viernes, 10 de mayo de 2013
Madres de desaparecidos exigen búsqueda efectiva de sus familiares
Con la consigna: “Hijo, escucha, tu madre está en tu busca”, marchan al Ángel de Independencia.
Fernando Camacho Servín
Publicado: 10/05/2013 10:49
México, DF. Decenas de familiares de víctimas de desaparición participan en este momento en la segunda Marcha de la Dignidad Nacional, en demanda de que las autoridades hagan una búsqueda efectiva de sus seres queridos.
En medio de consignas como “Hijo, escucha, tu madre está en tu busca” y “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, los manifestantes caminan sobre Paseo de la Reforma rumbo al monumento del Ángel de la Independencia.
Los padres y familiares hicieron una breve pausa frente a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), donde el jueves un grupo de padres y madres de desaparecidos inició un plantón y huelga de hambre para exigir que el gobierno les explique de qué forma está buscando a sus hijos y les dé resultados sobre las investigaciones de sus casos.
Acusan a policías ministeriales por golpear violentamente a ciudadanos de Xoxocotla
Hugo Barberi Rico
PUENTE DE IXTLA. Policías ministeriales fueron acusados de golpear con violencia al jefe de la policía y a cuatro ciudadanos más de Xoxocotla, cuestión que indignó a la población que pide el encarcelamiento de los miembros del comando ministerial, plenamente identificados por los afectados, quienes culpan al mismo director de la corporación judicial, Román Rueda Herrera.
Los pobladores estuvieron a punto de cerrar durante la tarde-noche del martes la vía más transitada de la región, la carretera Alpuyeca-Jojutla a la altura de Xoxocotla, para exigir el encarcelamiento del grupo de ministeriales, a quienes acusan de haber interceptado a un grupo de personas que venían de la celebración religiosa de la conmemoración de la Asunción del Señor; y golpearon brutalmente a los cinco, espantaron a las mujeres e hicieron un desastre en minutos.
Cuentan testigos que un comando de la policía ministerial, encabezado por el director, Román Rueda Herrera, a bordo de las patrullas 01350, 01205, y 01212, interceptó a los ciudadanos de Xoxocotla alrededor de las 15:30 horas a la altura del río Apozonalco, en el centro de esta comunidad autóctona, cuando venían de una celebración del Huentle, los golpearon y les pedían que les dijeran “quién era el bueno” que había matado a una persona, y al no recibir respuesta los golpearon salvajemente.
El delegado de Xoxocotla, Javier Jiménez Jiménez, precisó que cuando los pobladores regresaban del rito efectuado en la cueva de Cuentepec, les cayó la judicial con elementos de la policía estatal, “bajaron a los compañeros que venían en una camioneta particular, y fueron golpeados violentamente; uno de ellos es comandante de la policía de Xoxocotla, se identificó y aun así lo siguieron golpeando, y ahorita lo tenemos grave en el hospital”.
Director de la ministerial
principal agresor
Exigió la destitución del director de la ministerial de Jojutla, “porque el compañero lo señala como el principal agresor que lo estuvo pateando”, y le generó estallamiento de vísceras. Además “está golpeado de todo el cuerpo, en la cara, y le aflojaron todos los dientes. Fue algo brutal”.
Advirtió que iniciarían una carpeta de investigación, pero que lo principal era la destitución del director; “quiero presos a todos los que participaron porque golpearon a
gente que era inocente, y espantaron a las mujeres; y no lo voy a permitir. Que paguen por lo que hicieron, porque no es justo lo que hicieron”.
Comentó que los judiciales “así trabajan, te detienen sin saber si eres o no eres; y te culpan, como todos lo sabemos”.
Por los hechos fueron internados en el hospital general Ernesto Meana San Román de Jojutla donde hasta el cierre de la presente edición se reportó como delicado de salud el mismo comandante de la policía de Xoxocotla José Rivera Chávez, mientras que los otros cuatro lesionados, los policías Eloy Rivera Sánchez de 46 años; Carlos Rivera Bastida de 24 años de edad; David de Jesús Olvera de 22 años; e Israel Beltrán Montes de 28 años de edad, fueron dados de alta.
Más tarde, por su condición, el jefe policiaco de Xoxocotla fue trasladado a un nosocomio de la ciudad de Cuernavaca.
Entrevistados al ser dados de alta, los afectados coincidieron en que la agresión de los judiciales fue directa e injustificada .
“Nos dijeron que nos bajáramos, nos bajamos, y luego nos comenzaron a golpear. Nos tiraron al suelo, nos patearon, nos preguntaban `el nombre´, les contestábamos y nos pateaban”, dijo uno de los afectados, mostrando los golpes en el cuerpo; “nos tenían bocabajo y nos pisaban la cabeza”, concluyó.
Agentes ministeriales
involucrados fueron suspendidos
De su lado, el director de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, Efrén Vega Giles, dijo que antenoche se entrevistó el delegado de Xoxocotla con el procurador Rodrigo Dorantes Salgado y funcionarios del gobierno del estado ante la inconformidad popular respecto a la denunciada agresion. Precisó que debido a lo acontecido los agentes ministeriales involucrados fueron suspendidos, se inició un procedimiento administrativo y serán llamados a comparecer entre ayer y hoy.
Por otro lado, comentó que mostraron el album fotográfico de la policía ministerial para facilitar la identificación de los señalados, a quienes han declarado en torno a los hechos, pero que también se mencionan como imputados policías estatales y municipales.
También afirmó que el jefe policiaco de Xoxocotla está fuera de peligro.
Decomisa la Comunitaria armas y equipo a policías estatales de San Luis Acatlán
CORRESPONSALÍA
San Luis Acatlán, 9 de mayo. En una acción sin precedentes, integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) llevaron a cabo una incursión en las sedes policiacas estatales asentadas en los municipios de San Luis Acatlán y Malinaltepec para decomisarles armas y equipo de comunicación.
