lunes, 24 de febrero de 2014

Defensores de río Atoyac preparan nuevas acciones legales contra gobierno del estado


CELIA DÍAZ GARCÍA

Atoyac, ver.- A siete meses de que la Coordinadora de Pueblos en Defensa del Río Atoyac mantenga su resistencia pacífica, ha sido visible cómo las autoridades gubernamentales han ignorado esta lucha, pues a pesar de mantenerse día y noche en campamento para evitar que trasladen material, ninguna autoridad se “ha tomado la molestia” de dialogar con ellos.

Ante la indiferencia del gobierno y tras cumplir más de medio año en resistencia, integrantes de la coordinadora advirtieron con emprender nuevas acciones legales para evitar que se extraiga agua del Río Atoyac en beneficio de Córdoba que, aseguran, no será otorgado a las familias de escasos recursos como se ha planteado, sino para empresarios, incluyendo proyectos para zonas residenciales.

En un foro realizado por integrantes de la coordinadora, Edmundo Reyes explicó que en varias ocasiones el Tribunal Permanente de los Pueblos Indígenas ha emitido condenas a las autoridades que pretenden llevarse el agua del nacimiento del río sin consentimiento de los habitantes de la subcuenca.

Ante tal insistencia, dijo, los defensores del río se han dado a la tarea de demostrar la inviabilidad del proyecto Bandera Blanca, esto con datos y estadísticas que demuestran, por una parte, cómo el afluente se ha secado y no puede otorgar agua a los municipios vecinos, así como también han demostrado que el líquido que se pretende extraer tiene fines de lucro en favor de grandes empresarios.

Al cumplir siete meses de la defensa, advirtieron que “este día, los pueblos de la cuenca del río Atoyac nos reunimos para ratificar nuestra unidad y voluntad de lucha para impedir que el gobierno estatal así como los gobiernos municipales de Córdoba y Amatlán lleven a cabo el proyecto denominado Bandera Blanca.

Recordaron que la verdadera intención de este proyecto es extraer agua del afluente -desgastado y altamente contaminado- en beneficio de las comunidades y municipios de Amatlán, Atoyac, Cuitlahuac, Carrillo Puerto, Cotaxtla, Medellín de Bravo, Boca del Río y Veracruz. Aunque quien fuera el principal promotor de este proyecto, cabe recordar, fue el ex alcalde Juan Antonio Lavin Torres, quien preservara Bandera Blanca como solución a la falta de agua en la zona serrana de Córdoba, sin embargo, la coordinadora asegura tener pruebas de que la realidad es otra.

Ante este pretendido despojo y los resultados de sus investigaciones, dijo, entre las medidas que han adoptado lograron ser tomados en cuenta por el Tribunal Permanente de los Pueblos, para denunciar el delito en el que estarían incurriendo los tres órdenes de gobierno en favor de grandes empresas, pasando por alto el derecho colectivo al agua, al territorio a la autodeterminación, a la salud y seguridad.

Para darle solución al tema, han recurrido a todo tipo de asesorías, incluyendo distintas preaudiencias del Tribunal Permanente en tres estados, todo esto para estar informados, exponer el caso, pero sobre todo buscar la manera de actuar en contra del gobierno del estado de Veracruz que incurre en este delito a través de la CAEV, así como los gobiernos municipales involucrados.

Este recorrido en busca de justicia ha derivado en que tanto el Tribunal de los Pueblos así como los comités dictaminadores de la Audiencia Temática sobre devastación ambiental pidan a las autoridades la cancelación oficial de Bandera Blanca, sin que el gobierno de Veracruz haya acatado este dictamen.

Ante la evidente indiferencia de las autoridades al tema y la insistencia de seguir sobre Bandera Blanca, a siete meses de esta lucha, la coordinadora refiere que lo que pretenden es una solución social y viable para la crisis del manejo de las aguas residuales industriales y urbanas. Exigen también la clausura y remediación de los basureros de Cuitlahuac, Atoyac, Cotaxtla y Chocamán; igualmente, piden cerrar las granjas de pollos y cerdos que arrojan desechos al río Atoyac, asimismo, solicitan la realización de un estudio epidemiodológico de salud.

La coordinadora exigió el castigo a los funcionarios que hayan incurrido en actos de corrupción que intentan imponer Bandera Blanca.

Además de estas y en respuesta a la omisión del gobierno veracruzano hacia los activistas, aseguraron que “esta lucha se mantiene”.

Veracruz, el lugar más peligroso en la ruta del migrante, dicen en Honduras


RODRIGO SOBERANES

Progreso, Honduras.- “Ya no es Veracruz, es 'ver la cruz' del migrante”, dijo la locutora del programa de radio Abriendo Fronteras de Radio Progreso, en uno de los lugares insignes de la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos.

Es la voz de Rosa Nelly Santos, una mujer que buscó a su hijo 17 años y lo encontró en Tijuana, y que es una de las fundadores del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Progreso (Cofamipro).

Su programa sale al aire cada domingo con algún tema relativo a la migración –ayer abordó la ruptura de las parejas–, y recibe llamadas a micrófono abierto con opiniones y testimonios de personas afectadas por este fenómeno económico y social.

Ubican bien a Veracruz, lo miran como el lugar más peligroso para el tránsito hacia el norte. Por eso, pasar por el estado es una “cruz” para los migrantes que viajan sobre los vagones de trenes de carga.

“En México ya no es un crimen organizado, es un crimen autorizado, y México va a temblar pero de tanta fosa clandestina de nuestra gente. Nuestra gente les va a gritar y les va a decir, den respuestas a las familias”, expresó la locutora.

De acuerdo con el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), menos del 60 por ciento de los centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos, lo logran, y la cifra de víctimas del delito es incierta por la falta de información oficial.

En Progreso, un lugar histórico en las reivindicaciones sociales, ven a los migrantes con especial afecto.

“Son héroes anónimos los que se han ido a pata. Vale la pena luchar por ellos y se lo merecen porque nuestros hijos se fueron para buscar un mejor futuro para nosotros”, dijo Nelly Santos a través de la radio.

La hora del programa Abriendo Fronteras transcurre entre oraciones, anécdotas y canciones relacionadas a la migración, llamadas telefónicas y comentarios, y este domingo cerró con las frases:

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “los migrantes no somos criminales, somos trabajadores internacionales”.

Marchan en 20 ciudades del país por la violencia contra periodistas


SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA, NORMA TRUJILLO BÁEZ, ROXANA AGUIRRE Y AGENCIAS

Cientos de reporteros en 20 ciudades del país realizaron una manifestación simultánea para exigir la investigación puntual del asesinato de Gregorio Jiménez de la Cruz y 30 periodistas más que fueron ultimados en México de 2010 a la fecha. Coatzacoalcos fue una de las sedes, donde los comunicadores han tenido puestos los ojos por la reacción solidaria que tuvieron desde el secuestro del reportero.

En el Ángel de la Independencia, Romana Ortega periodista de Coatzacoalcos manifestó en el discurso que acordó el movimiento a nivel nacional: “Hoy todos somos Goyo y nadie en Veracruz quiere ser el número 11 en la lista de muertos”

A una sola voz, reporteros de varias regiones del país realizaron manifestaciones simultáneas para exigir un alto a las agresiones y asesinatos de periodistas en el país y en especial en el estado de Veracruz. De acuerdo con los datos del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) 73 periodistas y trabajadores de medios de comunicación asesinados entre 1992 y 2013, de estos 31 fueron ultimados de 2010 a la fecha. La organización internacional señaló que 88 por ciento de estos casos permanece en la impunidad y sólo en 8 por ciento se ha logrado esclarecer los crímenes.

El asesinato del reportero de Coatzacoalcos Gregorio Jiménez de la Cruz fue el detonante que generó una serie de movilizaciones de reporteros nacionales e internacionales, ya que se sumaban 10 en una sola entidad. Las manifestaciones se acompañaron de una ciberprotesta en redes sociales, que se mano bajo el hashtag #PrensaNoDisparen.

