jueves, 20 de febrero de 2014

Procuraduría de Justicia viola derecho a las garantías judiciales en el caso de la muerte sospechosa de líder de la ONPP


A los medios libres, comunitarios, independientes, autónomos

A los periodistas y prensa nacional e internacional

A la sociedad civil

Les enviamos boletín del Frayba:
Procuraduría de Justicia viola derecho a las garantías judiciales en el caso de la muerte sospechosa de líder de la ONPP

Agradeciendo su difusión

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

20 de febrero de 2014

Boletín de prensa No. 04

Procuraduría de Justicia viola derecho a las garantías judiciales en el caso de la muerte sospechosa de líder de la ONPP

Violaciones al derecho a la dignidad de la familia

El 18 de febrero de 2014, integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, documentamos que durante el levantamiento del cuerpo, por muerte sospechosa, del Sr. Manuel de Jesús Vázquez Hernández (en adelante Manuel) dirigente de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), en Teopisca, se cometieron violaciones al derecho a las garantías judiciales. Los hechos fueron perpetrados por funcionarios de la Fiscalía de Distrito Altos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas quienes incumplieron con los estándares mínimos para el trabajo de campo durante el proceso de investigación. Además las fotos que se tomaron se difundieron públicamente en violación al derecho a la honra y a la dignidad de Manuel y su familia.

Ese día a las 14:30 hrs. integrantes de la ONPP encontraron el cuerpo sin vida de Manuel, en evidente estado de descomposición y tirado en un basurero en el perímetro de los bienes comunales de Teopisca. En ese momento se informó a la oficina de la Fiscalía de Distrito Altos de Teopisca, siendo hasta cerca de cuatro horas después, aproximadamente a las 18:15 hrs., que llegó la Lic. Carolina Hernández Álvarez, fiscal titular del Ministerio Público (MP) del mismo municipio, acompañada por una oficial auxiliar y siete integrantes de protección civil de Teopisca.

Según documentación recabada el levantamiento del cadáver se dio sin herramientas profesionales y no acudieron expertos criminalistas de campo: perito médico, planimetrista (quien se encarga de resguardar las pruebas del lugar), ni fotógrafo – las fotos fueron tomadas por la oficial auxiliar del MP y elementos policiacos -. En el lugar del hallazgo no se preservó el área mediante un acordonamiento y se desestimó evidencia como huellas de carro y una hamaca; no llevaban luces especiales para revisar el lugar, siendo que ya anochecía; además se levantó el cadáver envolviéndolo en una cobija, subiéndolo en una camilla y, a las 18:37 hrs., transportado en un camión prestado por la ONPP (ya que el de la protección civil era inadecuado) al panteón municipal de Teopisca.

Derivadas de las violaciones a las garantías judiciales, se vulneraron el derecho a la honra y a la dignidad de Manuel y su familia publicándose, en portales de internet y periódicos, las fotos del cuerpo en el lugar del hallazgo.

Por lo anterior, hemos documentado las violaciones de los derechos al debido proceso, garantías judiciales, a la honra y a la dignidad incluidos en instrumentos y convenciones internacionales, regionales, entre ella, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 8°, 9°, 11°, 14º y 25°, mismos de carácter obligatorio e inderogable por el Estado mexicano.

Consideramos sumamente grave la conducta no profesional de funcionarios de la Fiscalía de Distrito Altos, por tanto exigimos que las investigaciones sobre el caso se den a fondo y exhaustivamente para así deslindar responsabilidades por el suceso; asimismo se respeten, protejan y garanticen en todo momento los derechos humanos de la familia de Manuel.

Antecedentes:

El sábado 15 de febrero de 2014, a las 20:30 hrs. en el municipio de Teopisca, Manuel salió de su domicilio con destino a la casa de su papá, Jesús Pedro Vázquez Jiménez, y desde ese entonces se desconoció su paradero. Por la desaparición, el 17 de febrero del mismo año, se presentó una denuncia ante el MP de Teopisca por lo que se abrió número de expediente: 017/AL65/2014.

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martes, 18 de febrero de 2014

Mi sentencia es un castigo ejemplar para los que protestan en las calles: Mario González



Fuente: Juan Carlos Alarcón López

La sentencia de 5 años y nueve meses de cárcel a Mario González García, detenido previo a la marcha del 2 de octubre, por ataques a la paz pública, es un mensaje de las autoridades capitalinas para mostrar a la ciudadanía el poder del Estado frente a la protesta social.

Así lo externó el activista vía telefónica desde la Torre Médica del penal femenil de Tepepan, al señalar que la sentencia dictada en su contra por la Juez 19 de Delitos No Graves, Marcela Ángeles Arrieta, es un “castigo ejemplar”, un llamado de atención a todos los que participan en manifestaciones o protestas.

“Es como un ‘miren, dense cuenta, ahorita los estamos agarrando, si vas a manifestarte puedes quedarte mucho tiempo en la cárcel sin derecho a salir bajo fianza’, es como una consigna lo que nosotros creemos.

“Buscan demostrar ante la sociedad el castigo ejemplar, te manifiestas o participas en movilizaciones y te va a pasar esto”, aseguró el activista en entrevista con Noticias MVS.

Acusó a la juzgadora de dilatar el proceso, obviar pruebas a su favor y a su vez desestimar las contradicciones de los policías que lo detuvieron la tarde del 2 de octubre en el Centro Histórico.

“Los policías nadie me señala directamente, nadie me consignó, a mi no me agarraron con nada o con el material que me relacionara con el disque delito que cometimos.

“Aun con todo y eso la juez al ver como declaró sentencia pues no hizo ningún argumento, sólo copió las declaraciones de los policías y las pegó y ese fue su argumento para sentenciarme”, apuntó.

Mario González, quien convalece en la Torre Médica de Tepepan, debido al deterioro de su salud por los 58 días de huelga de hambre que realizó en el Reclusorio Oriente, recordó que el abuso de autoridad se hizo patente desde un inicio cuando fue reaprendido al salir de ese centro de reclusión.

Lo acusaron de intentar sustraerse de la acción de la justicia e incluso Ángeles Arrieta, lo consideró “peligroso social”, por el hecho de ocultar su identidad y aportar otro nombre el día de su detención, lo que lo llevó nuevamente a prisión.

Ante el cúmulo de irregularidades en el proceso y que derivó en sentencia condenatoria, su defensa apeló la resolución de la juez Ángeles Arrieta, por lo que el caso es ahora analizado por la titular de la Quinta Sala Penal, Magistrada Celia Marín Sazaki.

Mario González García, confía en que esa instancia esté alejada de cualquier “consigna” y juzgue apegada al principio pro persona y con absoluto respeto a los derechos humanos.

@amarilloalarcon

México vive una crisis de derechos humanos: AI en CNN


"Lo terrible es la respuesta del Estado, cuando la gente va a denunciar, la forma en que los tratan es muy preocupante. Esto no se ha resuelto", advierte el secretario general de Amnistía Internacional, quien se encuentra por primera vez en México y se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto.


Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional (AI) dijo que su organización está cada vez más preocupada “por la crisis de derechos humanos que enfrenta el país, sí, crisis en tema de desaparecidos, migrantes, refugiados y los ataques a los defensores y a los periodistas, es una situación muy crítica”.

También habló sobre Los retos de México en materia de Derechos Humanos Memorándum de Amnistía Internacional, documento que entregó al Presidente, Enrique Peña Nieto.

En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, en CNN , Shetty dijo que AI ha trabajado con México, en el tema de derechos humanos, desde hace mucho tiempo, por lo que hay mucho diálogo, el cual agradeció al gobierno.

Reconoció que en el escenario internacional, México tiene una postura muy progresista y camina por donde debe caminar. El gobierno mexicano está abierto a que vengan los observadores de Naciones Unidas, lo que es muy importante reconocer algunas de las cosas positivas, así lo hicimos con el presidente, enfatizó Shetty.