Los hechos ocurrieron luego de que no se pudiera concretar una reunión pactada con autoridades estatales que habría de realizarse este jueves a las 10 de la mañana, según refirieron mandos policacos de la CRAC.
Un día antes, el miércoles, policías comunitarios habían retenido a un juez de instructor, un comandante de la policía ministerial y cuatro agentes ministeriales en protesta por la detención que sufrieron en Acapulco a seis elementos de la CRAC, entre ellos su coordinador Eliseo Villar Castillo.
Leonel Vázquez Leal, comandante de la CRAC, informó que los detenidos no serán liberados sino hasta que haya algún acuerdo con las autoridades estatales para su liberación.
Los policías se desplazaron hasta las comandancias y decomisaron 21 rifles AR-15, seis pistolas 9 milímetros y 380, así como un tanque de gas lacrimógeno, balas y un chaleco antibalas, mismos que mostraron a la prensa.
El problema, relató el coordinador regional de la CRAC, Raúl de Jesús Cabrera, es que se habría de realizar una mesa de diálogo con las autoridades estatales, para liberar dos patrullas, 18 armas entre cortas largas y teléfonos celulares de los policías, que les fueron decomisadas por los militares que los detuvieron en Acapulco cuando habían viajado a realizar una diligencia.
Sin embargo, la comisión del gobierno, que estaría encabezada por la procuradora Martha Elva Garzón Bernal no se presentó y sólo llamaron para decirles que se realizaría el encuentro en San Marcos o en Acapulco, a lo que los policías no aceptaron.
En las acciones participaron elementos de las cuatro casas de seguridad que integran el sistema de justicia de la CRAC, informó el coordinador Eliseo Villar Castillo, quien a su vez dijo que los funcionarios retenidos no serán liberados hasta que haya un acuerdo con las autoridades para la devolución de las pertenencias de la agrupación.
Por otra parte, en un comunicado el diputado del PAN, Marcos Efrén Parra Gómez, afirmó que las acciones de la policía comunitaria son “un peligroso desafío al Estado que enfrenta las consecuencias de negarse a aplicar la ley”.
Dijo que las acciones de la CRAC-PC son “más de insurgencia que de seguridad con tal de que no lo acusen de represor”.
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¿Están el FBI y el IRS leyendo los mensajes de correo electrónico de la gente sin una orden judicial?
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10 de mayo un día para la verdad y la justicia
“Hijo escucha, tu madre está en la lucha”, este fue uno de los gritos que hoy, 10 de mayo, día de las madres en México, resonó en el centro de la Ciudad de México, en boca de cientos de madres de personas desaparecidas en los últimos años en el país.
“Un país donde la madre de una víctima tiene que dedicarse a vender dulces en las calles para así poder venir a la Ciudad de México y exigirles a las autoridades que investiguen, es un país donde la justicia es más una ilusión que un derecho”, declaró esta mañana Daniel Zapico, Director de Amnistía Internacional en México acompañando junto a otros integrantes de la organización y de otras organizaciones de derechos humanos a los cientos de familiares de víctimas de desaparición y desaparición forzada.
El día de hoy, Amnistía Internacional acompaña a los familiares de víctimas de desaparición durante la “2da Marcha de la dignidad nacional” que partiendo del Monumento a las Madres, llegó al Ángel de la Independencia de la Ciudad de México.
Esta caravana se integra fundamentalmente por madres de personas desaparecidas que exigen verdad y justicia sobre los miles de casos de desapariciones sin resolver, incluso desapariciones forzadas– es decir, desapariciones ocurridas con la participación de agentes del estado-.
“Hoy 10 de mayo es un día muy especial para muchas mujeres que son madres en México. Sin embargo, para estas mujeres es un triste un recordatorio de la ausencia de sus hijas e hijos.” Afirmó Zapico. “A este dolor se suma la desesperación de no saber que les ha pasado y sin embargo, tener la certeza de que las autoridades se niegan a investigar de forma efectiva.” Agregó Zapico.
Amnistía Internacional llama a las autoridades a que reconozcan la dignidad de la lucha de las familias y actúen de manera pronta para cumplir con sus justos reclamos qué exigen el esclarecimiento de las desapariciones y llevar ante la justicia a los responsables.
Durante el evento, la organización también anunció el lanzamiento del sitio web “www.nuncaolvidaremos.org” a través del cual busca recolectar más de 20 mil firmas respaldando la exigencia de justicia de las familias de las víctimas de desaparición y desaparición forzada.
“Sus familias no están solas, miles de personas más compartimos su dolor y su indignación y nos sumaremos a sus reclamos de justicia hasta que el acceso a la verdad y la justicia no llegue a hasta la última de ellas.” Concluyó Zapico.
“Ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables” y “Vivos se los llevaron y vivos los queremos” fueron otras de las frases que las madres gritaron en el centro de la Ciudad de México.
Información adicional.
Amnistía Internacional escribió a Enrique Peña Nieto durante sus primeros días en la presidencia para resaltar las acciones urgentes que se requieren para atender la grave situación de derechos humanos, en especial los casos de desapariciones. Durante los últimos meses Amnistía Internacional ha continuado documentado esta alarmante situación.
Durante su visita a México, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, señaló una serie de acciones que las autoridades deben implementar para priorizar la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia en garantía del derecho a la vida, entre las cuales se incluyen investigar efectivamente los casos de desapariciones y construir, en colaboración con los gobiernos de Centroamérica, una base de datos de personas desaparecidas que incluya información biométrica.
Recientemente las autoridades mexicanas reconocieron al menos 26,000 casos de desapariciones ocurridas en los últimos años, la mayoría de los cuales permanecen sin ser investigados. Tampoco existe información sobre cuántos de estos casos podrían constituir desaparición forzada.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta caso sobre México a la CorteIDH
Difusión México D.F., 9 de mayo de 2013
Boletín de prensa
CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el Caso No. 12.288, García Cruz y Sánchez Silvestre, México.