“El pasado día 11, Goyo encontrado en una fosa del municipio de Las Choapas. Las autoridades se apresuraron a explicar que había sido un pleito de vecinos para echar el cuerpo de Goyo a la fosa común de la impunidad. En sus apresuradas investigaciones ignoraron como posible causa de su asesinato el valiente trabajo periodístico que realizaba, su cobertura de secuestros, de giros negros, de trata de personas. Una vez más, los gobernantes se apresuraron a echar tierra al caso para tapar su deficiencia. El asesinato de Gregorio y la burda explicación del gobierno nos indignaron a todos. Nos movió los resortes para salir de nuevo a gritar “¡Ya basta!”, señaló el texto que se difundió.

En el Ángel de Independencia, se realizó un performance donde se colocó un féretro y las fotografías de los 31 periodistas que han muerto de manera reciente, encabezando la de Gregorio Jiménez; también se leyeron varios relatos de periodistas veracruzanos que dejaron el estado.

En el discurso manejado a nivel nacional por el colectivo de periodistas Prensa, No disparen, se explicó que la inacción de los gobiernos estatales y de la Federación ha intensificado los ataques al tiempo que los reporteros “son sacados a la fuerza de sus casas, emboscados en las calles, perseguidos hasta adentro de sus redacciones. En México la información molesta e informar se paga con la muerte.

”Hoy denunciamos que esta cacería de periodistas permanece impune y que va escalando en un ritmo que parece sin fin. Y que las autoridades gubernamentales de todos los niveles, desde la Presidencia de la República y los gobiernos estatales y municipales, además de los poderes legislativos y judiciales han permanecido omisos, permisivos e indolentes. Han sido testigos mudos, no han querido hacer nada. Mientras tanto, México se va convirtiendo en un enorme hoyo negro donde cada vez en más regiones la prensa es amordazada, tiene prohibido informar.

”En lugares como Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Veracruz, Estado de México, el terror se va imponiendo el silencio, se cancela cualquier posibilidad de crítica, cualquier voz discrepante, cualquier mirada escrutadora. El derecho a la información recibe tiro de gracia”. Para el colectivo de en el estado de Veracruz no existen condiciones para el ejercicio de los reporteros y la falta de castigo a los agresores ha generado que se recrudezcan los ataques. “Veracruz es uno de los lugares más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo. Veracruz es sinónimo de muerte para los periodistas”.

Romana de la Cruz Ortega reportera de Coatzacoalcos señaló en el Ángel de la Independencia: “hoy no sólo somos Gregorio, hoy no sólo somos los reporteros del estado de Veracruz, hoy somos todos los comunicadores de este país quienes ante el lamentable caso de nuestro colega Gregorio, hemos efectuado un hecho histórico que atrevo a llamar la revolución de los comunicadores, de los verdaderos reporteros, del periodista que busca difundir la verdad a la sociedad”.

Informó que el gobierno de Veracruz le está dando a la familia de Gregorio Jiménez una vivienda y un subsidio, pero aún no es suficiente, por eso se pide la reestructuración de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (Ceapp). “No sólo pedimos al gobierno veracruzano, se lo exigimos también a Enrique Peña Nieto. Que garanticen la seguridad de los comunicadores de todo el país. Hoy todos somos Goyo y nadie en Veracruz quiere ser el número 11”.

En Coatzacoalcos, se replicó esta manifestación nacional; los periodistas salieron a caminar las principales calles de Veracruz y se realizó una concentración en el parque Independencia, como sucedió el pasado cinco de febrero, cuando fue secuestrado Gregorio Jiménez de la Cruz. Al grito de “Prensa, no disparen” y “Goyo, estás presente”, los comunicadores exigieron mayor seguridad para la zona sur y la libertad para manifestarse sin que exista una presión a los medios de comunicación.

De nuevo los comunicadores llevaron cubrebocas que emulaban mordazas, con las leyendas “Todos Somos Goyo” y “Libertad de expresión”. A la marcha se unieron algunos conductores de taxis, quienes han venido denunciando un incremento de la delincuencia en la ciudad. En el estado de Veracruz, esta marcha también se replicó en Veracruz y Xalapa, donde se han concentrado el mayor número de agresiones a la prensa y asesinatos.

En Xalapa también protestan

“Javier Duarte de Ochoa, el gobernador más peligroso para periodistas”, “¿Y Bermúdez? ¿Cuándo renuncia?” y “Gina, la prensa te saluda”, eran las consignas plasmadas en cartulinas de los periodistas que se manifestaron en la capital del estado para exigir justicia para los 10 compañeros asesinados, porque “Veracruz es sinónimo de muerte para periodistas” y unidos en 19 ciudades de 14 estados del país, al gobierno de Veracruz se le exigió que se garantice la seguridad de los periodistas que se han manifestado en solidaridad con Gregorio Jiménez, cesen las presiones a los medios de comunicación, y no se utilicen los convenios publicitarios como elemento de censura ni para premiar coberturas favorables en la prensa estatal.

En la entidad veracruzana se sumaron los periodistas de Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa, a la protesta “Prensa No disparen”, que tuvo lugar en el Distrito Federal, Cuernavaca, Morelos; Guadalajara, Jalisco; Morelia, Michoacán; Villahermosa, Tabasco; Monterrey, Nuevo León; Hermosillo, Sonora; León, Guanajuato; Querétaro, Querétaro; Jalpan, Querétaro; Culiacán, Sinaloa; Mérida, Yucatán; Fresnillo, Zacatecas; Campeche, Campeche; Reynosa, Tamaulipas; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Mexicali, Baja California; Juchitán, Oaxaca; Chihuahua, Chihuahua.

Después de recorrer el primer cuadro de la ciudad, al llegar a la Plaza Lerdo, se leyó un comunicado: “¿Por qué nos manifestamos? Los ciudadanos se preguntan ¿qué hacen los periodistas tomando las calles? ¿Por qué se concentran en el Ángel de la Independencia, en esta plaza y en una veintena de ciudades del país? Les parece raro que hoy no estamos con libreta, cámara o grabadora persiguiendo las noticias, que hoy somos los protagonistas de las noticias. Y sabemos que algo está podrido en una sociedad donde quienes deben dar la noticia se convierten en la noticia.

”Con Gregorio el gobierno de Javier Duarte completó diez periodistas asesinados en Veracruz desde diciembre de 2010, cuando asumió la gubernatura, y cuatro desaparecidos. A la suma nefasta agregamos a decenas de reporteros que han tenido que salir huyendo del estado para salvar su vida y hoy se buscan la vida como pueden en otras ciudades de México o en el extranjero. Veracruz es uno de los lugares más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo. Veracruz es sinónimo de muerte para los periodistas.

”Pero Veracruz no es caso aislado. Entre julio de 2000 a febrero de 2014, 87 trabajadores de la comunicación fueron asesinados en el país y otros 20 están desaparecidos. Al menos cuatro de ellos en Veracruz: Jesús Mejía Lechuga de Martínez de la Torre, Gabriel Manuel Fonseca Hernández de Acayucan; Sergio Landa Rosado de Cardel; Evaristo Ortega de Misantla”.

Así se recordó el crimen contra los periodistas asesinados en el estado, entre ellos, Regina Martínez, porque “México está en la lista negra de países donde matar un periodista sale barato, pues los silenciadores no pagan sus culpas”.

Prosigue el comunicado: “90 por ciento de los asesinatos de periodistas no han sido resueltos. Se han creado fiscalías, comisiones, mecanismos de protección a periodistas y se han gastado cientos de millones de pesos en instituciones burocráticas abocadas a la defensa de los periodistas, pero en este país los periodistas siguen cayendo como moscas. México es país de la impunidad y de la simulación. Gregorio fue el último y ya no queremos seguir enterrando a más compañeros”.

Así a nivel nacional los periodistas piden al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, garantice las condiciones para el ejercicio de la libre expresión en México, y que instrumente una estrategia especial para proteger la integridad física de los trabajadores de los medios de comunicación en todo el país, empezando por Veracruz.

A la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle), exigen que amplíe y profundice las investigaciones relacionadas con el asesinato de Gregorio Jiménez de la Cruz, y que solicite la incompetencia del juez para que el caso sea asumido por un juez federal.

“Que los órganos de Estado como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, rindan cuentas de su desempeño. Han dispuesto de recursos millonarios pero la vida de cientos de periodistas sigue amenazada.