No obstante, destacó que existe “una fuerte contradicción sobre cómo México ve los derechos humanos en el escenario internacional o desde el punto de vista de las leyes y políticas y luego la realidad que se ve, lo que teníamos que hacer es llamar su atención a las situaciones muy díficiles que están enfrentando las persona”.

Shetty preguntó: ¿si el Presidente está comprometido políticamente en traducir esas palabras en acciones?, en referencia a los compromisos que ha hecho en el tema de derechos humanos.

El secretario contó que “en Saltillo me reuní con personas que tienen familiares desaparecidos, migrantes, periodistas, cuando se oye a las familias que han perdido a su gente querida, es una experiencia muy conmovedora”. Además, señaló Shetty, “lo terrible es la respuesta del Estado, cuando la gente va a denunciar, la forma en que los tratan, es muy preocupante. Esto no es un problema nuevo, es algo que no se ha resuelto desde hace mucho tiempo”.

Hoy el gobierno dice que han establecido mecanismos, por ejemplo, para la búsqueda de los desaparecidos, pero como en muchos casos en México hay un mecanismo, hay una ley, una política pero la respuesta en práctica o la implementación es muy débil, hay tantas familias que nos están diciendo que no ha habido ningún esfuerzo por parte del Estado para encontar a los desaparecidos o encontarr los restos de la gente que han pérdido, resaltó Shetty.

Sobre su encuentro con Peña Nieto afirmó que “el primer mensaje que trate de dar al Presidente es que las personas que salen de Honduras, o de el Salvador o de Guatemala, en la mayoría de los casos están escapandose de violencia, de ser atacados por pandillas o de la pobreza, intentan ir a Estados Unidos. Los viajes a través de México, es una pesadilla, ellos dicen que lo que más les da temor es el viaje por México porque no se respetan sus derechos”.La gente (migrantes) está siendo atacada, incluso criminalizada. El gobierno dice que eso es cupa de los delincuentes, pero en AI decimos que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad, puntualizó Shetty.

El secretario originario de la India añadió que “está la Constitución que habla de los derechos humanos de todos, hay un mecanismo que se ha establecido para proteger a los defensores y a los periodistas, lo vemos con beneplácito, pero en la práctica, la realidad es que tantos de estos defensores y periodistas se han visto atacados, nos reunimos con ellos y su relato es estremecedor, las personas atacadas no sólo son periodistas, también sus familias, es decir aumentan los ataques, las amenazas, la violencia”.

Sobre la reunión con Peña, dijo que el principal mensaje que le dio fue que si “el gobierno mexicano está o no comprometido con los derechos humanos y si sí está como dice a través de varios documentos, entonces el Presidente tiene que decir en público esto, de una forma más visible, más vocal”. También contó que Peña “sin titubeos dijo que está respetando la Constitución y que va hablar de esto a nivel internacional”.

Shetty adelantó que habrá otras reuniones con funcionarios y “les vamos a poner ciertas metas que cumplir y las vamos a medir, que el pueblo de México las mida. Es importante entender que AI no acepta dinero del gobierno ni de las empresas”.

Recalcó que “el Presidente está abierto (al diálogo y a la actual situación), pero nosotros no creemos en las palabras, creemos en las acciones”.

Este es un país que tiene una enorme desigualdad, sobre todo para la gente que no tiene voz. Los mexicanos se merecen un sistema que acabe con la impunidad y la tortura, sostuvo Shetty.

La crisis de los derechos humanos está más allá de México, por ello vamos a establecer una oficina regional en la Ciudad de México, para atender el Caribe Centroamérica y México, finalizó el secretario general de Amnistía Internacional.

Estos son momentos importantes de la entrevista:


Documento: Los retos de México en Materia de derechos humanos


Amnistía Internacional llama al Presidente Peña Nieto a enfrentar la crítica situación de derechos humanos en México



El Secretario General de Amnistía Internacional, Salil Shetty, se reunió con el Presidente Enrique Peña Nieto, a quien hizo entrega de un memorándum exigiendo una serie de acciones para combatir la impunidad generalizada y el persistente patrón de graves violaciones a los derechos humanos en el país.

“México es un actor cada vez más importante en la escena mundial, no sólo en términos económicos sino también en la promoción de los derechos humanos. Durante nuestro encuentro le dije al Presidente Peña Nieto que si su gobierno quiere realmente demostrar a la comunidad internacional y al pueblo de México que se toma en serio los derechos humanos, debe ir más allá de las palabras y hacer de estos una realidad en su país”, afirmó Salil Shetty tras la reunión con el Presidente Peña Nieto.

“El Presidente tiene el poder para atender la crítica situación de derechos humanos que vive México. Peña Nieto debe actuar inmediatamente y debe tomar las medidas inmediatas para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos para todas las personas en el país”, agregó Shetty.

El Presidente Peña Nieto y Salil Shetty dialogaron sobre la grave situación que enfrenta México, incluyendo el uso generalizado de la tortura, las desapariciones, los abusos contra migrantes y los ataques contra periodistas y quienes defienden los derechos humanos. Todas ellas son violaciones que persisten gracias a la impunidad existente en México.

El Secretario General expresó su particular preocupación por la violencia y la discriminación a la que se enfrentan las mujeres, así como los integrantes de las comunidades indígenas.

Shetty reconoció que la nueva administración ha puesto en marcha varios mecanismos y procesos para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos, aunque resaltó que su implementación y el cumplimiento han sido débiles. También reconoció la apertura que ha tenido el gobierno mexicano para recibir a observadores de derechos humanos, tanto de las Naciones Unidas como de Amnistía Internacional.

Sin embargo, Salil Shetty mostró su preocupación por el hecho de que a un año de que las autoridades reconocieran la existencia de más de 26,000 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas durante el sexenio anterior, el gobierno ni siquiera haya aclarado cuántas víctimas de desaparición forzada y de privación de la libertad por parte de bandas criminales permanecen sin localizar.

“Visité Saltillo y dialogué con las familias de personas que continúan desaparecidas en varios estados. Le transmití al Presidente que resulta evidente la falta de acción por parte de las autoridades para localizar a sus seres queridos y llevar a los responsables ante la justicia”, añadió Shetty.

En 2013, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidos realizó una serie de recomendaciones a México para mejorar su preocupante historial en derechos humanos.

En marzo, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto anunciará cuáles de estas recomendaciones serán aceptadas. Amnistía Internacional espera que el gobierno mexicano acepte e implemente todas las recomendaciones que sean consistentes con los estándares internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional llama al gobierno de Peña Nieto a:

n Realizar un pronunciamiento claro sobre los compromisos de su administración en materia de derechos humanos y cumplir su promesa de enfrentar efectivamente la grave situación actual.

n Garantizar la búsqueda efectiva de víctimas de desaparición y llevar a los responsables ante la justicia, incluyendo a los funcionarios públicos que pudieran estar implicados en desapariciones forzadas.

n Garantizar, mediante acciones integrales y efectivas, la seguridad de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos que se encuentren en riesgo, y hacer rendir cuentas ante la justicia a los responsables de ataques y amenazas en su contra.

n Asegurar los derechos humanos de migrantes irregulares, incluyendo el derecho a no ser objeto de violencia. Todos los abusos contra personas migrantes deben ser exhaustivamente investigados y las personas responsables deben rendir cuentas.

Durante su visita al estado de Coahuila, el Secretario General sostuvo encuentros con migrantes, familiares de víctimas de desaparición, defensoras y defensores de derechos humanos y con el gobernador del estado. Mediante esta visita, Amnistía Internacional pudo confirmar cómo las autoridades han fallado en cumplir con sus obligaciones hacia las familias de las personas desaparecidas e hizo un llamado a que las autoridades estatales asuman un compromiso claro y contundente para la localización de las víctimas y hagan rendir cuentas a los responsables de estos crímenes.

