Poco probable que, por la vía jurídica, Molina recobre la libertad: Tlachinollan

MARGENA DE LA O Y
 ARTURO DE DIOS PALMA ( Reportera y corresponsal)

El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra comentó que tiene dos días para analizar si solicita amparo para el promotor de la Crac en Tixtla, Gonzalo Molina González, a quien le fue dictado auto de formal prisión ayer, pero consideró que por la vía estrictamente jurídica es poco probable que se obtenga su libertad.

En Chilpancingo, dijo que, aunque los delitos que se le imputan no se acreditan, hay pocas probabilidades de que sea liberado; opinó que su salida debe ser por acuerdo político.

Molina González fue detenido por policías ministeriales en un retén que tenían en la carretera Chilpancingo-Chilapa, por los delitos de lesiones, privación ilegal de la libertad y terrorismo; después fue trasladado a un penal de Oaxaca, y ayer consignado.

El abogado de Tlachinollan consideró que “hay una decisión del Ejecutivo de utilizar los órganos de justicia y la ley para castigar a su disidencia política”.

Gonzalo Molina fue consignado por los hechos del 26 de agosto, cuando al frente de policías comunitarios desarmó a policías municipales de Tixtla, en protesta por el encarcelamiento de Nestora Salgado García, coordinadora de la Crac en Olinalá.

“Debe de hacerse un estudio o encuesta entre los ciudadanos de Tixtla para verificar si entre la población hubo terror, pánico, y si se suspendieron las labores en el ayuntamiento por esta situación. Además se debe aplicar un estudio sicológico entre los ciudadanos tixtlecos para conocer si resultaron afectados”, comentó el abogado.

Aseguró que el gobierno estatal no pudo probar el delito de terrorismo, del que se acusa a Molina González: “nunca se puso en riesgo al Estado mexicano, ni a los tixtlecos”.

Dijo que el proceso penal que se sigue a Molina Gonzalez puede durar tanto “diez meses como dos años, aunque se está analizando si se impugna por la vía de la apelación o si se interpone un amparo; eso se acordará de manera conjunta”.

La voz indígena

El coordinador del Consejo Nahua de Chilapa, Fermín Procopio Tlacotempa, consideró injusto el auto de formal prisión que dictó un juzgado federal al promotor de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) en Tixtla, Gonzalo Molina González.

Este martes, en un comunicado de prensa, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que un juzgado federal dictó auto de formal prisión a Molina González.

En el mismo texto, la PGJE indica que la Dirección General de Control de Procesos Penales instruyó al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado cuarto de lo penal que solicitara y obtuviera el auto de formal prisión contra el líder.

Con esta medida, en menos de un año el gobierno de Ángel Aguirre Rivero ha encarcelado a tres coordinadores de la Policía Comunitaria que se han mostrado distantes a su política. Los dos primeros fueron la coordinara en Olinalá, Nestora Salgado García, y el de Ayutla, Bernardino García Francisco.

En un comunicado, la organización indígena opinó que las acusaciones de la policía municipal y del síndico de Tixtla son injustas.

Integran averiguaciones previas a alumnos que tomaban autobuses

La dependencia informa que los normalistas se llevaron dos vehículos, y la policía recuperó dos

Los estudiantes reportan dos lesionados entre sus filas; el Congreso suspende actividades hoy

CITLAL GILES SÁNCHEZ
 Y MARGENA DE LA O ( )

Chilpancingo, 13 de noviembre. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) integró averiguaciones previas contra estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa por los delitos de ataques a las vías de comunicación, robo, daño y lo que resulte, debido a que este martes intentaron retener cuatro autobuses de pasajeros, de los cuales la policía logró recuperar dos.

De acuerdo con el informe de la PGJE, se instruyó a la agencia del Ministerio Público para que recabe todas las denuncias y se ejerza acción penal contra los normalistas, “quienes causaron daños materiales a una tienda de conveniencia y varios locales del mercado municipal Baltasar R. Leyva Mancilla, aunado a lo cual, robaron cuatro autobuses de pasajeros de las empresas Futura y Estrella de Oro, con números económicos 1031, 0667, 8332 y 8346”.

La tarde de este martes, los operadores de los autobuses acudieron a poner la denuncia correspondiente y, de acuerdo con el comunicado de la PGJE, también acudieron algunos pasajeros “que fueron víctimas de lesiones, amenazas y robo de pertenencias en su equipaje”.

Destaca el informe que declararon los policías estatales que resultaron heridos en la cabeza por las piedras lanzadas por los normalistas y que actualmente están internados en hospitales de esta ciudad capital.

Se informó también que se hicieron peritajes en la calle Plan de Ayala y en el mercado municipal, para evaluar los daños.

“La PGJE procederá con toda energía y rigor en la aplicación estricta del marco jurídico, y ejercitará acción penal en contra de los autores materiales e intelectuales de los ilícitos cometidos a efecto de que sean procesados por la autoridad judicial correspondiente”, indica el comunicado.

Posponen sesión legislativa

El Congreso del Estado suspendió actividades para mañana por la marcha de los normalistas de Ayotzinapa, que conmemorarán otro año de la represión de 2007 en la sede de ese poder, cuando fueron desalojados y golpeados por policías antimotines durante una movilización para demandar respeto a la licenciatura en educación primaria.