”A la Comisión Especial para Atender Agresiones contra Periodistas del Senado de la República le exigimos que cumpla con su responsabilidad y cite a comparecer al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y al encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, Luis Ángel Bravo, para que expliquen los avances en las investigaciones respecto a los asesinatos de periodistas en Veracruz.

”Y al gobierno de Veracruz le exigimos que: se garantice la seguridad de los periodistas que se han manifestado en solidaridad con Gregorio Jiménez; cesen las presiones a los medios de comunicación, y no se utilicen los convenios publicitarios como elemento de censura ni para premiar coberturas favorables en la prensa estatal. Se establezca un fondo que garantice pensiones para los dependientes económicos de los periodistas asesinados y se pague la educación de los menores de edad hasta el nivel superior, ya que el asesinato de periodistas se debe a la impunidad y a la falta de garantías para ejercer el periodismo”, concluye.

Demandan ejercer profesión sin presiones

La ciudad de Veracruz se sumó a la veintena de ciudades donde tuvieron lugar reuniones de reporteros en lugares públicos de manera simultánea protestando contra la violencia sufrida por los comunicadores. Bajo las consignas “Prensa, no disparen” y “Frente a las balas de intolerancia, nuestras palabras”, los comunicadores expresaron su repudio al crimen de Gregorio Jiménez, quien investigaba la violencia en Coatzacoalcos.

Los reporteros y fotógrafos se congregaron frente al Tranvía del Recuerdo, en el centro histórico de la ciudad y leyeron un comunicado donde enfatizaron que Veracruz es el estado más peligroso para ejercer esa profesión. En lo que va de la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa, 10 periodistas han sido asesinados y otros tres están desaparecidos.

Las imágenes de las manifestaciones de periodistas en ciudades como Monterrey, Guadalajara y la ciudad de México, se ven mensajes de apoyo hacia Veracruz, en especial por el caso de Gregorio Jiménez. Desde la desaparición del reportero el cinco de febrero, los reporteros de Coatzacoalcos protestaron todos los días, incluso después del hallazgo de su cuerpo seis días después en un paraje de Las Choapas.

El activismo de los reporteros de Coatzacoalcos encontró eco en la ciudad de México y otros estados, desatándose una campaña en redes sociales con más de 2 millones de menciones diarias sobre el tema cada día.

Detienen al periodista Felipe Madrigal en Orizaba

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) aseguró que el reportero salió tras pagar una fianza de 3 mil pesos y la PGJ dio a conocer que inició una investigación de hechos para deslindar responsabilidades.

En relación con la detención, por parte de la Policía Municipal de Orizaba, del periodista y activista social Felipe Madrigal Rodríguez, el gobierno del estado informa lo siguiente: “El gobierno municipal de Orizaba indicó que durante una manifestación de comerciantes que protestaban en contra de inspectores de comercio del ayuntamiento, se generó una confrontación con elementos de la Policía Municipal.

A decir de autoridades del ayuntamiento de Orizaba, la manifestación fue replegada cuando inconformes agredieron a servidores públicos, por lo que fueron remitidos a la Comandancia de Policía para posteriormente ser consignados ante la autoridad ministerial por ultrajes a la autoridad.

Al conocer los hechos, la Comisión Estatal para la Atención y Protección del Periodista (Ceapp) entabló comunicación con el reportero para ofrecer asistencia y apoyo. De igual manera, la CEDH a través de un delegado, se entrevistó con el comunicador para abrir un expediente de hechos.

Este domingo por la tarde, la CEDH aseguró que el reportero salió tras pagar una fianza de 3 mil pesos, y la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJ) dio a conocer que inició una investigación de hechos para deslindar responsabilidades.

Tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, por elementos de la Policía Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas


Privación arbitraria de la libertad a dos personas del Pueblo Maya

Según información documentada por este Centro de Derechos Humanos, el día 17 de febrero de 2014, a las 23:45 hrs. en el barrio Tlaxcala, San Cristóbal de Las Casas, dos jóvenes mayas de los pueblos tseltal y tsotsil, fueron detenidos con tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, por tres elementos de la Policía Municipal de San Cristóbal de Las Casas.

Con insultos: “por dónde vives indígena ignorante”, con puñetazos en la cara, golpes y patadas los subieron en la góndola de la patrulla No. PC-053; una vez arriba, esposados, nuevamente golpeados a patadas, con puños y uso de tolete por todo el trayecto hasta las instalaciones policiacas, por un tiempo de aproximadamente cinco minutos. Durante todo el recorrido eran humillados con palabras: “me gusta quebrar dientes, éste va a ser el tercero […] ahora sí te quejas pinche indígena […] ¿qué, vas a llamar a tus compañeros indígenas?”.

Una vez en las instalaciones policiacas no les permitieron comunicarse con sus familiares y, a uno de ellos, mientras protestaba por las agresiones, le proporcionaron dos puñetazos en la cara. Con heridas en el rostro y dolores en el cuerpo, debido a los golpes recibidos, no se les dio asistencia médica, les tomaron las fotos, huellas digitales y, a las 00:20 hrs. del 18 de febrero de 2014, los encerraron en las celdas para ponerlos en libertad el día miércoles 19 de febrero de 2014 a las 12:20 hrs.

Según los testimonios recibidos y la información documentada por este Centro de Derechos Humanos los dos jóvenes fueron sometidos a tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, violentándoles sus derechos a la libertad, integridad y seguridad personal, seguridad ciudadana, a la honra y a la dignidad, a la no discriminación contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los artículos: 1°, 5°, 7°,11°, 14° y 24° además de otros Convenios y Tratados Internacionales promovidos, firmados y ratificados por el Estado mexicano.

Por lo antes mencionado, nos preocupa que elementos de las policías municipales, de las fuerzas de seguridad pública y protección ciudadana y de las policías ministeriales actúan en Chiapas, de manera desproporcionada, arbitraria, impune y con tratos crueles inhumanos y degradantes, así como lo hemos venido documentando.1

Lo anterior contradice lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que – aun calificados legales – puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad.2

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1 Véase: 2013, Boletín No. 34 Uso desproporcionado de la fuerza pública en operativo policiaco en contra de productores de maíz, disponible en: http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/131127_boletin_34_operativo_contra_productores.pdf; Boletín No. 25, Policías estatales privan arbitrariamente de la libertad a integrantes de la ONPP y a sus familiares, disponible en: http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/130905_boletin_25_pal_onpp.pdf; Boletín No. 16, Tortura y uso desproporcionado de la fuerza pública en operativo policiaco durante el XXVI Congreso Seccional Extraordinario de la Sección 7, disponible en: http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/130705_boletin_16_bloque_democratico.pdf

2 Corte Interamericana de Derechos, caso Gangaram Panday (Fondo), párr. 47.

Hoy se cumplen 16 años con dos meses de impunidad de la Masacre de Acteal


Organización de la Sociedad Civil de las Abejas

Tierra sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de Febrero 2014

A las Organizaciones Sociales y Políticas
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios de Comunicación Alternativos
A la Prensa Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A las y los Adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona

Hermanos y hermanas:

Estamos en el segundo mes de año 2014; hoy se cumplen 16 años con dos meses de impunidad de la Masacre de Acteal, de 1997. Hace tres días supimos que una Corte de Estados Unidos había declarado que “Zedillo queda exento ya de responsabilidad legal… por la muerte de 45 indígenas en 1997”. Al día siguiente, el presidente Obama de los Estados Unidos estuvo en México para visitar al presidente Peña Nieto para darle las gracias por la reforma energética que va a permitir que las empresas trasnacionales vuelvan a apoderarse del petróleo de México, como lo tenían antes de que el artículo 27 de la Constitución Mexicana fuera aplicado por Lázaro Cárdenas para recuperar el petróleo para los mexicanos.

