AUDIO: La guerra en México, con el Dr. Pablo Moctezuma

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AUDIO: Homenaje a Mateo Dean, en voz de Alejandro Vega

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Desmilitarización, diálogo y promoción de la paz

FERNANDO ACOSTA RIVEROS

Opositores al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se pronunciaron el pasado domingo 12 de junio en Ciudad Juárez, Los Ángeles y Stanford. Exigieron la desmilitarización, propusieron el diálogo entre las diferentes organizaciones culturales, económicas, políticas y sociales mexicanas para poner fin a la llamada guerra contra el narco o combate a la delincuencia. En el sexto mes del año aumenta el deseo de construir un país independiente, pacífico y progresista.

La incapacidad y negligencia de las autoridades federales, estatales y municipales, salvo honrosas excepciones, tiene harta a la población. “Humanizar a la autoridad y lograr que se rompa la impunidad”, sugirió en Ciudad Juárez, Chihuahua, el activista Pietro Ameglio al concluir el recorrido de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad. Exigir mediante la movilización y las protestas, a quienes se consideran gobernantes, que cumplan con sus obligaciones, respeten la Constitución y protejan la vida de la población.

Andrés Manuel López Obrador, el ex candidato que ganó la elección presidencial de 2006, visitó Los Ángeles, abogó por una reforma migratoria que respete los derechos humanos de los mexicanos que van a trabajar a Estados Unidos, ante la ausencia de empleos en su país de origen. Sugirió alcanzar una relación de respeto entre las dos naciones, como lo han manifestado a gobernantes estadunidenses en los últimos 50 años otros líderes políticos de países de nuestra América entre quienes destacan: Fidel Castro Ruz, de Cuba; Salvador Allende Gossens, de Chile y Evo Morales Ayma, de Bolivia.

En Stanford se desplegó una manta desde una avioneta para preguntarle al usurpador de la presidencia mexicana: ¿cuántos muertos más?”. Parece que no le conmueven 40 mil víctimas, ni el dolor de sus familiares. Felipe Calderón anda de fiesta intentando convencer a quienes lo escuchan sobre su legitimidad y las bondades de los gobiernos dirigidos por integrantes del Partido Acción Nacional (PAN). Corrupción, incapacidad y negligencia son las tres principales cartas de presentación del PAN y del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Con el PRIAN la mafia seguirá fuerte, continuará su proyecto de militarización, reprimirá, romperá cualquier diálogo y continuará la guerra.

Desde otras naciones, amigas y hermanas de México, se ha condenado la llamada guerra contra el narco y las atrocidades cometidas contra la población. El principal aliado y promotor de las actividades del narco en nuestra América es el sistema capitalista que en su versión neoliberal multiplicó la corrupción y el crimen. Argentina, Colombia y México han sido escenarios desde 1990 donde algunas de sus autoridades se convirtieron en cómplices de las mafias. Un escándalo por lavado de dólares implicó a familiares del presidente Carlos Saúl Menem en junio de 1991. La Casa Rosada anunció entonces la creación de una fuerza antinarco mientras Terence Todman, embajador estadunidense en Buenos Aires, daba órdenes y emitía declaraciones irrespetuosas contra los argentinos que se oponían al neoliberalismo.

La corrupción iba al alza en la patria de Benito Juárez y el entonces secretario de Comercio, Jaime Serra Puche, defendía las gestiones del salinismo para conseguir un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá que garantizaría “el crecimiento y el desarrollo de la economía”. El gobierno de Bush intervenía decididamente en Bogotá, Buenos Aires y Ciudad de México. César Gaviria Trujillo, Carlos Saúl Menem y Carlos Salinas de Gortari eran reconocidos por el imperio como “arquitectos de la modernización continental”.

Gabriel García Márquez, cuya novela Cien años de soledad tuvo amplia difusión y éxito editorial en Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México, se pronunciaba en Colombia a favor del diálogo, por la desmilitarización y un cambio de estrategia económica y política en su país en el año 1991. “El grado de horror a que ha llegado el problema del narcotráfico, transformado en narcoterrorismo, creo que es el resultado de una ceguera total, o de una incapacidad total, o de una negligencia total de nuestros gobernantes”, expresaba el autor deNoticias de un secuestro a su colega y amigo mexicano Enrique Maza.

Hace 20 años un grupo de colombianos, entre quienes se destacó el religioso católico Rafael García Herreros, propuso al gobierno de César Gaviria Trujillo que se escucharan las propuestas de Pablo Escobar Gaviria, jefe del cártel de Medellín y fundador del grupo Los Extraditables en un intento por frenar la violencia del narco que llenaba de luto y dolor a muchas familias, como por ejemplo a las esposas e hijos de Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez, ex candidatos a la presidencia por la Unión Patriótica, el Nuevo Liberalismo y la Alianza Democrática Movimiento 19 de Abril. Los cuatro aspirantes a gobernar Colombia fueron asesinados por sicarios, donde se comprobó la complicidad entre militares, narcotraficantes, latifundistas, empresarios privilegiados y funcionarios gubernamentales que se oponían a un cambio pacífico, mientras defendían el neoliberalismo y la “civilización occidental”.

Pablo Escobar Gaviria se entregó a las autoridades el 19 de junio de 1991, convirtió su cárcel, llamada “La Catedral”, en un club de diversiones y un buen día se escapó. En diciembre de 1993 murió pero el narco siguió ejerciendo su poder porque en Colombia los gobiernos privilegiaron la represión, la militarización, la intimidación a opositores y el exterminio de la población. Todo eso en nombre de la democracia, el neoliberalismo y la modernidad.

Fuente: La Jornada de Michoacán

La laicidad en el discurso de Monsiváis

PABLO ALARCÓN CHÁIRES

Irónico, duro y tajante, fiel reflejo de su personalidad, fue y continúa siendo el discurso del que es considerado el último gran defensor del Estado laico mexicano: Carlos Monsiváis. En obras como Las herencias ocultas de la reforma liberal del siglo XIX y El Estado Laico y sus malquerientes, además de piezas de oratoria y diversos artículos, Monsiváis argumentó su rechazo a los intentos hegemónicos de un clericalismo que, por la propia evolución de la sociedad mundial y nacional, le resultaba anacrónico.

Él pugnaba por la existencia espiritual laica en la que la diversidad de opciones conllevaría inevitablemente a un proceso natural de secularización. Su espíritu liberal surgía de la propia laicidad que pregonaba, apuntalando la importancia de la libertad de cultos y de expresión, la necesaria separación de la Iglesia (sí, en singular) del Estado y la educación ajena al ámbito confesional, como un medio para asegurar la sana convivencia en sociedad.

Tremendo dúo hubieran formado Monsiváis con Ignacio Ramírez El Nigromante, si el destino los hubiera hecho coincidir en el siglo XIX. Ahí estaría Carlos riendo a carcajadas al escuchar de viva voz la frase que El Nigromanteempleó como pase de ingreso a la Academia de Letrán: No hay Dios; los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos, que causó santo revuelo entre sus integrantes. Y no porque Carlos fuera ateo, sino por lo que significaba tal blasfemia en una sociedad victoriana moralista, cuya censura oficial al laicismo representaba los intereses de la jerarquía eclesiástica y porque tal acto en sí marcaba el inicio del rompimiento del control perfecto de las conciencias. En estos temas invocaba irónicamente al padre Julio Vértiz quien decía: “En México lo que no huele a incienso huele mierda”. Según Carlos, estas muestras de fe y fanatismo mostraban una tragedia: si la fe profesada es la única verdad, entonces el fanático es únicamente un defensor de la verdad.

Por ello, en sus momentos de inspiración laica, Monsiváis entrelazaba sus manos y cerrando sus ojos en un acto de contrición confesaba: acúsome padre de fomentar la tolerancia. Ésta la concebía como la antítesis a la unanimidad de la fe. Criticaba el discurso conservador que encumbraba una religión universal única (la católica), un monopolio espiritual que de acuerdo a sus seguidores, protege la salud mental y la unidad familiar de los mexicanos. Distinguía en esta actitud el temor genuino a la diversidad en sus diferentes expresiones, que históricamente han mostrado estos grupos cuyo fundamento aún ahora, decía él, enmascara el que tanto debemos permitir, tras la frase cómo debemos ser.

