrero del 2013, ante el constante robo de ganado, tala de árboles, asaltos y toda la delincuencia organizada que se notaba en el territorio. Por ello surgió la Policía Ciudadana y Popular de Cualac”, explicó durante su participación el comandante Tespostototl.
En las tres universidades se le preguntó a los representantes la diferencia entre la PCP, la Crac y la Upoeg, a lo que explicaron que “todos nos levantamos en armas para combatir y prevenir los actos delincuenciales; tenemos la responsabilidad de vigilar, de velar por los intereses de nuestros pueblos, pero lo que nos diferencia de las otras policías es que nosotros trabajamos para promover el desarrollo de las comunidades desde abajo, construyendo la soberanía popular porque sabemos que ésta es la verdadera democracia, la democracia participativa a través de las asambleas, trasformación social de nuestra forma de pensar, de convivir y de cuidar a la naturaleza, porque ella es la que nos da la vida”.
Los universitarios agradecieron a la PCP su presencia. “Nos llena de alegría el tenerlos en nuestro plantel y que anden recorriendo las universidades para invitarnos a ser partícipes de este movimiento que pretende hacer una transformación social. Sabemos que no es nada fácil, pero ustedes nos están dando el ejemplo para dar el primer paso, y nosotros como estudiantes tenemos que ser partícipes”, dijo un estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Por otra parte, en entrevista, la representante Sitlaly Pérez Vázquez denuncio que durante su estancia en la UNAM, la policía privada de la universidad cometió abusos contra la PCP: “cuando terminamos la presentación en la Facultad de Ciencias Políticas y al ingresar a nuestro camión en el que nos transportamos, nos dimos cuenta de que la policía había revisado los objetos y pertenencias, ya que las cosas estaban tiradas y las mochilas no estaban en donde mis compañeros las habían dejado”.
Torturan militares a mujer en Petatlán, acusan vecinos
HERCILIA CASTRO ( Corresponsal)
Zihuatanejo, 19 de junio. Vecinos de San Jeronimito, municipio de Petatlán, denunciaron que hace tres días entró un convoy militar del 19 Batallón, con asiento en esa cabecera, y torturaron y golpearon a una anciana de 60 años “para que confesara” dónde estaba su hijo, y la encadenaron en su propia casa, ubicada en la entrada a Potrerillo.
Manifestaron que el convoy llegó a la entrada de Potrerillo y se dirigió a la casa de la mujer. “Todos vieron a los guachos, pero se echaron a correr porque les tienen miedo”. La anciana de 60 años no huyó de los militares.
Sin embargo, testigos en el lugar se dieron cuenta de que la mujer fue encadenada a una silla y golpeada simultáneamente en ambos ojos; “la emborracharon, le empinaban botellas de vino para que confesara y la encadenaron”.
Una vecina de San Jeronimito, que omitió su nombre por seguridad, mencionó que le exigían a Martha que dijera dónde estaba su hijo, porque ella sabe a lo que se dedica, pero la anciana no podía hablar por los golpes propinados por los militares.
Los uniformados dejaron golpeada y encadenada a la mujer, que se dedica a los quehaceres domésticos, recoger botes de plástico y hacer mandados para obtener dinero para su manutención.
Las autoridades tienen en sus manos una nueva oportunidad para combatir la violencia contra las mujeres.
El día de hoy, Amnistía Internacional ha dirigido una carta a la secretaría del Sistema Nacional para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPSEVCM), con motivo de su reunión el día de mañana, 21 de junio, solicitando a esta dependencia reconsiderar su decisión de rechazar la declaración de la alerta de violencia de género en el Estado de México.
La alerta de género es un mecanismo de emergencia previsto en la legislación para hacer frente a la violencia de género, incluyendo los feminicidios.
Amnistía Internacional ha visto con preocupación cómo pese a que la violencia contra mujeres y niñas es generalizada en numerosas estados, y que se ha solicitado en diferentes ocasiones la aplicación de esta medida, hasta el momento se ha rechazado reiteradamente. Esta es una muestra más de la falta de aplicación efectiva de la legislación para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres.
La organización reitera su llamado a las autoridades mexicanas para que estas modifiquen sus procedimientos para así garantizar la aplicación efectiva del mecanismo de alerta de violencia de género y otras medidas para erradicar la violencia contra las mujeres.
Esta preocupación ha llegado también a organismos internacionales. El Comité para la Eliminación de todas las formas de Violencia Contra las Mujeres expresó en 2012 su preocupación por el aplazamientos en la aplicación de los mecanismos de protección previstos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en particular […] las ineficiencias procesales que previenen la activación del Mecanismo de Alarma de Género, y recomendó al Estado mexicano abordar urgentemente los obstáculos que limitan la activación del mecanismo de Alerta de Género.
Amnistía Internacional, considera que las autoridades mexicanas están ante una nueva oportunidad de mostrar su compromiso real con la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Para ello, el SNPSEVCM, debe decidir de manera fundada y motivada sobre la procedencia de la declaratoria de alerta de género en el Estado de México.
Información adicional
En enero de 2011 el SNPSEVCM rechazó la declaratoria de alerta de género en el Estado de México. Ante esto, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) presentaron un amparo que finalmente llevó a una resolución judicial que obliga al Sistema considerar nuevamente su decisión de forma motivada y fundad.
Amnistía Internacional ha denunciado que un problema fundamental en torno a la inoperatividad de la alerta de violencia de género es que el SNPSEVCM se compone de ciertas instancias federales y de los institutos de la Mujer de los diferentes estados, los cuales dependen directamente del ejecutivo de cada estado. Así los ejecutivos estatales se convierten en juez y parte en la decisión, puesto que una medida que podría afectarlos es decidida por ellos mismos.
La alerta fue establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia justo para romper este círculo de impunidad y lograr una respuesta efectiva de diversas autoridades con la participación de la sociedad civil. La dificultad experimentada en la práctica para utilizar este mecanismo suscita serias preocupaciones acerca del compromiso de las autoridades federales y estatales en cuanto a la utilización de todos los medios disponibles en la lucha contra la violencia basada en el género.
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