Nosotros los miembros de la Sociedad Civil de las Abejas ya lo dijimos antes que no fuimos los que pusimos la demanda contra Zedillo en Estados Unidos. Tampoco estuvimos de acuerdo cuando en 1993 PEMEX quiso invadir nuestras tierras en Chenalhó para extraer petróleo. Pero de todos modos nos damos cuenta de que los gobiernos neoliberales de México están entregando un patrimonio de la nación a los gobiernos neoliberales de Estados Unidos y entonces nos da coraje pero no nos sorprende que en Estados Unidos declaren que Zedillo es inocente de la masacre de Acteal. ¿Acaso lo iban a condenar si son de la misma mafia? Como Peña Nieto está entregando el petróleo, Zedillo entregó los ferrocarriles nacionales a los Estados Unidos. Y Salinas de Gortari fue el que abrió la puerta a esas traiciones con las reformas al artículo 27 y la firma del Tratado de Libre Comercio.

La Corte de Estados Unidos que decidió que no se podía juzgar a Zedillo por la Masacre de Acteal dijo que “Hemos considerado todos los argumentos pendientes de los demandantes y concluido que éstos no tienen mérito”. O sea que las demanda de las víctimas de una masacre contra un ex presidente no valen nada. Lo único que vale para ellos es el dinero y el poder. El Neoliberalismo se alimenta de despojo de tierras, asesinatos, violencia y drogas, feminicidios, discriminación, represión, masacre. Pero ellos piensan que nada más hay cárceles para los luchadores sociales y para los pobres. Para ellos no hay cárceles, y son ellos que están batidos de las manos por la sangre de hombres, mujeres y niños.

Por el neoliberalismo ha habido masacres en todos los rincones de nuestros País. Y por el neoliberalismo ha habido guerras por muchas partes del mundo. Por la ambición del petróleo los Estados Unidos hicieron una guerra contra Irak hace diez años y ahora quieren provocar una guerra en Venezuela por lo mismo. En nuestro país no tienen que hacer guerra para quedarse con el petróleo porque los presidentes de México son de su misma mafia neoliberalista. Por eso defienden a Zedillo, por eso dicen las revistas de Estados Unidos que Peña Nieto está salvando a México, pero no lo está salvando, lo está hundiendo más todavía. Nuestro mundo está en crisis total por culpa de unos pocos ambiciosos del dinero y del poder que quieren obtener y controlar todo a costa del trabajo de los pobre y de la sangre de los inocentes. Así lo vemos en la palabra de Dios que nos confirma que ésa es la causa de las guerras:

¿De dónde nacen las guerras, sino de los malos deseos que siempre están luchando en su interior? Ustedes quieren algo y si no lo obtienen asesinan; codician algo, y si no lo consiguen, pelean y matan. (Santiago 4, 1-2)

Mientras roban a todos los gobiernos neoliberales ¿qué hacen con el pueblo? Lo mantienen engañado con discursos demagógicos, desinformación y proyectos asistencialistas.

¡Que triste e indignante que los autoridades oficiales del Mal Gobierno su uso y costumbre es, que en vez de aplicar la justicia , ofrece regalitos y migajas con el objetivo de dejar en Impunidad desde un delito sencillo hasta un crimen de lesa humanidad como la Masacre de Acteal!

El Neoliberalismo está construido sobre la injusticia. Por eso todos sus funcionarios tienen que ser corruptos y ninguno se atreve a hacer justicia porque si lo hace lo corren sus jefes. Ahora vemos en Michoacán donde hay tanta violencia por los grupos criminales que fue a visitar Peña Nieto y ofreció mucho dinero para programas del gobierno. Pero los hermanos de allá le dijeron que lo que quieren es justicia. Y hasta se han tenido que armar allá los grupos de autodefensa porque el gobierno no quiere hacer justicia. Nosotros de la sociedad Civil de las Abejas no estamos de acuerdo con el uso de las armas pero entendemos que el pueblo tiene derecho a defenderse cuando el gobierno no quiere hacer justicia. Porque no estamos de acuerdo con el uso de las armas fue por lo que sucedió la masacre de Acteal. Los grupos paramilitares organizados por el gobierno de Ernesto Zedillo en diferentes municipios de Chiapas actuaron en la quema de casas, robo de pertenencias, desalojos, obligaciones de tomar armas de fuego, obligaciones de cooperar recursos económicos para compra de armas. Porque no quisimos cooperar para las armas llegó hasta la masacre.

En el 2001 los desplazados de Las Abejas retornaron a sus comunidades y algunos tuvieron que reubicarse en comunidades diferentes. Fue un retorno por necesidad pero sin justicia, porque los autores intelectuales nunca fueron juzgados y solo algunos de los autores materiales fueron a la cárcel hasta que los sacó la Suprema Corte de Jueces Injustos. Ahora en el 2013 los mismos que pedían cooperación para las armas en 1997 provocaron el desplazamiento de nuestros hermanos y hermanas del ejido Puebla que ya cumplen 6 meses para este 23 de febrero, que dejaron abandonado sus pertenencia. El gobierno no acepta que son desplazados a la fuerza, dice que son desplazados voluntarios, ¿acaso uno deja su casa y todo lo que tiene por gusto? Claro que los políticos no saben qué es la pobreza y el sufrimiento de vivir en un campamento de desplazados. ¿Qué clase de gobierno tenemos que no sabe ni pensar en la vida de la Humanidad?

El día 15 de Febrero se llevó acabo un Dialogo en la Comunidad de Yabteclum, para tratar los asunto de Desplazamiento del Ejido Puebla. El gobierno del estado, a través de la subsecretaría de asuntos religiosos, se comprometió que resarcirá de todos los daños causados por los hermanos presbiterianos que provocaron esta violencia contra los hermanos católico, el gobierno indemnizará la pertenencia robada, Iglesia destruida, casas quemadas. Parece que pronto van a poder retornar los hermanos católicos a sus casas. Pero parece que va a ser como en el 2001 un retorno sin justicia o, cuando mucho, con justicia a medias. Porque los que provocaron el desplazamiento de 1997 y del 2013 siguen impunes. Y como ya vimos, los problemas se vuelven a repetir cuando hay impunidad. Por los golpes a Juan Méndez y dos hermanos bases de apoyo que les prefabricaron el delito de envenenamiento de agua, por el secuestro y los golpes contra el padre Manuel Pérez Gómez, nosotros lo analizamos que se deja pisoteada la justicia por los grupos delincuentes, como lo está pasando del caso Acteal.

Actualmente ni el Presidente de México ni el Gobierno del Estado de Chiapas, nada piensan de la justicia por los 45 de nuestros Hermanos Inocentes, que cayeron en la mano de los grupos Paramilitares. Para ellos ya se olvida. Pero para la Organización de las Abejas, nunca jamás podemos olvidar ni una gota la Sangre de nuestros hermanos Inocentes, cuando estaban en ayuno y oración, y seguiremos denunciando cada vez más porque es nuestro derecho y obligación en la defensa de los derechos Humanos. Y también, no dejaremos de denunciar la injusticias sufridas por nuestros hermanos desplazados de la colonia Puebla.

POR UNA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD. ¡NO A LA IMPUNIDAD!

Atentamente

La Voz de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas

Por la Mesa Directiva:

Antonio Gutiérrez Pérez
Martín Pérez Pérez

Nicolás Arias Cruz
Simón Pedro Pérez López

viernes, 21 de febrero de 2014

Periodista bajacaliforniano presenta queja ante la CNDH por agravio a sus derechos


MÉXICO, D.F., (apro).- Por una nota que publicó en el año 2000, el periodista bajacaliforniano Said Betanzos fue citado por un juzgado del Poder Judicial de la Federación para que declare como testigo en un caso de narcotráfico. Este viernes el reportero presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Baja California por agravio a sus derechos fundamentales.

Gabriela Navarro Peraza, coordinadora regional del organismo que preside Raúl Plascencia Villanueva, señaló que la queja será turnada a la Comisión para Agravio a Periodistas, que acompañará a Betanzos cuando se presente ante el juzgado.

Señaló que por ser el Poder Judicial quien solicita su participación, la CNDH no tiene la capacidad de ordenar, pero sí de acompañar y asesorar al reportero durante el proceso.

Betanzos, en tanto, se abstendrá de declarar para no arriesgar su integridad física al encararse con los implicados en el caso.

El pasado martes 18, el capítulo Baja California de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) precisó que el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Tijuana envió citatorios a medios de comunicación de esa frontera para que se presenten como testigos de acusados en procesos penales por delitos federales.