Con la marcha de mañana, los normalistas comenzarán su plan acción de este año, en el que incluyen los dos años del asesinato de sus compañeros Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, ocurrido en la autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011.

En el Congreso local estaba prevista la sesión legislativa de los jueves, pero fue pospuesta hasta el próximo martes. La Comisión de Gobierno del Congreso solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del estado que envíe policías antimotines para cercar el edificio legislativo, informaron una fuente legislativa.

Durante lunes y martes, los normalistas de Ayotzinapa se enfrentaron con policías estatales y federales cuando intentaban apoderarse de camiones de los dos centrales de autobuses de la ciudad, al parecer para el traslado de los contingentes de mañana. El saldo que reportó Ayotiznapa fue de dos estudiantes lesionados.

Los pueblos indígenas y la reforma

En concreto Laura Itzel Castillo

El proyecto privatizador de reforma energética del PRI y el PAN suprime de la Constitución el carácter estratégico de la explotación del petróleo e hidrocarburos y la generación de energía eléctrica.

En entrevista para el medio electrónico Boca de polen, el maestro en desarrollo rural, abogado y especialista en derechos indígenas, Francisco López Bárcenas, señala que de aprobarse dicha propuesta, se trastocarían los derechos fundamentales de los pueblos originarios.

La Constitución es un documento jurídico-político de carácter social y parte fundamental de este carácter es la propiedad de las tierras y los recursos naturales, y de acuerdo con el artículo 27, corresponden a la nación.

El maestro señala que el objetivo planteado hoy en la Carta Magna es que se “cumplan los propósitos de la propia Constitución: primero, que se exploten y que el producto de esa explotación se distribuya equitativamente entre los mexicanos para que obtengan un mínimo de bienestar; segundo, para que se usen de manera sustentable para no comprometer el beneficio de generaciones futuras”.

Si bien es cierto que la discusión en torno a la reforma se ha basado en el petróleo crudo, también abarca cualquier forma de generación de energía, como la eólica o la solar.

Hoy la Constitución reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas y establece el derecho preferente para acceder al usufructo de los recursos que se encuentran en su territorio.

Sin embargo la generación de energía, a pesar de ser una actividad reservada al Estado, es producida por empresas trasnacionales, en medio de la ilegalidad, principalmente en territorios indígenas, a través de la figura de los productores independientes de energía.

Por esto el maestro señala: “Con esta reforma ya podrían, los particulares, sin ningún problema de tipo legal, irse estableciendo. ¿Qué va a suceder? Ahorita por operar de manera ilegal algunos pueblos se han podido defender y los tribunales les han dado la razón. El día que esta reforma se lleve a cabo las empresas eólicas van a tener el campo libre para entrar. Los pueblos indígenas están muy molestos con esta situación. Lo que va a producir esta reforma es una inconformidad social mucho mayor de la que tenemos”. El abogado concluyó que: “Hay que apelar a la organización de los pueblos y a su movilización”.

Boletín de Democracy Now! en Español

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El Resto de la Hora de Democracy Now!

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AMLO en entrevista para Forbes

Por: Dolia Estevez

Mexican leftist leader Andrés Manuel López Obrador has a message to foreign oil tycoons: investing in Mexico’s oil industry “would be like buying goods without a receipt, something crooked, tantamount to piracy.” In a letter toExxonMobil ( NYSE: XOM) CEO Rex W. Tillerson, the two-time Presidential candidate warned that the Mexican Constitution prohibits the participation of private companies in the oil industry. “We are informing Mr. Tillerson that the oil does not belong to President Enrique Peña Nieto, nor to the government, not even to the State, but rather to the people of Mexico,” López Obrador said in a telephone interview from Mexico City.

In the letter he tells Tillerson “to take into account the consequences of establishing business relations with a government that wants to violate the basic and spiritual principles of the Mexican Constitution.” Similar letters are being sent sent to Chevron, Shell, Total, Spain’s Repsol and Brazil’s Petrobras, López Obrador told me.

Asked what he thinks Tillerson’s response will be, López Obrador said: “That depends on what they end up deciding. What we are doing is complying with our duty of telling them that if the reform goes through, it will not be easy for foreign oil companies to operate in Mexico if they are perceived as accomplices of an assault against our national interests.”

He pledged to continue mobilizing his millions of followers in rallies and street protests.

López Obrador, a charismatic political figure who had an 84% approval rating when he resigned as Mayor of Mexico City to run for President in 2005 , said that while the U.S. tends to “downplay” countries’ internal opposition –like in Iran in the 1980s– he hopes this time around Americans understand the potential fall-out of “privatizing” the oil. “Thanks to the oil, Mexico has had political stability and internal peace. This has allowed Mexico and the U.S. to develop a harmonious relationship,” López Obrador said. Peña Nieto has denied the oil will be privatized.

Diana Negroponte, a nonresident senior fellow at Brookings Institution, said that the Mexican government “seeks to avoid, to the maximum, further energy reform street protests. These could endure for years well after passage of the law.” In an e-mail, Negroponte told me that the introduction of the secondary legislation in 2014, following approval of the bill, “provides the government with enough time to educate Mexican citizens about the content and implications of the reform.”

