PEDRO MATÍAS
OAXACA, Oax. (apro).- Oaxaca pasó del segundo al primer lugar en la lista de entidades mexicanas con el mayor número de ataques perpetrados contra defensores de derechos humanos en el primer trimestre de 2012.
En 2011 sólo fue rebasado por Chihuahua a nivel nacional, según la organización Brigadas de Paz Internacional (PBI, por sus siglas en inglés).
Durante una reunión con el gobernador Gabino Cué, el representante de PBI, Ben Leather, reconoció la apertura del gobierno respecto de la protección hacia defensores de derechos humanos en el estado, sin embargo, dijo, son preocupantes las cifras de agresiones registradas hasta el momento.
Entre las medidas que PBI planteó para proteger a los activistas (mujeres y hombres) destaca un adecuado funcionamiento y fortalecimiento de las instituciones, así como la cabal instrumentación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos a nivel estatal.
En el Palacio de Gobierno, donde se realizó la reunión, PBI reveló que el último informe de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos señala a Oaxaca como el segundo estado de México, después de Chihuahua, en el número de ataques a personas defensoras en 2011.
En 2012, añadió, defensoras y defensores acompañados por PBI fueron objeto de amenazas de muerte y ataques relacionados con su labor, pero también han denunciado hostigamiento, difamación, criminalización, ataques físicos, allanamientos y asesinatos.
Leather mencionó que debido a la situación de riesgo que enfrentan los activistas, PBI mantiene un equipo permanente en Oaxaca desde 2008.
Detalló que durante marzo y abril del año pasado denunciaron agresiones en su contra: la abogada Alba Cruz Ramos, integrante del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo-DH) y beneficiaria de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2007; Wylfrido Mayrén (padre Uvi), fundador del Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, y el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, director del albergue para migrantes “Hermanos en el Camino”, quien también cuenta con medidas cautelares otorgadas por la CIDH en 2010.
Sin embargo, apuntó, las investigaciones sobre el origen y la autoría de los hechos no han avanzado.
En el encuentro con Cué, Ben Leather subrayó la necesidad de acabar con la impunidad y agilizar la procuración de justicia para evitar la repetición de este tipo de situaciones.
PBI ha acogido con optimismo los avances en materia legislativa y la reciente creación de instituciones para brindar una mejor atención a los defensores y mejorar la situación de los derechos humanos en la entidad.
En un documento publicado en noviembre de 2012, PBI destacó el potencial de la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social, así como de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, de la Sala de lo Constitucional y de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos.
No obstante, en el mismo escrito transmitió las preocupaciones de los integrantes de las organizaciones que han padecido las deficiencias en el funcionamiento de esos organismos.
PBI México compartió con el gobernador de Oaxaca la importancia de aportar mayores recursos y dar capacitación a los funcionarios según las necesidades de las personas defensoras y de las víctimas de violaciones de derechos humanos, al mismo tiempo que solicitó información sobre cómo procederá el gobierno respecto de las recomendaciones emitidas.
El caso de la comunidad de San Dionisio del Mar, localizada en el Istmo de Tehuantepec, fue otro de los temas planteados a Cué.
PBI manifestó su inquietud ante la creciente tensión entre los pobladores que se oponen al proyecto eólico y la empresa autorizada para realizarlo.
Los propios comuneros y las organizaciones que han acompañado ese proceso, como Código-DH y la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, denunciaron la presencia de elementos de la policía estatal con el objetivo de impedir las manifestaciones.
Al respecto, el PBI hizo hincapié en que los tratados internacionales suscritos por México reconocen el derecho a una consulta libre, previa e informada, y a la libertad de manifestación.
En relación con la oposición a ese tipo de proyectos, subrayó que activistas han denunciado hostigamientos y agresiones en su contra, como es el caso de la defensora Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea del Istmo y beneficiaria de medidas de protección por parte de la Defensoría de Oaxaca desde 2011.
Señaló que no se trata de un hecho aislado, pues en octubre del año pasado el mismo PBI destacó que muchas de las agresiones en Oaxaca se dan en contra de personas y organizaciones comunitarias en defensa de la tierra y territorio, y a esa misma conclusión llegó la misión convocada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos“Todos los Derechos para Todas y Todos”.