Incluso solicitaron a los medios de comunicación que les entreguen información confidencial sobre la dirección de los reporteros que redactaron notas sobre decomisos de droga y la detención de los presuntos responsables.

Se trata de un claro hostigamiento de los jueces federales al permitir a los abogados de los acusados que citen a quienes reproducen una información a la sociedad con el único fin de informar, consideró Fundalex.

Comunidado de LA COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA

AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
AL ALTO COMISIONADO PARA DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.
A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
A LA RED TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS.
A LA RED CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA SOLIDARIDAD.
A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO.
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA.

1.- El pasado 8 de febrero del presente año un grupo de comuneros de Santa María Ostula, coordinado con los grupos de autodefensa de los municipios de Coalcomán, Chinicuila y de la cabecera municipal de Aquila, tomó el control de la tenencia de Ostula en contra de los grupos del crimen organizado que desde finales de 2011 asolaban la región a pesar de la fuerte presencia de destacamentos de la Marina Armada de México a lo largo de toda la Costa Michoacana.

2.- El día 10 de febrero un pelotón del Ejército Mexicano desarmó a la Policía Comunitaria de Ostula y a los grupos de autodefensa que la respaldaban, ante lo cual la población de la tenencia de Ostula obligó a que el general a cargo de dicho pelotón militar devolviera las armas, pues, desarmar a nuestra policía comunitaria y a los grupos de autodefensa significaría permitir su cruel asesinato.

3.- El día 13 de febrero, con la presencia de más de 1200 comuneros, la Asamblea General de Santa María Ostula y sus 23 encargaturas, máxima instancia de decisión comunal, resolvió REORGANIZAR SU POLICÍA COMUNITARIA y nombró comandante general al comunero Semeí Verdía; asimismo la asamblea acordó trasladarse a la Encargatura de Xayakalan ante la presencia en el lugar, coincidentemente desde el día 8 de febrero, de grupos de policías federales ministeriales e integrantes del ministerio público, que de manera totalmente ilegal han ido a amenazar a los comuneros que viven en Xayakalan con desalojarlos, sin identificarse, ni presentar orden o mandato alguno, perturbando la posesión que nuestra comunidad tiene en dicho lugar.

Para mayor conocimiento del asunto queremos recordar que las tierras correspondientes a la Encargatura de Xayakalan, aun cuando se localizan dentro de nuestros títulos primordiales del siglo XVIII y dentro de nuestra Resolución Presidencial, se encuentran en conflicto con pequeños propietarios de La Placita, algunos de ellos cabezas del crimen organizado en la región, y actualmente existe un juicio agrario en trámite, así como el compromiso con el Ejecutivo Federal de encontrar una solución concertada a dicho conflicto, razón por la que la presencia amenazadora e ilegal de policías federales ministeriales en Xayakalan, supuestamente enviados al estado para combatir al crimen organizado, pareciera ser la continuación de las graves condiciones de guerra no declarada que vive Ostula desde que precisamente resolvió hacer el resguardo de las tierras de Xayakalan, el pasado 29 de junio de 2009.

En atención a lo expuesto, pedimos a la sociedad civil nacional e internacional, así como a los organismos internacionales, a estar atentos a lo que pase en la región y a no permitir un nuevo asesinato, un nuevo secuestro, un nuevo despojo en contra de nuestra comunidad y en contra de las comunidades indígenas del país.

A los gobiernos federal y del estado exigimos:

1. El CESE INMEDIATO de los ilegales operativos por parte de policías federales ministeriales y agentes del ministerio público que tienen como fin el DESALOJO de las tierras de XAYAKALAN, correspondientes a la propiedad y posesión comunal ancestral de nuestra comunidad.

2. La INMEDIATA y URGENTE solución a nuestra problemática territorial en el paraje de Xayakalan por parte de los gobiernos del estado y federal para que se garantice en forma definitiva la tenencia jurídica de dichas tierras a favor de Ostula.

3.Presentación con vida de los comuneros FRANCISCO DE ASÍS MANUEL, presidente de bienes comunales, JAVIER MARTÍNEZ ROBLES, GERARDO VERA ORCINO, ENRIQUE DOMÍNGUEZ MACÍAS y MARTÍN SANTOS LUNA; esclarecimiento del asesinato de los comuneros PEDRO LEYVA DOMINGUEZ, DIEGO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, J. TRINIDAD DE LA CRUZ CRISOSTOMO, CRISÓFORO SÁNCHEZ REYES Y TEODULO SANTOS GIRÓN y el castigo a los autores intelectuales y materiales de su muerte; e investigación de los 32 asesinatos y desapariciones de comuneros pertenecientes la comunidad de Ostula a lo largo de los últimos tres años.

4. El otorgamiento de garantías para el funcionamiento de la policía comunitaria en el territorio nahua de la Costa michoacana.

¡Respeto a la totalidad de nuestras tierras comunales!

¡Respeto a nuestra policía comunitaria!

¡Castigo a los culpables del asesinato de nuestros comuneros en la lucha por la tierra y las libertades de la comunidad!

¡Presentación con vida del compañero Francisco de Asís Manuel, presidente de bienes comunales de Santa María Ostula y de los comuneros Javier Martínez Robles, Gerardo Vera Orcino, Enrique Domínguez Macías y Martín Santos Luna!

SANTA MARÍA OSTULA, MICHOACAN, A 20 DE FEBRERO DE 2014.

TIERRA Y LIBERTAD

LA COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA

jueves, 20 de febrero de 2014

VIDEO: La represion de la protesta social.

Indígenas rarámuri se oponen a gasoducto que afectará sus parcelas


PATRICIA MAYORGA

CHIHUAHUA, Chih., (apro).- Indígenas rarámuri de los municipios de Bocoyna y Urique se manifestaron en la comunidad de Creel para exigir a las autoridades que antes de emprender cualquier obra consulten a la población.

En el marco del Congreso Nacional de Lenguas Indígenas que se lleva a cabo en el hotel Quinta Misión, habitantes de las comunidades de Bosques de San Elías-Repechike (Bocoyna) y Bacajípare (Urique) advirtieron que la sola instalación del gasoducto El Encino, en Topolobampo, afectaría varias parcelas familiares.

Además, temen que los grupos delictivos asentados en la Sierra Tarahumara se fortalezcan con el gasoducto, ya que podrían ordeñarlo de manera clandestina y, como se ha visto en distintos lugares, hay el riesgo de que ello provoque fugas que pongan en peligro a las comunidades por donde pasará la tubería.

En el caso del aeropuerto que se pretende construir en Creel, así como el gasoducto, afectaría directamente a la comunidad de Bosque San Elías-Repechike –ubicada a 40 minutos de Creel–, conformada por 66 familias, precisaron.

El gasoducto también pasará cerca de un templo ubicado en San Luis Majimachi, del ejido Pito Real, en el mismo municipio de Bocoyna, lo que ha provocado incertidumbre en las comunidades porque oficialmente no se les ha informado nada sobre los proyectos.

El problema es la falta de consulta y, por consiguiente, de información, puntualizó el sacerdote Javier El Pato Ávila, mientras un grupo de indígenas que repartía volantes afuera del hotel donde se realizaba el Congreso Nacional era retirado por elementos del Ejército.

Explicó que en varios poblados hubo labor para persuadir a las autoridades ejidales, pero algunas no accedieron a la construcción de las obras. Sin embargo, los interesados ofrecieron hasta 10 mil pesos por persona para convencerlos de que firmaran los permisos sin darles mayor explicación.

“El problema es que la falta de consulta y de información está generando división en las comunidades, además de injusticias, y esto lo está haciendo el gobierno mexicano”, denunció el sacerdote jesuita.

En entrevista, el agricultor indígena Luis Pérez explicó que acudieron a Creel para manifestarse en contra de los proyectos, no sólo porque no los han tomado en cuenta, sino porque el cierre de caminos ha obligado a los niños a caminar cuatro horas más de su comunidad hasta Creel para llegar a la escuela.

Con una malla ciclónica cerraron los caminos por donde pasaban de las rancherías a Creel, San Ignacio y Bocoyna, y eso también ha dificultado el traslado de enfermos y de mercancía, apuntó.