En la Ciudad de México, Salil Shetty se reunió con otras víctimas de violaciones a los derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Sostuvo también encuentros con los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de Justicia, así como con el ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia y con integrantes de los comités de derechos humanos del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.

domingo, 16 de febrero de 2014

“No es suficiente culpar a la delincuencia por desapariciones”: AI


JUAN ALBERTO CEDILLO

SALTILLO, Coah. (proceso.com.mx).- Salil Shatty, secretario general de Amnistía Internacional (AI), visitó la Casa de Migrantes de Saltillo para informarse sobre la desaparición de centroamericanos en territorio mexicano, informaron este domingo representantes del refugio.

Shatty estuvo acompañado de la directora para América Latina y del secretario ejecutivo de AI para México, precisó un comunicado de la casa Frontera con Justicia, A.C.

El secretario de AI fue informado sobre la condición de vulnerabilidad de las personas migrantes en territorio mexicano y la negligencia de las autoridades para atenderlos, así como el difícil acceso a la justicia, precisó el texto.

Shatty obtuvo detalles sobre la desaparición de migrantes centroamericanos en territorio mexicano y la falta de voluntad política de los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino para afrontar esta crisis humanitaria.

El derechohumanista se reunió previamente con las familias de la organización Fuerzas Unidas para Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), con el fin de conocer la situación de cientos de los desaparecidos en el estado.

“No es suficiente culpar de esto a la delincuencia”, dijo a las familias el representante de AI.

“No existe un caso en el cual se haya hecho justicia”, agregó, y destacó que la desaparición de seres humanos es un problema sumamente grave.

Indicó que es obligación de los gobiernos proporcionar seguridad y resolver los casos.

Periodistas veracruzanos denuncian intimidación y amenazas de despido


NOÉ ZAVALETA

XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).- Periodistas del sur de Veracruz se reunieron con representantes de Reporteros sin Fronteras, Artículo 19, la Red de Periodistas de a Pie, la Casa del Periodista del Distrito Federal y con representantes de organizaciones civiles defensoras de la libertad de expresión para denunciar que luego del asesinato de Gregorio Goyo Jiménez de la Cruz, reportero de Liberal del Sur y Notisur, no han cesado las amenazas en contra de su seguridad física, así como hostigamiento laboral por parte de directores de medios de comunicación quienes les exigen cesar sus álgidas protestas, so pena del despido laboral.

Una Misión de Observación integrada por más de 20 periodistas y activistas defensores de la libertad de expresión exigió al gobierno de Javier Duarte que sea la Procuraduría General de la República (PGR) quien atraiga el caso de la investigación del secuestro y ejecución de Goyo.

“A nombre de periodistas de todo el país, respaldamos a los compañeros que desde la desaparición de Jiménez se manifiestan para exigir el esclarecimiento de su asesinato”, expresó la Misión de Observación en un comunicado conjunto.

La Red de Periodistas de a Pie, Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 reclamaron y exigieron que sean las autoridades federales, a través de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR (FEADLE) quienes cumplan con la facultad de atraer el caso.

“No aceptamos la venganza como única línea de investigación del asesinato de Gregorio, y seguiremos insistiendo en la necesidad de indagar en su labor periodística, como posible móvil de su muerte”.

Los periodistas de diversas organizaciones viajaron al municipio de Coatzacoalcos para reunirse con prensa local y con la familia de Jiménez de la Cruz; tomaron apuntes de la situación de inseguridad y de inestabilidad laboral que enfrentan los comunicadores del sur de Veracruz.

Al concluir la visita a varias redacciones de periódicos y de reunirse con varios periodistas del sur de Veracruz, exclamaron su “preocupación” por las versiones que señalan que han sufrido amenazas que ponen en riesgo su seguridad personal y/o laboral.

Señalaron que la visita inédita y la agrupación de diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión obedece a que es momento de poner un alto a la agresión a reporteros locales, así como a la ola de asesinatos en contra de periodistas, pues en el caso de Veracruz, en los últimos tres años suman 10.

La Misión de Observación señaló que también viajarán a la capital del estado, en espera de que el gobierno de Duarte cumpla su oferta de mostrar el expediente ministerial con las indagatorias sobre el caso.

En el sur de Veracruz, reporteros de Coatzacoalcos hicieron patente su repudio hacía la administración estatal y a la Procuraduría de Justicia: “No nos vamos a sentar a dialogar con un gobierno que por años se ha mantenido ciego, sordo y mudo”, expresaron algunos comunicadores en sus redes sociales.

Apenas el pasado viernes, una de las hijas de Gregorio Jiménez reiteró ante el Tercer Juzgado de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado que “fue por una nota” que Goyo escribió sobre el bar de la señora Teresa Hernández que lo mataron.

La hija de Jiménez reiteró que con la dueña del bar “El Palmar” había tenido problemas y que de hecho hay una denuncia por ello: “Tú cállate porque tú te vas a morir, te voy a mandar matar… no sabes ni con quién te metiste, ¿te acuerdas de la nota que sacaste? esa te la tengo reservada y conozco a los Zetas y te voy a mandar a matar”, detalló la hija de Goyo al rememorar la amenaza directa de la dueña del bar a su padre.

En la Misión de Observación que viajó este fin de semana a Veracruz hubo molestia previo a su arribo, pues la Coordinación de Comunicación Social boletinó un día antes que la PGJ ya había puesto a “disposición” de organismos no gubernamentales (ONG) y defensores de la libertad de expresión, la investigación ministerial por el secuestro y homicidio del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz.

“Para que, en un ejercicio de transparencia, abone no sólo a la certeza jurídica, sino a la certidumbre social de que se ha actuado con toda determinación y apego a derecho”, señala un comunicado gubernamental, el cual los activistas rechazaron que así haya sucedido.

viernes, 14 de febrero de 2014

Las minorías raciales de Estados Unidos están perdiendo el derecho al voto


Amy Goodman y Denis Moynihan

"Llegué al punto de estar parado frente a las vías del ferrocarril en el sur de Florida, esperando que pasara el tren para tirarme debajo de él y acabar con mi vida", me dijo Desmond Meade, al contarme cómo era su vida hace nueve años. No tenía donde vivir, estaba desempleado, recién salía de la cárcel y era adicto a las drogas y el alcohol. El tren nunca pasó. Cruzó las vías y se inscribió en un programa de rehabilitación para adictos. Más adelante fue a la Universidad y hoy le faltan apenas unos meses para recibirse de abogado.

Sin embargo, Meade no podrá ejercer el derecho en el estado de Florida. En ese estado, las personas que estuvieron en la cárcel no pueden ser miembros del Colegio de Abogados. Ese es solo uno de los derechos del que lo han privado en forma permanente las leyes draconianas de Florida. En una democracia, si deseamos modificar una ley, votamos a los legisladores para que representen nuestros intereses. Sin embargo, Meade, por ser un ex recluso de Florida, también perdió el derecho al voto por el resto de su vida.

La ley se denomina "privación del derecho de voto por haber cometido un delito" y tiene carácter permanente en once estados de Estados Unidos: Alabama, Arizona, Florida, Iowa, Kentucky, Mississippi, Nebraska, Nevada, Tennessee, Virginia y Wyoming. La restricción es aplicada en todo Estados Unidos en diferente medida y con diferentes características. En trece estados y en el Distrito de Columbia una persona que ha estado presa recupera sus derechos al ser liberada. En otros estados, es preciso haber cumplido libertad condicional o libertad bajo palabra. En Maine y Vermont, los presos conservan el derecho de voto, incluso durante su encarcelamiento.

El Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, habló sobre el tema esta semana en un simposio de derecho celebrado en la Universidad de Georgetown:

"En la actualidad, en todo el país, alrededor de 5,8 millones de estadounidenses, 5,8 millones de compatriotas, tienen prohibido votar debido a que han cumplido o están cumpliendo una condena. Esta cifra supera la población total de 31 estados de Estados Unidos". Esto significa que a alrededor de 6 millones de estadounidenses se les niega el derecho al voto. Debido a las desigualdades raciales de nuestro sistema penal, esta medida niega el derecho al voto a hombres afroestadounidenses y a los de origen latino en forma desproporcionada con respecto al resto de la población. Holder añadió: "El alcance actual de estas políticas no solo es demasiado grande como para no verlo, sino que además es demasiado injusto como para tolerarlo".