In 2006, López Obrador lost the presidential election by the razor-thin margin of 0.56%. His supporters never recognized his defeat and claimed that the Presidency was stolen from him. He ran again in 2012, an election won by Peña Nieto with 38.21% of the vote; López Obrador took second place with 31.59%.

A few months into his term, Peña Nieto introduced a bill to change Articles 27 and 28 of the Mexican Constitution, opening the way for domestic and foreign private sectors to enter into profit-sharing and production-sharing contracts with Petróleos Mexicanos (Pemex), Mexico’s state owned oil monopoly. Peña Nieto is seeking to reverse the 1938 nationalization of the oil industry, an emblematic historical event that expelled British and American companies including Standard Oil, ExxonMobil’s predecessor, from Mexico. Tillerson is said to be “eager” to forget the past and return to Mexico.

In recent decades Mexico has seen oil production decline and shallow-water fields dry up. The government insists that the overhaul is badly needed to lure global oil giants to invest in Mexico. Analysts say the reform has a good chance of succeeding, since it’s also supported by the center-right PAN party. The ruling PRI and PAN together have the two-thirds majority needed to amend the Constitution. Pemex Director General Emilio Lozoya has been giving assurances to private investors that the bill will be passed by the end of the year.

But passing the bill may not prove as simple as securing congressional votes. Recent Mexican and U.S. polls show that up to 65% of Mexicans oppose opening up Pemex, the world’s seventh-largest oil producer with annual sales of more than $100 billion. Moreover, The Washington Post reported that 80% of Mexicans associate Pemex with corruption, and do not believe that Peña Nieto’s plans will do much beyond creating more rich elites.

Asked if he has a Plan B, López Obrador said that if he fails to stop the reform, “we will take Peña Nieto to Court.” According to López Obrador, the Mexican Constitution calls for Presidents and senior government officials to be tried if they commit acts of treason such as ceding the country’s assets to foreigners. The reform, López Obrador claimed, would be an “act of treason” more serious than when Antonio López de Santa Anna gave away more than half of Mexico’s territory to the U.S. in 1848. In the letter López Obrador tells Tillerson: “We will not sit around with our arms crossed. We will fight for the oil to remain in the hands of our nation.”

Twitter: @DoliaEstevez

Policías comunitarios y grupos de autodefensa

JOSÉ GIL OLMOS

MÉXICO, D.F. (apro).- La inseguridad y los ataques del crimen organizado han generado desde 1995 el surgimiento de diversos grupos de autoprotección en al menos una decena de estados en varias regiones del país, principalmente en el sur. A pesar de que tienen un mismo origen, las policías comunitarias mantienen diferencias sustanciales con los grupos de autodefensa ciudadana que emergieron desde principios de este año en la zona de Tierra Caliente Michoacán y han tenido un papel protagónico desde entonces.

Algunos han confundido este fenómeno con los grupos de Autodefensa Unidas de Colombia sin tomar en cuenta la diferencia de contextos, objetivos e historias. En ese país estos grupos fueron creados por políticos, militares, ganaderos, empresarios y ciudadanía para combatir a la guerrilla, pero después se transformaron en otro actor dentro del negocio del narcotráfico hasta convertirse en terroristas y paramilitares.

Nada que ver con la policía comunitaria de Guerrero ni con los grupos de autodefensa ciudadana de Michoacán, aunque algunos los hayan acusado a los primeros de tener vínculos con la guerrilla y a los segundos con el cártel de Jalisco.

Desde 1995 surge en la región de La Montaña de Guerrero la Policía Comunitaria que con el paso del tiempo se amplia y transforma para dar paso a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la montaña y Costa Chica de Guerrero, la cual consta de un sistema propio de seguridad, justicia y reeducación comunitaria al cual son sometidos los delincuentes que detienen.

De acuerdo con su propia historia “la gran ola de violencia que se presentaba en los caminos de la Montaña (lo que hoy es la carretera Tlapa-Marquelia) y la Costa Chica (San Luís Acatlán-Marquelia) de Guerrero en la década de los ochenta e inicio de los noventas movió a los habitantes de algunas comunidades de la región a organizarse para combatirla. En este suceso, las organizaciones y sociedades de producción, principalmente cafetaleras, eran también afectadas por la inseguridad en el traslado de sus productos y recursos económicos”.

Esto es, la policía comunitaria tiene como origen la autoprotección y, al mismo tiempo, la defensa de la tierra. Forma parte de su concepción de justicia colectiva y de auto organización e incluso de autogobierno. No se cubren el rostro y son elegidos en asamblea por méritos como respeto a la comunidad, a la familia y por su honestidad. La comunidad los mantiene aunque reciben apoyo de sus respectivos gobiernos.

Estas mismas causas son las que dieron origen también al surgimiento de la Policía Comunitaria de Cherán, Michoacán (2011) y en otras poblaciones indígenas de la meseta purépecha. En ese año las comunidades indígenas de esta zona se organizaron a sí mismas, tomaron las armas y se enfrentaron a los talamontes que estaban apoyados por los cárteles de La Familia Michoacana y Los Templarios.

A principios de este año en los municipios de Tierra Caliente, Michoacán, surgieron los grupos de autodefensa ciudadana para defenderse de Los Templarios que los tenían sometidos cobrándoles impuestos por negocios y consumo de alimentos, extorsionándolos por sus casas, autos y cobrándose hasta con sus mujeres.