Añadió:

“Tenemos ahora el problema del aeropuerto y del gasoducto que va a pasar dentro del territorio de la comunidad indígena y no se nos comunicó nada antes, y sabemos que va a pasar por las parcelas de la gente”.

Además, subrayó, de manera arbitraria los constructores taparon con piedras y tierra los manantiales más importantes para la comunidad. De ahí se surtían dos rancherías y también era una parada de descanso para las personas que viajan a pie, quienes en ese lugar se abastecían de agua, dijo.

Otro daño ambiental que les ha dejado la construcción del aeropuerto es la tala indiscriminada de árboles. Según Luis Pérez, la zona más afectada es la que se ubica al suroeste del poblado de Creel, a un costado de la carretera estatal Creel-San Rafael.

“No se ha visto beneficio alguno con la construcción del aeropuerto, no fuimos tomados en cuenta para opinar al respeto y tampoco incluidos como obreros, ya que las autoridades llevaron gente de fuera y lo mismo sucede con el inicio del proyecto del gasoducto”, manifestó.

Y advirtió que una vez que comiencen a funcionar el aeropuerto y el gasoducto, los daños serán mayores. Los indígenas rarámuri buscan que las autoridades reconozcan su derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado que les concede la Constitución Mexicana.

Desde hace 17 años la comunidad de Bacajípare ha sufrido daños por la contaminación de manantiales de donde se abastece de agua para su subsistir.

Esa contaminación es provocada por las descargas de aguas negras de los hoteles de cinco estrellas (Mirador, Posada Barrancas y Divisadero) y el complejo turístico Parque Aventuras, donde se encuentra el teleférico y la tirolesa con mayor longitud en el mundo.

Esos proyectos turísticos, promovidos por las autoridades estatales, tienen grandes expectativas con el funcionamiento del aeropuerto y el gasoducto, debido a que detonarían la economía en la zona norte del país.

En cuanto a la contaminación por la descarga de aguas negras de los hoteles, ha causado múltiples enfermedades, principalmente en los niños, y el deterioro del medio ambiente.

Desde 2002 el gobernador indígena de la comunidad presentó una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la contaminación de los ojos de agua. Y apenas en enero pasado la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aceptó que la contaminación en la zona rebasaba lo aceptado por la Norma Oficial Mexicana, pero hasta ahora no ha aplicado ninguna sanción ni amonestación.

Los pobladores han señalado que el gobierno y los empresarios turísticos tienen los recursos suficientes para resolver los problemas ambientales y de salud humana que han ocasionado, y han pedido que la Secretaría de Economía del estado y los dueños de los hoteles instalen mecanismos de tratamiento ecológico para las aguas negras y limpien los manantiales más afectados.

Los indígenas también manifestaron que si bien el gobernador César Duarte Jáquez y el fiscal Jorge Enrique González Nicolás ha dicho que la sierra está blindada por agentes de la Policía Estatal Única y elementos del Ejército Mexicano, en realidad la población de Creel se encuentra sin vigilancia, apenas con cinco militares, los únicos que quedaron después de los enfrentamientos, la última semana, entre un grupo delictivo y policías, que dejó un saldo de cinco muertos, entre ellas dos uniformados.

Duarte designa como vocero a exedil que encarceló a reporteros


NOÉ ZAVALETA

XALAPA, Ver., (proceso.com.mx).- Transcurrida la mitad de su sexenio, el gobernador priista Javier Duarte de Ochoa nombró a Alberto Silva Ramos, exalcalde de Tuxpan y exdelegado de Sedesol, como nuevo vocero y coordinador general de Comunicación Social.

En su primer año como alcalde, Silva Ramos demandó penalmente a cuatro periodistas por intento de extorsión. Los reporteros tuvieron que pasar varios meses en la cárcel.

Entre los cambios anunciados este día, Duarte designó a Jorge Carvallo Delfín, exlíder estatal del PRI y exsecretario particular del exgobernador Fidel Herrera como titular de la Secretaria de Desarrollo Social. Cabe recordar que hace dos años este personaje fue el responsable de los programas electorales del PRI.

En tanto, Gina Domínguez Colio hoy dejó de ser la vocera del gobernador y la coordinadora de Comunicación Social. El gobernador la compensó con la titularidad de la recién creada “Secretaria Técnica de la oficina del gobernador”.

Juan Manuel del Castillo, exsecretario particular de Duarte en la Secretaria de Finanzas y Planeación en el sexenio pasado, regresa a ocupar este cargo en el que anteriormente se desempeñaba.

Apenas ayer, Luis Ángel Bravo Contreras, expresidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), tomó protesta como nuevo Procurador General de Justicia de Veracruz (PGJE), pese a que tiene a cuestas dos averiguaciones previas en la Fiscalía del Estado por los probables delitos de “cohecho” y “lesiones” en contra de un agente del Ministerio Público.

En el caso de Silva Ramos, en mayo de 2011 acusó de intento de extorsión a Alejandro de la O, locutor radiofónico; Jorge Ricardez Manríquez, reportero de medios digitales y Telenews, a Isaias Armenta, empresario de Alianza Empresarial y a Carlos Antonio Ortiz productor de una radiodifusora por intento de extorsión. Ricardez Manríquez estuvo varios meses preso.

El exedil priista acusó a dichos reporteros de pretender extorsionarlo con una “cantidad millonaria” o de lo contrario revelarían fotografías personales y un reportaje que pondría en peligro su vida privada.

Solicita compañero de celda de Alberto Patishtán que gobernador revise su caso


NORMA TRUJILLO BÁEZ


A ALEJANDRO DÍAZ SANTÍS LO DEFIENDE EL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS ¦ FOTO ESPECIAL

Desde el Cereso número 5 de San Cristóbal de las Casas, Alejandro Díaz Santís, quien fue recluido en Veracruz en 1999, pide al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que intervenga para que lo liberen, “que me hagan justicia porque en mi expediente hay muchas irregularidades y violaciones a los derechos humanos, no tuve traductor, no hice lo que dicen, no entiendo mucho como hablan ustedes, hablo tzotzil, pero aprendí el castilla por Alberto Patishtán”.

A distancia, por teléfono, Alejandro recuerda que él fue encarcelado por instrucción del juez 5° de primera instancia en Veracruz, así inició su condena bajo el expediente 162/99 y en un atropellado español que ha aprendido durante en los 15 años que lleva en prisión, narra: “fui Veracruz, trabajar porque pensé que allá iba a estar bien, vendía dulces con mi esposa y tenía un bebecito de año y medio, vivían en una casa que de la puerta había escalones, era de muchas piedras y el bebecito se cayó, se pegó y murió, llegó la policía y no entendí que decían y ahí estaba un primo también y le empezó la policía a preguntar '¿Qué pasó?', lo policías le dijeron acusa a tu primo, pero tampoco sabía qué le decían y con la cabeza dijo 'sí'”.

Llegó de Tzoeptic, Mitontic, Chiapas, pero desde hace 15 años está encarcelado, primero en el reclusorio Allende, después enviado a Perote, pero ante la injusticia el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC (CDHFBC) solicitó su traslado al estado de Chiapas para poder llevar su defensa y pudiera estar con sus familiares. Allí conoció a Alberto Patishtán Gómez, quien fue su compañero de celda y quien recibió un indulto presidencial en octubre de 2013.

Alejandro Díaz Santís, después de una solicitud que hiciera el CDHFBC para que fuese trasladado a su estado, hoy se encuentra en el Cereso 5 y formó parte del grupo de indígenas que se encuentran recluidos en penales de Chiapas y pertenecientes a las organizaciones de la Voz del Amate, Solidarios de la Voz del Amate y Voces inocentes, se declararon en huelga de hambre y ayuno, en septiembre pasado, pero que su caso ha alcanzado dimensiones internacionales.

Se ha integrado a las organizaciones Voz del Amate, Solidarios de la Voz del Amate y Voces inocentes, Alejandro señaló que las autoridades veracruzanas no le tomaron declaración en su lengua original y no habla el español y así lo sentenciaron a 30 años de presión por el delito de homicidio y violación de su bebé, pero ante la promoción de un amparo, le redujeron cuatro meses y su sentencia es de 29 años seis meses.