Los hechos de este caso se refieren a la detención ilegal y tortura de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, así como por sus posteriores condenas a 3 años y 40 años de prisión, como consecuencia de dos juicios penales en los que no se observaron las garantías del debido proceso, en particular por la utilización de sus confesiones obtenidas bajo tortura y por la falta de investigación y sanción de los hechos denunciados.
Desde las primeras diligencias de investigación en junio de 1997, y durante el proceso en su contra, García Cruz y Sánchez Silvestre denunciaron en repetidas ocasiones ante las autoridades judiciales pertinentes haber sufrido lesiones por parte de agentes estatales durante sus declaraciones ministeriales con la finalidad de que aceptaran su culpabilidad en los hechos respecto de los cuales se les procesaba. No obstante, las autoridades ministeriales o judiciales no iniciaron una investigación con base en los certificados médicos y las denuncias recibidas. Fue recién en 2002 que se inició una investigación previa con respecto a presuntas lesiones, la cual habría concluido debido a que Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre no interpusieron una querella criminal.
Las víctimas fueron investigadas y procesadas en dos causas penales tramitadas sobre la base de las mismas declaraciones ministeriales, en las cuales manifestaron que la detención no se realizó en el lugar indicado por los policías judiciales que la practicaron; y que fueron lesionados y torturados por aquellos. Dichas declaraciones fueron consideradas por el poder judicial a la luz de su presunta culpabilidad y colocando la carga de la prueba en su contra, en contravención con el principio de presunción de inocencia. Asimismo, dentro de las etapas iniciales de dichos procesos los señores García Cruz y Sánchez Silvestre no fueron asistidos adecuadamente por el defensor de oficio, lo que ocasionó violaciones a su derecho de defensa.
El caso se envió a la CorteIDH el 17 de marzo de 2013 porque la Comisión consideró que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en su Informe de Fondo sobre el caso. En dicho informe, la Comisión Interamericana recomendó al Estado que realice una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, con el objeto de investigar las violaciones a la integridad personal y a la libertad personal cometidas en contra de García Cruz y Sánchez Silvestre; que adopte medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole, con el objeto de adecuar la legislación y las prácticas mexicanas a los estándares interamericanos en materia de tortura; que adopte las medidas necesarias para revisar la validez del proceso penal seguido en perjuicio de García Cruz y Sánchez Silvestre, en virtud de los derechos que le fueron conculcados, especialmente el valor probatorio dado a las confesiones rendidas por las víctimas bajo efectos de tortura; reparar plenamente a García Cruz y Sánchez Silvestre incluyendo tanto el aspecto moral como el material, por las violaciones de los derechos humanos aquí establecidas; y adoptar medidas para prevenir la repetición de hechos similares a los relacionados con el presente caso.
Con posterioridad al envío del caso a la CorteIDH, el Estado de México presentó información sobre avances en relación con las recomendaciones emitidas por la CIDH en el Informe de Fondo de este caso. Según esta información, el 11 de abril de 2013 fue revocada la sentencia condenatoria en perjuicio de las víctimas, y el 18 de abril de 2013 se decretó su liberación y se ordenó la cancelación de sus registros penales. Estas acciones fueron consecuencia de una sentencia de amparo del 25 de marzo de 2013, que instruyó a la autoridad judicial competente a declarar nula la sentencia contra García Cruz y Sánchez Silvestre y a dictar otra en su lugar, considerando el derecho de las víctimas a una adecuada defensa, que la confesión fue obtenida por medio de la tortura, y que la declaración de los agentes del Estado que realizaron el arresto carece de eficacia como prueba testimonial.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos y elegidas por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Reportaje de Contralínea sobre García Cruz y Sánchez Silvestre
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
jueves, 9 de mayo de 2013
Europa: Presión política para que Peña respete derechos laborales
MARCO APPEL
BRUSELAS (apro).- El panorama de los derechos laborales en México ha generado tal grado de preocupación que sindicatos internacionales han decidido movilizarse para denunciar al gobierno mexicano y apoyar a los trabajadores del país.
Como parte de esa movilización mundial, una delegación del sindicato global IndustriALL, con sede en Ginebra, Suiza, prepara un viaje a México para entrevistarse con el presidente Enrique Peña Nieto y exhortarlo a que cumpla con las convenciones internacionales en la materia y con las recomendaciones dirigidas a las autoridades del país por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Más aún, esa asociación sindical —que dice contar con 50 millones de trabajadores adherentes de la industria minera, energética y de la manufactura en 140 países— está en pláticas con la OIT para que representantes suyos se unan a la delegación, afirma el brasileño Fernando Lopes, secretario general adjunto de IndustriALL en Ginebra, quien prevé que esa visita a México se realice “en julio o agosto”.
En declaraciones a Apro, Lopes cuestiona la nueva Ley Federal del Trabajo —promulgada el 1 de diciembre de 2012— que, a su juicio, empeoró todavía más la situación de los derechos laborales de los mexicanos. “No vemos ningún indicio de que haya una intención seria en el gobierno de Enrique Peña Nieto de cambiar las cosas, que hoy permiten la subsistencia de un ‘sindicalismo charro’ que acepta contratos de protección empresarial”, denunció el dirigente sindical.
IndustriALL exige que se derogue tal legislación, pues fomenta el despido de activistas sindicales, aumenta la subcontratación y conduce a la expansión masiva del empleo precario.
El gobierno de México —acusa Lopes— no ha cumplido hasta ahora con la implementación de las recomendaciones que emitió la OIT hace dos años, y que derivaron de una queja que el 5 de febrero de 2009 presentó, a nombre de varios sindicatos, la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica (IMF, por sus siglas en inglés), que es miembro de IndustriALL.
