Que nadie se fíe, si alguien comete un delito que espere la aplicación de la ley, advierte Segob
JORGE COVARRUBIAS
“Sabíamos que era un diálogo de sordos, no se les convence con nada”, soltó uno de los asistentes cuando el subsecretario de la Secretaría de Gobernación Juan Marcos Gutiérrez, terminó por anticipado la mesa resolutiva en la que se definiría el rumbo de la presa El Zapotillo y los habitantes de Temacapulín, en riesgo con la construcción de este embalse, con una oración lapidaria.
“En lo que atañe al gobierno Federal, es una obra que ha de continuar, muchísimas gracias y buenas tardes”, sentenció el funcionario.
Estaba previsto que las autoridades no cambiarían su postura, aunque los pobladores mantenían cierta esperanza en que si el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) José Luis Luege Tamargo los escuchaba, podría concretarse un nuevo giro al proyecto en la que se cancelara o se prosiguiera con la presa sin la inundación de tres poblaciones alteñas.
El Centro de Convenciones Olimpo, ubicado en el kilómetro 2.3 de la carretera libre Tepatitlán-Yahualica número 1193, fue el escenario que escogieron las autoridades de la Conagua para celebrar la última de cuatro mesas que antecedieron a la resolutiva. Se decidió que fuera ahí por su cercanía con León, Guanajuato, ciudad a la que abastecerá de agua la presa El Zapotillo, y su zona industrial y agropecuaria, además de completar la cuota de vital líquido asignada para Guadalajara y área conurbada.
Casi en punto de las 12 horas inició la mesa con una primera ronda de 15 minutos en la que hablaron los afectados. El padre Gabriel Espinosa Íñiguez, vocero del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, expresó su inconformidad de que no estuvieran presentes todas las personalidades y organismos a los que se había invitado, entre ellas, el presidente municipal de Cañadas de Obregón, el alcalde de León, Guanajuato, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“No es justo, estamos seguro que hay otros proyectos alternativos, estamos seguro que México, Jalisco y todos los pueblos necesitan otra manera de distribuir y de administrar el agua, las presas siempre van a ser unas formas de privatizar y de que el agua quede en manos de unos pocos”, dijo.
Luege Tamargo los escuchó, sin embargo en su primera intervención precisó que el proyecto se ubica en el Programa Nacional Hídrico y se trabaja en él desde hace años de tal manera que no puede dar marcha atrás. Dijo que en todo el mundo está habiendo desplazamientos que a veces son necesarios, y por ello insistió en compensar con creces la reubicación del poblado, trasladando piedra por piedra los monumentos históricos que el INAH calificó en un peritaje técnico –dado a conocer por La Jornada Jalisco (26 mayo 2011)– como un conjunto arquitectónico que representa un hito urbano histórico “cuyo valor es de interés manifiesto de sus habitantes y su conservación responsabilidad del Estado mexicano y de interés de la nación”.
El funcionario mencionó que todos esos monumentos, que representan el 70 por ciento del territorio de Temaca, irán al nuevo centro poblacional, y para su transferencia se tienen mil 500 millones de pesos, que se sumarán a los 10 mil 500 millones de pesos que cuesta el proyecto en su conjunto con plantas de bombeo, potabilizadoras y dos acueductos.
Luego explicó a los afectados que el país está en riesgo de atravesar un periodo crítico de sequías, y gracias a los embalses que existen en toda la república y almacenan 85 mil millones de metros cúbicos, se evitará una catástrofe.
Los afectados disintieron de las posturas oficiales con gritos, consignas y algunas interrupciones, mientras otro grupo alzaba letreros contra la presa y agitaba en el aire pañuelos blancos. Las voces discordantes fueron acalladas por el representante de la Secretaría de Gobernación Juan Marcos Gutiérrez, quien fungió como moderador de la mesa, y actuó a la vez como un policía al acecho de las reacciones airadas. Juzgó de forma severa esas expresiones como al margen de la ley y ejerció la tarea de censurarlas. Los exhortó también a dirimir las diferencias por la vía institucional, aunque más tarde confirmaría en rueda de prensa que no se han retirado las denuncias penales en contra de los que hicieron un campamento en el sitio de la obra para impedir su construcción, y tampoco descartó el ejercicio de la fuerza pública.
“Este gobierno jamás recurre ni recurrirá a medios de represión, pero que nadie se fíe, si alguien comete un delito que espere la aplicación de la ley en contra de la comisión de delitos, es una situación que no se puede calificar de represión de modo alguno”, advirtió.
“Estamos revisando las posibilidades jurídicas y revisando también la conducta de algunas personas”, explicó la razón por la que siguen en curso las denuncias penales.
Este mismo funcionario se cuestionó en voz alta porqué los habitantes no aceptaban la reubicación si la Conagua está haciendo “un esfuerzo sin precedente” para trasladar sus bienes, sus muebles y hasta sus recuerdos.
Tamargo completó que el nuevo estilo de vida de los pobladores se verá beneficiado con una importante derrama económica que se generará a partir del ecoturismo, la pesca y la hotelería alrededor del embalse.
“Quiero tener mi derecho a vivir donde yo quiero porque soy un ser humano, sólo a los animales se les mueve de un potrero a otro sin tomarlos en cuenta”, le respondió con anticipación José Merced Arámburo Gallo, habitante de Temacapulín.
Juan Marcos se mostró particularmente displicente con las súplicas de los afectados, con los ancianos que rogaban a Dios les tocara el corazón para que terminara su angustia.
“La suerte de estar a la vera de un río no los hace dueños del contenido de ese río”, agregó para impulsar nuevamente el discurso oficial de que 2.5 millones de personas necesitan el agua y sus derechos no están por encima del de las mayorías.
Al término de la mesa –30 minutos antes de lo programado– los funcionarios se dirigieron a un pequeño salón donde se realizó una rueda de prensa en la que se limitaron las preguntas y se restringió el acceso a los representantes de las poblaciones en riesgo de ser inundadas. Tampoco permitieron a los reporteros acercarse más a los burócratas que se enfilaban a la salida por una puerta trasera.
“¡Hey… para atrás!”, ordenaron los guardaespaldas.
A puerta cerrada, y con las voces de los inconformes filtrándose al salón, Tamargo confirmó que la prioridad es el abastecimiento a León y por ello este año se concursará un acueducto hacia ese destino, y el año que viene un segundo acueducto para la región alteña de Jalisco. La presa tiene que entrar en funciones en un lapso de tres años.
Juan Marcos añadió que más del 50 por ciento de los oriundos de Temaca han vendido sus propiedades. Se dijo también que tienen el cambio de uso de suelo y la Manifestación de Impacto Ambiental, aunque siempre en la línea de no mostrar documentos.
Se fueron sin responder porqué ocultaron el dictamen del INAH, y porqué aceptaron el diálogo sin conceder ninguna de las propuestas de los afectados.
El padre Gabriel delineó las siguientes acciones del Comité Salvemos Temacapulín; pedirán la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la UNESCO, y harán una solicitud a la Unión Europea para que emprenda acciones en contra de las constructoras de El Zapotillo, que son de origen español.
“El proyecto ha sido una imposición, a Temaca sólo fueron a imponernos el proyecto...todo ha sido sucio”, añadió Abigail Agredano, habitante del pueblo.
Fuente: La Jornada de Jalisco