A diferencia de la policía comunitaria, los grupos de autodefensa no defienden sus tierras ni se organizan con base en sus tradiciones y costumbres como las comunidades indígenas de Guerrero y Michoacán. Tampoco tienen un sistema de justicia de reinserción social sino que se agruparon para enfrentar y defenderse del crimen organizado.

De cierta manera son grupos más urbanos con intereses individuales que colectivos, aunque en materia de seguridad se unan con fines de defensa propia, de sus familias y sus negocios.

Grupos similares a los de Michoacán surgieron también en Morelos, Veracruz, Oaxaca, y una región de Guerrero con la llamada Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), organización liderada por Bruno Plácido Valerio, quien estuvo también en la CRAC, pero financiada por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

Otras comunidades se han expresado en “rondas comunitarias” que aún no alcanzan la organización de policía comunitaria ni grupo de autodefensa ciudadana. Pero que al igual que estas últimas son expresión del hartazgo social ante la incapacidad del gobierno y del estado mexicano de dar la seguridad a la que están obligados de otorgar.

Las diferencias entre estas organizaciones son importantes porque tienen distintas composiciones, estructuras y finalidades, aunque comparten el objetivo común de la seguridad. Y también lo son si se les quiere comparar con los grupos de Autodefensa Unidas de Colombia cuya finalidad nunca fue la protección comunitaria, sino la contrainsurgencia y, al final, el terrorismo y el narcotráfico.

Twitter: @GilOlmos

Caro Quintero y la misteriosa aeronave

JENARO VILLAMIL

MÉXICO, D.F. (apro).- Un mensaje en Twitter del alto mando militar venezolano Vladimir Padrino López dio inicio a la historia más reciente e intrigante de una presunta narcoaeronave mexicana destruida en el país sudamericano. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana presumió la foto de un avión quemado el lunes 4 de noviembre en Apure, un municipio colindante con Colombia.

Resultó que esta aeronave era mexicana, apenas a las 11:59 horas del mismo lunes había partido del aeropuerto de Querétaro, que se desconocía el paradero de sus ocupantes y que no fue “derribada” sino destruida en una pista clandestina por las autoridades venezolanas.

Se inició así una serie de informaciones a medias, donde alguna de las varias partes involucradas oculta lo que sabe o sabe más de lo que dice.

El primero en informar sobre el avión Hawker 400-731, con 44 años de servicio como taxi aéreo, fue el secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, Manuel López. Confirmó que partió de esa entidad el lunes 4 de noviembre y que habría llegado de Nuevo León. Su presunto dueño, Jorge Salazar Ochoa, no ha hablado hasta el momento. Tampoco se sabe qué hizo antes en Nuevo León y a quiénes les dio servicio.

Un día después, martes 5 de noviembre, el secretario de Gobierno de Querétaro, Jorge López Portillo Tostado, reveló los nombres de los pasajeros: Isaac Pérez Dubond, Susana Bernal Rivas, Adriana Gesabel Cruz Méndez, Sergio Franco Moga y Manuel Eduardo Rodríguez Benítez, más dos pilotos.

“Sé que la aeronave estuvo tres días aquí (en Querétaro), pero no sé qué movimiento hizo y no he visto la bitácora”, afirmó el funcionario del gobierno del priista José Calzada, un político vinculado al coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones.

El revuelo comenzó cuando el gobierno mexicano le reclamó a su homólogo venezolano que no hubiera aportado información puntual sobre la nave “desintegrada” en su territorio.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que los cinco pasajeros y los dos pilotos viajaron con identidades falsas, incluyendo pasaportes y, hasta ahora, se ignoran sus verdaderos nombres. A su vez, la cancillería mexicana le reclamó al gobierno venezolano y convocó al embajador de este país Hugo José García Hernández.

Ni siquiera en el asunto del espionaje del gobierno de Barack Obama a los emails y llamadas telefónicas de Enrique Peña Nieto las autoridades diplomáticas mexicanas reaccionaron con tal molestia.

Para el sábado 9 de noviembre, el asunto se había convertido en una crisis diplomática entre ambos países. El presidente venezolano Nicolás Maduro reiteró que la aeronave viajaba “hasta el full (llena) de cocaína”, pero no informó dónde quedó la droga, cuánto transportaba y mucho menos qué pasó con sus ocupantes.

El domingo 10 de noviembre en la noche, ante la falta de datos nuevos, la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la SCT, aportó el elemento más inquietante de la historia: la aeronave Hawker no voló directamente hacia suelo venezolano. Antes se dirigió hacia Bonaire, en las Antillas Holandesas. Ahí descendieron cuatro de sus cinco pasajeros. Y siguió su vuelo por territorio venezolano.

“Se tiene información no oficial de los servicios de tránsito aéreo de las Antillas Holandesas en el sentido de que una vez que dicha aeronave arribó a Las Antillas se presentó un nuevo plan de vuelo para que la misma saliera de Bonaire hacia La Ceiba, Honduras”, afirmó el boletín de la SCT.

