Alfredo Ramírez*
La pretensión de privatizar el petróleo constituye uno de los objetivos de la clase política que actualmente gobierna a México. Enrique Peña Nieto, el PRI y los poderes fácticos que lo llevaron a la Presidencia de la República se aprestan a pagar viejas y nuevas facturas a los grandes potentados de este país dejando que inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros, manejen y exploten el crudo mexicano.
Ya el PRI ha dado un paso adelante al aprobar la modificación de sus estatutos para permitir que particulares se apoderen de ese importante recurso y de paso aumentar el IVA, así como aplicárselo a alimentos, medicinas, transporte y libros.
Dicho partido por supuesto que tiene experiencia en el arte de mentir, simular y engañar para tratar de consumar esta acción antipatriótica y lesiva para el grueso de la población mexicana. La intentona privatizadora será seguramente revestida con palabras rimbombantes dirigidas a ciertos sectores de la sociedad.
Con el pretexto de modernizar y elevar la competitividad de Petróleos Mexicanos (Pemex), los paladines del discurso y del dogma neoliberal urgen y claman por la inversión privada en dicha empresa, argumentando que ello finalmente traerá beneficios económicos y sociales para el país. Nada más alejado de la realidad. Dejar que la iniciativa privada explote el petróleo significaría un desfalco de recursos para las arcas públicas y, por ende, para los mexicanos. Veamos algunos números para ilustrar lo anterior.
Pemex, según el Presupuesto de Ingresos de la Federación 2013, aporta por los conceptos de “Derechos a los hidrocarburos” e “Ingresos de organismos y empresas que corresponden a Petróleos Mexicanos” más de un billón 253 millones de pesos; es decir, alrededor de 38 por ciento del gasto del gobierno federal. Los ingresos provenientes de la paraestatal se destinan para sufragar gastos en salud, educación, obra pública, entre otros conceptos, en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
Si el gobierno de Enrique Peña Nieto privatizara esta empresa se dejarían de percibir tales recursos, los cuales de ninguna manera podrían ser compensados con los ingresos fiscales recaudados por los particulares que resultaran beneficiados de la privatización. Por ello, más que una lucha ideológica, impedir la entrega a la iniciativa privada del crudo mexicano reviste una prioridad para la mayoría de la población mexicana. Evidentemente Pemex, como lo han sugerido varios especialistas, requiere de una reestructuración que le permita, sin dejar de ser una paraestatal, continuar siendo una palanca del desarrollo social.
Pero los que se creen dueños de México y de sus recursos ya anticipan soluciones marcadamente antisociales ante la crisis en las finanzas públicas que provocaría la entrega del petróleo a empresas privadas en su mayoría extranjeras. En efecto, tienen la intención de aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 19 por ciento y su generalización a medicinas y alimentos, una medida a todas luces regresiva y perjudicial para millones de ciudadanos.
En la era neoliberal las políticas públicas –en los hechos– han beneficiado a un puñado de políticos ligados con grandes intereses financieros y económicos. De ahí que muchos de éstos ni siquiera pagan las contribuciones a las que por ley están obligados.
Como se sabe, las empresas privadas pagan el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por más o menos 30 por ciento de sus ingresos. No obstante, gracias a su cercanía con los políticos en el poder y a la serie de triquiñuelas que emplean, deducen una gran cantidad de este impuesto; es decir, lo pagan y lo recuperan, o de plano no lo pagan. Así, Telmex paga solamente 6.5 por ciento de ese gravamen, Wal-Mart 2.1 por ciento, Televisa 5.4 por ciento, Palacio de Hierro 2.8 por ciento, Bimbo y Grupo Posadas 2.3 por ciento.
Entonces, si estas grandes corporaciones ni siquiera cumplen con sus obligaciones fiscales, podemos anticipar que si se les permite invertir en la explotación del crudo, la nación no saldría beneficiada, más bien, los beneficiados serían, una vez más, grupos oligopólicos que literalmente continuarían desfalcando el patrimonio de todos los mexicanos.
La ola privatizadora en la era del neoliberalismo en México no es, para nada, una experiencia positiva. Como dice Luis Linares Zapata: los inversionistas extranjeros “se apropiaron de los ferrocarriles sin que hasta la fecha se vea o sienta progreso alguno en más vías, carga aumentada o pasajeros. Dominaron la banca e incrementaron los repartos de dividendos a sus matrices sin que fluya el crédito interno.
Penetraron, con serias irregularidades, la generación eléctrica ocasionando incrementos continuos para los consumidores. La minería ha sido toda una épica de conquista indetenible que no deja más que algunos empleos, litigios continuos, miserables impuestos y mucha devastación de aguas, bosques y tierras”.
Pero la privatización más escandalosa y dañina en la historia reciente –y que aún estamos pagando todos los mexicanos– ha sido la bancaria. Salinas de Gortari, durante su periodo presidencial, impulsó las políticas neoliberales dizque modernizadoras, aduciendo que las manos privadas son mejores para administrar que las públicas.
Así, privatizó los bancos, que a la postre resultó un gran fraude que cobró forma en el tristemente célebre Fobaproa. Con este mecanismo, el erario público sufre cada año una significativa sangría. Al cierre de 2012, la deuda del IPAB es de 814,918.0 millones de pesos (dato oficial establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013), siendo una deuda que originalmente era privada y que ahora es de todos los mexicanos.
Por lo anterior, cuando los priístas y sus aliados pactistas hablan de inversión privada en Pemex versus modernización y desarrollo, nos están diciendo que están cocinando otro negocio para los poderes fácticos de este país.
*Secretario de Cooperativismo, Economía Popular y Movimientos Civiles y Sociales del CEN de Morena