La conferencia de la Universidad de Georgetown fue co-patrocinada por The Leadership Conference, una coalición de grupos que defienden los derechos civiles y jurídicos y organizaciones de derechos humanos. En septiembre de 2013, el grupo publicó un informe titulado "Democracia Encarcelada". En el informe, el grupo escribe: "El índice de privación de derecho al voto en Florida es el más elevado y el más desigual de todo Estados Unidos desde el punto de vista racial". No es casualidad que en este estado, en el que la contienda electoral entre demócratas y republicanos suele ser muy reñida, vivan más de un millón de los 6 millones de personas que han perdido el derecho al voto en el país.

El ex gobernador de Florida Charlie Crist flexibilizó las leyes y solicitó el restablecimiento automático de todos los derechos. Sin embargo, en 2011, su sucesor, el gobernador republicano Rick Scott, impuso un período de espera de al menos cinco años para realizar una solicitud de restablecimiento de derechos ante el Consejo de Clemencia. Meade nos contó en el programa de noticias Democracy Now!: "Incluso después de haber presentado la solicitud el proceso lleva más de seis años. De modo que, en realidad, las personas deben esperar entre once y trece años tan solo para ver si tienen la posibilidad, la oportunidad, de que les devuelvan sus derechos". Crist se cambió de partido para candidatearse como gobernador por el Partido Demócrata, como rival de Scott.

La profesora de derecho Michelle Alexander inicia su revolucionario libro "The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness" (El encarcelamiento masivo en la era del daltonismo) con la historia de Jarvious Cotton. Alexander escribe: "El tatarabuelo de Cotton no podía votar porque era un esclavo. Su bisabuelo fue asesinado a golpes por el Ku Klux Klan por intentar votar. ...Su padre no pudo votar por el impuesto al sufragio y la prueba de alfabetización. Hoy en día, Jarvious Cotton no puede votar porque, al igual que muchos hombres negros en Estados Unidos, ha sido estigmatizado como delincuente y está en libertad bajo palabra".

A nivel nacional, se están proponiendo proyectos de ley que garantizarían el derecho al voto a ex convictos, que cuentan con apoyo tanto de representantes demócratas como republicanos. El Senador republicano Rand Paul, de Kentucky, habló en la conferencia de la Universidad de Georgetown después de Holder. En su discurso defendió el pleno derecho al voto. Sin embargo, continúa siendo un asunto sobre el que los estados ejercen un fuerte control.

Desmond Meade decidió no quedarse de brazos cruzados, esperando que le devuelvan sus derechos. Se está organizando. Actualmente es presidente de la Coalición de Florida por el Restablecimiento de los Derechos, que abarca a alrededor de 70 grupos que presionan por una reforma de las leyes estatales de privación del derecho de voto:

"Se trata de una cuestión de humanidad. Es un asunto que concierne a todos los estadounidenses, independientemente de si son demócratas o republicanos. Se trata de la decencia de permitir a un individuo o de ayudar a un individuo a reinsertarse en la comunidad para que pueda convertirse en un ciudadano productivo y disfrutar la vida".

Deberíamos estar todos agradecidos de que, por cosas del destino, el tren que Desmond Meade estaba esperando aquel fatídico día nunca pasó.

© 2014 Amy Goodman

Traducción del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

miércoles, 12 de febrero de 2014

AUDIO: José Reveles habla sobre la situación en Michoacán. Circulo de Estudios Central





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ÚLTIMOS 2 AÑOS "ATROCES" PARA LOS PERIODISTAS



Siria es el lugar más peligroso para un periodista.

Un grupo defensor de la libertad de prensa dijo que los dos últimos años han sido "absolutamente atroces" debido a los asesinatos y encarcelamientos de periodistas, y precisó que Siria es el lugar más peligroso para un periodista y Turquía el país que más periodistas encarcela.

En la presentación de su informe anual sobre "Ataques a la prensa", el Comité para la Protección de los Periodistas dijo que la vigilancia de los gobiernos, el asesinato impune de periodistas y las presiones políticas y comerciales indirectas sobre la prensa constituyen grandes amenazas a la libertad de prensa.

Joel Simon, director ejecutivo del comité, con sede en Nueva York, dijo que 2013 vio una cifra "casi récord" de 211 periodistas presos y 70 muertos, poco menor que en el 2012, con 232 presos y 72 muertos, que iguala las cifras de lo peor de la guerra de Irak.

"Los dos últimos años han sido absolutamente atroces, los peores en la historia del comité", afirmó. La enorme mayoría de los casos de asesinato el año pasado, o el 94%, fueron cometidos con absoluta impunidad, dijo el informe.

"No hay respeto alguno por el trabajo de la prensa", dijo Simon, con la matanza de periodistas ya sea intencionalmente o en fuego cruzado. Agregó que los cargos "antiterroristas" son el factor principal en el creciente encarcelamiento de periodistas.

Según el informe, Egipto experimentó el mayor deterioro en la libertad de prensa el año pasado.

Sherif Mansur, coordinador del comité para el Oriente Medio y el norte de Africa, dijo que por primera vez Egipto estuvo entre los países que más periodistas encarcelaron en 2013, y fue además el tercer país con más periodistas muertos.

Siria sigue siendo la nación más peligrosa para los periodistas, con más de 63 muertos desde 2011, incluidos 29 el año pasado, además de "un número sin precedente de secuestros", más de 80 desde 2011, 57 de ellos en 2013, dijo Mansur. Agregó que el comité también ha documentado más de 70 periodistas sirios forzados al exilio.

En América Latina, México, Brasil y Colombia aparecieron clasificados entre los 10 países del mundo que peor combaten la violencia contra la prensa. Venezuela, señala el informe, ya no tiene ningún canal "independiente y crítico fiable".

El nuevo informe también señala las actividades de vigilancia como una "amenaza sin precedentes para el periodismo en la era digital", después de que una serie de revelaciones del año pasado por parte del ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense Edward Snowden enfureció a aliados de Washington como Alemania y Brasil.

Con el gran barrido y almacenamiento de los registros de llamadas telefónicas y correos electrónicos, "pronto podría ser posible descubrir fuentes con tanta facilidad como para dejan sin valor cualquier promesa de confidencialidad que un periodista puede intentar ofrecer", advierte el informe.

Irán continúa como el segundo país con más periodistas presos, con 35 entre rejas a fines del 2013, y en Irak diez periodistas fueron muertos en el último trimestre del año pasado en comparación con ninguno en el 2012.

Javier Duarte, el gobernador más peligroso para los periodistas


JOSÉ GIL OLMOS

MÉXICO, D.F. (apro).- El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quisiera el silencio de los periodistas en la entidad, que toda la información publicada fuera a su favor y que todos los diarios y reporteros destacaran su figura regordeta y resaltaran las obras de su gobierno. En el peor de los casos, preferiría que mejor no informaran.

Ningún gobernante en México, y seguramente en el mundo, tiene el nefasto récord del priista: 10 periodistas asesinados, cuatro desaparecidos y 132 ataques contra la prensa estatal, según ha documentado la agrupación de protección a periodistas Artículo 19.

Sólo en lo que va de este año, tres periodistas desaparecieron en Veracruz, incluido Gregorio “Goyo” Jiménez, cuyo cuerpo fue localizado ayer en una fosa en Las Choapas.

Vaya récord del gobernador que no hace mucho, el 2 de abril del año pasado, fue reconocido por una organización denominada Asociación Mexicana de Editores de Periódicos (Amex), como “protector” de la prensa.