“La información con que se cuenta indica que la aeronave transportó en ese vuelo a sólo tres personas: a los 2 pilotos y de nueva cuenta a Isaac Pérez Dubón”, afirmó la SCT. Es decir, cuatro de los cinco pasajeros descendieron en Bonaire, una isla de 288 kilómetros cuadrados, de menos de 15 mil habitantes, ubicada en el sur del mar Caribe, que forma parte, desde diciembre de 2011, de la nueva ruta del crimen organizado mexicano para transportar droga, según Rodney Benson, exjefe de Inteligencia de la DEA.

El mismo domingo 10 que se emitió el boletín de la SCT, el periódico La Razón publicó una de las versiones más inquietantes de la historia: citando fuentes anónimas de la PGR, se cree que en esa aeronave viajaba el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero. Lo más sintomático de esta versión es que esta presunción no constituye una “pista de investigación” para la PGR mexicana, según la misma versión periodística.

Desde el 9 de agosto, el paradero de Caro Quintero es un misterio. El exjefe del Cártel de Guadalajara, acusado y condenado como autor de la muerte de Enrique Camarena Salazar, el agente de la DEA que descubrió sus amplios cultivos de mariguana en Chihuahua en 1984, se desvaneció.

Nadie ha confirmado ni negado este rumor sobre la presunta “huida” de Caro Quintero en la aeronave. Lo que sí es un hecho es que dos días después de que el taxi aéreo partiera de Querétaro con rumbo a Las Antillas, la mayoría de los ministros de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia revirtió el amparo que había dejado en libertad a Caro Quintero el 8 de agosto pasado.

A Caro Quintero le faltaban 12 años para cumplir la condena por haber sido el autor del crimen contra Camarena. Llevaba 28 años. Una corte federal de distrito de California giró una orden de detención provisional contra Caro Quintero, con fines de extradición, apenas se supo de su libertad. La DEA evidentemente ha presionado para que Caro sea extraditado a Estados Unidos.

La intriga todavía es mayor, ya que la culpabilidad de Caro Quintero en el asesinato de Camarena ha sido puesta en duda por exagentes de la DEA, tal como ha documentado la revista Proceso. Las versiones difundidas desde hace un mes es que a Camarena no lo mandó matar Caro sino la CIA, en complicidad con la Dirección Federal de Seguridad, la otrora poderosa policía política mexicana, para ocultar la triangulación de fondos provenientes del narcotráfico que sirvieron en la operación Irán-Contras.

La trama al estilo de las mejores novelas de espionaje ha cobrado relevancia frente a los rumores sobre la huida de Caro Quintero y la posibilidad de que en Venezuela, en la frontera con Colombia, haya aterrizado un avión donde viajaba un hombre que se hacía llamar Isaac Pérez Dubond, pero pudo ser el hombre más buscado por la DEA en los años ochenta.

La historia apenas comienza. La Operación Leyenda continúa.

Twitter: @JenaroVillamil

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Maestros exigen a Televisa poner fin a “campaña de hostigamiento” mediático

MÉXICO, D.F., (apro).- En un mitin frente a las instalaciones de Televisa Chapultepec, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigieron el cese de “toda campaña de hostigamiento mediático contra el magisterio y los movimientos sociales”.

Luego de afirmar que su permanencia en esta capital no es “sólo por capricho”, miembros de la dirigencia nacional informaron que el próximo sábado 16 realizarán una Asamblea Nacional Representativa de balance de la jornada de lucha, ante la negativa del gobierno federal a “escuchar y resolver nuestras demandas”.

Después de tres horas de permanecer frente a las instalaciones de la televisora de Emilio Azcárraga Jean, los mentores se retiraron del lugar alrededor de la una de la tarde, con lo que quedó liberado el carril que ocupa el Metrobús en dirección a avenida Cuauhtémoc.

Al concluir la lista de oradores, los maestros inconformes con la reforma educativa hicieron ejercicios físicos en carriles de avenida Chapultepec, para contrarrestar el intenso frío de este miércoles, y posteriormente regresaron en operación hormiga a su campamento en el Monumento a la Revolución.

Antes de retirarse de Televisa, los dirigentes señalaron que algunos delegados seccionales realizarán esta tarde labores de brigadeo en plazas públicas y en las inmediaciones de las estaciones del Metro, así como en universidades públicas.

Washington usa el pacto para que se abra industria petrolera a IP

Roberto González Amador, Miriam Posada García y Tania Molina Ramírez

La negociación por parte del gobierno mexicano de un acuerdo comercial con una docena de países, incluidos Estados Unidos y Japón, abrió una ventana para que Washington insista en presionar para la apertura de la industria petrolera al capital privado, independientemente del debate nacional en la materia que está en curso.

Es una de las oportunidades que, para el interés político y económico de Estados Unidos, se abren con la negociación del llamado Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), en la que participa el gobierno mexicano desde los últimos meses de la administración de Felipe Calderón (2006-2012), que fueron retomadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con un documento oficial del Congreso de Estados Unidos.

El TPP involucra a Estados Unidos, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y, más recientemente, a Japón. Fue descrito por la Secretaría de Economía, en noviembre de 2012, como el proceso de negociación plurilateral más relevante y ambicioso a escala internacional por la cobertura de productos y las disciplinas que incluye.

Los países involucrados en el proceso de este tratado de libre comercio representan 35 por ciento de la producción mundial.