Esa queja fue la primera que se introdujo ante la OIT —específicamente ante su Comité de Libertad Sindical— contra el gobierno mexicano. En ella se solicita a la OIT “condenar la violación sistemática del derecho de asociación; emplazar a las autoridades del país a adoptar correctamente la Convención 87 de la OIT dentro de la ley nacional, y promover las relaciones democráticas en las relaciones industriales en México”, según explicó en ese momento el presidente de la IMF, Jürgen Peters, presidente también del poderoso sindicato alemán IG Metall.
El 29 de marzo de 2011 el Comité de Libertad Sindical de la OIT emitió un informe en el que recomendó al gobierno del entonces presidente Felipe Calderón que sostuviera un “diálogo social constructivo” con los sindicatos para examinar cuestiones relativas a las cláusulas de seguridad sindical y de representatividad mínima de los sindicatos para poder negociar colectivamente, así como las alegaciones sobre la falta de imparcialidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la excesiva duración de sus procedimientos.
Ese diálogo tenía que incluir aquellas organizaciones sindicales que interpusieron la queja ante la OIT: la IMF, la Confederación Sindical Internacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), así como el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica, Acero, Hierro, Conexos y Similares (STIMAHCS) y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), estos dos últimos afiliados a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) de México.
Asimismo, el comité de la OIT instó al gobierno mexicano a tomar “medidas legislativas en el corto plazo” que fortalecieran “la protección contra las prácticas antisindicales, que están violando los principios de la negociación colectiva”.
En junio de 2012, el Consejo de Administración de la OIT, uno de los órganos superiores, aprobó tales recomendaciones de su comité. El 9 de julio de 2012 el secretario general de IndustriALL, el finlandés Jyrki Raina, acusó:
“El gobierno mexicano clama que respeta los derechos laborales fundamentales, incluyendo la libertad de asociación, pero su fracaso para tomar cualquier paso real para cambiar el sistema de los contratos de protección, que sistemáticamente minan la independencia sindical para organizarse, prueban otra cosa”.
En octubre de 2011 y febrero de 2012, los sindicatos demandantes incluso transmitieron cartas al presidente Calderón, en donde urgían que tomara las acciones correspondientes, pero eso nunca ocurrió.
Por esa razón, entre el 19 y el 25 de febrero de 2012 el consejo de la organización Global Unions —de la que forman parte, entre otras federaciones sindicales mundiales, IndustriALL y la Confederación Sindical Internacional— realizó una campaña de acción global sin precedente, en la que se exigió al gobierno mexicano que concretara las recomendaciones de la OIT y que hiciera algo para terminar con la violación de los derechos laborales.
“Para nosotros, la demanda que interpusimos en la OIT sigue vigente”, recalca Lopes a Apro, y agrega que las intervenciones de ese organismo reflejan una “condena muy fuerte contra México”.
Sin embargo, reconoce el sindicalista, el problema es que la OIT no cuenta con facultades para obligar a los Estados a cumplir con sus resoluciones, por lo que “la única forma de hacerlo es ejercer una presión internacional”.
“Por eso —recalca Lopes— estamos discutiendo con la OIT el envío de una misión a México de sindicalistas, de las federaciones y confederaciones mundiales, para reunirnos con Peña Nieto y discutir y presionar; porque sólo la presión política sobre el gobierno de México puede hacerlo actuar, pues no existen instrumentos internacionales que lo obliguen.”
—¿Están en pláticas con la OIT para que representantes suyos se unan a esta misión a México?
—Así es.
Movilización inédita
Dado que el gobierno de Peña Nieto persiste en el incumplimiento de las recomendaciones de la OIT, la Confederación Sindical Internacional e IndustriALL lanzaron una nueva campaña de denuncia y de presión internacional —bajo el eslogan Días de Acción México—, la cual tuvo lugar del 18 al 24 de febrero pasados.
Como lo informó Apro, durante esa movilización sindicatos de todo el mundo solicitaron a la administración priista que ponga fin al uso de los contratos de protección impuestos por el empleador; que derogue las leyes del trabajo promulgadas el 1 de diciembre de 2012 y que haga justicia a las familias de los 65 mineros muertos en la mina Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006.
También exigieron al gobierno federal que “readmita a los activistas sindicales despedidos ilegalmente” —como consideran que ocurrió en los casos del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), PKC, Vidriera de Potosí/Grupo Modelo, Honda y Calzado Sandak/Bata— y que “permita la celebración de elecciones libres y justas”, en concreto en las empresas PKC, Excellon, Honda y Atento.
Una fuente de la Confederación Sindical Internacional —que pidió no ser citada para no saltarse las normas de comunicación interna— señaló en esa ocasión que el gobierno mexicano viola el artículo 87 de la OIT sobre libertad sindical y protección del derecho a la sindicación, además de que México es uno de los pocos países del mundo que no ha ratificado el Convenio 98 de la referida organización, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva.
Como parte de esa campaña, la Confederación Sindical Internacional —que se presenta como la mayor organización sindical del planeta con 175 millones de trabajadores agremiados de 156 países— entregó en la embajada mexicana en Bruselas una carta dirigida a Peña Nieto en la que expresa su “profunda preocupación” por las “graves violaciones” a los derechos laborales que se cometen “sistemáticamente” en el país.
La australiana Sharan Burrow, presidenta de esa confederación, dice al presidente priista en esa misiva que la administración de Calderón le heredó “graves conflictos laborales” cuya solución aún está pendiente; el más reciente de ellos, “la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar los despidos ilícitos de 16 mil 599 trabajadores del SME”. Burrow hace un llamado a Peña Nieto “para que rectifique esta injusticia reintegrando a los trabajadores a su puesto de trabajo”.