Monsiváis esgrimía la laicidad con una perspectiva contemporánea que lo mismo incluía a las minorías religiosas, que a otras formas de expresiones no convencionales relacionadas con las preferencias sexuales. Como protestante que era, criticaba el hecho de que si bien la laicidad había permitido el surgimiento de otras religiones en México, nunca lo había sido de modo pleno, dado que tanto la izquierda nacionalista, como la derecha guadalupana, las había considerado apátridas e invención yanqui encaminadas al despojo de la identidad mexicana.

La geografía del pecado y la virtud (cuerpo y espíritu) ocuparon a Monsiváis como homosexual que era. Las minorías que también incluía en su discurso eran los (as) bisexuales, gays y lesbianas y toda forma de expresión sexual que “ofende al eterno”, tradicionalmente minimizadas y estigmatizadas por nuestra sociedad patriarcal, donde lo sensible, la conciliación, la solidaridad, la ternura, etc., son expresiones antinaturales, más bien propias de lo femenino (gracias Dios que eres masculino, seguramente diría Monsiváis).

Para Monsiváis, el Estado laico se fundamenta en la educación. Cuestiona el hecho de que ésta se vea como un patrimonio de clases, en la que la impartida por el Estado de carácter laico, esté referida a los “nacidos para perder”, a aquellos que nunca tendrán acceso al desarrollo, lo que resume en la frase: ventaja de clase es destino.

A un año de la muerte de Carlos Monsiváis y dada la actual turbulencia que por diferentes frentes sufre la sociedad mexicana, conviene recordar, en su honor, su premisa: “…la nación en la globalidad, multirreligiosa, diversa, tolerante, sólo puede ser laica”. Cómo él mismo dijo, la laicidad llegó para quedarse por más berrinches y pataletas que hagan.

palarcon@oikos.unam.mx

Fuente: La Jornada de Michoacán

Las condiciones para la reubicación de Temaca no son las adecuadas, dice relator de la ONU

El nuevo centro de población debe ser tan bueno como el territorio que actualmente ocupan, señala

ANÍBAL VIVAR GALVÁN

La reubicación que ofrece el gobierno del estado de Jalisco para los habitantes de Temacapulín no permite el desarrollo integral de las personas puesto que en el nuevo predio, en donde se construyen las casas para quienes acepten la reubicación, no es factible que se pueda practicar la siembra, actividad económica principal de los habitantes de esta población, lo anterior preocupa al personal de las Naciones Unidas, afirmó Olivier de Schutter, relator especial de esta organización sobre el derecho a una alimentación adecuada, quien realizó una visita a Temacapulín y a Talicoyunque, sitio en donde se edifica el nuevo centro habitacional.

“Las personas que viven en estas comunidades viven de la agricultura y cultivan distintos productos que no van a crecer en las tierras que se les están proponiendo en el lugar en donde serían reubicados y es esencial que conserven sus medios de subsistencia en el sitio en donde serían alojados”, dijo el relator quien refirió que en el caso de una reubicación se deben garantizar condiciones favorables para la población sin que se afecte el modo de subsistencia de los pobladores, situación que no se está cumpliendo en el contexto de los afectados por la presa El Zapotillo; enfatizó que las condiciones que se están dando para los reubicados “no son las adecuadas”.

“La situación aquí es un poco más difícil ya que se les está ofreciendo una nueva vivienda con la propuesta de reubicarlos pero en donde se les está proponiendo la reubicación es imposible continuar con sus prácticas agrícolas. Ha habido varios fallos de los tribunales que a la fecha no se han completado, ya que no se han suspendido las operaciones (de la construcción de la presa) y esta es una situación que me preocupa sobremanera porque este modelo de reubicación que se les está proponiendo debería asegurar una compensación”, aseguró De Schutter quien dijo que el lugar en donde ser les reubique tiene que ser tan bueno como los predios que actualmente ocupan los habitantes de Temacapalín.

Fuente: La Jornada de Jalisco

Critican al gobierno por autorizar la inversión minera

CORRESPONSALÍA

Taxco, 17 de junio. El secretario de la sección 17 de mineros, Roberto Hernández Mojica, calificó como irresponsable que el secretario de Desarrollo Económico del estado (Sedeco), Enrique José Castro Soto, se haya reunido con los representantes de las 24 concesiones mineras, antes de escuchar a los ejidatarios quienes se oponen a la instalaciones de empresas para explotar los yacimientos que “lo único que generarán es contaminación y pobreza en La Montaña y Costa Chica”. Externó su molestia por la forma en cómo el gobierno del estado ha permitido abrir las inversiones mineras, sin consultar a los ejidatarios y medir las consecuencias por la explotación de los yacimientos de metal. Aseguró que aunque Castro Soto haya tenido encuentros con los 24 empresarios interesados, los comuneros a través de un frente de pueblos “difícilmente permitirán que se exploten sus tierras”. “Incluso en uno de los pueblos de San Luis Acatlán, los pobladores se opusieron a que ingresaran las maquinarias pesadas que iban a trabajar en las minas”, informó.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Denuncian amenazas de marinos

REDACCIÓN

La presidenta del DIF de Coyuca de Catalán, Azucena Pineda, denunció que los marinos que irrumpieron en su domicilio el jueves pasado en la comunidad de Santa Teresa le advirtieron personalmente que habrían de violarla, situación que, aseguró, la llena de rabia e indignación.

Además, expresó la esposa del alcalde Elí Camacho Guicochea, “desde hace una semana que llegaron la situación es tensa, se empezaron a meter a las casas de los pueblos, como el de Santa Teresa, y en la cabecera, Coyuca de Catalán”.

Vía telefónica, señaló que en su acción, los marinos “violaron las chapas de las puertas; y en la cabecera, Coyuca de Catalán, se metieron por las bardas a los domicilios”.

En el caso particular de Santa Teresa, los elementos de La Marina se llevaron a cinco personas y las golpearon, “cuando los soltaron iban bien mojados y sus ropas ensangrentadas, pero antes les hicieron firmar un documento en el que se comprometían a no hacer ninguna denuncia”.

“Violación a los derechos humanos”: PRD

Por su parte, el representante del PRD ante el IEEG, Ramiro Alonso de Jesús, informó que la irrupción de la Armada es una evidente violación a los derechos humanos, por lo que pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum).

El perredista indicó que habitantes de varias comunidades se acercaron a él para informarle de las irrupciones de la Armada a sus domicilios, de donde les robaron sus pertenencias: “nos han dicho que los marinos les han quitado sus vehículos, robado dinero, y su ropa, además de amenazar a sus esposas e hijos, y les advierten que no presenten ninguna denuncia ante la CNDH o la Coddehum”.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Mich/Méx. Hostigamiento contra comuneros de Zirahuen municipio de Salvador Escalante, Michoacán

Núm. de referencia: 7-OCIP-RFM/Mich

H. Puebla de Zaragoza a 16 de junio de 2011.

Puebla, México

La Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH), con domicilio para recibir información en Avenida Reforma 1516, despacho 4, Centro Histórico de Puebla, con correo: contacto@reddh.org y celular: 044 (45) 2221276839, solicita su intervención ante el c

Contexto

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denuncia el hostigamiento contra comuneros de Zirahuen Municipio de Salvador Escalante, víctimas de constantes amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares que en caravana recorren la comunidad a todas horas, realizando operativos en la región que intimidan y aterrorizan a la población por oponerse al despojo de sus tierras bosques y aguas.

El hecho más reciente sucedió el 11 de junio de este año cuando a las cinco de la tarde llegaron a la comunidad 10 diez camionetas sin placas con siete paramilitares cada una, de apariencia policiaco militar con el rostro cubierto y bajaron de sus vehículos y amenazaron con armas largas a los campesinos que realizaban labores agrícolas propias de la temporada.

Como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo responsabilizamos de la integridad física y psicológica de los comuneros y habitantes de Zirahuen al Gobierno Federal encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, a los grupos empresariales estatales como la organización Ramírez, la Familia Medina, los Arreola, los Vega y los Mendoza, los cuales por sus fuertes intereses económicos empresariales pretenden despojar a los comuneros de sus tierras.

Por lo expuesto solicitamos a los organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales, personalidades comprometidas en la defensa de los derechos humanos, organizaciones políticas y sociales se dirijan al Gobierno Federal para que cesen estas prácticas de terror contra la población, desaparezcan los grupos paramilitares y se respeten los derechos de posesión de tierras bosque y aguas de comuneros, campesinos y comunidades indígenas, queremos impedir que se continúe perpetrando crímenes de lesa humanidad contra la población de nuestro país.