Con una sonrisa apretada, ese día Duarte recibió el reconocimiento y dijo: “Los editores y periodistas aquí reunidos han buscado siempre pugnar por la libertad de expresión, condenar toda acción contraria a este derecho, velar por la preservación de los valores fundamentales de la sociedad y ejercer un periodismo ético, íntegro, valiente y apasionado”.

El reconocimiento de la Amex “significa mucho para Veracruz y para mi gobierno”, porque “nos confirma que en la defensa y respeto de la libertad de expresión vamos por la ruta correcta y que en la protección a los periodistas respondimos con oportunidad y acciones concretas a un gran desafío que juntos estamos superando”, dijo ufano el gobernador.

Para entonces iban nueve periodistas asesinados en su estado. Hoy suman 10.

La impunidad en Veracruz es el sustrato en el que se mueven las bandas criminales y las autoridades para acallar a la prensa. No hay entidad en el país donde la prensa haya sido castigada como en ese estado, donde el PRI ha gobernado siempre.

El año pasado, cuando Duarte se atrevió a ir a Proceso para asegurar que el asesinato de nuestra compañera Regina Martínez sería aclarado, los reporteros que estábamos ahí lo encaramos y le repetimos lo que Julio Scherer ya le había dicho: “¡No le creemos!”.

Hoy, con el caso de Gregorio Jiménez, le volvemos a decir “¡No le creemos!”

No le creemos que haya sido una venganza, no le creemos que en el caso de Regina fuera un asalto, tampoco que en los otros casos los periodistas hayan sido asesinados porque estaban involucrados en cosas ilegales o simplemente estaban en el lugar menos indicado. Ya nadie le cree al priista.

Javier Duarte quisiera tener de cómplice al silencio y una bolsa llena de dinero para acallar las voces de decenas de periodistas que no sólo en Veracruz, sino en todo el país, así como en Estados Unidos, Centro y Sudamérica, Europa y otros lugares, se unieron a la campaña pidiendo la aparición con vida de Goyo.

Pero con nada podrá acallar esas voces que le replicarán, esté donde esté y vaya donde vaya, que es y será el gobernante más peligroso para la libertad de prensa. Y así habrá de aparecer en los libros del periodismo en cualquier parte del mundo. Ese será su legado.

Twitter: @GilOlmos

‘Goyo’ investigó secuestro de líder de CTM en Veracruz, quien apareció asesinado junto a él: periodista


Gregorio Antonio Hernádez, periodista y amigo de Gregorio Jiménez -asesinado en Veracruz-, reveló que el comunicador investigaba secuestros y ‘levantones’ en la zona donde trabajaba, entre ellos el de Ernesto Ruiz, secretario de la CTM en Villa de Allende, Veracruz, quien apareció ejecutado en la misma fosa donde se encontraba el reportero.

En entrevista para Noticias MVS, primera emisión, Hernández dijo que “no pueden aceptar” en este caso “información no sustentada” del gobierno de Veracruz, pues la administración local afirma que se trata de una “venganza” por “diferencias personales” entre el periodista y la presunta autora intelectual del crimen.

Por ello, los periodistas veracruzanos se manifestarán este día y le exigirán al gobernador Javier Duarte, así como a sus funcionarios de seguridad, que “si no pueden, que renuncien al cargo, y que vengan… los que puedan garantizar la seguridad de los periodistas, y de los ciudadanos común y corriente“.

Sobre la línea de investigación que sostiene el gobierno de Veracruz, Antonio Hernández señaló que “en ningún momento habla del trabajo que ha venido realizando en los últimos 3 meses”, además de que reconoce que todos los casos no pueden ser esclarecidos.

Entre los casos que reportó Gregorio, se encuentra un operativo de hace aproximadamente 1 año, en el que detuvieron a personas dedicadas al secuestro, plagio y extorsiones, así como el registro de ‘levantones’ y ‘ejecuciones’. Incluso, consideró que “el puntual seguimiento de estos casos llevó a que nuestro compañero esté muerto”.

Recientemente, el 18 de enero pasado, ‘Goyo’ pubicó el secuestro de Ernesto Ruiz, secretario de la CTM en Villa de Allennde, quien “fue secuestrado violentamente después de que había salido de una reunión”; de hecho, el cadáver del líder sindical apareció junto al de Gregorio, en la casa de seguridad de Las Choapas.

“La investigación que realizaba nuestro compañero era darle seguimiento a estos casos, se tocaron intereses de personas, de grupos delictivos, el gobierno de Javier quiere desligar el vínculo del trabajo de nuestro compañero”, sostuvo.

“Ernesto Ruiz Guillén apareció en fosa clandestina en Las Choapas… y otra persona que le conocían como El Bemba, taxista de Villa de Allende… el compañero investiga, fuentes le dan datos, Gregorio omitió el nombre de la fuente de quién le informó sobre el levantamiento de Ernesto”, expuso.

Y apuntó que al igual que en el caso del asesinato de Regina Martínez -corresponsal de Proceso- el gobierno de Veracruz da “información no sustentada” y desvincula la labor del reportero de su asesinato.

“Esta mañana hay una concentración… nos manifestamos para que se lleve una investigación seria y reiterarle al gobernador: si no pueden, renuncien… en Coatzacoalcos la mayoría de comunicadores teníamos que usar un seudónimo o firmar como redacción”, refirió.

Escucha la entrevista con Gregorio Antonio Hernádez, periodista y amigo de Gregorio Jiménez -asesinado en Veracruz.

Se debe investigar imparcialmente el asesinato del periodista Gregorio Jiménez



El pasado 12 de febrero fue encontrado en el Estado de Veracruz el cuerpo del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz. Gregorio colaboraba con los medios locales Notisur y con el Liberal del Sur.

Amnistía Internacional condena el asesinato de Gregorio Jiménez y manifiesta su solidaridad con su familia, amigos y colegas.

El cuerpo de Gregorio Jiménez fue encontrado junto a los de otras dos personas en el municipio de Las Choapas, en Veracruz. Jiménez de la Cruz había permanecido desparecido desde el día 5 de febrero en Coatzacoalcos.

Durante los días posteriores a su desaparición tuvieron lugar diversas movilizaciones de periodistas y sociedad civil exigiendo a las autoridades garantizar su seguridad y proporcionar información sobre su paradero.

La organización ha hecho un llamado a las autoridades federales y estatales para que estas investiguen de manera pronta e imparcial el asesinato de Gregorio Jiménez y de las dos otras personas que fueron encontradas en el municipio de Las Choapas. En el caso de Gregorio Jiménez esta investigación deberá agotar la posibilidad de que su asesinato ocurriera como consecuencia de su labor como periodista.

Así mismo, Amnistía Internacional recordó a las autoridades su obligación de garantizar que quienes ejercen el periodismo, puedan llevar a cabo su labor sin temor a represalias.

martes, 11 de febrero de 2014

Hallan sin vida a reportero secuestrado en Veracruz


Fuentes oficiales del estado de Veracruz confirmaron que la tarde de este martes fue hallado el cuerpo sin vida de Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de El Liberal del Sur, sustraido por un grupo armado de su vivienda en Coatzacoalcos el pasado 5 de febrero.

El cuerpo del comunicador fue encontrado en una fosa clandestina en el municipio de Las Choapas junto a otros dos cuerpos.

En breve el gobernador del estado, Javier Duarte, dará una conferencia para ampliar la información.

AI: Es hora de respetar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional



Amnistía Internacional considera positiva la presentación en la Cámara de Diputados mexicana de un proyecto de reforma constitucional que, de aprobarse, permitirá avanzar en el cumplimiento de las obligaciones de México en relación con la Corte Penal Internacional. México es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional desde 2006.

En 2005 México reformó el Artículo 21 de su Constitución con la intención de adaptarla a las exigencias del Estatuto de Roma. Sin embargo, dicha reforma no cumple con las obligaciones que se derivan del Estatuto. El artículo 21 establece que “El Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”, condicionando la cooperación con la Corte a la decisión en cada caso por el gobierno federal. Sin embargo, cuando México decidió, libre y voluntariamente, convertirse en parte del Estatuto de Roma reconoció la competencia plena de la Corte Penal Internacional y esta no necesita de una autorización adicional de las autoridades mexicanas para ejercitar su jurisdicción sobre las personas que pudieran ser responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos en territorio mexicano o por sus nacionales en cualquier otro estado.