A tal movilización se sumaron federaciones sindicales de países tan lejanos como Japón, Rusia o Sudáfrica, además de Suecia, Noruega, República Checa, Argentina, Uruguay o Brasil, que en algunos casos también entregaron comunicaciones en las respectivas representaciones diplomáticas mexicanas.
El 21 de febrero, Christine Olivier, la vicepresidenta del sindicato sudafricano Numsa, dijo a 200 de sus compañeros que protestaron frente a la embajada mexicana en Pretoria: “Nos hemos reunido aquí en solidaridad con nuestros compañeros en México, a quienes se les niegan sus derechos como trabajadores y como seres humanos a asociarse y organizarse en sindicatos democráticos controlados por los trabajadores, y sin represalias”.
Y las alertas internacionales continúan. El pasado 17 de abril, IndustriALL emitió un boletín de prensa en apoyo de los trabajadores en México de la empresa automotriz japonesa Honda, que un día antes comenzaron un paro indefinido en la planta de El Salto, Jalisco.
A pesar de un aumento en la productividad en 2012, la empresa disminuyó la participación de los trabajadores en el reparto de utilidades, que, según el sindicato, debía subir 60%. Además, la dirección de Honda México se niega a negociar con el Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda México (STUHM), al que sostienen los trabajadores, y sólo quiere hacerlo con el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Estructura, Armadura Motriz y Manufactura Industrial (SETEAMI), el cual está afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y al que se acusa de estar coludido con la dirección empresarial.
Eso no es todo, ya que el 25 de marzo último murió el trabajador Armando Arana, prensado por un contenedor mientras pintaba una rampa. Arana tenía 14 años de antigüedad en la empresa y había reclamado en varias ocasiones las malas condiciones de seguridad en las que hacía su trabajo, por lo cual, señala el boletín de IndustriALL, el personal directivo de la empresa lo hostigaba.
José Luis Solorio, secretario general del STUHM, explica en ese comunicado que a Arana “se le ordenó junto con otros compañeros que pintaran las rampas de desembarque en la planta de motos. Para ello debían mover algunos contenedores y, en un espacio de aproximadamente un metro, pintar de amarillo las rampas”.
“Los trabajadores —continúa Solorio— pidieron a la empresa señalizaciones de seguridad para evitar accidentes, dado que era un lugar de carga y descarga de contenedores. Pero les respondieron que no era necesario y que realizaran el trabajo o si no que sería despedido quien se negara o protestara.”
El pasado jueves 2 el vicepresidente ejecutivo de Honda Motor, Tetsuo Iwamura, anunció que el corporativo invertirá 470 millones de dólares en la construcción de una nueva planta en Celaya, Guanajuato, la cual generará, dijo, mil 500 empleos directos.
El anuncio se llevó a cabo en las oficinas de la Secretaría de Economía en presencia de su titular, Ildefonso Guajardo; el encargado de despacho de ProMéxico, Alejandro Delgado; el embajador de Japón en México, Shuichiro Megata, y el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, de acuerdo con una nota del portal Mexican Business Web.
Riesgos de una gran explosión social
JESÚS CANTÚ
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Siempre que los gobiernos mexicanos se han aliado clara y abiertamente con el gran capital han generado explosiones sociales de distintas magnitudes y características, pero siempre con costo de vidas humanas e inestabilidad política y social. En los sesenta y los setenta provocaron el movimiento estudiantil del 68 y la irrupción de los grupos guerrilleros, primero rurales y posteriormente también urbanos; en los noventa, el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Los impactos de todos estos movimientos en la construcción de las instituciones políticas mexicanas no han sido menores. Todos reconocen que el inicio del proceso de liberalización política, con la reforma electoral de 1977, tuvo entre otras de sus motivaciones el abrir cauces legales para que las inconformidades de los guerrilleros pudieran expresarse por estas vías; tampoco puede escatimarse la influencia que el alzamiento zapatista tuvo en las reformas electorales de 1994 y 1996.
Los últimos meses del gobierno panista de Felipe Calderón y los primeros del priista Enrique Peña Nieto están claramente marcados por el esfuerzo de reactivar las llamadas reformas estructurales, que básicamente implican alinear la legislación mexicana a los requerimientos del neoliberalismo imperante desde principios de los ochenta y que en México encontró en Carlos Salinas de Gortari su gran impulsor.
El error de diciembre de 1994 y la crisis económica que ello provocó, primero, y posteriormente la pérdida de la mayoría priista en el Congreso y la alternancia partidista en la Presidencia postergaron la aplicación de las más importantes durante casi 20 años, pero no han hecho desistir a sus promotores. Y los resultados electorales del 1 de julio de 2012 y el reparto de curules en el Congreso de la Unión les permitieron impulsarlas nuevamente; el mejor ejemplo de ello es la reforma laboral aprobada todavía antes del cambio de gobierno.
A esta reforma se sumaron, ya como producto del Pacto por México, la reforma educativa y la de telecomunicaciones; pero se anticipan, entre otras, la energética y la hacendaria, que también pueden tener una orientación muy similar a la laboral y responder a los requerimientos de los organismos financieros internacionales.
Los opositores a las reformas son numerosos y diversos y se han hecho presentes en distintos escenarios y por distintas vías; particularmente se hicieron presentes en las manifestaciones con motivo del 1 de mayo. Pero también ha habido acciones violentas en diversas entidades del país, particularmente en Guerrero, Michoacán y el Distrito Federal; es muy sintomático que estos eventos se desarrollen en dos de las entidades más pobres de México y obligan a una reflexión más profunda antes de pensar que la vía para enfrentar los desmanes es simple y únicamente la aplicación de la justicia penal.
Por lo pronto en el caso de Guerrero la policía ya detuvo a cuatro maestros integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y los acusó de los delitos de sedición, motín, terrorismo y daños. Centrar la respuesta en la criminalización de los opositores y exagerar los delitos cometidos contribuye a exacerbar los ánimos y eventualmente puede contribuir al surgimiento de irrupciones sociales.