Queremos puntualizar que el Gobierno Federal, en Michoacán pretende instaurar un Estado de sitio, mediante el terror y la zozobra, realizar ejecuciones extrajudiciales de luchadores sociales a través de los grupos paramilitares y la propia policía y ejército federal, así como seguir cometiendo desapariciones forzadas por motivos políticos, bajo el supuesto combate al “crimen organizado” como lo ha venido haciendo contra los comuneros de Cherán que con dignidad defienden sus tierras y bosques.

Como organización de Derechos Humanos nos preocupa que este tipo de acciones se cometan en contra de los comuneros de Zirahuen, toda vez que el actuar de los grupos armados que recorren las comunidades vestidos de civil han sido una característica de las guardias blancas, grupos paramilitares cuyo objetivo es crear miedo en la población por medio del pánico o terror; lo que es más preocupante es que este tipo de actos puedan ser producto de los intereses económicos de grupos empresariales; con lo cual se crea un clima de incertidumbre y de vulneración de la integridad física, psicológica y moral de los habitantes de las comunidad ante referida.

Es importante destacar que la participación de organizaciones sociales como el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo tienen un papel protagónico en el fortalecimiento de la vida democrática del País. Por lo que resultan preocupantes los hechos antes referidos, con lo cual, lejos de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Estado de Michoacán, se ahonda y promueve la delincuencia, la corrupción e impunidad.

Por lo anterior, la Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH) solicita:

1. Urgir al Gobierno del Estado y autoridades correspondientes a tomar medidas cautelares para la protección de los habitantes de Zirahuen Municipio de Salvador Escalante, así como también de los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

2. El cese de hostigamientos, amenazas de violencia o de cualquier otra forma de intimidación que menoscabe la dignidad humana de los habitantes de Zirahuen Municipio de Salvador Escalante municipio de Charo, así como también de los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

3. Con base al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicitamos llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial, así como informar de manera oficial de los avances del proceso.

4. A la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como también a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, expresen su preocupación ante la gravedad de estos hechos.

Atentamente

Israel Sampedro Morales

Dignidad, Justicia, Libertad

Red de Defensa de los Derechos Humanos

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Presidente FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
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Gobernador Constitucional
Palacio de gobierno, 1er. patio planta alta, av. madero poniente # 63, centro, c.p. 58000. Morelia, Mich.
(443) 312-20-32 312-20-33. fax 312-61-10 .
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Fax: 56 81 84 90
Lada sin costo: 01 800 00 869
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Javier Hernández Valencia
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Df/Méx. Detienen al profesor Gonzalo Reyes Agustín.

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POLITICAS, POPULARES Y SOCIALES

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Durante el transcurso del día de hoy, elementos de la policía federal detuvieron al profesor Gonzalo Reyes Agustín, Secretario de Organización de la Región Morelia del Comité ejecutivo Seccional, Fue conducido con lujo de violencia al juzgado XIV de lo Federal del reclusorio sur; cuando salía de la Secretaría de Gobernación de una reunión con funcionarios del Gobierno Federal en México, Distrito Federal, toda vez que sostenían un dialogo con los funcionarios entorno a las demandas económicas y Sociales del Magisterio Democrático Michoacano en el contexto de la Jornada Nacional de Lucha de los trabajadores de la Educación, Integrante de la Coordinadora de trabajadores de la Educación.

El profesor mencionado se ha distinguido por luchar por las demandas económicas y populares del Magisterio Nacional y del Magisterio Michoacano sección XVIII, razón por la cual las autoridades Federales han iniciado una persecución represiva en su contra fabricándole delitos.

Su detención es un acto ilegal y represivo como una forma de esgrimir amenazas contra el Movimiento Democrático Magisterial de Michoacán y del país, toda vez que se está realizando un paro indefinido Nacional en el que participan Secciones Democráticas, Magisteriales de diversos Estados de la Republica quienes mantienen un plantón en México D.F.; integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, en lucha por sus demandas económicas y sociales que el Gobierno Federal se niega a resolver reprimiendo al movimiento.

El profesor Gonzalo Reyes Agustín por su trayectoria de lucha Magisterial, Popular, Democrática, Campesina e indígena; es un preso político de conciencia, por lo que Exigimos al Gobierno federal su libertad inmediata, así como garantías para su integridad física y psicológica, responsabilizando a estas autoridades de cualquier daño que le causen.

Con base en lo anterior Solicitamos a las Organizaciones Sindicales, Populares, Políticas, Sociales y en especial a los Organismo de Derechos Humanos, Nacionales e Internacionales el desempeño de sus buenos oficios ante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa para que se respete su integridad física psicológica, garantías constitucionales y derechos Humanos; así como su libertad inmediata e incondicional; así mismo responsabilizamos al gobierno Federal encabezado por el Señor Felipe Calderón Hinojosa de la represión y daños físico y psicológico u otros como delitos de Lesa Humanidad, que puedan sufrir integrantes del Movimiento Magisterial Democrático Nacional, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Sin otro particular agradecemos la atención prestada a la presente denuncia.

ATENTAMENTE:

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO.

¡Libertad inmediata e incondicional a los presos políticos del país!

¡Desaparecidos, presentación!

¡Solución a las demandas del Magisterio Democrático!

Fuente: REDHH

Mich/Méx. Hostigamiento contra integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)

Núm. de referencia: 8-OCIP-RFM/Mich
H. Puebla de Zaragoza a 18 de junio de 2011.
Puebla, México

La Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH), con domicilio para recibir información en Avenida Reforma 1516, despacho 4, Centro Histórico de Puebla, con correo: contacto@reddh.org y celular: 044 (45) 2221276839, solicita su intervención ante el hostigamiento contra integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

Hechos

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denuncia hostigamiento e intimidación policiaca en contra de compañeros integrantes de nuestro frente durante la JORNADA NACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD Y EL OLVIDO, NO MÁS DESAPARICIONES FORZADAS, del 01 al 30 de mayo del presente año.

El día 30 de mayo una persona empezó a tomar fotos a los compañeros Leobardo Reyes Meza, Reginaldo Pérez Díaz, Susana Aguilar Pintor, Carlos Damián Martínez Ramírez y Martín Tapia Estrada. Se le preguntó “¿cómo se llama y de qué medio es?”, y dijo “del Sol de Morelia”, por lo que otro reportero que en ese momento se encontraba dijo, “ese no es reportero, yo conozco a los del Sol de Morelia”, al escuchar eso una comisión se le acercó y le pidió la cámara, al revisar la cámara notamos que era un policía, y tenía fotografías desde el día 25 de mayo del presente año de los compañeros, le estaba dando seguimiento policiaco.

No es la primera vez que se da un caso de este tipo, constantemente se acercan hombres vestidos de civil, algunos con corte tipo militar y otros con apariencia de reporteros, en las actividades que emprendemos como FNLS con el objetivo de intimidar, hostigar y criminalizar nuestra lucha; una de nuestras demandas es exigir la presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruíz, las hermanas Daniela y Virginia Ortiz, el señor Lauro Juárez y los más de 4 mil detenidos-desaparecidos por motivos políticos y sociales por el Estado Mexicano.

Enviamos fotografías del elemento que estuvo dando seguimiento policiaco durante la JORNADA NACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD Y EL OLVIDO, NO MÁS DESAPARICIONES FORZADAS, del 01 al 30 de mayo.

Foto 1: Individuo que en la jornada de mayo estuvo tomando fotos a compañeros del FNLS haciéndose pasar por periodista. En la marcha estudiantil del 10 de junio de 2011 estuvo tomando fotos a los contingentes estudiantiles e informando con un radio.

Foto 2, 3 y 4: Agente policiaco que se identificó como Abraham García Barrios portando una credencial de la Dirección de Investigación y Análisis del Delito, siempre está presente en las manifestaciones de las organizaciones magisteriales, estudiantiles y populares con un equipo de radio informando quienes encabezan o dirigen los movimientos. El 2 de octubre Abraham Garcia Barrios se infiltró al movimiento estudiantil haciéndose pasar como joven estudiante con bermudas, playera y gorra, su cuaderno de notas y un celular.

Es importante destacar que la participación de organizaciones sociales como el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo tiene un papel protagónico en el fortalecimiento de la vida democrática del País. Por lo que resultan preocupantes los hechos antes referidos, con lo cual, lejos de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Estado de Michoacán, se ahonda y promueve la delincuencia, la corrupción e impunidad.