Amnistía Internacional considera, sin embargo, que esta reforma debe ser sólo un primer paso, pues México todavía tiene que realizar otras reformas legales. En particular, es necesario aprobar una Ley que establezca los procedimientos de cooperación con la Corte Penal Internacional y también se debe tipificar en las normas mexicanas los delitos que son competencia de la Corte Penal Internacional.

La Corte Penal Internacional tiene competencia en los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Sin embargo, actualmente México sólo ha tipificado el delito de genocidio en su Código Penal Federal, estando pendiente la tipificación del resto de crímenes.

Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones de la sociedad civil mexicana, ha pedido en repetidas ocasiones a las autoridades federales avanzar en el cumplimiento de las obligaciones que México asumió al unirse a la Corte Penal Internacional, sin que hasta el momento se hayan logrado avances en relación a estas obligaciones. Esta situación contrasta con el hecho de que México es uno de los mayores contribuyentes al sostenimiento económico de la Corte Penal Internacional.

Antes de que arrasen el último hogar

Queridos amigos y amigas,

En Kenia, policía forestal armada hasta los dientes acaba de reducir a cenizas los hogares de 1.000 familias indígenas para forzarlas a abandonar los bosques donde han vivido durante siglos. Están desesperados, y necesitan nuestra ayuda para salvar la tierra de sus orígenes antes de que sea destruida.

El Banco Mundial ha donado millones de dólares de nuestros impuestos a la policía forestal keniana responsable del aniquilamiento de esta comunidad. Se encuentra por ello en una posición clave para presionar al Gobierno, al no haber desembolsado aún los fondos previstos para este año. Hasta ahora, el Banco no ha dicho ni pío pero, si somos suficientes los que respondemos a este grito de auxilio, podemos presionarles para que exijan que este horror pare.

El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, dice que quiere darle un viraje al rumbo de la institución. Vamos a tomarle la palabra exigiéndole que apele al Gobierno keniano para que detenga esta atroz apropiación de tierras, y exija nuevos estándares de respeto a los derechos humanos ante futuros desembolsos. Cuando logremos un millón de firmas, llamaremos la atención de Kim mostrando cómo arden las casas en Kenia frente a la sede del Banco en Washington. Suma tu nombre y después envíale un mensaje al Presidente del Banco Mundial:


El pueblo Sengwer ha vivido en los majestuosos bosques de Embobut durante siglos y tanto la constitución keniana como la ley internacional les brinda el derecho a habitar esas tierras ancestrales. Ya han obtenido una orden judicial para frenar los desalojos pero el Gobierno la ha ignorado, aduciendo que necesitan despejar el bosque para proteger las fuentes de agua de las ciudades colindantes. Los Sengwer temen que el próximo paso sea diezmar el bosque para extraer los máximos beneficios.

El Banco ha respaldado muchas iniciativas valiosas, pero lleva demasiado tiempo culpando únicamente a los gobiernos y a las empresas a las que financia de los proyectos envenenados que acaban expulsando a la gente de sus tierras. Ahora, las tornas están cambiando. Tras fuertes protestas, el Banco se ha retirado de proyectos que iban a suponer la expulsión anual de 30.000 camboyanos de sus hogares, y ha admitido que ignoró su política interna cuando financió a una compañía hondureña de aceite de palma acusada de brutales desalojos y asesinatos. El Banco está investigando en este momento el escándalo de los Sengwer, pero va demasiado despacio como para poder salvar a las comunidades indígenas kenianas.

El Congreso de EE.UU acaba de exigir al Banco el cese de los desalojos o se arriesgará a perder financiación estadounidense. Es el momento perfecto para detener este brutal robo de tierras en Kenia y para que esta institución se tome en serio los derechos humanos. Firma ahora -- cuando un millón de nosotros estemos a bordo, entregaremos nuestro mensaje directamente al Presidente Kim:


Después de que el Gobierno de Tanzania anunciara su intención de echar a miles de familias Masai de sus tierras para construir una reserva de caza, casi dos millones de miembros de Avaaz nos unimos para apoyarlos. Continuamos presionando durante más de un año hasta que finalmente el Primer Ministro les permitió quedarse, ayudando a poner fin a una batalla por la tierra que duraba más de 20 años. Los Masai dicen que no podrían haberlo conseguido sin nuestro apoyo; hagámoslo de nuevo por el pueblo Sengwer de Kenia.

Con esperanza,

Allison, Alex, Joseph, Emilie, Alice, Sayeeda, Ricken y el resto del equipo de Avaaz.

Más información:

Escalada de expulsiones de la tribu Sengwer: “El Gobierno de Kenia nos empuja a la extinción” (Survival): http://www.survival.es/noticias/9946

Kenia / Bosque de Embobut: Experto de la ONU exhorta a la protección de pueblo indígena que enfrenta desalojo (ONU): http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14163&LangID=S

Familias indígenas de Kenia huyen del bosque (Chirapac.org):

EL Gobierno de Kenia prende las casas de los Sengwer, sólo en inglés, (Forestpeople.org):

Estados Unidos exige vigilar al Banco Mundial más de cerca, sólo en inglés, (Washington Post):

Kenia desafía sus propios tribunales, sólo en inglés, (Forestpeople.org):

jueves, 6 de febrero de 2014

VERACRUZ: Piden consulta popular sobre hidroeléctrica


RODRIGO SOBERANES

El alcalde de Jalcomulco, Gilberto Ruiz Chivis, pidió al gobierno del estado que someta a consulta popular la realización de una presa en el río Pescados, a la que se oponen miles de personas de esa región.

El munícipe dio una conferencia de prensa en la ciudad de Veracruz para expresar su rechazo a ese proyecto para represar el río, que corre a cargo de la transnacional brasileña Odebrecht.

Insistió en que el gobierno de Veracruz está “negociando tierras que no le competen” al persuadir a los comuneros de la región a que vendan sus tierras a la empresa mediante medidas de presión.

Tanto el alcalde como los propios comuneros han denunciado que funcionarios estatales les advierten que el gobierno va a expropiar los predios que no sean vendidos a Odebrecht para la construcción de su presa.

“Si una empresa extranjera quiere comprar nuestro patrimonio, perdemos soberanía. El gobierno negocia tierras que no le compete”, dijo el alcalde a los medios de comunicación este miércoles.

Recalcó que el gobierno estatal no ha consultado a los pobladores si quieren o no la presa, que incluye la construcción de un muro de 100 metros que inundaría 440 hectáreas en el aledaño municipio de Tuzamapan.

Ello, aseguró Ruiz Chivis, aniquilaría la vida productiva de Jalcomulco, que incluye a la primera industria de “turismo de aventura” en Veracruz y las prácticas agrícolas y de pesca de los comuneros.

Exigió que se realice una consulta pública sobre ese proyecto, y dijo que sus dos peticiones principales son “que se cancele la obra y que nunca más se vuelva a tocar el río Pescados”.

Otro periodista secuestrado; presión de los medios moviliza fuerzas en zona sur


SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA

LOS REPORTEROS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES REALIZARON DOS PROTESTAS EN EL MUNICIPIO DE COATZACOALCOS PARA EXIGIR QUE SE INCREMENTEN LOS OPERATIVOS PARA LOCALIZAR AL REPORTERO GREGRORIO JIMÉNEZ DE LA CRUZ ¦ FOTOS SERGIO BALANDRANO

Coatzacoalcos Ver.- El periodista del diario Notisur, Gregorio Jiménez de la Cruz fue secuestrado en las primeras horas de este miércoles; debido a la presión de los medios de comunicación, el gobierno del estado activó el protocolo de seguridad que involucra la operación de las fuerzas del orden estatal y federal. Las organizaciones civiles de defensa de periodistas y la libertad de expresión exigieron que se realicen investigaciones puntuales y se recupere con vida al comunicador.