Y las consecuencias de éstas pueden ser mayores que en el pasado por las actuales condiciones del país. Basta ubicar que el número y el tipo de las armas que hoy se encuentran en México es muy superior al que existía en los momentos previos, la existencia de las llamadas policías comunitarias armadas en varias de las entidades federativas (Guerrero, Michoacán, Oaxaca y el Estado de México, entre las ya conocidas) y desde luego la presencia y extensión de los grupos de la delincuencia organizada, particularmente los cárteles de la droga, que bien pueden buscar alianzas con la guerrilla como ya ha sucedido en países sudamericanos.
Dictan formal prisión a cuatro cetegistas; seguirán el proceso en libertad
EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
CHILPANCINGO. Gro. (apro)-. El juez primero del ramo penal de primera instancia, Leoncio Molina dictó auto de formal prisión a los cuatro integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), detenidos la semana pasada por protestar en contra de la reforma educativa y posteriormente liberados bajo fianza, quienes enfrentarán su proceso en libertad porque los delitos de sedición y motín que les imputa el gobierno estatal no son graves.
La resolución judicial se emitió este viernes a las 08:20 horas y se indica que a partir de esta fecha se abre un periodo de tres meses para que los procesados presenten pruebas a su favor antes de que se emita la sentencia definitiva, indica el documento oficial incluido en la causa penal 44-2013-I consultado por Apro.
Los argumentos del juez de primera instancia para emitir el auto de formal prisión en contra de Genaro Guevara Hernández, Mauro Lázaro García, Cesáreo Rosendo Feliciano y José Lucas Juárez Tlatempa, están basados en el testimonio de trabajadores de la Secretaria de Educación en Guerrero (SEG), recabados por la Procuraduría local donde acusan a los cuatro cetegistas de “encabezar una protesta en contra de la reforma educativa”.
Esta manifestación se realizó el 25 de febrero en las oficinas administrativas de la SEG, ubicados sobre la avenida Rufo Figueroa, donde desalojaron al personal y cerraron el inmueble, refiere el documento oficial.
Es decir, los cuatro cetegistas no están siendo procesados por los destrozos causados en edificios partidistas y las sedes del Legislativo y Ejecutivo, hechos registrados en el momento más álgido de las protestas magisteriales en esta capital, sino que están siendo acusados por el gobierno estatal por una manifestación pacífica como lo dio a conocer Proceso este domingo 5.
El expediente de esta causa penal señala que la defensa de los cuatro cetegistas fue asumida por el gobierno de Ángel Aguirre, a través del defensor de oficio Mario Jaimes, quien solicitó al juez la caución de los procesados porque los delitos de sedición y motín no son graves.
El juez de primera instancia fijó la fianza en 20 mil pesos, cinco mil por cada uno de los inculpados, cantidad que fue exhibida el viernes 3 de esta forma salieron libres los cetegistas, indican los documentos oficiales.
Este tema difundido por Proceso ha provocado la molestia del gobernador Aguirre, quien acusó a este reportero de inventar que el gobierno estatal haya asumido la defensa legal y pagado la fianza de los cetegistas, a pesar de las pruebas que constan en la causa penal 44-2013-I y difieren con las expresiones del mandatario.
Incluso, el expediente advierte que hay una veintena de cetegistas que también participaron en la toma de las oficinas administrativas de la SEG el 25 de febrero, que tienen orden de aprehensión y deberán presentarse ante el juez que los reclama para resolver su situación jurídica.
Peña enfrentará primer juicio ante la CoIDH por abusos contra dos presuntos eperristas
GLORIA LETICIA DÍAZ
MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tendrá que enfrentar su primer juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por abusos cometidos contra dos presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), durante la administración de Ernesto Zedillo.
En junio de 1997, Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre fueron detenidos ilegalmente y torturados por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). El juez de la causa los sentenció a tres años por portación de armas y en 2001 fueron condenados a 40 años por homicidio, delincuencia organizada, robo, lesiones y daños.
De acuerdo a la versión oficial, ambos fueron detenidos por policías judiciales del DF el 6 de junio en las inmediaciones de la estación del metro Santa Martha, portando armas y repartiendo propagada del EPR, de ahí la condena a tres años.
Una vez cumplida la sentencia, García Cruz y Santiago Sánchez fueron acusados de matar a un policía del Estado de México en un operativo atribuido al EPR cerca de la carretera a Teotihuacán en octubre de 1996.
Ambos se encontrarían actualmente en libertad desde el 18 de abril de 2013, tras ser favorecidos por una sentencia de amparo que anuló la sentencia contra ellos y ordenó emitir otra.
El caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre de 2013 y el pasado 17 de marzo determinó presentarlo ante la CoIDH, considerando que se trata de un caso en el que “no se observaron las garantías del debido proceso, en particular por la utilización de sus confesiones obtenidas bajo tortura y por la falta de investigación y sanción de los hechos denunciados”.
La CIDH destaca que pese a que García Cruz, un indígena nahua originario de Puebla, y Santiago Sánchez, mixteco de Oaxaca, denunciaron ante autoridades ministeriales y judiciales que habían sido torturados, “no iniciaron una investigación con base en los certificados médicos y las denuncia recibidas”, fue hasta 2002 cuando se inició una averiguación previa con respecto a las lesiones “la cual habría concluido debido a que Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre no interpusieron un querella criminal”.
El organismo interamericano agrega que las confesiones autoincriminatorias bajo tortura fueron utilizadas para las dos sentencias, en tanto que los indígenas no contaron con una efectiva defensa durante las primeras etapas del proceso penal.