Por lo anterior, la Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH) solicita:

1. Urgir al Gobierno del Estado y autoridades correspondientes a tomar medidas cautelares para la protección de Leobardo Reyes Meza, Reginaldo Pérez Díaz, Susana Aguilar Pintor, Carlos Damián Martínez Ramírez y Martín Tapia Estrada, así como también de todos los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

2. El cese de hostigamientos, amenazas de violencia o de cualquier otra forma de intimidación que menoscabe la dignidad humana de Leobardo Reyes Meza, Reginaldo Pérez Díaz, Susana Aguilar Pintor, Carlos Damián Martínez Ramírez y Martín Tapia Estrada, así como también de los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

3. Con base al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicitamos llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial, así como informar de manera oficial de los avances del proceso.

4. A la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como también a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, expresen su preocupación ante la gravedad de estos hechos.

Atentamente
Israel Sampedro Morales

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Lic. Víctor Manuel Serrato Lozano
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Dignidad, Justicia, Libertad

Red de Defensa de los Derechos Humanos

REDDH

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El Che periodista

Por: Juan Morales Agüero

El periodismo fue una profesión consustancial al Comandante Ernesto Guevara desde los tiempos de su adolescencia argentina. Cuentan sus contemporáneos que, siendo un mozalbete, fundó en su natal Rosario la revista Tackle, en cuyas páginas solía reseñar con conocimiento de causa los resultados de los torneos locales de fútbol rugby.

Durante su estancia en México, en 1954, dio cobertura como reportero gráfico para una agencia de noticias, a los VII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Divertido, revelaría años después que los propietarios de la citada agencia se esfumaron con el dinero y no le pagaron ni siquiera un centavo por sus instantáneas atléticas.

Pero fue el periodismo de barricada el que marcó con mayor nitidez su recia personalidad de hombre novísimo. En su ejercicio, su talento guerrillero se desdobló en capacidad comunicadora. En uno y otra dejó una huella indeleble en diferentes momentos de su ejemplar existencia revolucionaria en varias publicaciones cubanas y extranjeras.

Cuando la legendaria Sierra Maestra sintió sobre su lomo la presencia de los primeros barbudos, el Che comenzó a editar en El Hombrito su versión de El Cubano Libre, el periódico fundado por nuestros mambises en 1868 y vuelto a imprimir en la manigua en 1895. La publicación se inspiraba nuevamente en los nobles propósitos de sus predecesores, llenos de patriotismo y fervor revolucionario.

El primer número de El Cubano Libre no consigna por ninguna parte su fecha de edición. Está «tirado» en mimeógrafo y lleva en su machón el siguiente subtítulo: «De nuevo en la manigua redentora. Órgano del Ejército Revolucionario. Sierra Maestra. Nueva Era».

Su Editorial, titulado Un nombre glorioso, decía:

«Cuando nuestra Patria estaba en los albores de su existencia como nación independiente, surgió de la manigua la voz magnífica del periodismo mambí. Su título era una profesión de fe en el futuro: El Cubano Libre. ¿Y qué mejor lema para este momento angustiado de nuestra historia?».

En El Cubano Libre de la manigua serrana el Che redactó la sección nombrada Sin bala en el directo, y firmaba con el seudónimo de El Francotirador. Años después, cuando se concretó el triunfo del Ejército Rebelde sobre las tropas de la dictadura batistiana, siguió escribiéndola y firmándola igual en la revista Verde Olivo.

De esa época de su trayectoria, del Che Guevara periodista, diría un autor: «Escribe crónicas ocasionales, dardos agudos, afilados al calor de la actualidad, plenos de ironía, donde se hace visible su estilo, su sentido del humor, su capacidad de polemista…».

Pero no se quedó en la tinta su propensión al periodismo comprometido. También en la Sierra Maestra participó en la fundación de la emblemática emisora guerrillera Radio Rebelde, cuyas frecuencias buscaba cada noche el pueblo cubano para conocer la verdad de lo que estaba sucediendo en el país y desmentir los partes del Gobierno.

Lo que luego sería un libro titulado Pasajes de la guerra revolucionaria fueron, primero, artículos periodísticos aparecidos en la prensa de los años iniciales de la alborada redentora. El Che continuó siendo después del triunfo el mismo hombre preocupado por lo que ocurría en torno suyo, y hacia esa dirección dirigió su pluma.

Cuando se habla de periodismo pleno y comprometido, su nombre no necesita ser convocado ni sugerido. Acude por derecho propio.

-Tomado de Juventud Rebelde

Arrestan al Director Ejecutivo de Greenpeace Internacional

Estimad@ ciberactivista:

Esta mañana, Kumi Naidoo, Director Ejecutivo de Greenpeace Internacional fue arrestado por la marina danesa por escalar la plataforma petrolera Leiv Eiricksson ubicada en el Ártico, a dónde subió para exigir un alto inmediato en las perforaciones en aguas profundas y entregar 50,000 firmas de ciudadanos de todo el mundo que solicitan urgentemente que la compañía Cairn Energy explique cómo manejará un derrame petrolero en dicha región.

En un acto de audacia y valentía, Kumi, a bordo de una lancha inflable evadió a la marina danesa, llegó a la plataforma petrolera, y logró subir una escalera de 30 metros y adentrarse en dicha estructura, a pesar de los chorros de agua gélida que disparaban los empleados de Cairn sobre él y otro activista que lo acompañaba. Noventa minutos más tarde fueron detenidos y trasladados por aire a Nuuk, capital de Groenlandia.

Desde nuestro barco Esperanza, Kumi advirtió que de no detener la explotación de petróleo en aguas profundas del Ártico, se estaría poniendo en riesgo uno de los ecosistemas más frágiles del planeta, además de seguir abonando la adicción al petróleo que ha provocado el cambio climático.

Por eso, hoy te llamo a estar muy alerta y pendiente de la información que te estaremos enviando sobre la detención de nuestro director ejecutivo. No olvides que tu participación será determinante para lograr su liberación.

Kumi no está solo en su lucha por defender al Ártico y poner un alto a la explotación petrolera en aguas profundas. De no frenar a la empresa que opera esta plataforma, Cairn Energy, otras empresas como Exxon o Chevron seguirán el mismo camino, poniendo en riesgo este frágil ecosistema.

Para seguir haciendo este tipo de acciones y luchar para proteger juntos al Ártico, te invito a que hoy te hagas soci@ donador por menos de un peso diario y que como soci@ de Greenpeace trabajemos en la defensa activa de nuestra casa, el planeta tierra.

Ni en el Ártico ni en México queremos explotación de petróleo en aguas profundas.

¡Gracias!

Patricia Arendar

Directora Ejecutiva

Greenpeace México

México debe investigar la desaparición de personas detenidas por la Marina.

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Rápida y Furiosa: La guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos se cobra más vidas

Por Amy Goodman

Las muertes violentas de Brian Terry y Juan Francisco Sicilia, con apenas meses de diferencia, en la cada vez más peligrosa frontera entre México y Estados Unidos, provocaron el inicio de una revisión tardía de la llamada “Guerra contra las drogas” y un cuestionamiento del modo en el que el gobierno de Estados Unidos está, en definitiva, empeorando el problema.

La noche del 14 de diciembre de 2010, el agente Brian Terry se encontraba en el desierto de Arizona, patrullando como parte de la Unidad Táctica del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (BORTAC, por sus siglas en inglés), una fuerza policial altamente entrenada y armada, descrita como la fuerza paramilitar de élite de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Esa noche el grupo participó en un tiroteo, en el que Terry murió. A pesar de que su muerte podría haberse convertido tan solo en otro acto violento asociado con el tráfico de drogas en la frontera, un detalle provocó que diera lugar a un fuerte enfrentamiento entre el gobierno de Obama y el Congreso de Estados Unidos: las armas halladas en la escena del crimen, fusiles AK-47, fueron probablemente vendidas a delincuentes mexicanos en el marco de una operación encubierta de la Agencia Estadounidense de Control del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).

Conocido con el nombre de “Operación Rápido y Furioso”, el programa secreto tenía como finalidad rastrear armas vendidas en Estados Unidos a supuestos intermediarios, personas que compran armas a nombre de otros. La operación de la ATF permitió que las armerías vendieran gran cantidad de armas a intermediarios que la ATF sospechaba compraban para cárteles de drogas mexicanos. En lugar de arrestar al intermediario, considerado por la ATF como un criminal relativamente menor, rastreaban las armas que ingresaban a México permitiría a la ATF arrestar a los cabecillas de los cárteles criminales. Al menos, ese era el plan.