El antecedente del TPP, el llamado Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, también conocido como Pacific Four o P4, involucró a Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur, que entró en vigor el primero de enero de 2006. En 2008, el área de influencia del acuerdo se amplió con la incorporación de Estados Unidos a la negociación de lo que a partir de entonces se conoce como TPP.

El gobierno mexicano se incorporó a la negociación relativamente tarde. Fue en noviembre de 2011, durante la cumbre de jefes de Estado y de gobierno del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), realizada en Hawai, donde el entonces presidente Felipe Calderón manifestó el interés de su administración de formar parte decidida en el proceso de negociaciones del TPP.

Estamos convencidos de que la iniciativa del TPP está diseñada para lograr altos estándares comerciales, con el propósito de hacer frente a las necesidades del siglo XXI. México emprenderá las acciones que nos permitan atender nuestros retos y alcanzar los planteamientos que persigue esta iniciativa, siempre considerando un marco normativo que atienda las posibles sensibilidades de los sectores productivos nacionales, dijo entonces Felipe Calderón.

La administración del presidente Peña Nieto, que inició el primero de diciembre de 2012, retomó la estafeta de la negociación iniciada por Calderón.

El 8 de octubre pasado, en Bali, Indonesia, también en el contexto de una cumbre de la APEC, Peña Nieto anunció que los gobiernos de los 12 países involucrados en el TPP firmaron una carta de intención para que este mecanismo pueda concretarse a finales de este año, según un despacho de la agencia Notimex.

Más riguroso que la propia OMC

Detrás de la declaración explícita de crear una zona de libre intercambio comercial entre los países involucrados en la negociación, el TPP representa en la práctica una extensión del concepto de área de libre comercio a bienes y servicios.

Es una versión más amplia, por involucrar a más países, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que México fue atado hace exactamente dos décadas, durante el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

Como en el TLCAN, del que forman parte Estados Unidos, México y Canadá, en el TPP también es Estados Unidos el país dominante, en términos económicos y políticos.

El TPP sirve a varios objetivos estratégicos de la política comercial de Estados Unidos, menciona un reporte del Congreso de Estados Unidos, fechado el 21 de agosto de 2013. El proceso de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico tiene 29 capítulos, que incluye acceso a bienes, servicio y agricultura; derechos de propiedad intelectual, compras de gobierno, reglas de origen, competencia, mercado de trabajo y estándares medioambientales.

En muchos casos se pretende que las reglas que están siendo negociadas sean más rigurosas que aquellas comparables dentro de la Organización Mundial de Comercio, que son de cumplimiento obligatorio para los países miembros, agrega el documento elaborado por el Servicio de Investigaciones del Congreso estadunidense.

Algunos temas, como el de las empresas propiedad del Estado, la coherencia entre regulaciones y la competitividad en las cadenas de suministro, abren nuevos caminos en cuanto a la negociación de acuerdos de libre comercio se refiere. Dado que entre los países que forman parte del proceso del TPP hay naciones de economías avanzadas, de ingreso medio y en desarrollo, el tratado, si se lleva a la práctica, puede representar una sustancial restructuración de las economías de algunos de los países participantes, agrega el documento.

¿Y México?

Como resultado de las normas del TLCAN, prácticamente la totalidad del comercio entre México, Canadá y Estados Unidos se realiza libre de aranceles y barreras, según el documento del Congreso estadunidense.

¿Qué podría ganar Estados Unidos respecto de su relación con México, si ya ahora el comercio fluye libremente?

El documento apunta:

Las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico pueden abrir un espacio para abordar cuestiones adicionales, como la reconsideración por parte de México a la exclusión de la inversión privada en su industria petrolera.

En noviembre de 2012, la Secretaría de Economía envió un informe al Senado para dar cuenta del proceso de negociación por parte del gobierno mexicano en el TPP. En el documento no se menciina el tema del petróleo, tratado en el reporte del Congreso de Estados Unidos.

Enlaces:

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks

Por segundo día, policías enfrentan a normalistas cuando tomaban autobuses

CITLAL GILES SÁNCHEZ
 Y MARGENA DE LA O ( )

Chilpancingo, 12 de noviembre. Por segundo día consecutivo, estudiantes de Ayotzinapa se enfrentaron a pedradas con policías estatales en el bulevar Vicente Guerrero cerca de la terminal de autobuses, sin que hubiera heridos, ni detenidos.

Al mediodía, normalistas retuvieron cuatro autobuses foráneos y obligaron a los pasajeros a bajar, para poder llevárselos; sin embargo, al intentar esto se desató una trifulca con policías antimotines.

En el caso del autobús 1031, según el operador, los normalistas lo amenazaron de que si no les entregaba el camión, la apedrearían, por lo que comenzaron a bajar a los pasajeros.

“Sin embargo, en el momento en que iban a llevárselo llegó la policía e impidió que se lo llevaran”, detalló el operador, que viajaba de Puerto Vallarta con dirección a Acapulco.

Fueron minutos de tensión porque los estudiantes arrojaban piedras a los antimotines, por lo que los policías respondieron disparando gases lacrimógenos, que llegaron hasta el jardín de niños Margarita Maza de Juárez, lo que provocó pánico entre las maestras y padres de familia que llegaron hasta el lugar a recoger a los niños.