La CIDH señaló que la decisión de llevar el caso a la CoIDH se debe a que el Estado Mexicano “no cumplió con las recomendaciones en su Informe de Fondo”, en el que la CIDH demandaba “una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, con el fin de investigar las violaciones a la integridad personal y a la libertad personal cometidas en contra de García Cruz y Sánchez Silvestre”.
En el Informe de Fondo también se recomendaba “adecuar la legislación y las prácticas mexicanas a los estándares interamericanos en materia de tortura”, verificar la validez del proceso penal seguido a los indígenas, “especialmente el valor probatorio dado a las confesiones rendidas por las víctimas bajo los efectos de tortura”; reparación moral y material de daño causado y tomar medidas para evitar que se repitan hechos como los narrados.
En su comunicado, la CIDH informó que después de decidir llevar ante el máximo órgano de justicia del continente la causa, el Estado mexicano notificó que “el 11 de abril fue revocada la sentencia condenatoria en perjuicio de las víctimas, y el 18 de abril de 2013 se decretó su liberación y se ordenó la cancelación de sus registros penales”.
La liberación, detalló, fue el resultado de una sentencia de amparo del 25 de marzo de 2013 por la que se declara nula la sentencia contra García Cruz y Sánchez Silvestre y dictar una nueva, “considerando el derecho de las víctimas a una adecuada defensa, que la confesión fue obtenida por medio de la tortura, y que la declaración de los agentes del Estado que realizaron el arresto carece de eficacia como prueba testimonial”.
Fusión de Pemex y Mexichem, inicio de la privatización del petróleo: UNTyPP
SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA
Coatzacoalcos, Ver.- La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) interpondrá un juicio civil contra Petróleos Mexicanos (Pemex) por su asociación con la empresa química Mexichem, ya que señalan que se están cediendo a particulares los bienes de la nación.
Los artículos 27 y 28 de la Constitución mexicana son violados con el establecimiento de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo SA de CV, la cual operará todo el complejo petroquímico Pajaritos.
Moisés Flores Salmerón, secretario general de la UNTyPP manifestó que la fusión de Pemex y Mexichem para acaparar la cadena del cloruro de vinilo es el inicio de la privatización de la industria petroquímica.
Refirio que la llamada “alianza estratégica” que propone la empresa no busca hacer más eficiente la empresa sino por el contrario entregar la infraestructura que lleva años instalando la empresa paraestatal.
Especificó que aunque el convenio señala que 58 por ciento de la inversión la pondrá Pemex, este porcentaje es más elevado, pues Mexichem tendrá acceso a todos los servicios complementarios que tiene el complejo como gas, energía eléctrica y vapor, lo cual aprovechará para sus otros procesos.
“Es inconstitucional porque no se puede ceder o vender un bien de la nación y eso se está haciendo, no existe la petroquímica secundaria, eso es una excusa que pusieron para poder entregar todo el petróleo y después de ésta vendrán más acuerdos, hasta que sólo estemos vendiendo materia prima”.
Debido a esto, como sindicato de Pemex buscarán establecer un recurso legal basado en la inconstitucionalidad del acuerdo para frenar la alianza, pues la desincorporación de las plantas del complejo generarán afectaciones entre los trabajadores, los cuales deberán ser reubicados o despedidos.
Didier Marquina Cárdenas, presidente de la comisión de vigilancia y ex secretario general de la unión, refirió que con este acuerdo se da inicio a una privatización de los activos de la nación, lo cual afectará en la renta que recibe el país no sólo por la venta de petróleo, sino también sus derivados.
Expuso que aunque el presidente Enrique Peña Nieto haya asegurado que no habrá una privatización, sus afirmaciones son discursos o “semántica” puesto que se están firmando acuerdos donde sólo ganan las trasnacionales.
Puntualizó que la estrategia de los gobierno panistas, con Rafael Beverido al frente, fue “quebrar” los complejos petroquímicos para tener argumentos para poder sustentar las asociaciones con las grandes empresas.
Manifestó que Pemex ha querido ver la industria petroquímica como un ente aislado, pero todas las subsidiarias son complementarias y producen muy buenas ganancias a la empresa y al país, pero no han querido liberarla de su carga tributaria.
Marquina Cárdenas indicó que actualmente Pemex está generando muy buenas ganancias, pero se están destinando a proyectos fallidos como la asociación con la empresa española Repsol.
“En lo que va del sexenio, Pemex ha tenido ganacias tan sólo de 500 mil millones de pesos, son grandes ganancias que no se invierten en la empresa para mejorarla y se destinan en su totalidad a gasto social, el cual no se ve ningun resultado”.
La privatización de la educación pública, generadora de endeudados sin título: Vallejo
Por : Javier Puga Martínez
La privatización de las universidades en Chile dejó a miles de estudiantes endeudados y sin título universitario. Ni siquiera pueden ser apoyados por sus padres porque la privatización de las pensiones de ese país –un sistema similar al que existe en México– arrojó a millones de jubilados sin las condiciones mínimas para sobrevivir, y menos para pagar la deuda escolar de sus hijos.
Así lo dio a conocer la ex líder de la Federación de Estudiantes de Chile, Camila Vallejo Dowling, quien ayer se presentó ante más de 3 mil estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla, a quienes subrayó que la educación privada nunca ha sido ni será mejor que la educación pública.
En su conferencia “La importancia de la educación pública como una obligación del Estado. Una perspectiva de América Latina desde los otros”, recordó que algunas de las universidades que fueron privatizadas por los gobiernos chilenos posteriores a la dictadura militar que gobernó ese país, ahora no existen más, pues fueron cerradas tras demostrar que “fueron un auténtico fraude”; en aras de la rentabilidad, expuso, se enfocaron más en la “tiza y el pizarrón” que en todo lo que hay alrededor de la educación universitaria.
Esa situación se agudizó cuando los jubilados que ingresaron al sistema chileno de retiro de trabajadores –que fue copiado en México como el sistema de Afores– redujo a tal grado las pensiones que fue imposible costear las deudas de estudio en esas universidades privadas; deudas de 15 años por sólo cinco años de una licenciatura.