Según el informe del Centro para la Integridad Pública, en el marco del programa “Rápido y Furioso” se vendieron al menos 1.756 armas. Alrededor de 300 fueron vendidas antes de que comenzara la operación. De esas más de 2.000 armas, tan solo 800 fueron recuperadas. Dos de las armas recuperadas fueron halladas en la escena del asesinato de Terry, en una región conocida como Peck Canyon, en la parte estadounidense de la frontera entre Nogales, México, y Tucson, Arizona.

El agente especial John Dodson de la ATF fue uno de los tantos agentes de campo que le dijo a sus superiores que la operación encubierta era imprudente. Sus preocupaciones no fueron atendidas y la operación continuó. Luego del asesinato de Terry, Dodson denunció la operación en primer lugar al Departamento de Justicia, luego al Senador republicano Charles Grassley. Grassley le pidió explicaciones al Fiscal General Eric Holder y ahora el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes—presidido por el representante republicano Darrell Issa—está llevando a cabo una serie de audiencias sobre el caso.

Al sur de la frontera, Juan Sicilia y otros seis jóvenes fueron brutalmente asesinados en marzo de este año, apenas otras siete víctimas inocentes de la arrasadora violencia que está padeciendo México y que ya se ha cobrado las vidas de 35.000 personas desde diciembre de 2006, cuando el Presidente mexicano Felipe Calderón comenzó su ofensiva contra los cárteles de droga. Javier Sicilia, el padre de Sicilia, es un reconocido poeta e intelectual mexicano. Poco después del asesinato de su hijo, Sicilia escribió su último poema, dedicado a él. Ahora está comprometido con la lucha contra la violencia y el derramamiento de sangre en su país. Encabezó una manifestación en mayo desde Cuernavaca, su ciudad natal, hasta la famosa plaza del Zócalo en Ciudad de México, en la que participaron 200.000 personas. El fin de semana pasado, encabezó otra marcha hacia la frontera, y luego hasta El Paso, Texas.

Sicilia está en contra de los cárteles, por supuesto. Pero también culpa a Calderón y a Estados Unidos. Pide que se ponga fin a la “Iniciativa Mérida”, a través de la cual Estados Unidos proporciona armas y entrenamiento a las fuerzas militares mexicanas para la lucha contra el narcotráfico. Sicilia también pide la legalización de las drogas, una petición en la que es acompañado sorprendentemente por el ex presidente mexicano conservador, Vicente Fox y cada vez más por el propio Calderón.

El Presidente Calderón viajará a Estados Unidos esta semana. Recientemente cuestionó a la industria armamentista estadounidense por lucrar con la venta de armas que terminan en México. También criticó el levantamiento de la prohibición de las armas de asalto en Estados Unidos, lo que provocó un gran aumento de la violencia con armas en México.

Un nuevo informe publicado por tres senadores demócratas de Estados Unidos establece que aproximadamente el 70 por ciento de las armas incautadas en México entre 2009 y 2010 provinieron de Estados Unidos. De las casi 30.000 armas incautadas en México durante ese período, más de 20.000 provinieron de Estados Unidos.

Si algo debería ser rápido y furioso en Estados Unidos es el impulso de políticas sensatas y prudentes sobre control de armas y drogas. Quizá cuando eso suceda, Javier Sicilia vuelva a escribir poesía.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2011 Amy Goodman

En vivo por AMLO TV Pablo Moctezuma

Asamblea dominical de la Resistencia Creativa

El domingo 19 de junio a las 9:30 horas en el Hemiciclo a Juárez contaremos con la participación del doctor Pablo Moctezuma Barragán, quien impartirá la conferencia La guerra en México. Posteriormente saldremos a trabajo de brigadeo, para lo cual les pedimos llevar ropa cómoda.

BRIGADA EN APOYO A ENCINAS

Mañana sábado 18 de junio, 10:30 am, abajo del reloj en metro Cd. Azteca, de ahi partimos para brigadear en apoyo del Lic. Alejandro Encinas Rodríguez, en el Municipio de Ecatepec de Morelos.

REDES UNIVERSITARIAS

Retos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos

JORGE ROCHA

Finalmente se promulgó la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Hasta el momento sólo el Congreso local del estado de Guanajuato no la había aprobado, 22 entidades (suficientes para que se hiciera efectiva) la habían aceptado y estados como Jalisco no la habían sometido a votación (porque no les parece relevante o porque no querían quedar mal con los grupos neoconservadores que presionaban para no aceptarla, pero tampoco con las organizaciones civiles que promueven y defienden los derechos humanos). En cualquier circunstancia es reprobable la actitud de los legisladores locales en el tema.

Sin duda alguna la aprobación de la reforma representa un avance sustantivo y es un paso firme en el proceso de armonización del marco normativo nacional a los estándares internacionales de los derechos humanos. Algunos de los logros más relevantes de la reforma es que le otorga a los derechos humanos plena carta de ciudadanía en la legislación mexicana, se recupera el derecho internacional de los derechos humanos con el nivel de ley constitucional y se le otorgan más facultades a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esta reforma supone cambios muy importantes y profundos para el ejercicio de gobierno en todos los niveles (federal, estatal y municipal), impone retos muy grandes para las organizaciones de la sociedad civil preocupadas con este tema, implica una nueva forma de pensar para el gremio de los abogados, los litigantes, los jueces y los ministerios públicos e incluso impone a las universidades que sus programas de licenciatura, maestría y doctorados de derecho, retomen estas modificaciones en sus planes de estudio; y también el sistema educativo tendrá que encarar las responsabilidades que se derivan por estos cambios en el marco normativo.e_SNbS

Es decir, la reforma constitucional en materia de derechos humanos implica un cambio paulatino que vaya construyendo una verdadera cultura de los derechos humanos en México y a la par exige la implementación de políticas públicas de largo alcance y el rediseño institucional de ciertas instancias de gobierno que se ven impactadas por estos cambios legales. De no ser así, el avance que ahora alabamos será sólo una promesa y persistirán las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que desde hace muchos años existen en el país. No se puede negar este acierto, pero si estas reformas no se traducen en políticas de estado de poco habrá válido este esfuerzo.

Ahora bien, el panorama en el que se promulga esta reforma constitucional no es el más halagador en materia de derechos humanos. Esta semana la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos (Red TDT), presentó un informe titulado México, a dos años del Examen Periódico Universal, balance del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde desde una perspectiva de la sociedad civil organizada, se hace una primera evaluación de cómo el gobierno mexicano ha resuelto las recomendaciones que le hizo la ONU en el tema de los derechos humanos en el año 2009. El documento presenta, luego de dos años de la elaboración de estas recomendaciones, un primer corte de caja para ver los avances en esta agenda.

Entre las organizaciones que aportaron a la elaboración de este texto están Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En el resumen ejecutivo del documento, la Red TDT plantea que “…En general, hay avances significativos en el ámbito legislativo, pero observamos que esto aún no se traduce en políticas públicas que incidan directamente en revertir el contexto de impunidad y de discriminación en contra de grupos vulnerables (como mujeres, pueblos indígenas y migrantes) y en generar un ambiente de seguridad que permita la plena participación de la ciudadanía en procesos democráticos y el pleno disfrute de sus derechos económicos, sociales culturales y ambientales. Tampoco hay espacios adecuados que involucren de la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de estas políticas. A pesar de las múltiples recomendaciones de instancias internacionales de protección a los derechos humanos o las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano sigue siendo reticente a reformar el Código de Justicia Militar, a eliminar la figura del arraigo o a atender las demandas de justicia, verdad y reparación para los casos de la llamada Guerra Sucia. Tampoco ha tomado las medidas oportunas para generar un ambiente propicio para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión y proteger a defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas”.

En el documento se hace un recuento de las visitas que han hecho relatores especiales y grupos de trabajo a México con la finalidad de ver el estado en el que se encuentra algún derecho, se citan las sentencias de la Corte Interamericana en contra del gobierno de México por casos de violación a los derechos humanos y luego se hace una ponderación en el avance de las recomendaciones que hizo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a nuestro país en el año 2009. La reforma es una buena noticia, pero el contexto en el que nace implicará un esfuerzo sin precedentes para realmente hacer valer todo lo que se plantea en estas modificaciones legales. Por eso es preciso seguir de cerca las políticas públicas que se implementarán con el fin de aterrizar todo lo que ahora dice el texto constitucional y las acciones que emprenderán otros actores sociales como las organizaciones de la sociedad civil y los académicos con el fin de que esta ley se haga realidad.