En la trifulca no hubo personas heridas, sólo una pasajera con crisis nerviosa: “se puso histérica, pero se logró bajar del autobús”, comentó el operador.

Los autobuses resultaron con los parabrisas estrellados. Los operadores y las unidades foráneas fueron llevados al Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del estado. Ahí los trabajadores rendirían su declaración.

Los estudiantes lograron huir con diversos rumbos, y de acuerdo con un agente federal, no hubo ningún detenido.

Esta acción es la segunda que los estudiantes hacen en esta semana, aparentemente para usar los camiones en las acciones de este jueves 14 de noviembre, cuando se cumplen seis años del desalojo de normalistas del Congreso del estado.

“Proponemos el diálogo”

La dirigencia estudiantil de Ayot-zinapa denunció que la acción de policías antimotines contra sus compañeros es una reacción del gobierno al plan para el próximo 14, cuando conmemorarán la reacción del Congreso local, en 2007, cuando pedían respeto a la licenciatura en Educación Primaria, y que intensificarán el 12 de diciembre por los dos años del asesinato de sus compañeros Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, en la autopista del Sol.

Anoche, normalistas estuvieron en la terminal de Estrella de Oro, para apoderarse de unos autobuses, y hasta allí llegaron policías estatales antimotines, quienes, denunciaron, los agredieron.

El secretario general de la dirigencia estudiantil de Ayotzinapa, Guillermo Hernández Castro, aseguró que los policías atropellaron a un normalista durante la gresca de ayer, quien estaba tirado, y le lesionaron un hombro.

Negó que los normalistas estuvieran armados, y que policías comunitarios participaran en la actividad. Aclaró que hubo disparos, pero del lado de los antimotines, a quienes llegó a apoyar un convoy de militares. Admitió que sus compañeros normalistas respondieron, pero a pedradas.

Al mediodía de hoy se repitió la escena en la zona de las centrales de autobuses; unos 120 normalistas pretendían completar la operación de ayer. El dirigente estudiantil reportó otro normalista herido a pedradas, en conferencia de prensa en la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, a la 1 de la tarde, poco después de la gresca. Denunció que los policías persiguieron, agredieron y sometieron a los estudiantes con gas lacrimógeno.

“¡No queremos otro 12 de diciembre!”, dijo el dirigente estudiantil, después de comentar que los normalistas proponen el diálogo, pero el gobierno, la agresión.

Dijo que Ayotzinapa tiene diseñado un plan de acción por los crímenes y hostigamiento contra normalistas, a lo que ya reaccionó el gobierno. “Acusamos a Ángel Aguirre Rivero de lo que pueda pasar. Quizá pretenda asesinar a más compañeros”, sentenció.

MMPV marchará sin ningún logotipo alusivo al movimiento, dice Cucurachi

El Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) en Veracruz y Boca del Río marchará por las calles de la zona conurbada el 20 de noviembre a convocatoria de la sociedad civil para protestar en contra de “todas las reformas estructurales”.

Luego de casi dos meses de aireadas protestas y de bloqueos, el MMPV decidió participar en una protesta convocada "por la sociedad civil" en la que, según sus organizadores, no hay partidos políticos inmiscuidos.

Un vocero del MMPV, Alejandro Cucurachi, informó que cerca de 500 maestros se congregarán en las oficinas de la secretaría de Educación de Veracruz (SEV) donde sigue un plantón de ese movimiento.

Después se unirán con el resto del contingente para marchar por las calles de Veracruz y Boca del Río a la par de los desfiles conmemorativos del 20 de noviembre que se van a realizar en los dos municipios.

De acuerdo con Cucurachi, los profesores disidentes no portarán pancartas ni gritarán consignas sobre su lucha contra la reforma educativa y tampoco marcharán abanderando alguna organización.

“Hemos decidido participar sin ningún logotipo, sin lonas alusivas al movimiento. Vestidos de azul con blanco”, informó el docente en una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Veracruz.

Agregó que los maestros ahora protestarán también en contra de la reforma Hacendaria y la Energética, que ya fueron presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión

“Ya no es solamente en contra de la reforma educativa, ya es en contra de todas las reformas estructurales”, informó el profesor.

Militares allanaron mi casa: Radilla

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 12 de noviembre. La vicepresidenta de la Afadem, Tita Radilla, denunció que el pasado viernes, militares irrumpieron en su casa y catearon a su nieta de 16 años de edad y a sus amigos que en ese momento se encontraban ahí. Este hecho dijo, es una forma de intimidación en su contra.

Entrevistada luego de ofrecer una conferencia de prensa junto con familiares y víctimas de desaparición forzada, la hija de Rosendo Radilla, desaparecido en los años 70, consideró que “es gravísima” la situación, sobre todo, dijo, contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos.

“La verdad, es muy grave y hay mucho miedo, mucho temor entre los grupos y organizaciones sociales por esta situación, porque no sabemos realmente de dónde viene eso; creemos que el estado tiene la responsabilidad de proteger a los defensores de derechos humanos, y sin embargo estos han sido asesinados”, reprochó.

Criticó que ningún crimen contra activistas ha sido esclarecido.

Exigen retomar trabajos relacionados con hacer justicia por la guerra sucia

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 12 de noviembre. Familiares de los desaparecidos durante la guerra sucia exigieron a las autoridades reanudar las reuniones del comité interdisciplinario para la reparación del daño, que se cree una comisión para dar seguimiento al caso y atención médica física y sicológica a los familiares.