A las 7:15 horas, un grupo de cinco personas con armas largas y con pasamontañas arribaron a la casa del periodista, cuando regresaba de llevar a sus hijos la escuela y amenazaron a dos de sus hijas. Al ver la situación el reportero pidió a sus agresores que las liberaran y solo se lo llevarán a él.

De acuerdo con las investigaciones, Gregorio Jiménez fue golpeado y empujado al interior de un vehículo de lujo y sin placas; sus agresores presuntamente habrían huido hacia la zona de los ejidos de Coatzacoalcos y los límites con Agua Dulce. Los directivos de diario Notisur notificaron a las fuerzas federales y estatales de la desaparición para que se aplicara el operativo de vigilancia. La presión de los medios de la región aceleró el procedimiento.

Desde las 8 horas, elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar) y de Seguridad Pública (SSP) del estado activaron el operativo para buscarlo en toda la zona que colinda con Villa Allende. La Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas de Veracruz (CEAPP), y compañeros del reportaron buscaron el resguardo de su familia y fueron trasladados a la cabecera municipal, resguardados por la Policía Ministerial y el Mando Único.

Como parte de sus actividades, se buscó la protección de la fiscalía especializada en atención a delitos contra periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR), con lo cual se permitió que la Policía Federal se incorporara a las labores de investigación. Hasta el mediodía, los familiares de Gregorio Jiménez de la Cruz declaraban sobre su secuestro. La familia del periodista refirió que había sido amenazado meses antes debido a la incomodidad de una persona sobre las notas que había escrito en diario Notisur.

Gregorio Jiménez de la Cruz, de 42 años de edad, es padre de cinco jóvenes y además sostén de su nieto. En su labor periodística estaba encargado de cubrir la fuente policiaca en Villa Allende y además cubría la nota social en esa zona, sobre todo las manifestaciones e inconformidades de los ciudadanos.

En sus escritos era muy cauto y sus últimas publicaciones estaban relacionados con el secuestro del representante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Ernesto Ruiz Guillén, con el apodo del Cometierra. Gregorio Jiménez había dado seguimiento a los plagios, asesinatos y los problemas de inseguridad que se había presentado en la Villa de Allende, uno de las zonas que se registraban con altos índices de delincuencia.

Abren investigación

En ese tenor la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado inició la investigación ministerial COAT4/058/2014, y desahoga las indagatorias para dar con su paradero. En un comunicado, La PGJ dio a conocer que abrió diversas líneas de investigación para establecer el móvil e identificar a los responsables del plagio del comunicador; al mismo tiempo, designó al director de Investigaciones Ministeriales, Enoch Maldonado Caraza, como responsable del caso, quien ya se encuentra en esta ciudad y al frente de este caso. “Desde el primer momento que se tuvo conocimiento del hecho, las autoridades de procuración de justicia establecieron contacto con la familia del comunicador para brindarles todo el apoyo necesario. La SSP, con el apoyo de las fuerzas federales del Ejército, la Marina, así como la Policía Federal, mantienen un intenso operativo en la zona sur para localizar a Gregorio Jiménez de la Cruz”, refiere el comunicado.

Hasta el cierre de la edición, se confirmó la detención de dos sospechosos, quienes estuvieron involucrados de manera indirecta en el plagio, pero no fue confirmado por las autoridades hasta que terminen las investigaciones.

Presionan medios locales

Los reporteros de los medios de comunicación local realizaron dos protestas en el municipio de Coatzacoalcos para exigir que se incrementen los operativos para localizar al reportero. La primera de las marchas se realizó minutos después del evento de conmemoración de la Constitución política.

La segunda marcha se realizó a las 17 horas, los reporteros marcharon desde el parque de la Madre hasta las instalaciones del Mando Único de Policía Naval, donde nuevamente consignaron su preocupación por la seguridad del compañero. Los reporteros exigieron justicia y que se redoblen los esfuerzos para encontrar con vida al comunicador.

Los reporteros exigieron al gobierno del estado que hubiera respuesta inmediata o de lo contrario se presentará la renuncia del secretario de Seguridad pública, Arturo Bermúdez Zurita. También se remarcó que en la zona sur de Veracruz se han incrementado los secuestros y los índices de delincuencia no han disminuido a una semana de que el gobernador lanzara por tercera ocasión el refuerzo de vigilancia.

También a través de las redes sociales se hizo circular un pronunciamiento de varios reporteros de todo el país, donde se señala que “el secuestro de Gregorio Jiménez nos indigna como gremio, por lo que reporteros y editores de toda la República exigimos a las autoridades de Veracruz: Una investigación seria, transparente y expedita del secuestro de nuestro compañero; No descartar a priori ninguna línea de investigación, especialmente la que involucre su actividad como periodista; y Garantizar la seguridad de su familia y de sus compañeros de trabajo en el medio en el que se desempeña.

Al gobierno federal le exigen: La inmediata intervención e investigación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra la Libertad de Expresión; y La intervención del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para garantizar la seguridad de sus familiares y de su medio.

También en las redes se activaron los hashtags #losqueremosvivos y #Periodistasfollow, los cuales fueron utilizados como forma de presión en otros secuestros de periodistas.

Respuesta del gremio periodístico

A nivel nacional, se conoció el secuestro del periodista y la nota tuvo repercusiones nacionales e internacionales, debido al apoyo de las organizaciones de defensa de la libertad de prensa y derechos humanos. En un comunicado el Comité para la Protección de los Periodistas demanda a las autoridades mexicanas hacer “todo lo que esté a su alcance” para dar con el paradero del reportero veracruzano Gregorio Jiménez.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) hizo un llamado a los secuestradores del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, para que lo liberen, y exigió a las autoridades mexicanas a hacer “todo lo que esté a su alcance” para dar con el paradero del comunicador, privado de su libertad afuera de casa en Coatzacoalcos.

Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ, recordó que al menos tres periodistas han desaparecido en Veracruz desde 2011 y no han sido hallados aún, de acuerdo con las propias investigaciones que realiza el CPJ, que destacó que “la violencia vinculada al narcotráfico ha convertido a México en uno de los países más peligrosos del mundo para la prensa”.

Por parte del organismo Reporteros Sin Fronteras, también realizaron un pronunciamiento y mandaron una nota a los medios nacionales, reprobando el secuestro del periodista. Balbina Flores, vocera del organismo en México, mostró su solidaridad con el gremio periodístico de Coatzacoalcos y se comunicaron con la fiscalía especial de la PGR para que este pendiente del caso.

Según la organización civil Reporteros Sin Fronteras, Veracruz es uno de los estados más peligrosos para el ejercicio periodístico en México. En esa entidad entre mayo de 2011 y junio de 2012 han sido asesinados los siguientes periodistas y fotoperiodistas: Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Yolanda Ordaz, Regina Martínez, Guillermo Luna Varela, Gabriel Huge Córdova, Esteban Rodríguez y Víctor Manuel Báez Chino.

La organización Artículo 19, a través de Sebastián Aguirre, quien colabora temas de Derechos Humanos y protección a periodistas, también se pronunció para que el gobierno del estado agilice las investigaciones. Esta organización también ha denunciado que el estado de Veracruz es una de las entidades donde la impunidad en los crímenes a periodista ha prevalecido.

Abre Investigacion CNDH

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dio a conocer que inició de oficio una investigación por el caso de la desaparición del periodista veracruzano Gregorio Jiménez. Por instrucciones del ombudsman nacional, visitadores adjuntos acudieron al lugar de los hechos a efecto de recabar evidencias y testimonios del caso y conocer de las actuaciones ministeriales relativas a la investigación de tales acontecimientos.

“Los agravios en perjuicio de periodistas comprometen a los gobiernos federal y estatal a realizar un oportuno y eficaz esfuerzo de investigación que impida la impunidad y el deterioro progresivo de la libertad de expresión”.