Fuente: La Jornada de Jalisco

Un paso más en los derechos humanos

RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE - JUEVES, JUNIO 16, 2011

El pasado jueves nueve de junio, el Presidente de la República promulgó un decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política del país, así como la denominación del Capítulo I de su Título Primero.

El Poder Constituyente Permanente, es decir las dos Cámaras del Congreso de la Unión y las Legislaturas de los 31 estados de la República, elevaron a rango constitucional una serie de modificaciones al texto original de nuestra Carta Magna, para adoptar el término de “derechos humanos”, con lo que se amplía su reconocimiento y protección en el país.

A partir de ahora, el Título Primero de nuestra Constitución se intitula: “De los derechos humanos y sus garantías”, en lugar de la original clasificación que databa de 1917 en que se promulgó, que las denominaba: “De las Garantías Individuales”.

Con esta reforma, el texto de la Constitución se adhiere a las doctrinas iusnaturalistas, que sostienen que las Constituciones únicamente reconocen los derechos humanos, no los otorgan. Además, reitera –de manera específica– la obligación de respetar los tratados internacionales de la materia en los que el Estado Mexicano sea parte.

La enmienda aprobada, incorpora el término “persona”; y lo utiliza para sustituir el de “individuo” y, con ello, se introducen las obligaciones que el Estado debe asumir frente a las violaciones a los derechos humanos. Éstas son las de prevenir, investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos.

Para su defensa, las reformas constitucionales adicionan, en el primer artículo ahora vigente, la determinación de que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

La reforma constitucional aspira lograr la prohibición del combate a la discriminación por preferencias sexuales, que habrá de generar múltiples reformas a las leyes civiles de los estados; y un cambio, a lo largo del tiempo, en muchas conciencias, en ciertos atavismos y en añejas tradiciones inconvenientes.

Se agrega al texto del artículo 11º de la Constitución, el derecho de toda persona de solicitar asilo, en caso de persecución por motivos de orden político, así como también preceptúa que por causas de carácter humanitario, se recibirá refugio.

Otro cambio trascendente que la reforma presenta, lo representa el fortalecimiento de las facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, puesto que establece que cuando las autoridades no acepten o cumplan las recomendaciones emitidas por este organismo, deberán publicar las razones de su negativa y la Cámara de Senadores, o en sus recesos la Comisión Permanente, podrán llamar a comparecer a dichas autoridades para que expliquen su negativa.

Este organismo defensor de los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), además es destinataria de nuevas facultades que la reforma le concedió y que le fueron retiradas a la Suprema Corte de Justicia, en materia de investigación en caso de violación grave de los propios derechos humanos. La desastrosa actuación que el máximo tribunal tuvo con respecto a la investigación del incendio de la guardería ABC de Sonora, influyó en que el Poder Revisor Constitucional le retirara esta potestad.

La CNDH, está además investida de la facultad para interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes locales y federales, que considere que vulneren derechos humanos contenidos en la propia Constitución General y en los Tratados Internacionales, debidamente suscritos por el Presidente de la República y ratificados por el Senado.

En materia de suspensión de garantías, el nuevo texto constitucional creó un catálogo de derechos que no podrán suspenderse en ningún caso ni por motivo alguno, como los derechos a la vida, a la integridad, a la niñez, así como a los principios de legalidad y de no retroactividad.

Esta reforma constitucional constituye un cambio evolutivo muy favorable para la vida nacional. Conviene conocer y estudiar su contenido para contribuir a que sus efectos puedan penetrar rápido en nuestra idiosincrasia y cultura, a efecto de lograr que sus preceptos regulen efectivamente nuestra convivencia.

raulcontreraslajornada@gmail.com

Fuente: La Jornada de Veracruz

Segundo esfuerzo desmitificador de Poiré

Empeñado en su exégesis por entregas,el doctor Poiré va ya en el tercer argumento de su esfuerzo desmitificador. El segundo anterior lo dedicó a corregir la errónea idea –compartida por abrumadora mayoría de mexicanos– de que “las fuerzas armadas usurpan las labores de la policía y violan sistemáticamente derechos humanos”.

Con un estilo perfectible dice que ni Ejército ni Marina sustituyen a las corporaciones policiacas, que junto con la Policía Federal (PF) “apoyan de manera temporal y subsidiaria a las autoridades civiles, y no actúan en solitario. En la medida en que las policías locales avancen en el proceso de profesionalización y certificación serán menos necesarias las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado” y que no se ha militarizado la lucha.

Bien, ninguna de tales afirmaciones demuestra un comino. Son, si acaso, meras frases de buenos propósitos pero demuestran nada.

Veamos, la militarización para combatir al narcotráfico, que no al crimen organizado, inició en el sexenio anterior, en junio de 2005, luego de una escalada de violencia en el noreste del país. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, principalmente. Llegaron al estado 600 efectivos militares.

Para julio de 2006 las acciones militares se habían extendido a Baja California, Guerrero, Michoacán y Sinaloa, además de Tamaulipas. En todos esos estados se recrudecieron la violencia y las ejecuciones, que comenzaron a incluir a elementos de las corporaciones federales involucradas en el programa.

Durante el sexenio de Vicente Fox el promedio mensual de militares abocados a combatir al narco era de casi 19 mil 300.

Al inicio del sexenio Felipe Calderón dispuso que se emplearan 30 mil soldados en la lucha al crimen. Tres años después los efectivos militares habían aumentado a 45 mil. En los primeros meses de este año los militares dedicados a la guerra al narco eran 51 mil en el campo de batalla, si es que así se le puede llamar. Por cada uno de esos soldados dedicados al combate hay que sumar entre tres y cinco elementos adicionales dedicados a labores logísticas, administrativas y médicas.

Hasta el año anterior las fuerzas armadas mexicanas contaban con 262 mil 741 efectivos. De los que 56 mil 728 pertenecen a la Armada; el resto al Ejército y Fuerza Aérea.

Dicho de otro modo, en el cuarto año de la administración Calderón el uso de fuerzas militares en combate aumentó en 68 por ciento. Pero si se toma en cuenta el personal logístico administrativo necesario para sostenerlos en batalla, el número aumenta por lo menos a 150 mil. Esto es, las tres quintas partes de los efectivos militares nacionales.

Consecuentemente la afirmación del doctor Poiré de que “no se ha militarizado la lucha de México por la seguridad” es totalmente falaz. O mitómana, por seguir con la línea sugerida por el propio Poiré.

Afirma en su blog que las “fuerzas armadas no violan sistemáticamente los derechos humanos de la sociedad. Los registros son claros al ilustrar que las violaciones que se han registrado son incidentales, se han sancionado, y no son el resultado de una cuestión estructural”. Habría que preguntar aquí cómo debemos interpretar el encubrimiento de la violación de la anciana Ernestina Ascencio en Zongolica hace cuatro años, ¿como un algo incidental o estructural?

En marzo pasado Human Right Watch (HRW) presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe sobre México. El quinto informe sobre México. El documento acusa directamente al Estado de encubrir militares que se presume violaron derechos humanos. Dice textual el informe: “es decepcionante que México haya desaprovechado esta oportunidad para reconocer y afrontar la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por militares”. Un par de párrafos adelante, el informe afirma a que en la lucha contra el narcotráfico “se ha registrado un drástico incremento de las denuncias de abusos militares”.

Algunos datos: entre enero de 2007 y diciembre de 2009 la CNDH recibió 3 mil 388 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por militares. Sólo tres de esos militares involucrados han sido condenados por violaciones a derechos humanos –el gobierno había afirmado que seis– pero una de las condenas era porque el soldado estaba involucrado en un accidente automovilístico y otra se revirtió en un tribunal militar de apelación. Por lo tanto hay una sola condena por violación a derechos humanos. En este caso singular, el militar fue condenado a nueve meses de prisión. ¿Su delito? Disparar a un civil en un retén militar.

HRW señala en su informe que el origen de la impunidad deriva del propio secretario de la Defensa, Guillermo Galván, que “ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas, los jueces militares no gozan de la garantía de estabilidad en el cargo, el control civil de las decisiones de los tribunales militares es muy limitado y prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares” en el país.

Y eso es estructural, no incidental como afirma Poiré. Por lo demás, el hombre ignora, probablemente de forma deliberada, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia vinculante en noviembre de 2009 que ordenó a México modificar su Código de Justicia Militar para que “en situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia pueda operar la jurisdicción militar”.