Invitó a los jóvenes estudiantes poblanos a no permitir que la política neoliberal de privatización de la educación se extienda por México.
De igual forma les hizo un llamado a no sólo “protestar por protestar”, porque eso tampoco tiene sentido; se trata, dijo, de determinar si la actividad política o social que cada quien realice tiene un rumbo claro, y si ésta puede incluir a otros sectores de la población.
La hoy candidata a diputada admitió que no se había presentado ante un auditorio tan numeroso, algo que, reconoció, la puso “nerviosa”, pero que entró en confianza con la calidez de aplausos de los estudiantes poblanos. Incluso se permitió comentar que hasta el volcán Popocatépetl la había recibido con una lluvia de ceniza.
Agradeció el recibimiento que le ofreció la comunidad estudiantil, así como la invitación del rector de la UAP, Alfonso Esparza Ortiz, quien la invitó a exponer la conferencia, dentro de las actividades de la Expo Educación UAP 2013.
Ante el abarrotado auditorio del Complejo Cultural Universitario, Vallejo Dowling subrayó que en Chile sólo 10 por ciento de las universidades de ese país son públicas; el porcentaje restante se caracteriza por ser instituciones privadas que lucran con los estudiantes, quienes adquieren enormes deudas a lo largo de sus estudios universitarios y egresan pero sin la posibilidad de obtener su título profesional. Más de 20 mil jóvenes se encuentran en esa situación.
“Debemos desechar la idea de que una educación, entre más cara es mejor; no es cierto que lo privado sea de mayor calidad”, afirmó.
Sin embargo, subrayó que la gratuidad de la educación tampoco resuelve todos los problemas, como tampoco es garantía de que realmente pueda llamarse “pública”.
En esa tesitura, propuso el rescate de tres elementos que, a su criterio, son los que le dan ese carácter de pública a la educación, que sea de calidad y que cumpla su función dentro de la estructura social.<
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El primero es que debe ser abierta a todos los segmentos de la población, permita la integración social y la escuela sea el espacio de convivencia y conocimiento de la diversidad. “Donde convivan el hijo del pobre, del rico; donde puedan expresarse distintas visiones”.
El segundo es que las escuelas deben ser lugares donde se practique la democracia interna. “No sirve de mucho la gratuidad si no puedo fiscalizar cómo se utilizan las cuotas escolares, que a veces éstas no van al proceso formativo. Se requiere la participación de todos”.
Y el tercero es que las universidades y escuelas públicas deben ser pluralistas, donde quepan todas las corrientes del pensamiento y no se censure. En las escuelas privadas de Chile está prohibido que las bibliotecas contengan las obras de Marx y Hegel, ejemplificó.
Protestar por protestar
A los jóvenes universitarios de Puebla los invitó a no ser pasivos, ya que esta actitud resulta funcional a la estrategia neoliberal de privatización educativa que, advirtió, está llegando con fuerza a México.
Les expuso que la lucha de miles de estudiantes chilenos en defensa de la educación pública les ha llevado a represiones violentas; muchas mujeres fueron agredidas física y sexualmente; otros más padecieron encarcelamientos, pero la lucha continúa y los movimientos de jóvenes están mejor organizados.
“Pero protestar por protestar tampoco tiene sentido. Muchas veces nos perdemos en eso, porque somos jóvenes cuestionamos, nos levantamos y le gritamos a cualquier autoridad que se nos ponga enfrente. No soy de la idea de que por tener a una autoridad enfrente tenemos que rebelarnos, sólo por ser autoridad. Eso muchas veces pasa en los movimientos estudiantiles y sociales”, planteó.
Y agregó: “creo que en la medida en que finquemos nuestra base en comprender que hay problemas, pero saber cuál es su origen y plantear soluciones funcionales, vamos a dejar de ser agentes pasivos del status quo y del modelo que otros nos imponen”.
Sentenció que la responsabilidad actual de la juventud no es simplemente saber qué tan activo se puede ser, sino saber si el movimiento o la actividad política o social que se realice tiene un rumbo claro para concretar cambios y si a éstos hay una amplia suma social.
“En Chile aprendimos fue que no sólo los estudiantes pueden hacer los cambios. Necesitamos de la fuerza de los trabajadores, de los profesores y hasta de la propia autoridad universitaria para enfrentarnos a un poder mayor.
Necesitamos de la fuerza de la población y una convergencia social y política amplia para enfrentar al adversario, que es el modelo neoliberal. Es necesario tener mucha humildad para pararse frente a otro y entender cuáles son las diferencias que ahora nos separan, pero por más que tengamos siempre tenemos horizontes que nos pueden unir y dinamizar el proceso de lucha”, expresó.
La izquierda debe sumarse
Camila Vallejo también se dio oportunidad de hacer una crítica a los partidos políticos, pero especialmente a los de izquierda. Se reconoció como política –es candidata a diputada por la región de La Florida, en Chile–, pero subrayó que la política partidista no influyó en el movimiento estudiantil de 2011.
Desde su posición como militante comunista, aseveró que los partidos no deben responder a los intereses corporativos, sino a los intereses de la gran mayoría. Recordó que lo social y lo político no pueden estar separados, “y si los partidos políticos quieren estar (en los movimientos sociales), que estén, pero que respondan a los intereses de los movimientos, sobre todo los partidos que se dicen de izquierda”.
Se trata de ser parte de ellas y no de representarlas, agregó la activista, quien tras su conferencia tuvo otras actividades con el Consejo Universitario, colocó una ofrenda florar a Salvador Allende en el edificio Carolino, sede de la máxima casa de estudios de Puebla, además de convivir con alumnos de las diferentes preparatorias y licenciaturas de la UAP.
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