La Comisión Nacional sostiene que es obligación del Estado prevenir cualquier acto que violente la libertad de expresión, ya que toda sociedad democrática debe tener como uno de sus principales componentes la participación de una prensa libre e independiente, que cumpla con su función social en condiciones de seguridad.

De enero del año 2000 a la fecha, la CNDH ha tenido conocimiento de los casos relacionados con la muerte de 87 periodistas o trabajadores del sector periodístico, asesinados, presumiblemente, por razón de su trabajo; asimismo, de 2005 a la fecha se han registrado 21 casos de periodistas desaparecidos.

En la Recomendación General número 20, este organismo público autónomo refiere los agravios a periodistas y la impunidad imperante, donde las autoridades procuradoras de justicia, en un importante número de casos, han sido omisas en su deber de esclarecer homicidios.

VERACRUZ: Amaga magisterio y ONG con más protestas contra Adelas si no baja tarifas en Zongolica


FERNANDO INÉS CARMONA

Zongolica, Ver.- El Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) llama al empresario camionero Mario Zepahua Valencia: “o disminuye las tarifas por el servicio de pasaje en la sierra o las protestas y bloqueo contra sus vehículos se recrudecerán”; empero, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se suman a la protesta e instan al gobierno del estado a intervenir para solucionar el problema y se eviten mayores enfrentamientos.

Luego de una prolongada reunión que actores sociales de la sierra sostuvieron con el ex diputado local y federal Mario Zepahua, no se llegó a ningún acuerdo. El empresario mantiene su postura de no reducir las tarifas por el servicio de pasaje, que en algunos casos rebasa los 70 pesos por persona cuando los ingresos alcanzan la misma cantidad diaria de modo que las ONG exigen la disminución de las tarifas por el servicio.

El empresario mantiene su negativa en el hecho de que con la reforma hacendaria que entró en vigor el primer día de este año: “también el 16 por ciento del impuesto al valor agregado (IVA) se aplica a las tarifas del transporte y por lo tanto las empresas que trabajan bajo concesiones de transporte federal tuvieron que adecuar los precios de sus tarifas”.

Pero en la sierra de Zongolica, ahora ya son más organizaciones de activistas sociales quienes se suman a este movimiento y reclaman que la empresa Autobuses de la Sierra (Adelas) regrese a la tarifa que cobraba hasta antes del primer día de este año.

Las peticiones de los maestros no fueron las únicas que se presentaron en la reunión, por ejemplo María de la Cruz Jaimes, activista de la zona centro del estado, recriminó al ex alcalde, “su falta de compromiso social con las comunidades indígenas de las que por años ha vivido. No se les puede explotar más, la economía de las familias de esta zona es sumamente precaria sobre todo porque en la sierra se asientan las algunos de los municipios más pobres del país”.

No obstante y en su turno el empresario mostró documentos con el cual intenta justificar su incremento en las tarifas, “este documento fue enviado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) donde avala el incremento del 16 por ciento a las tarifas del transporte foráneo en cumplimiento a la reforma hacendaria, con ello no podemos hacer nada en la petición que se hace”, declaró.

Pero en respuesta a las peticiones de los mismos habitantes de la zona, se hizo una serie de propuestas entre las que destaca el hecho de iniciar con promociones en la que se aplicarán descuentos en el costo del pasaje en las diversas rutas de la zona serrana con el propósito de aminorar el impacto que sufrieron con el incremento al IVA.

Asimismo defendió la aplicación de los descuentos a estudiantes y personas de la tercera edad, “es falso que no se apliquen los descuentos”, señaló, sin embargo los representantes de agrupaciones de activistas rechazaron la afirmación y dijeron contar con elementos para que se intervenga.

Pero mientras esto sucede, los maestros y el resto de las organizaciones civiles amagan con retomar las acciones de protesta contra el empresario; no descartan la posibilidad de retener nuevamente camiones de esa línea camionera, cerrarles el paso y a la vez manifestarse en la capital del estado.

Preciso limpiar entidades desde adentro: Sicilia


Raúl Morales Velázquez

CUERNAVACA. El poeta, escritor y activista Javier Sicilia, tras advertir que el municipio de Yautepec, como el resto del país, pondría convertirse en un caso Michoacán, afirmó tajante que es necesario limpiar los municipios “desde adentro”. En una improvisada entrevista banquetera, se le cuestionó sobre lo que pasa también en el municipio de Amacuzac, sobre las acusaciones mutuas de tener nexos con el narcotráfico entre el edil y el diputado por ese distrito, a lo que el poeta consideró “que se tendrán que auto sacrificarse (...) mientras no se aclare, van para afuera y se sigan los procesos, porque la población ya está cansada y de lo que no se están dando cuenta es que la ciudadanía cada vez es más lejana a ellos como autoridad”, porquería la lejanía del poder con respecto a los ciudadanos, significa el desastre. Al preguntarle sobre la reunión que tuvo el secretario de gobierno con ambos grupos de Amacuzac, dijo que ahí está el problema “ se están sentando con los enemigos y se sacan la fotografía sin que resuelvan nada, (...) aquí tienen que limpiar instituciones y haber cero impunidad con respecto a ellos mismos para empezar”.

Cuestionado sobre la situación que se vive en Yutepec y el resto de la entidad, afirmó en caso de no ser atendido de manera adecuada y saneado de raíz, pinta para convertirse en un caso Michoacán. “No solo Morelos, el país entero, no focalicemos, Morelos como Michoacán es la expresión del desbordamiento en el país y de la inoperancia de las instituciones”.

La solución para Yautepec y para el caso Amacuzac es hacer una limpieza desde adentro y combatir la impunidad de las propias autoridades.

En otro tema, se le preguntó sobre la evaluación del primer año de gobierno a lo que respondió “Cero, es la calificación que la ciudadanía otorga al gobierno que encabeza Graco Ramírez, ahí están las cifras. Yo no tengo que evaluarlo ahí está las cifras. Tenemos el primer lugar en secuestros, tenemos problemas de extorsión, casi el primer lugar… esa es la realidad, es la gente que ha sido secuestrada”. Para finalizar dijo que existe la posibilidad de que se realice una marcha contra el secuestro, aunque dejo entrever que será complicado llegar a un consenso porque cada grupo o sector social tiene su agenda. Finalizó.

Denuncian amenazas contra líder de colonia popular en Iguala


CLAUDIO VARGAS

La coordinadora de la colonia popular Tlachinollan en Iguala, Evelia Bahena García, denunció ante los medios de comunicación que ha sido amenazada de muerte por Humberto Bahena Mena, quien con intimidación pretende despojarlos de sus tierras que llevan más de 10 años habitándola. “Bahena Mena se dice protegido por el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, y a cada rato manda a gente armada a amenazarnos y a hostigar las mujeres en la colonia”, dijo la afectada a periodistas.

miércoles, 5 de febrero de 2014

Levantan en Veracruz a periodista de ‘Notisur’


El periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de la fuente policiaca de los diarios Notisur y Liberal del Sur, fue secuestrado esta mañana por un comando en Villa Allende, municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.

“Un grupo armado lo interceptó cuando llegaba a su casa, después de dejar a sus hijos en la escuela”, comentaron familiares.

El gobierno del estado de Veracruz designó al frente de la investigación a Enoc Maldonado, director de Investigaciones Ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).

Elementos de la SSP estatal, Sedena, Semar y Policía Federal iniciaron la búsqueda deñl periodista en el sur del estado de Veracruz.

Jiménez de la Cruz cubría cotidianamente casos de secuestros y “levantones” en esa zona.

Luego de los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) arribaron a la vivienda de Jiménez para- interrogar a su familia sobre el “levantón”, que se registró hacia las 7:45 de esta mañana.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz se involucró para supervisar la actuación de las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia.

A través de un comunicado el diario Notisur informó acerca de la desaparición de su reportero