Sea que lo haga por ignorancia o por deliberación, Poiré miente. Dice que en cuatro años entre Sedena y Semar se llevaron a cabo “poco más de un millón 600 mil servicios por año” y frente a ello sólo 5 mil 369 quejas ante la CNDH (.08 por ciento) de esos servicios. El dato dice absolutamente nada si no se define lo que debemos entender por “servicios”. ¿Servicios de combate? ¿De patrulla? ¿De intendencia? ¿De limpieza de letrinas? ¿De retenes carreteros? ¿O de mensajería? ¿La combinación de todos? Como no lo define, consecuentemente la cifra porcentual significa nada y su “desmitificación” del punto tampoco.

Dice Poiré que las fuerzas armadas han recibido las recomendaciones de la CNDH con un serio compromiso con los derechos humanos y la reparación del daño. Se han aceptado 96.7 por ciento de las recomendaciones y se trabaja intensamente en la capacitación en materia de derechos humanos para todo el personal militar. Es falso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido varias quejas sobre abusos militares en estos cuatro años, al grado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decidido analizar el caso de la desaparición de los jóvenes Nitza, Rocío y José Alvarado, detenidos en diciembre de 2009 por el Ejército mexicano en el municipio de Buenaventura, Chihuahua. Es el primero que llega a la Corte Interamericana en un lapso tan breve. Ese hecho junto con el informe de HRW desmienten por el eje la afirmación de señor Poiré.

Adán Abel Esparza Parra es campesino mexicano. Sus hijos, esposa y hermana fueron acribillados en un retén militar en Sinaloa en 2007. Le fueron dados por el Estado mexicano un promedio de 147 mil pesos (12 mil dólares) como compensación por cada uno de sus familiares asesinados. Es la cantidad promedio que otorga el gobierno de Calderón por las bajas colaterales. En contraste, la Sedena ha pagado a las familias de los militares caídos en combate, en promedio, 784 mil pesos (67 mil dólares).

En cuatro años de pesadilla el gobierno de Felipe Calderón no ha informado ni al Congreso lo que le cuesta su guerra en dinero público. Lo hizo el delfín Ernesto Cordero en Washington. Más de 200 mil millones de pesos al año.

Termina su argumento sumergido en el penoso lugar común de que las fuerzas armadas son un motivo de orgullo para todos los mexicanos y dice que las cifras no mienten. En efecto, como las proporciona ECP lo hace por él y las cifras dicen exactamente lo contrario a la exegética defensa del señor Poiré.

Es Cosa Pública

leopoldogavito@gmail.com

Fuente: La Jornada de Veracruz

Necaxa, en riesgo de desaparecer por ignorancia de la CFE sobre el mantenimiento a la presa

JAVIER PUGA MARTÍNEZ

La población y la presa de Nuevo Necaxa están en riesgo de desaparecer debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no le ha dado mantenimiento al túnel que pasa debajo de esta comunidad en la Sierra Norte de Puebla, por lo que podría ocasionar una tragedia.

Algo similar podría ocurrir con el sistema hidráulico de la presa de Necaxa, pues al carecer de regulación por la falta de mantenimiento y la ignorancia en la operación por parte de la Comisión Federal de Electricidad, no se podrán controlar las avenidas de agua durante la temporada de lluvias, poniendo en un grave riesgo a las poblaciones que se localizan aguas abajo de este sistema.

Lo anterior se desprende de la investigación que hizo Mario Govea Sansón, trabajador jubilado de Luz y Fuerza del Centro, quien durante tres décadas laboró como operador del Sistema Eléctrico Central de la hidroeléctrica de este municipio.

Govea Sansón presentó ayer el libro Necaxa, Cuna de la Electricidad en América Latina, en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), como resultado de la preocupación a dos años de que fue decretada la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

El texto, realizado en conjunto con la investigadora Catalina García Espinosa, también fue creado como un medio para ayudar económicamente a los ex trabajadores y agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), pues con la desaparición de su única fuente de trabajo muchos han optado por migrar del pueblo; otros tantos se han suicidado por la severa depresión que les ocasionó ver derrumbada la economía de su familia, según comentó el autor.

En entrevista con La Jornada de Oriente, el también ex coordinador de la Comisión Técnica del SME subrayó que tras el inconstitucional decreto de extinción de la compañía las instalaciones de la hidroeléctrica se han deteriorado severamente, lo que pone en un grave riesgo a toda la región de Nuevo Necaxa, mismo que las autoridades estatales y municipales ignoran totalmente.

Señaló que esto se ha transformado en una tragedia social en toda la región, desde Huauchinango, en Puebla, hasta Poza Rica, en Veracruz, ya que en todo este corredor que interactuaba con los electricistas de Necaxa y que era principalmente comercial se vino abajo, pues no hay otras fuentes de ingreso.

“Todos los que trabajamos ahí sabemos de la dificultad para operar esas máquinas; es un sistema en cascada de tres plantas que va generando electricidad y se reembalsa. Es una industria que nació en 1903 con la Mexican Light and Power Company, que se nacionalizó en 1960; en 1974 se integró a la CFE, y posteriormente nace Luz y Fuerza del Centro, pero nunca se cumplió todo lo que se le prometió a esta empresa para que operara por sí sola. Siempre fue la caja chica de la CFE”, señaló el investigador.

Electricidad comprada cara, pero vendida barata

Agregó que la población desconoce la campaña de desprestigio que se utilizó contra Luz y Fuerza del Centro, pues a través de la televisión, principalmente, el presidente Felipe Calderón afirmó que a esta compañía se le entregaban 42 mil millones de pesos para privilegio del sindicato.

“Lo que Calderón nunca aclaró es que por parte de la Secretaría de Hacienda se le obligaba a otorgar 57 mil millones de pesos para las tarifas y esos 42 mil millones eran parte del subsidio que otorgaba a la empresa. Es decir, la propia Federación le autorizaba, benévolamente, endeudarse a Luz y Fuerza con 15 mil millones, por que no le regresaba todo lo que Hacienda le obligaba a dar como subsidio”, agregó.

Las tarifas por el cobro del servicio de energía eléctrica eran fijadas por la propia Hacienda, no por la compañía, pero el precio de la producción de energía lo fijaba arbitrariamente la CFE, destacó Govea Sansón.

Así, el precio de la venta de energía para los consumidores comunes era 27.4 por ciento más caro que lo que Hacienda le permitía venderlo a los consumidores de industrias, relató el autor. En otras palabras, se trataba de una empresa que vendía barata su electricidad, pero la compraba a precios elevados.

“Nunca se le permitió a Luz y Fuerza del Centro aumentar su parque de generación, y se quedó con el mismo que tenía desde 1903. Sólo era autosuficiente para producir 4 por ciento de sus necesidades. 96 por ciento restante se lo tenía que comprar a la CFE”, relató.

Así, las pérdidas que tenía la compañía le eran contabilizadas absolutamente todas mientras que a la CFE sólo le costaban las pérdidas técnicas. En las estadísticas de los últimos 20 años, la CFE aparece sólo con 10 por ciento de pérdidas, mientras que Luz y Fuerza llegó a tener 32 por ciento, abundó.

Sin embargo, en los dos últimos años desde que llegó la CFE a hacerse cargo de Nuevo Necaxa no sólo no se da abasto, sino que sus pérdidas han crecido todavía 2 por ciento más, indicó.

El autor recalcó que “la empresa de clase mundial” –como se autodenomina la CFE– está haciendo mal uso de las presas de esa región, la cual tiene tres divisiones: una en la parte alta, que son las presas de Los Reyes, Laguna y Necaxa; la segunda división, que aprovecha el río Lajajalpan, con las presas de Nexapa y Tenango, mientras que la tercera división, que es toda una obra de ingeniería excepcional, que tiene una galería de agua filtrante de 30 kilómetros, que comienza en Zacatlán y termina en la presa de Nexapa.

Esta última obra se hizo a principios del siglo pasado, cuando no existía el concreto, y está formada por túneles y canales. Uno de esos túneles conectaba a la presa de Tenango con la de Necaxa, pasando abajo del poblado.

“El problema es que al no ser de concreto, pues éste no se conocía en 1903, las tres cortinas de Nexapa, Tenango y Necaxa fueron construidas en 12 años a base de tierra roja y lodo. Estas permanentemente deben estar húmedas porque de lo contrario se resquebrajarían, con el riesgo de que se lleven a todas las poblaciones, aguas abajo, desde Necaxa hasta Tecolutla, Veracruz”, alertó Govea Sansón.