El representante del comité general representativo de víctimas de la guerra sucia, Enrique Acosta Gómez, dijo que la lucha es y seguirá siendo pacífica hasta lograr la justicia social, y aseguró que no tienen ninguna afinidad a ninguna institución política o religiosa, por lo que llamó a los diputados de todos los partidos a que miren hacia ellos, que durante 39 años han buscado justicia para sus familiares víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Llamaron al presiente Enrique Peña Nieto, al Congreso de la Unión, al gobernador Ángel Aguirre Rivero y al Congreso local para que den pronta solución a sus demandas, entre las que destacan otorgar una partida presupuestal suficiente para emprender la reparación del daño a las víctimas, una comisión especial en el Legislativo federal para dar seguimiento al caso, coordinar y hacer posible la sesión del comité interdisciplinario para la reparación del daño, y atención médica física y emocional a los familiares, además vivienda y educación digna a sus descendientes.

La vicepresidenta de la Afadem, Tita Radilla, dijo que es urgente que sesione el comité interdisciplinario para que analice qué hacer con los gastos que no están acreditados.

Impunidad a siete años de la Masacre en Viejo Velasco

No hay avances en las investigaciones y los autores materiales siguen en libertad

Son siete años de negligencia por parte del estado. Las investigaciones efectuadas no han sido eficaces para el esclarecimiento de los hechos, deslindar responsabilidades, así como sancionar a los autores materiales e intelectuales de esta masacre, quienes se encuentran identificados por las autoridades de procuración de justicia.

Es importante recordar que el 13 de noviembre de 2006, alrededor de 40 personas vestidas de civil, provenientes de la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, acompañadas por aproximadamente 300 integrantes de la entonces Policía Sectorial y portando armas de fuego, atacaron físicamente a indígenas tseltales, tsotsiles y choles, que vivían en la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo. El resultado del ataque fue siete personas muertas, dos desaparecidos, el desplazamiento forzado de 20 hombres, ocho mujeres, cinco niños y tres niñas. Además Petrona Núñez González, sobreviviente de esta masacre murió en el año 2010, a consecuencia del estrés postraumático que vivía.

A siete años de estos hechos, las violaciones a derechos humanos continúan, ya que las 36 personas que salieron huyendo el día de la masacre siguen desplazadas forzadamente de su comunidad de origen, viviendo en diferentes municipios de Chiapas, en condiciones de dificultad económica y social; situación que no les permite un nivel adecuado de vida tanto en salud física, como mental, enfrentando un estado de vulnerabilidad, en una continua violación a sus derechos indicados en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas.

Mariano Pérez Guzmán y Juan Antonio Peñate López, continúan desparecidos y las investigaciones policiales se han estancado, ante una falta de interés de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) para dar con su paradero. Las familias de los desparecidos continúan en su búsqueda por la verdad y la justicia.

Mientras tanto, las autoridades del estado de Chiapas siguen sin detener a los responsables de esta acción de corte paramilitar. Según las mismas investigaciones de la PGJE, la responsabilidad corresponde a integrantes de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígena y Campesinos (OPDDIC) de la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo y a integrantes de la entonces Policía Sectorial del estado de Chiapas.

Por otro lado, la PGJE, continúa con el hostigamiento judicial en contra de pobladores de la comunidad Nuevo Tila, vecina a la comunidad Viejo Velasco, quienes fueron los primeros en brindar ayuda a los heridos, recibir a las personas desplazadas y apoyar en la búsqueda de los desaparecidos.

Las organizaciones firmantes señalamos que los crímenes de lesa humanidad no deben quedar en impunidad. Es necesario que se conozca el paradero de Mariano Pérez Guzmán y Juan Antonio Peñate López, se esclarezcan los hechos ocurridos el 13 de noviembre de 2006, se encuentren y sancionen a los responsables, se tomen medidas de no repetición, se reparen los daños y se deje de criminalizar a los pobladores de Nuevo Tila.

El derecho a la justicia, como lo ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ituango contra Colombia, se entiende como el derecho de las víctimas, los sobrevivientes y sus familiares a que, en un tiempo razonable, se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los responsables.

Familiares y sociedad tienen derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en que fueron cometidas las violaciones a derechos humanos. Ante la apatía deliberada de las autoridades estatales y como una forma de luchar contra la impunidad, el hecho de la Masacre de Viejo Velasco se encuentra presentado ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), en el eje Guerra Sucia y en el eje Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado, que en el mes próximo llevará a cabo una pre audiencia en la zona Norte de Chiapas, donde con testimonios de víctimas y sobrevivientes se sembrarán en el árbol de la vida, la verdad y la justicia, enmarcada en la lucha incansable de sus derechos, contra la impunidad y el no olvido.

Comité de Defensa de las Libertades Indígenas - CDLI - Xi ́nich,

Centro de Derechos Indígenas A.C. - Cediac

Maderas del Pueblo del Sureste- MPS

Salud y Desarrollo Comunitario AC, - SADEC

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C . - Frayba.

Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada A.C

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C. - CDMCH

Servicios de Asesoría para la Paz , A.C.- Serapaz

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