El indígena tzotzil dijo que “Patishtán me decía, 'tienes que hablar más castilla, para poderte defender, no ves que saber puro tzotzil hace más difícil que te escuchen'. Y sí, aprendí el idioma y más. Ahora sé cómo apoyar a los compañeros presos para que les respeten sus derechos humanos y yo pido al gobernador de Veracruz y al presidente de México que revisen mi caso, que yo no hice nada solo que no sabía defenderme ni hablar castilla y no tuve traductor”.

Procuraduría de Justicia viola derecho a las garantías judiciales en el caso de la muerte sospechosa de líder de la ONPP


A los medios libres, comunitarios, independientes, autónomos

A los periodistas y prensa nacional e internacional

A la sociedad civil

Les enviamos boletín del Frayba:
Procuraduría de Justicia viola derecho a las garantías judiciales en el caso de la muerte sospechosa de líder de la ONPP

Agradeciendo su difusión

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

20 de febrero de 2014

Boletín de prensa No. 04

Procuraduría de Justicia viola derecho a las garantías judiciales en el caso de la muerte sospechosa de líder de la ONPP

Violaciones al derecho a la dignidad de la familia

El 18 de febrero de 2014, integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, documentamos que durante el levantamiento del cuerpo, por muerte sospechosa, del Sr. Manuel de Jesús Vázquez Hernández (en adelante Manuel) dirigente de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), en Teopisca, se cometieron violaciones al derecho a las garantías judiciales. Los hechos fueron perpetrados por funcionarios de la Fiscalía de Distrito Altos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas quienes incumplieron con los estándares mínimos para el trabajo de campo durante el proceso de investigación. Además las fotos que se tomaron se difundieron públicamente en violación al derecho a la honra y a la dignidad de Manuel y su familia.

Ese día a las 14:30 hrs. integrantes de la ONPP encontraron el cuerpo sin vida de Manuel, en evidente estado de descomposición y tirado en un basurero en el perímetro de los bienes comunales de Teopisca. En ese momento se informó a la oficina de la Fiscalía de Distrito Altos de Teopisca, siendo hasta cerca de cuatro horas después, aproximadamente a las 18:15 hrs., que llegó la Lic. Carolina Hernández Álvarez, fiscal titular del Ministerio Público (MP) del mismo municipio, acompañada por una oficial auxiliar y siete integrantes de protección civil de Teopisca.

Según documentación recabada el levantamiento del cadáver se dio sin herramientas profesionales y no acudieron expertos criminalistas de campo: perito médico, planimetrista (quien se encarga de resguardar las pruebas del lugar), ni fotógrafo – las fotos fueron tomadas por la oficial auxiliar del MP y elementos policiacos -. En el lugar del hallazgo no se preservó el área mediante un acordonamiento y se desestimó evidencia como huellas de carro y una hamaca; no llevaban luces especiales para revisar el lugar, siendo que ya anochecía; además se levantó el cadáver envolviéndolo en una cobija, subiéndolo en una camilla y, a las 18:37 hrs., transportado en un camión prestado por la ONPP (ya que el de la protección civil era inadecuado) al panteón municipal de Teopisca.

Derivadas de las violaciones a las garantías judiciales, se vulneraron el derecho a la honra y a la dignidad de Manuel y su familia publicándose, en portales de internet y periódicos, las fotos del cuerpo en el lugar del hallazgo.

Por lo anterior, hemos documentado las violaciones de los derechos al debido proceso, garantías judiciales, a la honra y a la dignidad incluidos en instrumentos y convenciones internacionales, regionales, entre ella, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 8°, 9°, 11°, 14º y 25°, mismos de carácter obligatorio e inderogable por el Estado mexicano.

Consideramos sumamente grave la conducta no profesional de funcionarios de la Fiscalía de Distrito Altos, por tanto exigimos que las investigaciones sobre el caso se den a fondo y exhaustivamente para así deslindar responsabilidades por el suceso; asimismo se respeten, protejan y garanticen en todo momento los derechos humanos de la familia de Manuel.

Antecedentes:

El sábado 15 de febrero de 2014, a las 20:30 hrs. en el municipio de Teopisca, Manuel salió de su domicilio con destino a la casa de su papá, Jesús Pedro Vázquez Jiménez, y desde ese entonces se desconoció su paradero. Por la desaparición, el 17 de febrero del mismo año, se presentó una denuncia ante el MP de Teopisca por lo que se abrió número de expediente: 017/AL65/2014.

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martes, 18 de febrero de 2014

Mi sentencia es un castigo ejemplar para los que protestan en las calles: Mario González



Fuente: Juan Carlos Alarcón López

La sentencia de 5 años y nueve meses de cárcel a Mario González García, detenido previo a la marcha del 2 de octubre, por ataques a la paz pública, es un mensaje de las autoridades capitalinas para mostrar a la ciudadanía el poder del Estado frente a la protesta social.

Así lo externó el activista vía telefónica desde la Torre Médica del penal femenil de Tepepan, al señalar que la sentencia dictada en su contra por la Juez 19 de Delitos No Graves, Marcela Ángeles Arrieta, es un “castigo ejemplar”, un llamado de atención a todos los que participan en manifestaciones o protestas.

“Es como un ‘miren, dense cuenta, ahorita los estamos agarrando, si vas a manifestarte puedes quedarte mucho tiempo en la cárcel sin derecho a salir bajo fianza’, es como una consigna lo que nosotros creemos.

“Buscan demostrar ante la sociedad el castigo ejemplar, te manifiestas o participas en movilizaciones y te va a pasar esto”, aseguró el activista en entrevista con Noticias MVS.

Acusó a la juzgadora de dilatar el proceso, obviar pruebas a su favor y a su vez desestimar las contradicciones de los policías que lo detuvieron la tarde del 2 de octubre en el Centro Histórico.

“Los policías nadie me señala directamente, nadie me consignó, a mi no me agarraron con nada o con el material que me relacionara con el disque delito que cometimos.

“Aun con todo y eso la juez al ver como declaró sentencia pues no hizo ningún argumento, sólo copió las declaraciones de los policías y las pegó y ese fue su argumento para sentenciarme”, apuntó.

Mario González, quien convalece en la Torre Médica de Tepepan, debido al deterioro de su salud por los 58 días de huelga de hambre que realizó en el Reclusorio Oriente, recordó que el abuso de autoridad se hizo patente desde un inicio cuando fue reaprendido al salir de ese centro de reclusión.

Lo acusaron de intentar sustraerse de la acción de la justicia e incluso Ángeles Arrieta, lo consideró “peligroso social”, por el hecho de ocultar su identidad y aportar otro nombre el día de su detención, lo que lo llevó nuevamente a prisión.

Ante el cúmulo de irregularidades en el proceso y que derivó en sentencia condenatoria, su defensa apeló la resolución de la juez Ángeles Arrieta, por lo que el caso es ahora analizado por la titular de la Quinta Sala Penal, Magistrada Celia Marín Sazaki.

Mario González García, confía en que esa instancia esté alejada de cualquier “consigna” y juzgue apegada al principio pro persona y con absoluto respeto a los derechos humanos.

@amarilloalarcon

México vive una crisis de derechos humanos: AI en CNN


"Lo terrible es la respuesta del Estado, cuando la gente va a denunciar, la forma en que los tratan es muy preocupante. Esto no se ha resuelto", advierte el secretario general de Amnistía Internacional, quien se encuentra por primera vez en México y se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto.


Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional (AI) dijo que su organización está cada vez más preocupada “por la crisis de derechos humanos que enfrenta el país, sí, crisis en tema de desaparecidos, migrantes, refugiados y los ataques a los defensores y a los periodistas, es una situación muy crítica”.

También habló sobre Los retos de México en materia de Derechos Humanos Memorándum de Amnistía Internacional, documento que entregó al Presidente, Enrique Peña Nieto.

En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, en CNN , Shetty dijo que AI ha trabajado con México, en el tema de derechos humanos, desde hace mucho tiempo, por lo que hay mucho diálogo, el cual agradeció al gobierno.

Reconoció que en el escenario internacional, México tiene una postura muy progresista y camina por donde debe caminar. El gobierno mexicano está abierto a que vengan los observadores de Naciones Unidas, lo que es muy importante reconocer algunas de las cosas positivas, así lo hicimos con el presidente, enfatizó Shetty.