Aseguró que esto lo desconoce la CFE, que ha operado mal las presas y no le ha dado mantenimiento a los túneles, inclusive del hundimiento total del pueblo de Nuevo Necaxa. Este es el riesgo más grave, que a pesar de que ha sido denunciado, ni la presidencia municipal ni el gobierno del estado han hecho caso.

Fuente: La Jornada de Oriente

La falta de un estudio epidemiológico para Laguna Verde es incomprensible

Sin los resultados que arroje un profundo estudio epidemiológico practicado en las comunidades cercanas, la Central Nucleoeléctria de Laguna Verde se convierte en uno de los riesgos ambientales potenciales más devastadores no sólo para el estado de Veracruz, sino para el país entero, declaró la doctora Lilia Albert, especialista en Toxicología Ambiental, quien reveló que lo más preocupante del caso es que el costo financiero de una investigación así le resultaría a los gobiernos prácticamente gratis, por lo que resulta incomprensible por qué no lo ha llevado a cabo.

A menos que lo tenga “debajo del cajón” y que sus resultados confirmen las denuncias reiteradas de los habitantes de los municipios cercanos en el sentido que se han incrementado los casos de leucemia y otras enfermedades que podrían considerarse como resultado de la radiactividad, se entiende la demora de la Federación, precisó.

“Y lo más importante es evitar mentirle a la gente. Se recordará cómo el gobernador Miguel Alemán se metió a nadar en las afueras de la planta para demostrar que no hay contaminación. Es una barbaridad lo que hizo, porque en todo caso el riesgo no es agudo, sino crónico y una bañada o tres no demuestran nada. Tendría que ir a bañarse diario por 20 años para demostrar que no hay riesgo. O como ahora que recientemente los funcionarios de la CFE organizaron un recorrido en el que todos fueon con su guayabera limpia y sus inútiles cascos, que por cierto, sólo se utilizan como medida precautoria cuando hay el riesgo de que a alguien le caiga algo en la cabeza, como en una construcción; pero ir con el casco a Laguna Verde es suponer que la gente piense que el casco nos protege de las radiaciones”.

Respecto de las denuncias reiteradas de vecinos a la nucleoeléctrica sobre la recurrencia de ciertas enfermedades, opinó que la mecánica adoptada por las autoridades de negar su existencia una y otra vez es lo más sospechoso del caso. Aunque el gobierno estatal no tiene ninguna injerencia concurrente de manera legal para actuar al respecto, la doctora Albert consideró que ante esa reclamación reiterada sobre la presencia de cierta patologia ambiental, el gobierno estatal podría exigirle a la Federación un buen estudio epidemiológico.

“Para acallar con hechos todas esas inconformidades, el gobierno federal debería hacer ese estudio, porque mientras la autoridad estatal niega el problema y supone que con eso no existe, la comunidad no está satisfecha porque no fue tomada en consideración. Lo primero que debieron hacer fue mandar a la brigada de epidemiología para cuando vengan las quejas ya sabrían cómo estan las cosas, porque con esa sospecha cualquier catarro o tos se lo van a achacar a la planta”.

La doctora Albert insistió en que Laguna Verde y sus problemas es responsabilidad del gobierno federal, el cual no muestra ningun interés por darle una respuesta cierta a la gente que vive en los municipios aledaños a la planta, actuando como si no hubiera nada que temer o suponiendo que por el hecho de ser autoridad les permite hacer lo que quieran “viven en tiempos previos a los riesgos ambientales actuales, no conciben que existan peligros a largo plazo; están en la época en que no piensan que las comunidades se pueden inconformar y suponen que todo lo pueden resolver con alguna demanda penal o amenazas para aquietarlos”.

Abundó en el abandono y desdén de la CFE y de la Federación sobre el riesgo de la planta, al insistir que no existe un programa integral de evacuación en caso de un accidente nuclear, porque las vías de salida no están pavimentadas o se encuentran llenas de baches, “si llegara a ser necesario usarlas lo primero que tendrían que hacer los vecinos a la central es ir directamente hacia el foco del potencial incidente, es decir a Laguna Verde, que es donde la carretera está en mejores condiciones”.

Cuestionó también los simulacros de evacuación que se realizan, porque no los hacen con la población, sino con autoridades para “tomarse la foto” y si bien consideró que la información y una campaña permanente con las comunidades no le van a quitar la peligrosidad a la central nuclear, sí le ayudaría en sus relaciones públicas con la gente.

–¿Desde su experiencia, se puede afirmar que sí existe un problema de salud pública en Laguna Verde?

–Lo que se puede afirmar es que no se sabe si existe ese problema porque no existe ningún estudio oficial que demuestre lo contrario. Lo que si no puede ser es que (las autoridades) vengan y digan que fueron y vieron y no hallaron nada porque si existe la capacidad científica lo que no entiendo es por qué la Federación no ha enviado una brigada de epidemiólgos para determinar con exactitud la existencia o no del problema. No lo hacen porque les importa un comino la comunidad, tal vez por prepotencia o finalmente por miedo a que los resultados confirmen que la gente tenía razón.

Fuente: La Jornada de Veracruz

Analizan los efectos del sistema capitalista en el rezago del campo

La migración deja de ser alternativa; ya no existen las fuentes laborales de antaño, señala

JOAQUÍN MONTAÑEZ (Corresponsal)

Sahuayo, 15 de junio.- Dentro del Encuentro Académico sobre Desarrollo Local que se lleva a cabo en la Universidad de la Ciénega de Michoacán (UCM), se presentó la ponencia El boom agrícola y la pobreza del campo mexicano, espacio de análisis y reflexión en torno a las formas en las cuales el capitalismo como sistema he llevado a una distribución inequitativa de la riqueza, la cual ha impactado en el ámbito agrícola, no obstante que se encuentra en riesgo la sustentabilidad alimenticia.

Humbert Cartón de Grammont, ponente del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, comentó que la problemática del campo es compleja, ya que se encuentran elementos que parecen ser contradictorios, pues por un lado se tiene a un pequeño sector de empresas agrícolas que es bastante exitoso en términos de su ubicación en el mercado nacional e internacional, y frente a eso, por el otro polo, se encuentra un sector de productores que no la hacen en términos económicos y que viven marginados y en la pobreza.

“Están anclados porque no pueden dejar su actividad agrícola, ya que no encuentran trabajo en otras partes; el escape tradicional de la migración a la ciudad o Estados Unidos se viene cerrando, ya que no hay perspectivas nada claras para conseguir trabajo, de alguna manera se amontonan en el campo”, acotó el especialista, quien refirió que en algunos de los casos la gente no quiere o no puede migrar, ya que saben que las fuentes de empleo de antaño ya no existen.

Este factor complica su situación, por lo que se ven obligados a quedarse en su lugar de origen, ya que intuyen que en otra parte sería peor su situación. Por otro lado, reconoció que uno de los objetivos del encuentro académico era el de poder fincar líneas de acción, y puntualizó que el sistema capitalista no genera el desarrollo local, ya que su área se enfoca a la explotación en el campo de la naturaleza y recursos humanos, entre otros.

“El capitalismo lleva a la concentración de la producción en las empresas de mayor tamaño o en menos manos, factor que estamos viviendo en realidad. Tal vez lo que pasa en un país como México, en donde hubo una etapa de desarrollo relativamente exitoso que se conoció como la revolución verde en el campo, en donde se incrementó la producción agrícola, modelo que se pensó se podía extender a todos los productores, se agotó”, puntualizó.

Como muestra se tiene la región de la Ciénega de Chapala, espacio que fue considerado o llamado como el “granero del Bajío” y del cual ahora no se trabaja ni 60 por ciento de sus tierras, las cuales se encuentran abandonadas por diferentes causas como la falta de agua o de financiamiento para que sus dueños las puedan hacer producir.

El entrevistado consideró que se vive un momento crítico para seguir con la explotación de los recursos naturales como se hacía antes, por lo que se tienen que buscar nuevas maneras de hacerlo, y aseguró que a mediano plazo se tendrá una situación dicotómica, ya que esas empresas, mientras puedan, tratarán de concentrar la producción mercantil a fin de atender las necesidades de la ciudad, que si bien es un poco la continuación del modelo actual, en donde las empresas ya dan muestras de preocupación sobre la sustentabilidad.

Por otro lado, explicó que lo que no cambiará será la explotación del hombre, no así con la naturaleza sobre la cual se harán grandes esfuerzos para conservarla.

Fuente: La Jornada de Michoacán