No obstante, destacó que existe “una fuerte contradicción sobre cómo México ve los derechos humanos en el escenario internacional o desde el punto de vista de las leyes y políticas y luego la realidad que se ve, lo que teníamos que hacer es llamar su atención a las situaciones muy díficiles que están enfrentando las persona”.

Shetty preguntó: ¿si el Presidente está comprometido políticamente en traducir esas palabras en acciones?, en referencia a los compromisos que ha hecho en el tema de derechos humanos.

El secretario contó que “en Saltillo me reuní con personas que tienen familiares desaparecidos, migrantes, periodistas, cuando se oye a las familias que han perdido a su gente querida, es una experiencia muy conmovedora”. Además, señaló Shetty, “lo terrible es la respuesta del Estado, cuando la gente va a denunciar, la forma en que los tratan, es muy preocupante. Esto no es un problema nuevo, es algo que no se ha resuelto desde hace mucho tiempo”.

Hoy el gobierno dice que han establecido mecanismos, por ejemplo, para la búsqueda de los desaparecidos, pero como en muchos casos en México hay un mecanismo, hay una ley, una política pero la respuesta en práctica o la implementación es muy débil, hay tantas familias que nos están diciendo que no ha habido ningún esfuerzo por parte del Estado para encontar a los desaparecidos o encontarr los restos de la gente que han pérdido, resaltó Shetty.

Sobre su encuentro con Peña Nieto afirmó que “el primer mensaje que trate de dar al Presidente es que las personas que salen de Honduras, o de el Salvador o de Guatemala, en la mayoría de los casos están escapandose de violencia, de ser atacados por pandillas o de la pobreza, intentan ir a Estados Unidos. Los viajes a través de México, es una pesadilla, ellos dicen que lo que más les da temor es el viaje por México porque no se respetan sus derechos”.La gente (migrantes) está siendo atacada, incluso criminalizada. El gobierno dice que eso es cupa de los delincuentes, pero en AI decimos que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad, puntualizó Shetty.

El secretario originario de la India añadió que “está la Constitución que habla de los derechos humanos de todos, hay un mecanismo que se ha establecido para proteger a los defensores y a los periodistas, lo vemos con beneplácito, pero en la práctica, la realidad es que tantos de estos defensores y periodistas se han visto atacados, nos reunimos con ellos y su relato es estremecedor, las personas atacadas no sólo son periodistas, también sus familias, es decir aumentan los ataques, las amenazas, la violencia”.

Sobre la reunión con Peña, dijo que el principal mensaje que le dio fue que si “el gobierno mexicano está o no comprometido con los derechos humanos y si sí está como dice a través de varios documentos, entonces el Presidente tiene que decir en público esto, de una forma más visible, más vocal”. También contó que Peña “sin titubeos dijo que está respetando la Constitución y que va hablar de esto a nivel internacional”.

Shetty adelantó que habrá otras reuniones con funcionarios y “les vamos a poner ciertas metas que cumplir y las vamos a medir, que el pueblo de México las mida. Es importante entender que AI no acepta dinero del gobierno ni de las empresas”.

Recalcó que “el Presidente está abierto (al diálogo y a la actual situación), pero nosotros no creemos en las palabras, creemos en las acciones”.

Este es un país que tiene una enorme desigualdad, sobre todo para la gente que no tiene voz. Los mexicanos se merecen un sistema que acabe con la impunidad y la tortura, sostuvo Shetty.

La crisis de los derechos humanos está más allá de México, por ello vamos a establecer una oficina regional en la Ciudad de México, para atender el Caribe Centroamérica y México, finalizó el secretario general de Amnistía Internacional.

Estos son momentos importantes de la entrevista:


Documento: Los retos de México en Materia de derechos humanos


Amnistía Internacional llama al Presidente Peña Nieto a enfrentar la crítica situación de derechos humanos en México



El Secretario General de Amnistía Internacional, Salil Shetty, se reunió con el Presidente Enrique Peña Nieto, a quien hizo entrega de un memorándum exigiendo una serie de acciones para combatir la impunidad generalizada y el persistente patrón de graves violaciones a los derechos humanos en el país.

“México es un actor cada vez más importante en la escena mundial, no sólo en términos económicos sino también en la promoción de los derechos humanos. Durante nuestro encuentro le dije al Presidente Peña Nieto que si su gobierno quiere realmente demostrar a la comunidad internacional y al pueblo de México que se toma en serio los derechos humanos, debe ir más allá de las palabras y hacer de estos una realidad en su país”, afirmó Salil Shetty tras la reunión con el Presidente Peña Nieto.

“El Presidente tiene el poder para atender la crítica situación de derechos humanos que vive México. Peña Nieto debe actuar inmediatamente y debe tomar las medidas inmediatas para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos para todas las personas en el país”, agregó Shetty.

El Presidente Peña Nieto y Salil Shetty dialogaron sobre la grave situación que enfrenta México, incluyendo el uso generalizado de la tortura, las desapariciones, los abusos contra migrantes y los ataques contra periodistas y quienes defienden los derechos humanos. Todas ellas son violaciones que persisten gracias a la impunidad existente en México.

El Secretario General expresó su particular preocupación por la violencia y la discriminación a la que se enfrentan las mujeres, así como los integrantes de las comunidades indígenas.

Shetty reconoció que la nueva administración ha puesto en marcha varios mecanismos y procesos para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos, aunque resaltó que su implementación y el cumplimiento han sido débiles. También reconoció la apertura que ha tenido el gobierno mexicano para recibir a observadores de derechos humanos, tanto de las Naciones Unidas como de Amnistía Internacional.

Sin embargo, Salil Shetty mostró su preocupación por el hecho de que a un año de que las autoridades reconocieran la existencia de más de 26,000 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas durante el sexenio anterior, el gobierno ni siquiera haya aclarado cuántas víctimas de desaparición forzada y de privación de la libertad por parte de bandas criminales permanecen sin localizar.

“Visité Saltillo y dialogué con las familias de personas que continúan desaparecidas en varios estados. Le transmití al Presidente que resulta evidente la falta de acción por parte de las autoridades para localizar a sus seres queridos y llevar a los responsables ante la justicia”, añadió Shetty.

En 2013, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidos realizó una serie de recomendaciones a México para mejorar su preocupante historial en derechos humanos.

En marzo, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto anunciará cuáles de estas recomendaciones serán aceptadas. Amnistía Internacional espera que el gobierno mexicano acepte e implemente todas las recomendaciones que sean consistentes con los estándares internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional llama al gobierno de Peña Nieto a:

n Realizar un pronunciamiento claro sobre los compromisos de su administración en materia de derechos humanos y cumplir su promesa de enfrentar efectivamente la grave situación actual.

n Garantizar la búsqueda efectiva de víctimas de desaparición y llevar a los responsables ante la justicia, incluyendo a los funcionarios públicos que pudieran estar implicados en desapariciones forzadas.

n Garantizar, mediante acciones integrales y efectivas, la seguridad de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos que se encuentren en riesgo, y hacer rendir cuentas ante la justicia a los responsables de ataques y amenazas en su contra.

n Asegurar los derechos humanos de migrantes irregulares, incluyendo el derecho a no ser objeto de violencia. Todos los abusos contra personas migrantes deben ser exhaustivamente investigados y las personas responsables deben rendir cuentas.

Durante su visita al estado de Coahuila, el Secretario General sostuvo encuentros con migrantes, familiares de víctimas de desaparición, defensoras y defensores de derechos humanos y con el gobernador del estado. Mediante esta visita, Amnistía Internacional pudo confirmar cómo las autoridades han fallado en cumplir con sus obligaciones hacia las familias de las personas desaparecidas e hizo un llamado a que las autoridades estatales asuman un compromiso claro y contundente para la localización de las víctimas y hagan rendir cuentas a los responsables de estos crímenes.

En la Ciudad de México, Salil Shetty se reunió con otras víctimas de violaciones a los derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Sostuvo también encuentros con los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de Justicia, así como con el ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia y con integrantes de los comités de derechos humanos del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.